Reiteramos nuestro rechazo a la violencia y la necesidad de sumar esfuerzos públicos y privados en torno a la protección de la sociedad civil y la defensa y garantía de sus derechos.
Que seamos una sociedad más solidaria, capaz de indignarse y movilizarse ante el padecimiento de los más vulnerables, dispuesta a respetar las diferencias, tramitar pacíficamente los conflictos, perdonar y reconciliarse. Que seamos un país más justo, donde cada persona pueda construir su vida querida.
Para la Corporación Región, la Paz es un propósito vigente y queremos llamar a todas las personas, comunidades, movimientos y organizaciones, a mantener y avivar la esperanza para retomar el espíritu del Acuerdo, pues seguimos creyendo que ofrece vías de transformación democrática para toda la sociedad.
Necesitamos emociones colectivas que impulsen la construcción de vínculos basados en el reconocimiento y el respeto, que sean motor de transformaciones, que nos permitan construir proyectos políticos garantes del bienestar de todas las personas, que sean espacios para la manifestación de lo que pensamos y sentimos, en donde podamos tramitar de manera dialogada las diferencias y conflictos.
Gerard Martin
Sociólogo e investigador. Es autor de varios libros sobre la actualidad colombiana, entre ellos, “Medellín, tragedia y resurrección. Mafias, ciudad y Estado. 1975 – 2012”. Fue asesor de proyectos del Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo, investigador senior para el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y USAID. Además, ha acompañado ciudades en temas de gobernabilidad y seguridad ciudadana.
¿Cuáles han sido los principales debates y discusiones que se han dado y se dan hoy frente a la violencia en la sociedad – y en particular en Medellín y Antioquia - durante estas tres décadas?, ¿cuál ha sido el rol de las organizaciones sociales frente a estas problemáticas y debates? Para responder estas preguntas será necesario aproximarse al por qué para analizar cómo la sociedad (local) ha evolucionado durante estas tres décadas, es fundamental tomar en cuenta los debates y problemáticas sugeridas en ellas por las organizaciones sociales, sin solo limitarse a analizar planes de desarrollo y programas de gobierno.
Violencia y paz: el eje central de cuatro décadas de debate en sociedad
Introducción
En este ensayo presento algunos insumos para la reflexión en torno a dos preguntas ambiciosas pero inspiradoras, que ameritan sin duda, un tratamiento más elaborado e histórico del que ofrezco acá: ¿Cuáles son los principales debates que se han dado sobre la violencia, en la sociedad, durante las últimas décadas? Y ¿cuál ha sido el rol de las organizaciones sociales en ellos y frente a la problemática de la violencia en general?
Contrario a la creencia de que en Colombia la violencia fue siempre la misma, en las últimas décadas han sido grandes sus transformaciones y es evidente que el contenido, el tono y la participación de las organizaciones sociales en los debates sobre la problemática, también han cambiado. Esto no excluye algunas continuidades: Primero, el binomio violencia-paz siempre ha sido el eje central de las reflexiones en las organizaciones sociales durante estas décadas, y en general (pero no siempre) a partir de una preocupación ética - política para superar la violencia y pacificar la sociedad. El corazón del debate ha sido más cómo alcanzar la paz, y menos en que consiste ella, ya que mientras algunos aspiran a cero homicidios, otros tienen exigencias mayores (inclusión, equidad, reformas políticas). Segundo, la coyuntura política y las tragedias diarias (masacres, magnicidios, líderes sociales asesinados) marcaron las discusiones, dificultando casi siempre ver el bosque a través de los árboles, en particular en los momentos más agudos de la violencia, cuando el país vivía pegado al radio y al televisor. Tercero, la violencia no se analiza en los mismos términos en el mundo político, académico o de opinión pública, pero las organizaciones sociales como la Corporación Región, con frecuencia han intentado ser un puente entre estos diferentes ámbitos.
Estructuro este ensayo desde una periodización esquemática, no para desarrollar un argumento evolucionista, sino para precisar los principales contenidos de los debates en cada periodo, y el papel de las organizaciones sociales en ellos y también, para invocar las respectivas coyunturas políticas y acontecimientos violentos. Cuando hablo de ‘violencia’ me refiero a su forma instrumental, como recurso de eliminación y destrucción, y bajo las diferentes modalidades de victimización que las organizaciones armadas decidieron utilizar. Modos individuales de violencia (riñas, violencia interpersonal e interfamiliar) y formas de exclusión, opresión y agresión, se retro-alimentaron de una u otra manera con la violencia (en el sentido indicado), pero no es un asunto que para analizar en este ensayo.
En cuanto a organizaciones sociales, me refiero en particular a las de tipo investigación-acción con una preocupación central en el tema de violencia, como la Corporación Región. Otras expresiones, organizativas comunitarias (barriales, veredales), cooperativas y la protesta social quedan sub-dimensionadas.
Los Ochenta: confusión, eufemismos y miedo.
Retrospectivamente se puede argumentar que el nuevo ciclo de violencias inició a mitad de los setenta y que sus aspectos principales fueron, por un lado, la compleja interferencia entre redes criminales, actores armados ilegales, eslabones corruptos del Estado y por otro lado, que la mayoría de las víctimas fueron civiles o sea, no fueron miembros de las bandas, razón por la cual Daniel Pécaut ha sugerido el concepto de Guerra contra la sociedad y no, el de guerra civil.
Todo aquello no fue tan evidente para los contemporáneos; los que vivieron, pensaron y debatieron las violencias a finales de los setenta y durante los ochenta, la entendieron más bien en términos de una prolongación tardía de La Violencia: la guerra civil larvada a mitad del siglo entre conservadores y liberales. Las redes criminales del tráfico de cocaína se estaban apenas construyendo, y aun cuando La Violencia tuvo su fin oficial con el arranque del régimen del Frente Nacional (1958-1974), hubo disidencias armadas y casi de inmediato aparecieron también, núcleos guerrilleros comunistas inspirados en la revolución cubana (1959) y en el Maoismo, que se auto-legitimaron como producto ‘necesario’ del carácter ‘excluyente’ del Frente Nacional; interpretación retomada con frecuencia aun hoy, de manera a-critica.
La especificidad de la gran coalición bi-partidista del Frente Nacional fue la milimétrica distribución del poder entre los Partidos Liberal y Conservador desde la presidencia hasta el nivel municipal. La fórmula fue introducida en común acuerdo entre los dos partidos para neutralizar la violenta rapiña por el control del erario público, de los puestos oficiales, y contratos públicos. Tuvo exito en su objetivo principal de disminuir la violencia bi-partidista, pero el precio a pagar fue una especie de estancamiento y ensimismamiento político en la capital, justo cuando el país vivía transformaciones históricas que requerían drásticas reformas institucionales que nunca llegaron. Muchas oportunidades y necesidades, producto del intenso proceso de modernización quedaron, en buena medida, desatendidas: vías, transporte público, informalidad urbana, informalidad rural, grandes fronteras internas incorporadas de manera privada en la economía del país, pero con débil institución estatal. Veamos un ejemplo, no el menor, de los atajos a los que los gobiernos recurrieron para solucionar problemas: en la educación oficial primaria y secundaria para ampliar la cobertura, en vez de construir nuevos colegios, se recurrió al truco de la doble jornada, dos (a veces tres) turnos en el mismo colegio; el resto del día la juventud estaba en la calle. Lo increíble, ¡80% de ellos estudian bajo esta barbaridad hoy! Mientras tanto, el consumismo (el televisor y otros electrodomésticos) tuvo fuertes características libertadoras y el viejo imaginario político bi-partidista perdió importancia, en particular en las ciudades, donde las redes clientelares terminaron siendo una entre muchas modalidades de rebusque para las nuevas clases populares.
