En materia de homicidios, en las dos primeras semanas de enero se registraron 22 casos. Las autoridades han explicado que corresponden básicamente, a confrontaciones y reacomodos entre las mismas bandas criminales que cometieron el 70% de los 577 homicidios ocurridos en 2017. Sabemos que es un tema complejo para el que no hay salidas simples pues muchas de las dinámicas violentas se insertan en procesos regionales y nacionales para los que no es fácil proponer alternativas; lo cual, no significa dar por sentado que así es y así será. Cada una de estas personas nos importa y nos duele, la mayoría, jóvenes de la ciudad que como cientos de miles no han encontrado otras posibilidades de vida. Que los territorios, en los que estas confrontaciones suceden, tengan que estar eternamente condenados a lo inexorable de la muerte violenta, es intolerable.
¿Qué hacer? ¿Cómo trascender los titulares aterradores de acciones mediáticas que no modifican la situación? ¿Cómo no repetir las medidas ineficaces y sin impacto significativo? Un primer paso necesario es la apertura de la Alcaldía al debate público y a la revisión de sus estrategias, pues es claro que, en lo fundamental, no están funcionando.
De otro lado, recientemente se conoció el informe de la Procuraduría General de la Nación con los resultados del Índice de Gobierno Abierto, que mide el cumplimiento de los entes públicos de las normas vigentes sobre transparencia, contratación, prevención de la corrupción y rendición de cuentas. En términos de gestión pública, la ciudad está en un franco y penoso retroceso, pasó del puesto 6 al 124. En el momento del debate sobre el Plan de Desarrollo, advertimos sobre la precariedad de las metas y los instrumentos identificados para responder a la perspectiva de un gobierno abierto y transparente, que previene de manera activa la corrupción. (Ver editorial) ¡Pero este resultado es mucho peor de lo que se esperaba! Basta señalar que en la categoría “contratación”, se obtuvo un puntaje de 42.7 sobre 100, ubicando a Medellín en el vergonzoso lugar 943, de los 1101 municipios de Colombia. Capitales como Mitú, Quibdó o Riohacha, tienen mejor desempeño. A esto hay que sumar el alto número de contratación directa: de 1525 contratos, 703 lo son por esa modalidad, lo cual propicia el tráfico de influencias y el clientelismo.
Es una lástima presenciar esta estrepitosa caída cuando la ciudad se destacó por el liderazgo, la innovación y su ejemplo en estos terrenos. Sin embargo, no nos sorprende, ya que si esto no está claro y explícito como prioridad en la cabeza institucional, la cosa no funciona. Este resultado amenaza con horadar uno de los principales puntales de la confianza en la institucionalidad pública y es una alerta para las organizaciones ciudadanas, pues es el caldo de cultivo para la indolencia, el despilfarro y la corrupción.
Y la tercera evidencia es la salida de la directora de la Unidad de Víctimas. Como bien se sabe, estos son cargos de libre nombramiento y remoción y su permanencia tiene que ver de manera directa, con la correspondencia con el enfoque o apuesta gubernamental. Como también lo señalamos en otro editorial, el aumento vertiginoso del desplazamiento interurbano, la reducción de presupuesto para la atención a las víctimas y la desactivación de espacios de participación ciudadana en la Política Pública de Paz, Memorias y Víctimas, eran ya sintomáticos de un desmonte gradual del enfoque y acumulado institucional en esta materia. Según la exdirectora, fueron razones políticas las que motivaron su retiro, mientras el Secretario de inclusión, Luis Bernardo Vélez, adujo razones de enfoque.
Nos sumamos, a las múltiples voces que han destacado y agradecido a Luz Patricia por la labor desempeñada, la rigurosidad técnica y el liderazgo en su gestión a nivel nacional e internacional y, también, a quienes expresan preocupación y desconcierto por una medida que sin duda, pone en riesgo este acumulado y deja ver la poca prioridad y cuidado que esta Administración tiene en relación con la atención de las víctimas. ¿Qué es lo que quiere decir, el Secretario de inclusión al expresar, que se pasa de un enfoque asistencialista a uno de oportunidades? ¿Cómo se relaciona esto con los grandes retos de la construcción de la paz y la implementación en la ciudad, del Acuerdo de paz suscrito entre el gobierno y las Farc? La paradoja es que, quizás en el momento histórico en que el país más necesita de la rica experiencia institucional de Medellín, para abordar procesos de reintegración de grupos armados y la atención integral a las víctimas, la Alcaldía esté prescindiendo de servidoras y servidores públicos que portan ese conocimiento. Además de una explicación satisfactoria sobre las razones para retirar a la directora de la Unidad de Víctimas, esperamos que se nombre una persona idónea, con experiencia y un enfoque integral de derechos humanos en la atención a las víctimas en la ciudad.
Ya durante todo el 2017 insistimos en la necesidad de diálogo y debate ciudadano en torno a asuntos como este y otra serie de síntomas preocupantes y, lo seguiremos haciendo; pero tal parece que ahora tendremos que sumar a un SOS para recuperar, en poco tiempo, la ciudad perdida.
