Por:
Mechas Ossa Álvarez
Catalina Cruz Betancur
Socias de la Corporación Región
Sabemos que el conflicto armado ha afectado a muchísimas personas pero cada vez conocemos más el impacto diferencial y desproporcionado que ha tenido en la vida de las mujeres y niñas colombianas en quienes la vulneración, exclusión y discriminación, se profundiza cuando son campesinas, indígenas, afrocolombianas, de orientación sexual diversa o con discapacidad. Sin embargo, las mujeres han liderado múltiples procesos de recuperación de la memoria, de reconstrucción del tejido social y, acciones en pro de sus derechos, aportando con ello, a la reconciliación y a la consolidación de una paz estable y duradera en los territorios donde habitan.
El liderazgo y la exigencia de participación de las diferentes expresiones del movimiento de mujeres, hizo posible que en el proceso de negociación con las FARC, se contara con una Subcomisión que incorporó de manera transversal, en todos los puntos del acuerdo, el enfoque de género a través de medidas específicas que permiten mejorar la vida de las mujeres.
Esta exigencia estuvo respaldada en el llamado constante de las Naciones Unidas, a través de resoluciones que dan relevancia a la participación de las mujeres en pie de igualdad y a su intervención plena en la prevención, solución de los conflictos, consolidación y mantenimiento de la paz.
La inclusión del enfoque de género en la negociación, además de posibilitar la participación de las mujeres, logró que en las conversaciones se ventilaran y visibilizaran sus necesidades y al incorporar la perspectiva de género en los acuerdos, las propuestas planteadas en cada punto, consideraron soluciones especificas a dichos problemas, lo cual aporta realmente a la consecución y consolidación de la paz.
En los 8 ejes temáticos , se contemplaron las siguientes medidas:
⎯ Acceso y formalización de la propiedad rural en igualdad de condiciones con los hombres.
⎯ Garantía de los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres y personas con orientación sexual e identidad de género diversa del sector rural.
⎯ Promoción de la participación de las mujeres en espacios de representación y toma de decisiones y resolución de conflictos y participación equilibrada en las instancias de decisión creadas en los acuerdos.
⎯ Medidas de prevención y protección que atiendan los riesgos específicos de las mujeres.
⎯ Acceso a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición, evidenciando las formas diferenciales en que el conflicto afectó a las mujeres.
⎯ Reconocimiento público, no estigmatización y difusión de la labor realizada por mujeres como sujetas políticas.
⎯ Gestión institucional para el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres para su participación política y social.
⎯ Sistemas de información desagregados.
Como pueden observar, estas propuestas se dirigen a reducir los impactos diferenciados que el conflicto armado ha tenido sobre niñas y mujeres; incluso podríamos llamarlas acciones de reparación transformadora, considerando que algunas de ellas apuntan a modificar condiciones estructurales que históricamente, han generado y reproducido la subordinación, la discriminación, la exclusión social y la violencia contra las mujeres.
Frente a este logro tan alentador, conducente a garantizar los derechos de las mujeres, es difícil entender que quienes rechazan la incorporación del enfoque de género en los Acuerdos y exigen casi su eliminación, sean quienes actualmente lideren la renegociación; personas cuya trayectoria pública poco dice de su compromiso con la causa de las mujeres; servidores públicos cuestionados o incluso, algunos sancionados por sus comportamientos poco éticos, cuyos dogmas de fe les impiden reconocer y respetar la diversidad y la igualdad de derechos, y que lo hagan utilizando el miedo y el desconocimiento de sus seguidores, mintiendo y engañando, es además inaceptable. Una reacción retrógrada que propone mantener la subordinación de las mujeres, puede dar al traste con uno de los mayores logros de este proceso y con el trabajo de la Subcomisión de Género, integrada por delegadas del gobierno, la guerrilla y las Fuerzas Militares. Que exista oposición a que, por ejemplo, en los procesos de reparación integral se priorice a las mujeres víctimas, es lo más desesperanzador para quienes trabajamos por construir un país distinto.
Desde la Corporación Región, sostenemos que incorporar el enfoque de género en el Acuerdo –así como en todos los ámbitos de la vida– es una deuda que esta sociedad tiene con las mujeres, además una necesidad y una garantía de reparación innegociable, pues aporta en la construcción de una sociedad más democrática y equitativa, donde las mujeres gocen y ejerzan una ciudadanía plena, imprescindible para la consolidación de la paz estable y duradera.
Reconocemos en las tensiones y la oposición que despierta el tema, el enorme trabajo que aún tenemos por hacer para que lo conquistado en la Constitución y las leyes no sea reversado y, sobre todo, para que el enfoque de género haga parte de los principios básicos de la sociedad democrática y así como los impactos de la guerra nos han afectado distinto, también en la construcción de la Paz se consideren las diferencias.