En realidad, el Frente Nacional no fue un régimen políticamente tan excluyente como se decía y con frecuencia aún se repite. Por ejemplo, el Partido Comunista Colombiano tuvo concejales, diputados y congresistas durante el Frente Nacional, gracias a alianzas con facciones liberales y conservadoras. El problema era otro; ante las nuevas necesidades y expectativas, el centralismo se hizo anacrónico y los ciudadanos se dirigieron hacia redes alternativas (para-institucionales, clientelares, informales, ilegales) para solucionar sus necesidades, incluso en seguridad. Aun así, desde una perspectiva histórica, el Frente Nacional figura como un periodo de relativa paz, intercalado entre La Violencia y las violencias recientes. De hecho, la degradación del campo político y la dramática intensificación de la violencia se generaron pos-Frente Nacional, entre 1975 y 1990. Dos factores interrelacionados, uno político y otro criminal, fueron particularmente influyentes en ella:
El Primero, las regulaciones milimétricas del Frente Nacional finalizaron en 1974, pero no fueron remplazadas por nuevas fórmulas propias de un campo político-electoral moderno: ni voto anónimo, ni tarjetón, ni listas cerradas, ni financiación transparente de campañas, etc. En consecuencia, por dos décadas, el campo político-electoral colombiano operaría como un free for all, que solo se corrigió parcialmente a finales de los ochenta. Este desorden, con su multiplicación ad infinitum de facciones, listas y candidatos, facilitó la penetración de dineros calientes en la política, y con ello, la formación de una criminalidad mafiosa organizada capaz de implantarse permanentemente en lo político-institucional. Evidentemente, un mundo político tan fragmentado no podía producir una nueva institución simbólica de la sociedad; dominaba la gestión por emergencia y a corto plazo. No es tan sorprendente, entonces que otros, lograran imponer sus narrativas a sectores de la sociedad. El Paro cívico nacional de 1977, apoyado por las federaciones sindicales de casi todas las direcciones políticas, duró apenas un día, pero fue masivo y se acompañó de expresiones violentas (provocaciones organizadas por sectores cercanos a las organizaciones armadas), y fue de inmediato mitificado como expresión de un ambiente pre-revolucionario y de progresiva unificación de todas las organizaciones sociales.
El Segundo factor, la irrupción del tráfico de cocaína. Su evolución durante los setenta e inicios de los ochenta fue poco debatida y poco estudiada, y se vivió como una bonanza económica y financiera del momento. Al mismo tiempo, el nuevo negocio provocó un revolcón en el bajo mundo; se pasó de una criminalidad todavía algo folclórica, peleando a bala, hacia un crimen organizado mafioso, capaz de penetrar lo político-institucional, como ya vimos. Los nuevos criminales se rodearon de bandas armadas, pero también encontraron sectores de la fuerza pública y del aparato judicial dispuesto a corromperse. Las guerrillas a su vez se metieron de varias maneras con la bonanza, gravando cultivos, laboratorios, rutas. Es en buena parte por su relación con estos negocios, que las Farc y el M19 en particular, tomaron un segundo aire, razón desde luego negada por los que veían en el Frente Nacional, la causa principal.
Ahora bien, si las visiones y decisiones de los diferentes protagonistas hubieran sido otras, la desregulación del bi-partidismo y la apertura del régimen de partidos durante los setenta, podrían haber generado una sociedad más abierta, con una sociedad civil más activa y más autónoma. Trágicamente los gobiernos pos Frente Nacional no modernizaron las instituciones al ritmo y enfoque requeridos y se generaron muchos vacíos: territoriales, de monopolio de violencia, de cobertura y calidad de servicios, que fueron hábilmente aprovechados por los ilegales intolerantes con las organizaciones sociales, que terminaron amenazadas, asesinadas o cooptadas por los actores armados: guerrilla, paras, fuerza pública en deriva. Las pocas organizaciones sociales que mantuvieron contra viento y marea una cierta autonomía, se vieron diezmadas por el terror criminal, como fue el caso del Comité de Derechos Humanos de Antioquia.
Los estudios y debates se focalizaron en el análisis de lo narco-paramilitar (MAS, MRN, Acdegam, etc.), la primera masacre narco-para-política (agosto de 1983, en Segovia), las revelaciones sobre el congresista (suplente) Escobar y el asesinato del ministro de Justicia Lara Bonilla (1984) por los narcotraficantes. Es con la demencial toma guerrillera del Palacio de Justicia y la retoma por la fuerza pública, en pleno centro de la capital del país, que la guerra hace irrupción en la escena nacional y es interpretada como el cierre simbólico y real de los esfuerzos de paz del gobierno Betancur (1982-1986) y su “gran dialogo nacional para escapar al engranaje de la violencia”. Betancur puso fin al Estatuto de Seguridad, liberó y amnistió sin pre-condiciones a 500 miembros de organizaciones armadas (casi todos de inmediato se reintegraron a sus respectivas guerrillas), logró el ceses al fuego con las Farc, el M19, el EPL y varias guerrillas más, y permitió que crearan brazos políticos (UP, Frente Popular, A Luchar), pero el desencuentro fue total: Jacobo Arenas jefe de las Farc, califica la coyuntura de “revolucionaria” y reconfirma en 1985 la decisión ya tomada por las Farc y el PCC en 1982, de pasar a la ofensiva y tomar el poder por las armas. De nada sirvió que las esperanzas insurreccionales investidas en el Paro cívico nacional, convocado para el 20 de Julio de 1985, meses antes de la toma del Palacio, no se materializaran. Con el regreso oficial a las armas cayeron también, víctimas de la UP (1061 miembros asesinados entre 1984 y 1990 y 537 más, después), que aspiraban a una cierta autonomía y a aliarse con otras iniciativas políticas de la izquierda.
Fuente:Universidad El Rosario
Durante el primer lustro de los ochenta, era difícil adivinar la dramática intensificación de la violencia que vendría y mucho menos un universo de victimas superior al de La Violencia. Los debates giraron con frecuencia en torno a las causas “objetivas” y “estructurales” de la violencia: En lo político, el Frente Nacional, la declaración semi-permanente del Estado de sitio, las políticas represivas del gobierno de Turbay (1978-1982), y de Estados Unidos con “su guerra fría y contra las drogas”, pero casi no se generaba un debate serio sobre la política colombiana frente el tráfico de cocaína y sus expresiones criminales (La criminología es de muy reciente trayectoria en Colombia, y todavía menos practicada en las facultades de economía o derecho). En lo socio-económico, la pobreza rural y urbana, la informalidad, el desempleo, la baja tasa de sindicalización. Persistía también la tendencia de leer la violencia siempre, como el producto de luchas políticas y sociales cuando, la gran mayoría de los colombianos estaban bregando a conseguir lo necesario para el día a día. En lo ideológico, las guerras civiles y revolucionarias en Nicaragua y El Salvador generaron distintas expectativas, y los llamados nuevos movimientos sociales, urbanos, de género, juveniles, identitarios, fueron investidos de la esperanza de poder ayudar a pasar de la protesta social al levantamiento generalizado.
En la cruda realidad, aquellos ejercicios de unidad eran “puro cuento”, ya que dominaba la fragmentación y el llamado “canibalismo de izquierda”, cuyos casos más emblemáticos fueron las guerras sindicales bananeras en Urabá, desde 1983 en adelante. Allá, el PC-ML/EPL y el PCC/FARC compitieron manu-militari y con terror por la afiliación de los trabajadores a sus respectivos sindicatos; asesinaron obreros, dirigentes sindicales, mayordomos y administradores del otro bando; ambas facciones acusaron sistemáticamente al Estado y a los bananeros de esas muertes. En este juego de sombras, pronto se mezclaron también, organizaciones narco-para-militares y la fuerza pública. De los 207 miembros de sindicatos asesinados entre 1984 y 1990 en Antioquia (el 54% del total nacional), 137 lo fueron en Urabá.
La participación de la CSTC en la creación de la CUT, en 1986, como unificación de varias federaciones sindicales, fue una hipocresía, ya que su partido político, el PCC, apostó a la subordinación de lo sindical a la lucha armada. “Sencillamente [a los sindicatos] se los tragó el remolino de la guerra, del conflicto interno”, explica Álvaro Delgado, antiguo dirigente del PCC, en su libro autobiográfico, Todo tiempo pasado fue peor (2007: 259). “Al fin de cuentas todo ese proceso se vio entorpecido por el nacimiento del mandato guerrillero” (ídem: 264), “por la supeditación final de la lucha política por la lucha armada” (ídem: 277). “Los sectores de izquierda se entusiasmaron con la guerra, con el uso de la fuerza y comprometieron al movimiento sindical” (ídem: 279). Debo precisar: a casi todo movimiento u organización social en su área de influencia territorial.
