Una de las consecuencias más positivas de la negociación del conflicto armado con las FARC ha sido la reducción de todas las formas de victimización: menos personas asesinadas, secuestradas y reclutadas. También menos personas desplazadas, esto es, privadas de su derecho a estar y permanecer en su territorio. En Medellín, por ejemplo, entre el 2012 y 2016 esta cifra disminuyó en un 45%, lo que refleja que el Acuerdo de Paz ha tenido impactos positivos directos en la urbe.
Sin embargo, históricamente y en conexión con las dinámicas del conflicto armado y las violencias, la ciudad no solo ha sido receptora de víctimas de desplazamiento forzado, sino también productora. El panorama es bastante desalentador: entre 1985 y julio de 2017 un total de 133.403 personas fueron expulsadas y desplazadas en Medellín. Para hacerse a una imagen, equivale a casi tres veces el aforo del estadio Atanasio Girardot.
En lo que va corrido de este año, según un informe de la Unidad Municipal de Atención y Reparación a Víctimas, en el primer semestre de 2017, la atención a hogares que declararon desplazamiento intraurbano aumentó un 16% con relación al mismo periodo del año anterior; es decir, 66 hogares más. Hubo un tremendo incremento en el corregimiento Altavista (240%), en donde se dieron 24 casos más que el año pasado, y en el corregimiento San Cristóbal aumentó el 100%, igual que en la comuna 10, La Candelaria. A esto se suma la ocurrencia de desplazamientos masivos, lo cual no sucedía en la ciudad desde hace por lo menos tres años:
- En la comuna 7 (Robledo), sector de Aures y Villa Sofía, se presentó un desplazamiento masivo de 10 hogares víctimas de amenazas y un homicidio entre los meses de mayo y junio.
- En el Corregimiento de Altavista, barrio Nuevo Amanecer y La Palma, entre julio y agosto, 27 familias se desplazaron como consecuencia de amenazas, homicidios y enfrentamientos.
- En la Comuna 16, sector Belén la Zafra, entre agosto y septiembre, se conoció el desplazamiento de 13 familias afectadas por amenazas, homicidios y hostigamientos.
No estamos reseñando simples acontecimientos o cifras, son tragedias humanas en las que infantes, jóvenes, mujeres y hombres con rostros y nombres propios ven interrumpidas sus vidas. Estas personas han tenido que desplazarse a otros barrios de Medellín y municipios del departamento, e incluso algunas han tenido que salir del país. Todas, sin excepción, padecen pérdidas sensibles y abruptas que deterioran o destruyen sus redes de apoyo, sus recursos para la subsistencia, sus vínculos con el territorio y su derecho a la ciudad; además deben transitar por múltiples lugares antes de llegar a un sitio fijo y muchas no consiguen instalarse, padeciendo así una errancia sin fin. También hablamos de la cotidianidad de territorios que están siendo sometidos al poder de las armas como si fuera natural, incluso ante la presencia de miembros de la fuerza pública. Y sobre todo, de la otra cara de una ciudad que se exhibe como la más innovadora en lo social y en la que el discurso de la seguridad se esgrime como prioridad, y sin embargo, prohíbe a una gran porción de su población su derecho a estar y permanecer libremente y sin miedo en el territorio.
Desde hace 10 años Medellín ha sido pionera en la construcción e implementación de una política de atención, prevención, protección y restablecimiento de derechos para las víctimas de desplazamiento forzado. Esta política se constituyó en un instrumento que permitió atender y, sobre todo, evitar que el fenómeno se repitiera, y cuando fue un hecho creó las condiciones para el pronto retorno. Así se intervinieron los desplazamientos masivos ocurridos en la vereda La Loma en el 2013 cuando la Alcaldía, en una respuesta inusual en términos de política pública, adecuó los protocolos para la atención y protección de la población afectada, hizo presencia permanente en el territorio, impulsó una respuesta inmediata y coordinada de la institucionalidad, incluyendo la fuerza pública. Gracias a esto mucha gente se resistió a marcharse y los que se fueron volvieron semanas después.
Sin embargo, hoy preocupa la respuesta, o más bien la falta de ella. Por eso nos preguntamos: ¿Dónde quedó la capacidad institucional de la ciudad para responder a esta problemática?, ¿qué pasó con los aprendizajes adquiridos durante cerca de diez años en los que fuimos pioneros en los procesos de atención y prevención?, ¿con cuáles recursos cuenta hoy el equipo municipal de atención y reparación a víctimas para atender a esta población?, ¿dónde está la Personería de Medellín?, ¿qué están haciendo las otras entidades del Ministerio Público?, ¿qué papel juega en todo esto la policía?, ¿qué se va a hacer para que el desplazamiento forzado no siga siendo una historia anunciada?
Estamos frente a lo que se configura como una situación de emergencia humanitaria para las víctimas y para toda la ciudadanía que también se ve afectada y que no puede seguir indolente ante la gravedad de lo que esta situación representa. Es una alarma más de la crisis que atraviesa Medellín y para la cual requerimos respuestas del gobiernos y sus instituciones que deben proteger a los ciudadanos como se espera en un Estado Social de Derecho.
Nos resistimos a aceptar esta realidad como inexorable, como si fuera producto de la fatalidad y para la cual no hay nada que hacer, cuando sabemos que su solución depende de voluntades y decisiones políticas. Nos negamos a seguir registrando las noticias del debacle de esta ciudad, así no más, indolentes, “como si nada”.