Ante esta situación, en los debates dominaban los eufemismos. Reconocer públicamente la estrategia de la combinación de todas las formas de lucha: social, política, armada, promulgada por el PCC y otros partidos de la izquierda armada, era anatema: criticarla era contribuir a criminalizar organizaciones políticas y sociales. Para dar un ejemplo: la Escuela Nacional Sindical (ENS) en Medellín, considerada por muchos una fuente seria del análisis sindical, en sus informes sobre la violencia de la época, jamás reconoció el papel de la guerrilla. Otro ejemplo: el ajusticiamiento por un comandante de las Farc de un frente de 164 guerrilleros insumisos, acusados de “infiltrados”, no fue considerado en la izquierda como aberración, o como la acción de un paranoico, sino, como una falsedad producida por el régimen y no llevó a un debate serio sobre el operar interno de las organizaciones armadas, sus prácticas sistemáticas de ajustamiento interno, y el “todo vale” para el bien de la revolución. Los debates, no solo eran híper-politizados, muchas veces también, poco sinceros por admiración o miedo a los armados. Organizaciones de derechos humanos internacionales como Amnistía desde Europa, y Human Rights Watch desde Estados Unidos, intensificaron sus informes sobre Colombia, pero sufrieron de los mismos sesgos –muy orientados en lo político y lo institucional- y con grandes dificultades para entender cómo las diferentes dinámicas (guerrillera, paramilitar, narco) interferían y evolucionaban hacia lógicas de acción violenta más autónomas.
Mientras tanto, a mitad de los ochenta, en la academia los violentólogos investigaban sobre todo, el tema de la Violencia lo cual dio el nombre a la disciplina. Debatieron sobre su posible unidad (levantamiento campesino, tensión revolucionaria, guerra civil, demanda desordenada de cambio, etc.), pero también sobre su diversidad regional y periodicidad. Estos debates eran el punto de partida para interpretar los nuevos hechos. Como escribió Gonzalo Sánchez (1986: 257), “todavía hoy, Colombia se encuentra enfrentada a los conflictos desencadenados por la Violencia o reprimidos por ella”. Sin embargo, durante la segunda parte de los ochenta, los análisis académicos hicieron un importante giro hacia la actualidad, evidente en obras colectivas - realizadas desde Bogotá- como Violencia y Democracia (1987) contratada por el gobierno Barco; Al filo del caos (1990), y Pacificar la Paz (1992). En todas se muestra la heterogeneidad de las violencias (desde las más organizadas y más des-organizadas), su multi-causalidad, su diversidad regional y la necesidad de un enfoque integral para superarlas.
Los que se metieron con la realidad fueron en primera línea los periodistas, sobre todo en la provincia. En Medellín, los estudios iniciales tenían un marcado enfoque periodístico y descriptivo, innegable en No Nacimos Pa’ Semilla (1990) de Alonso Salazar, el único libro escrito en los ochenta sobre la violencia de aquellos años que hoy, puede ser considerado un clásico. En 1990, la socióloga María Teresa Uribe constata de manera auto-critica que los investigadores sociales de su universidad, la de Antioquia, desconocían la realidad que se vivía a diez cuadras del campus, y que la descubrieron apenas aquel año, gracias a Rodrigo D No Futuro (1990), la película de Víctor Gaviria, a su vez la mejor película de los ochenta sobre la violencia de la década.
Lo puesto en escena por Salazar y Gaviria visibilizó una escandalosa deuda social, y generó además de una enorme cantidad de columnas y debates, la creación de numerosos programas orientados a la juventud de los barrios pobres. Menos observado y debatido fue otro elemento presente en particular en el libro de Salazar, a saber, la relativa autonomía con la cual ya proliferaban las violencias y los cruces entre sicarios nihilistas y a-políticos con otros actores armados, específicamente las milicias guerrilleras y las redes criminales. Aquella autonomía de la violencia terminaría siendo un factor importante en los extremos a los cuales llegó la situación, pero ha figurado poco en los debates de entonces y de hoy.
1995-2005: esperanzas de paz y realidades de guerra
Durante este periodo, el tono de los debates sobre la violencia se mueve entre la esperanza y la desilusión, pero con una dramática polarización de la sociedad desde finales del siglo en relación con el conflicto armado.
La esperanza fue alimentada en un primer momento, por la desmovilización de ocho guerrillas, en especial del M19, por la Asamblea Constituyente y la nueva constitución, con su promesa de profundizar la democracia y el acceso ciudadano a sus derechos. Hubo además un descenso sistemático en la tasa de homicidios entre 1991 y 1998. En este contexto nacieron numerosas organizaciones sociales comprometidas con las vías democráticas y hubo, de forma más general una cierta re-dinamización de la sociedad civil a nivel nacional y en las ciudades y con algunas excepciones, mucho menos en el campo. En Urabá, la desmovilización del EPL generó por un par de años un ambiente constructivo en el cual sectores privados, organizaciones sociales y reinsertados cooperaron; sin embargo, algunas disidencias y el exterminio de los desmovilizados por parte de las Farc, llevo progresivamente a un nuevo capítulo de canibalismo de izquierda, en el cual el CINEP intentó mediar. En Medellín se respiraba un aire esperanzador más duradero por la entrega de los capos y la labor de la Consejería Presidencial (1990-94). La victoria en contiendas electorales locales de candidatos independientes, Antanas Mockus y el ex guerrillero Navarro Wolf, parecían confirmar las buenas tendencias.
Desarrollos internacionales tales como: el fin de la dictadura de Pinochet (1990), la liberación de Nelson Mandela (1990), su elección como presidente (1994), los acuerdos de paz en El Salvador (1992), la elección de Clinton (1992), la derrota de Sendero Luminoso en Perú –aún que a mano dura –, y por supuesto la caída del Muro de Berlín, la disolución de la Unión Soviética (1991), y las revoluciones democráticas y pacificas en sus países satélites, con algunas excepciones también, reorientaron los debates sobre la democracia y las relaciones entre sociedad civil y Estado.
Durante el gobierno de Samper (1994-98), el conflicto armado volvió a intensificarse con la proliferación de las Convivir, el reordenamiento narco-paramilitar, su federalización en las AUC (1997), y las posturas ofensivas de las Farc y el Eln. Uno de sus escenarios fue otra vez el Urabá, donde una nueva guerra (1994-1997) enlutó la región, mezclando el exterminio de los Esperanzados con una ofensiva narco-paramilitar, liderada por los hermanos Castaño, que a sangre y fuego saca a las Farc de la zona bananera y de su histórico centro operacional, en la extensa zona veredal del corregimiento San José de Apartado. Mientras tanto, el único acuerdo gestionado por Samper fue el Pacto del Nudo del Paramillo, en el cual las AUC, a cambio de reconocimiento político e inicio de negociaciones, prometieron dejar los civiles por fuera de sus combates. Sin embargo, cuando Samper reintroduce la extradición y la DEA intensifica sus operaciones en el país, las Auc cambian de estrategia y consiguen un vertiginoso auge, de 4.000 a 18.000 integrantes entre 1998 y 2000.
Entre 1997 y 2002, los secuestros, asaltos a pueblos, masacres, desapariciones forzadas, muertes en combate y otros indicadores del conflicto armado se incrementaron sin cesar. Según el CNMH, entre 1991 y 1997, hubo 17.288 secuestros, 50% por las Farc, 38% por el Eln, y 12% por las paramilitares, y otros 5.336 únicamente por las Farc, durante sus negociaciones con el gobierno de Pastrana en El Caguan (1998-2002). La palabra “guerra” se impone, pero además de una guerra contra la sociedad, también se hizo una guerra militar de verdad: mientras en Afganistán en 12 años (2002-2014), murieron 3.400 soldados aliados, en Colombia en 7 años (1995-2002) perecieron en combate, 5.000 soldados y policías. La debilidad de la fuerza pública pre-Plan Colombia fue tal, que ante la ofensiva guerrillera, el 20% de los municipios del país quedaron sin policía alguna.
Fuente:El País España
Ante estas tragedias, volvieron los debates sobre las causas y problemas ‘estructurales’, esta vez en particular alrededor de las insuficiencias y propuestas incumplidas por las reformas de 1991; la persistente pobreza, la inequidad, el problema de la tierra y otros desafíos. Daniel Pecaut (1998: 82), explicaba que: “la idea de la democratización no puede ser considerada como un remedio milagroso para la violencia, y esta no se debe resumir como una demanda de democratización”. Los grandes temas debatidos: neoliberalismo, globalización, imperialismo, tampoco facilitaron una visión de la esfera pública como escenario de acción. Peor aún, el miedo regresó e impactó fuertemente a las organizaciones sociales, pues las nuevas masacres y magnicidios apuntaron a voces independientes, para forzar la polarización e imponer una dinámica de guerra civil. Entre los más sonados, figuraron el asesinato del defensor de las negociaciones de paz, y profesor universitario Jesús Antonio Bejarano, a manos de las Farc; el del antropólogo de la Universidad de Antioquia, Hernán Henao, y la masacre contra los investigadores del CINEP, Mario Calderón, Elsa Alvarado y su padre, perpetrados por las AUC.
Cuando durante los dos últimos años del gobierno de Pastrana (1998-2002) se esfuman las esperanzas de paz con las Farc y el Eln, la opinión pública se polariza y el conflicto armado se intensifica a tal punto que se instaura un reino del terror, y el miedo paraliza buena parte de la sociedad. La coyuntura que precede la victoria de Álvaro Uribe sobre Serpa, en las elecciones de 2002, estuvo signada por muertes, desplazamientos y los secuestros de: Ingrid Betancourt (febrero 2000); los 12 diputados en Cali (abril de 2002); el gobernador Guillermo Gaviria y su asesor Gilberto Echeverri (abril del 2002 asesinados el 3 de mayo de 2003); las muertes de 79 civiles en Bojaya por las Farc (mayo del 2002); el éxodo de 12.000 de los 19.000 campesinos de Granada que huyeron a Medellín aterrorizados por la guerrilla y los paramilitares; escenas que se repitieron en decenas de municipios y regiones.
Con la elección de Uribe, el 11 de septiembre y la guerra internacional contra el terrorismo, liderada por Estados Unidos, los debates sobre la violencia en Colombia cambian. La política de seguridad ciudadana promovida por Uribe, y posibilitada gracias a los recursos del Plan Colombia, creado entre Clinton y Pastrana, así como su decisión de negociar con los paramilitares, fueron los nuevos temas centrales, debido a la supuesta colusión con los paramilitares, al riesgo de mayores violaciones de derechos humanos por parte de la fuerza pública y el incremento del conflicto armado. Los dos primeros riesgos, en efecto se materializaron y las organizaciones sociales corroboraron su revelación: la para-política y los falsos positivos. Sin embargo, en vez de la intensificación del conflicto armado, se dio una muy significativa pacificación pero como suele suceder, fue poco debatida o analizada para evitar tener que dar algún crédito a la repudiada política de seguridad democrática o a las negociaciones con las AUC. Retrospectivamente, se puede constatar que la mayor reducción de los homicidios y otras modalidades de victimización, se dieron durante los dos primeros años del gobierno Uribe (2002-2010) y que el factor más importante parece haber sido, el cese al fuego unilateral de las AUC en diciembre del 2002. De hecho, en Medellín, la menor tasa de homicidios entre 1975 y hoy, fue en el año 2003 en particular en la Comuna 13, donde se redujeron de 299 (2002) a 95 (2003). Tampoco ha sido debatido de manera sería el impacto del Plan Colombia, más allá de su apoyo a las fumigaciones, y pocos parecen interesarse en las lecciones aprendidas con la profesionalización de la fuerza pública, el fortalecimiento del acceso a la justicia, o el mejoramiento de las cadenas productivas en zonas de cultivos ilícitos.
Desde 2005: derechos de las víctimas y esperanzas de pos-conflicto
Un cambio paradigmático se ha generado desde 2005 en los debates sobre la violencia, y el aporte de las organizaciones sociales ha sido fundamental en ello, en particular por su contribución y presión entorno a la Ley de Justicia y Paz (2005/2006), y su exigencia de garantizar los derechos a verdad, justicia y reparación de las victimas del paramilitarismo. Con esta ley por primera vez en Colombia, las víctimas se posicionaron en el centro de la atención pública, los debates, y las negociaciones con las organizaciones armadas. Inicialmente, fue entendida como una victoria sobre el gobierno de Uribe y su argumento de que las AUC no aceptarían desmovilizarse sin garantías judiciales. Se esperaba además que esta justicia transicional y restauradora, revelara en particular las responsabilidades del Estado, las dimensiones de la para-política y los crímenes de los paramilitares. Sin desconocer los problemas e insuficiencias, este ha sido en buena medida el caso. Nunca antes supimos tanto sobre el conflicto armado en el país como ahora, gracias a todo lo divulgado por Justicia y Paz.
Inevitablemente, Justicia y Paz generó debate sobre la necesidad de incluir el enfoque de víctimas y de justicia restaurativa en eventuales negociaciones futuras con la guerrilla, como efectivamente sucedería con las Farc, bajo la presión del gobierno, de las víctimas, de organizaciones sociales y la comunidad internacional. Tampoco ha faltado hipocresía: algunos que defendieron de manera ejemplar los derechos de las víctimas de los paramilitares, hoy parecen interesarse más por los desmovilizados de las Farc, que por sus víctimas. Más allá de los novedosos dispositivos de Justicia Transicional creados por ellas, a partir de la Ley de Justicia y Paz, la Ley de Victimas (2011) y el acuerdo con las Farc (2016), las investigaciones lideradas inicialmente por el Grupo de Memoria Histórica (2006-2011) y después por el Centro Nacional de Memoria Histórica, han catalizado una novedosa, dinámica y variada agenda en organizaciones sociales y centros académicos en memoria y memoria histórica del conflicto armado. La difusión y el acceso a estos trabajos se ven además muy fortalecido gracias a los nuevos medios sociales. Cuando antes, para verificar acontecimientos, fechas, personas, procesos judiciales y contextos, uno necesitaba recurrir a publicaciones, bibliotecas y archivos, hoy la web garantiza acceso a casi todo, y disposición inmediata de todos, incluso en las regiones más alejadas del país, no obstante, las limitantes que puede haber para acceder la web.
Fuente: El Heraldo
El Nunca Más: un horizonte común de debate.
Según Aristóteles, la polis existe por naturaleza y por naturaleza el ser humano es un animal político. En otras palabras, los seres humanos tienen una capacidad innata para asociarse, decidir en común como actuar bien y justo y hacer política y no la guerra. El filósofo precisa que esto no quiere decir que todos los seres humanos vivan en una polis, ya que ésta debe ser construida por humanos, que a veces fallan en erigirla entre otras razones porque algunas personas a-sociales (sin comunidad, sin ley, sin corazón) les llevan a ser amantes de la guerra. Hoy sabemos que en tiempos de Aristóteles, existían unas 900 polis, y a la vez muchos núcleos poblados y una serie de veredas organizadas y asociadas, gracias a una variedad de herramientas democráticas (asambleas, asociaciones, concejos, elecciones, etc.), que varían de una polis a otra, pero que compartían la construcción política de la colectividad para el bien común, a través del debate.
Para que la asociatividad política que Aristóteles considera propia del animal político, prospere, se requieren ciertas condiciones. En Colombia, entre 1985 y 2005 en muchos lugares, esas condiciones se fueron degradando a punta de violencia y terror. Las organizaciones sociales, minorías activas que operaron bajo dichas condiciones e intentaron debatir y actuar en autonomía por el bien común, son hoy, a veces a-críticamente, reconocidas como resistencias o resiliencias y sin duda, la Corporación Región es una de ellas.
Durante el último decenio, gracias a las negociaciones y desmovilizaciones de las Auc y las Farc, la sociedad ha conocido una importante pacificación, y las condiciones asociativas para debatir y decidir en común sobre el bien y lo justo se han mejorado radicalmente. En su excelente libro Por que no pasan los 70. No hay verdades sencillas para pasados complejos (2018), Claudia Hilb explica refiriéndose al caso argentino que, para tener un horizonte común como sociedad pos-dictadura o pos-conflicto, el problema no está en las opiniones opuestas o en las diversas interpretaciones del pasado, sino en el reconocimiento entre todos de un principio común no-negociable: el Nunca Más. Hoy en Colombia, muchas organizaciones sociales orientan el debate sobre la violencia en esta dirección. Ojalá un día, este compromiso pueda ser de toda la sociedad.
Delgado, Á., & Ospina, J. C. C. (2007). Todo tiempo pasado fue peor: entrevistas hechas al autor en 2005 por Juan Carlos Celis, revisadas en febrero de 2007. Carreta.
Hilb, Claudia. (2018). Por que no pasan los 70. No hay verdades sencillas para pasados complejos
Pecaut, Daniel. (1998). “La contribución del IEPRI a los estudios sobre la violencia en Colombia”, en: Análisis político, Bogotá, No. 34, IEPRI-Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, p. 73.
Sánchez, Gonzalo. (1986).
Violencia, paz, debate, organizaciones sociales, sociedad.
Ana María Jaramillo
Socióloga, Magíster en historia e Investigadora Emérita, Ana María Jaramillo ha realizado aportes significativos a la comprensión del desplazamiento forzado, el conflicto armado, las violencias, y la criminalidad urbana en Medellín, Antioquia y Colombia. Socia fundadora de la Corporación Región.
La indagación por las violencias urbanas ha ocupado un lugar importante en la labor investigativa que la Corporación ha desarrollado desde el momento de su fundación y hasta el presente. En este artículo se hará referencia a los aportes contenidos en varias publicaciones y tomando en consideración su novedad, pertinencia y con el estado del conocimiento sobre los asuntos en cuestión. Con base en estas consideraciones y en diálogo con los retos que plantea la construcción de paz en el país y en la ciudad se hará referencia a temas que deberían ser objeto de particular atención en el que hacer investigativo.
"De las ilusiones que me hago a alguna llego.
Yo no nací para morir antes de estar muerto. Olvídese. Así
como no me quedé en la pared de una esquina pegado de grafiti
en fondo de pantalla para un video.
Nada está perdido para mí”.
(Helí Ramírez)
Definir la palabra violencia se dificulta debido a la diversidad de significados y valoraciones de las cuales es objeto. Esto explica los múltiples intentos que desde las ciencias sociales se hacen para precisar sus características, modalidades, impactos y su dimensión simbólica, en relación con las circunstancias históricas en las que se inscribe.
En 1985 la Comisión de Estudios de la violencia, designada por el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990) para realizar un diagnóstico en el país, sentó un precedente al optar por una definición con acento en el uso de la fuerza física (violencia letal). Con respecto a los factores explicativos, la Comisión hizo un llamado a renovar las interpretaciones de la violencia como un fenómeno relacionado no solo con lo político (como había ocurrido hasta el momento) y abrirse a otros campos como el social, cultural y económico que no excluían la dimensión política pero la sobrepasaban; con ello se aspiraba a aportar diferentes elementos de análisis sobre los nuevos fenómenos de violencia, como la emergencia del narcotráfico en contextos urbanos. (Comisión de Estudios de la Violencia,1988)
Región, desde su trayectoria investigativa, comparte la perspectiva esbozada por la Comisión en lo concerniente a la violencia urbana y reconoce la investigación como un factor central del modelo de acción, articulado con otros componentes como el impulso a procesos de deliberación pública, el diseño de estrategias pedagógicas para la formación de ciudadanías democráticas, el fortalecimiento de organizaciones y liderazgos sociales y, la incidencia en políticas públicas.
Fuente: El Colombiano, 2014
El punto de partida: El narcotráfico y los nuevos actores de violencia
El 23 de noviembre 1989 fecha de constitución de Región, coincidió con una sucesión de hechos de violencia agenciados por el narcotráfico que tuvieron como escenario a Bogotá y Medellín. Uno de los momentos más críticos de una violencia que parecía no tener fin… justo el día veintisiete del mismo mes, fue la explosión en el aire, de un avión Boeing 727 de la empresa Avianca, en inmediaciones del municipio de Soacha (Cundinamarca) que dejó 107 muertos y generó gran conmoción.
En esas circunstancias iniciamos una labor investigativa con el apoyo del CINEP, orientada a explorar lo que acontecía en los barrios afectados por el accionar de bandas y combos, y los motivos que impulsaban a una nueva generación de jóvenes, a formar parte de la estructura criminal de Pablo Escobar. La responsabilidad de presentar los resultados, recayó en el periodista e integrante del equipo de comunicaciones Alonso Salazar y se dieron a conocer en la publicación No Nacimos pa´ semilla (Salazar, 1990) que marcó un hito, en la investigación de la violencia urbana en el país.
En el texto y desde las voces de sus protagonistas, se exponen el complejo universo cultural y las condiciones de vida de jóvenes, hijos de una generación de migrantes que arribaron a la ciudad refugiándose de la Violencia en la década de los sesenta. A diferencia de sus progenitores, que luchaban por hacerse a un lugar en la ciudad, su rasgo distintivo era su estrecha relación con la violencia, ejercida con probada eficacia y arrojo.
Aunque el sicariato es el tema que atrae las miradas, en No Nacimos pa´ semilla se presenta el diverso panorama de los actores de violencia entre los cuales estaban: milicianos, guerrilleros e integrantes de combos; se formulan hipótesis explicativas sobre su perfil sociocultural y se incluyen testimonios de familiares y vecinos. En dicho texto además de la violencia, sobresalen ciertos valores y prácticas asociados a la “cultura paisa” pero también, a la modernización (sociedad de consumo) y la incidencia de sus condiciones de vida, marcadas por la marginación y la desatención del Estado, en la generación de un ambiente favorable a la aceptación del narcotráfico como opción de reconocimiento, progreso, y ascenso social.
La referencia a un aspecto central en la narrativa de esta generación de pistoleros a sueldo: su desapego por la vida, plasmada en la expresión que dio título al libro “No nacimos pa´ semilla”, suscitó la reacción de muchos jóvenes de las comunas que se convirtieron en los promotores del movimiento Sí Nacimos pa’ semilla y también, de reflexiones que alimentaron el debate público y la creación de espacios de encuentro, como El Seminario Violencia juvenil: Diagnóstico y alternativas promovido por Región, evento realizado en agosto de 1990, momento crítico para la ciudad ante la intensificación del accionar violento de los llamados Extraditables que en cabeza de Pablo Escobar, ejercían la máxima presión contra el recién posesionado presidente Cesar Gaviria.
Es de notar el significado de este evento en estas circunstancias, como respuesta a la estigmatización de la que era objeto la Comuna Nororiental, señalada como el fortín de Escobar y su aparato criminal y la contribución a visibilizar y reconocer el protagonismo de la juventud, impulsora de novedosas iniciativas de movilización por la defensa de la vida, y resaltar la capacidad de las instituciones y organizaciones sociales para ahondar en el análisis de las causas de la violencia, generar alternativas resultantes de procesos de deliberación y acuerdos en torno a objetivos comunes con perspectiva de largo plazo. (Corporación Región,1990)
Los hallazgos de Región sirven de referencia a otras investigaciones sobre la relación violencia- juventud, lo cual se traduce en avances para esclarecer los múltiples significados que para ellos reviste la violencia en su vida cotidiana, así como el reconocimiento de las muy distintas maneras de referirse a la muerte y, en la construcción de diversas memorias y formas de simbolizar, en los rituales, la música y otras expresiones artísticas. (Riaño, 2006) (Blair, 2005)
En otra publicación, “Mujeres de fuego” (Salazar, 1993) sobre los actores de violencia, se dan conocer los resultados de una indagación sobre experiencias de mujeres con la guerrilla, el narcotráfico, las milicias y de una madre que busca a su hijo desaparecido. Se devela allí una realidad desatendida, se controvierte la visión de la mujer como sujeto pasivo receptor de violencia y se aporta a la comprensión de las razones por las cuales, mujeres de diversa condición social ejercieron la violencia, así como los factores que motivaron replanteamientos e intentos de reconstruir sus vidas. En la presentación de este texto María Teresa Uribe manifestó, tanto su extrañeza al preguntar por qué sabíamos tan poco sobre esas realidades, como su complacencia al acceder a los testimonios de mujeres que hacen posible: “asomarse a la Colombia de hoy, a los abismos de la intolerancia, el autoritarismo y el irrespeto” y también, “inclinarse reverente ante el valor, la tenacidad y la dignidad con las cuales le habían hecho frente a estos tiempos difíciles”.
Apuntes para una historia del narcotráfico.
En medio de la intensa violencia que afrontó la ciudad a mediados de los ochenta y hasta la muerte de Escobar en 1993, nos preguntábamos: ¿En qué momento se jodió Medellín? ¿Qué tenía que ver con la crisis de la industria, con la ausencia de Estado, con la cultura paisa y en particular con valores y prácticas ejercidos por capos como Escobar y sus sicarios? Estos interrogantes motivaron la realización de numerosos eventos con la participación de académicos, escritores, periodistas, funcionarios públicos y representantes de organizaciones sociales y se dio curso a la deliberación y a la búsqueda de salidas. La realización del Seminario Alternativas de Futuro para Medellín es un buen ejemplo de ello.
El evento posibilitó tanto el encuentro entre la institucionalidad nacional, a través de la Consejería Presidencial para Medellín y diferentes sectores sociales, como la expresión y el debate de distintas miradas sobre las causas de la violencia, la consideración de diversas propuestas y la acogida a la iniciativa de un pacto social con fundamento en los consensos a los cuales se llegó. Región en coherencia con lo expresado en dicho evento, tomó la decisión de aceptar la invitación a acompañar las estrategias impulsadas por la Consejería Presidencial para Medellín, especialmente en lo relacionado con procesos organizativos de los jóvenes: Casas juveniles y estrategias comunicativas como Arriba mi Barrio, Lado A y Muchachos a lo Bien, que tuvieron un impacto positivo en la transformación del imaginario violento que se había construido en torno a los jóvenes y habitantes de estos barrios y comunas y, en la validación de opciones de vida diferentes a las ofrecidas por las organizaciones criminales.
A comienzos de los noventa Región continua explorando los factores explicativos de la violencia y realiza una investigación cuyos resultados, se dan a conocer en un texto titulado “Las subculturas del narcotráfico” (Salazar y Jaramillo 1992). La atención se centra en la caracterización de varios momentos relacionados con la emergencia y el auge del narcotráfico en la ciudad: Un primer período de asentamiento que marca la aparición de una generación de traquetos y pistolocos; luego una etapa de consolidación en la que se asiste a la configuración del proyecto político del narcotráfico y, la fase de la guerra que corresponde a la confrontación directa entre Escobar y el Estado hasta los inicios del gobierno de Cesar Gaviria (1990-1994).
A propósito de la atribución de la violencia y el auge del narcotráfico al ethos cultural paisa, en un apartado del texto en mención “la cultura: un nuevo espacio de reflexión”, se insta a tomar en consideración la forma en que estos fenómenos se inscriben en el contexto colombiano, como producto de procesos sociales específicos y en relación con el impacto de la urbanización y la modernización. Esta referencia es pertinente por la importancia que tres décadas después se le confiere a la cultura como factor explicativo del narcotráfico, tal como se evidenció en un foro realizado por el periódico El Colombiano en el marco de una iniciativa de construcción de memoria sobre el narcotráfico.
En la reflexión sobre los factores explicativos de la violencia, la ética fue objeto de atención; Región promovió un debate sobre la importancia de rescatar una ética ciudadana o ética civil que pusiera el respeto por la vida y la convivencia como centro de interés e ideal de justicia social y paz. En las memorias de un evento promovido por la Corporación se exponen diversos enfoques y fundamentos de esta ética y la necesidad de construir nuevos consensos que a manera de pacto, permitieran el respeto por aspectos básicos de la convivencia y enfrentar la crisis de valores generada por el narcotráfico (Fernández (Ed) 1991).
¿Y después de Escobar qué? Las transformaciones de los noventa
La disminución de los homicidios, la desarticulación de las bandas que estuvieron al servicio de Escobar, después de dos décadas de actividad, y la labor desarrollada por la Consejería Presidencial para Medellín, la institucionalidad local y las organizaciones sociales, abonaron a la generación de un ambiente de optimismo y de superación de la violencia en la ciudad; sin embargo, en la década del noventa asistimos a un reacomodo del narcotráfico y otros actores violentos. En aquel momento, no se tenía claro qué acontecía en la ciudad, sobre todo en los barrios más afectados por el accionar de las milicias y bandas. Esto motivó la realización de un nuevo proyecto de investigación de cuyos resultados da cuenta el libro: “En la encrucijada. Conflicto y cultura política en el Medellín de los noventa” (Jaramillo, Villa y Ceballos, 1998). Entre los hallazgos resaltamos:
Una aproximación a las denominadas Milicias en aspectos referidos a su caracterización, trayectoria y los impactos de su accionar en la proliferación de grupos armados, algunos conformados de manera espontánea y otros relacionados con las bandas que, a su modo, hicieron una réplica del modelo de vigilancia y los métodos de control instaurados por las milicias en sus áreas de influencia. Este acercamiento fue posible gracias a la interlocución del equipo de investigación con el encargado del acompañamiento al proceso de negociación de las milicias, en el campamento de Media Luna, corregimiento de Santa Helena entre los meses de febrero y mayo de 1994 con delegados del gobierno de César Gaviria, que culminó con la suscripción de un acuerdo con miras a su desmovilización.
Así mismo se aportan elementos de descripción y análisis sobre las formas de relación de la población con las milicias, mediadas tanto por el miedo y la expectativa de obtener protección frente a la amenaza que representaban la fuerza pública y otros grupos armados ajenos al barrio, como por la obtención de algún beneficio al servir de red de apoyo a sus actividades. Así pues en Medellín más que en otras ciudades este actor armado podía contar con condiciones más propicias para su arraigo entre la gente.
Aunque bajo circunstancias diferentes a la crisis de los ochenta, se vuelve a presentar en el acontecer barrial y en la ciudad, la incidencia de lo que identificamos como micro poderes armados de carácter autoritario y la incapacidad del Estado para ejercer el pleno monopolio de la fuerza, así como los efectos perversos de ciertas estrategias e iniciativas de mediación, promovidas desde la institucionalidad local.
Un giro en la mirada: Violencias y miedos sociales
Con el interés de establecer los impactos de dos décadas de zozobra, en las sociabilidades y en las formas de vivir la ciudad entre los habitantes de Medellín, así como su incidencia en el agravamiento de la discriminación y la estigmatización de ciertos grupos sociales, se realizó otro proyecto de investigación, fundamentado en el diseño y aplicación de un modelo conceptual y metodológico basado en el entendimiento de los miedos como construcción social y como un proceso mediante el cual se nombran amenazas, se afianzan representaciones del otro y también, nuevas formas de estar juntos.
En la publicación “Los rostros del miedo: Una investigación sobre los miedos sociales urbanos” (Villa, Jaramillo y Sánchez, 2003); se analiza la violencia del narcotráfico y la denominada “urbanización de la guerra en los hechos violentos acaecidos en la comuna 13. Se constata que la experiencia generalizada del miedo favorece el repliegue hacia lo privado; la construcción de geografías del miedo prescriben los usos de la ciudad y, producen narrativas y prácticas destinadas a marcar diferencia entre las “gentes de bien” contra sectores a los que se les atribuye la responsabilidad en la violencia y la degradación moral: atracadores, guerrilleros, narcotraficantes, paramilitares, milicianos, políticos y drogadictos.
De igual modo se logra establecer la función del miedo como generador de nuevas opciones de construcción de numerosas campañas orientadas a exaltar la inventiva de los paisas, su capacidad para sobreponerse a las dificultades y su amor por Medellín. La década del noventa marca un momento de auge en la conformación de comunidades o colectivos sociales que encuentran un factor de cohesión en las creencias religiosas, el cultivo de la espiritualidad y también, de iniciativas organizativas juveniles y comunitarias entre cuyos propósitos estaban, contrarrestar el impacto de la discriminación y la estigmatización como delincuentes y subversivos lo cual producía el cierre de sus oportunidades de empleo.
La apuesta comparativa: Medellín y sus violencias en el contexto latinoamericano
Para la década del 2000, los resultados de estudios sobre seguridad en ciudades de América Latina permitían establecer similitudes con respecto al Medellín de los años ochenta, en el aumento significativo en las tasas de homicidio atribuido a la emergencia de agrupaciones criminales con nexos con el narcotráfico. El investigador Robert Briceño (2007) al referirse a este panorama, se preguntaba ¿Qué ha pasado para que la ciudad de América Latina, lugar de sueños y esperanzas, se convierta en una amenaza para la mayoría de sus habitantes?
Para aportar luces al conocimiento de esta realidad y desde una perspectiva comparativa, se elaboró un proyecto de investigación que contó con el apoyo del IRDC y cuyo objetivo era el análisis comparativo entre actores y dinámicas de violencia y criminalidad en Medellín, Bogotá, Rio de Janeiro y Ciudad Juárez. Los resultados se encuentran en el texto “Ciudades en la encrucijada: Violencia y poder criminal en Río de Janeiro, Medellín, Bogotá y Ciudad Juárez. (Jaramillo y Perea. Eds. 2014) Con todo y las diferencias entre estas ciudades se identifican importantes similitudes entre ellas:
El narcotráfico como el mercado ilegal dominante del cual se derivan sustanciales márgenes de ganancia, junto con otras actividades ilegales y asociado a la constitución de agentes violentos que imponen un poder armado sobre diversos procesos de la vida urbana y en particular, en las barriadas en donde ejercen control de territorios y apelan a una combinación de fuerza y “consenso” (entendido como la capacidad de intermediación en conflictos, participación en actividades comunitarias) y cuya implementación no solo depende de su propia capacidad operativa, sino también, de la respuesta del Estado y los niveles de aceptación o rechazo entre la población.
Hay predominio de altos índices de impunidad (90%) cuyo factor clave es el enorme poder criminal y la limitada eficacia de políticas públicas y estrategias de seguridad- Dichas políticas logran de forma episódica, obtener resultados positivos en la disminución de los homicidios y en la relativa pacificación de las zonas con control de estructuras criminales, pero que no se logran consolidar debido a los cambios en las políticas y la fragilidad de los pactos de convivencia promovidos por líderes y organizaciones sociales, debido, entre otras razones, al incumplimiento de lo acordado y a las disputas entre organizaciones criminales por el control de mercados y territorios.
Esta investigación contribuyó al desarrollo de un campo de indagación sobre la relación violencia-criminalidad en contextos urbanos, cuestión que hasta la década del 2000 no tenía mayor importancia en el país, en buena medida, debido a la mayor atención conferida al conflicto armado. Pero son de notar los avances y la relevancia de las exploraciones sobre economías, y estructuras criminales y sus lógicas de actuación.
Una nueva mirada al pasado y presente. Conflicto armado y violencias en clave de memoria
A mediados de la década del 2000, aunque es evidente el poder que ejercen las organizaciones criminales, se aprecian cambios relevantes con relación a décadas anteriores; emergen las víctimas como actor de gran importancia, resultado de la iniciativa de organizaciones de víctimas que alzaron su voz en la ciudad e hicieron valer su derecho a la verdad, la justicia y la reparación, de lo cual son ejemplo las Madres de la Candelaria y la movilización de la población desplazada demandando respuestas, al amparo de disposiciones contenidas en la Ley 387 de 1997 para atender el desplazamiento forzado y el acuerdo por el cual se adopta la política pública para la prevención del desplazamiento forzado, la protección, reconocimiento, restablecimiento y reparación, en el municipio de Medellín (Acuerdo 049 de 2007)
Frente a este nuevo panorama, la Unidad de Víctimas, el Museo Casa de la Memoria y la Corporación Región, realizan un intercambio de ideas que concluye en la necesidad de construir un relato sobre el conflicto armado y las violencias en la ciudad, desde la perspectiva de la memoria. El resultado es la elaboración y gestión de una propuesta respaldada académica y financieramente por el Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH, entidad interesada en abocar lo acontecido en las ciudades por lo cual, la experiencia de Medellín ofrecía importantes pistas.
Para emprender el relato sobre la memoria histórica del conflicto armado y las violencias que ha vivido Medellín en el período 1980-2013, se conformó un equipo interdisciplinario con investigadores de la Universidad de Antioquia, Eafit y Región. Los hallazgos de este trabajo, se dan a conocer en la publicación del informe “Medellín Memorias de una guerra urbana” (CNMH, 2017).
En respuesta a las preguntas sobre ¿qué pasó? y ¿por qué pasó? y con fundamento en la metodología que posibilitó la participación de habitantes de la ciudad y de las víctimas, teniendo en cuenta su diversidad, se abordaron asuntos relacionados con los factores explicativos de la crisis que se fue generando desde mediados del siglo XX pero que se visibiliza y agrava, con la emergencia del narcotráfico y la aparición y trayectoria de otros actores del conflicto armado y la criminalidad en su relación con éstos. Se presenta una información novedosa sobre las cifras y el comportamiento de las diversas modalidades de violencia, de acuerdo con la periodización establecida. Es importante resaltar el reconocimiento de una variedad de respuestas y recomendaciones, en materia de verdad, justicia y reparación que desde la sociedad y la institucionalidad, se desplegaron para resistir y sobreponerse a los impactos devastadores de las violencias, agenciadas por una multiplicidad de actores que de una forma u otra la ejercieron.
Si bien con este informe se pone de presente la importancia de la ciudad en relación con las dinámicas del conflicto armado nacional, continúa siendo un tema marginal en el país. Un ejemplo reciente es la ausencia de referencia a lo urbano en el Acuerdo Final de Paz con las Farc. De ahí pues, la pertinencia del llamado del investigador Carlos Mario Perea a resituar la ciudad, y avanzar en la creación de una conciencia pública sobre su importancia estratégica que permita, superar la paradójica condición de la ciudad inviabilizada, en el universo del conflicto armado y entrampada en una visión de la seguridad como problemática, que poco o nada, ha tenido que ver con lo que acontece en el área rural (Perea, 2013).
Superar el divorcio campo-ciudad es esencial, máxime si se tienen en cuenta los impactos de las dificultades de seguridad y convivencia en la construcción de paz en las ciudades y, en el mejoramiento de la calidad de vida del 77% de la población colombiana que reside en ellas.
Este panorama plantea nuevos retos a la tarea investigativa. Gonzalo Sánchez, anterior director del CNMH, en el prólogo a la publicación resultante de una investigación comparativa sobre violencia entre las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla (Guzmán. Ed, 2019), subraya la necesidad de adelantar estudios que evidencien la singularidad de la ciudad, mostrando que ella produce violencias cuyas gramáticas no se reducen al conflicto armado pero que aportan la mitad de los homicidios a nivel nacional y, al mismo tiempo, sus conexiones con el conflicto armado. Al respecto invita a redoblar esfuerzos por comprender los procesos sociales que tienen lugar en ella, la perspectiva subjetiva de los distintos actores: las víctimas, los violentos, el desempeño del aparato policial y sus agentes, y el sistema penal, para poder encontrar su adecuación a la sociedad contemporánea.
En acuerdo con estos lineamientos pero considerando el difícil momento que afrontan las ciudades en materia de seguridad, llamamos la atención sobre varios asuntos igualmente necesarios:
Caracterizar las estructuras criminales que operan en las ciudades de Colombia, sus similitudes y diferencias; las fuentes de su poder en lo económico, político y social; la capacidad de respuesta del Estado y sus implicaciones en el diseño e implementación de políticas públicas en seguridad.
Dada la afectación de sectores sociales por el accionar violento de diversos actores armados, que ejercen el control de territorios y métodos de terror para establecer el “orden” y la sujeción de la población en la ciudad, urge profundizar en el análisis de los factores que actúan en favor o en contra de este tipo de dominación pero también, la incidencia de la ausencia o la presencia del Estado, mediante la aplicación de políticas o decisiones en seguridad y convivencia, en la pervivencia o transformación de este estado de cosas.
También se requiere ahondar en el conocimiento de las formas de respuesta que por varias décadas, han construido personas y comunidades para resistir, adaptarse y establecer vínculos con los actores criminales. ¿Qué variaciones se observan en estos comportamientos? ¿Qué incidencia ha tenido la acción de la justicia, el desempeño de la Policía? ¿De qué modo los aprendizajes de las comunidades se podrían articular a políticas de prevención?
El que la ciudad sea el lugar donde ocurren la mayor parte de los homicidios, es un hecho que reviste la mayor gravedad pues evidencia la incapacidad del Estado para garantizar la defensa de la vida y marcar un nuevo rumbo en la superación de la impunidad gracias, a una oportuna y eficaz acción de la justicia y el debido reconocimiento y reparación de las víctimas.
Aunque el homicidio es una modalidad que cuenta con numerosos estudios, su persistencia es un preocupante retroceso con respecto a logros de años anteriores, de lo cual es ejemplo Medellín, ciudad que desde el 2015 registra un aumento en la tasa de homicidios, ubicándose en veinticinco por cien mil habitantes. Se reclaman nuevas indagaciones acerca de las circunstancias y el tipo de escenarios donde acontecen y sobre el perfil de los responsables, las víctimas y el desempeño de la Policía e instancias de justicia.
Según el Instituto de Medicina legal (2019) la participación de la población masculina en el homicidio corresponde en su mayor parte, a jóvenes entre los 14 y 26 años, hecho que demanda estudios que desde el enfoque de género, contribuyan a esclarecer la relación entre violencia y modelos de masculinidad y feminidad, posibles cambios en las motivaciones de las nuevas generaciones para cometer el homicidio, lo que permitiría establecer contrastes con la generación de los años ochenta.
No se trata de temas cuyo análisis incumba a especialistas y académicos. Como lo demuestran experiencias de deliberación pública que han tenido lugar en la ciudad en años anteriores, la reflexión facilita el reconocimiento de gran diversidad de miradas, compartir saberes y aprendizajes y construir acuerdos en torno a metas comunes, condición necesaria para enfrentar con mayor posibilidad de éxito, una problemática que no solo atañe a Medellín o a las ciudades colombianas sino a la región Latino americana que continua presentando las más altas tasas de homicidio: 17.2 (A distancia del resto del mundo: África: 13, Europa: 3, Oceanía: 2,8 y Asia: 2,3), con la desigualdad, el crimen organizado y el machismo entre las principales causas (Naciones Unidas, 2019).
Treinta años después de habernos enfrentado a una crisis cuyas causas y superación sigue siendo objeto de discusión, se suscitan sentimientos y reacciones encontradas; cierta desesperanza ante la preponderancia del homicidio, un fenómeno que sigue cobrando la vida de una generación de jóvenes y, el poder que detentan los actores criminales; pero también, de renovadas expectativas de mejoramiento, al constatar la persistencia de sectores de la sociedad y de la institucionalidad, en la tarea de transformar esta realidad de la cual, hace parte una sistemática labor investigativa como lo ilustra la experiencia de Región, cuyos resultados han contribuido a la reflexión y al debate y son estímulo a la capacidad de imaginar y avanzar, en la construcción de opciones de progreso y convivencia al margen de la violencia, la intolerancia y la criminalidad.
Blair, Elsa. (2005). Muertes violentas. La teatralización del exceso. Medellín: Editorial Universidad de Antioquia
Briceño, Robert. (2007). Violencia Urbana en América Latina: Un modelo sociológico de explicación. Espacio Abierto, vol. 16, núm. 3, julio-septiembre, pp. 541-574.
Centro Nacional de Memoria Histórica. (2017). Medellín: Memorias de una guerra urbana, CNMH-Corporación Región-Ministerio del Interior-Alcaldía de Medellín-Universidad EAFIT –Universidad de Antioquia. Bogotá
Comisión de Estudios sobre la violencia. (1988). Colombia: Violencia y democracia. Bogotá, Universidad Nacional de Colombia-Colciencias.
Corporación Región. (1990). Violencia juvenil: Diagnóstico y alternativas. Memorias del seminario sobre la Comuna Nororiental de Medellín. Medellín.
Fernández, Rubén) (Editor). (1991). Ética para tiempos mejores. Medellín: Corporación Región
Guzmán A (Editor). (2017). Violencia en cinco ciudades colombianas a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Cali. Universidad Autónoma de Occidente.
Instituto de Medicina Legal. (2019). Comportamiento del homicidio, Colombia 2018. En Revista Forensis. Pp 67-103 Disponible en este enlace.
Jaramillo Ana María, Villa, Marta Inés y Ceballos Ramiro. (1998). En la encrucijada: conflicto y cultura política en el Medellín de los noventa. Medellín, Corporación
Región
Jaramillo, Ana y Perea, Carlos Mario (eds.) (2014). Ciudades en la encrucijada: Violencia y poder criminal en Río de Janeiro, Medellín, Bogotá y Ciudad Juárez. Medellín: Corporación Región; Lepra; Una; Ir.
Naciones Unidas. (2019). Estudio Mundial sobre el homicidio. Disponible en este enlace.
Perea, Carlos. (2013). Resituar la ciudad: Conflicto violento y paz. En: Análisis Político. Nro. 77. IEPRI. Bogotá. pp. 3 – 25.
Riaño, Pilar (2006). Jóvenes memoria y violencia en Medellín. Una antropología del recuerdo y el olvido. Medellín: Ed. Universidad de Antioquia
Salazar, Alonso. (1990). No nacimos pa’ semilla. La cultura de las bandas juveniles
en Medellín. Bogotá, Centro de Investigación y Educación Popular
Salazar, Alonso. (1993). Mujeres de fuego. Medellín: Corporación Región.
Salazar, Alonso y Jaramillo, Ana María (1992). Las subculturas del narcotráfico. Bogotá, Centro de Investigación y Educación Popular.
Villa Marta Inés Jaramillo, Ana María y Sánchez, Luz Amparo. 2003. Rostros del Miedo: una investigación sobre los miedos sociales urbanos. Medellín: Corporación
Región.
Violencia, Urbano, Investigación, Retos, Construcció de paz, Conocimiento
En Medellín, como en otros lugares de Latinoamérica, los jóvenes han sido los más afectados por la inequidad y la violencia, pero también han sido el motor de la resistencia.
Para que Medellín avance en este camino es necesario reconocer que hoy somos una ciudad fracturada, escindida, polarizada. Necesitamos tender puentes, activar diálogos difíciles pero posibles. Hemos liderado en buena medida las dinámicas del conflicto armado, somos la tierra que vio nacer sus más poderosos protagonistas y sus miles de víctimas. En medio de esto, contamos también con una serie de experiencias de resistencias, de iniciativas de paz que, desde los barrios, las instituciones, el arte y la cultura nos han enseñado otras gramáticas.
Esta ciudad tiene un invaluable acumulado de experiencias de convivencia y alternativas de cuidado construidas por décadas por organizaciones sociales que deberían ser reconocidas y fortalecidas.
