Por: Luis Fernando Herrera Gil
Socio de la Corporación Región
El Punto 1 del Acuerdo Final entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las Farc votado negativamente el pasado 2 de octubre, contemplaba una acción integral para la transformación estructural del campo que aportaría, entre otras cosas, a cerrar brechas sociales, económicas, políticas y ambientales, a la erradicación de la pobreza y al goce pleno de los derechos de la población rural colombiana.
Mucho se ha hablado de la importancia de este punto de los acuerdos referido al desarrollo rural; temas como el acceso y uso de tierras, el enfoque territorial en el diseño de los programas de desarrollo y algunos elementos de los planes integrales de reforma rural, han concentrado la mirada de la ciudadanía. Sin embargo, en el debate nacional ha sido menos visible lo referido al diseño y puesta en marcha de un Plan Especial de Educación Rural, que podría ser una de las herramientas más potentes para cerrar las brechas educativas y lograr la realización plena del derecho a la educación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las zonas rurales del país.
Es muy importante subrayar que la desigualdad educativa entre lo urbano y lo rural no es una consecuencia exclusiva del conflicto armado, sino que hace parte de un conjunto de factores que han creado condiciones sociales para su emergencia y perdurabilidad. Algunos datos del Ministerio de Educación Nacional nos ayudan a ilustrar lo anterior: en 7.168 sedes rurales del país, el 80% no cuenta con red de gas, el 70% no tiene alcantarillado, el 40% está sin acueducto y el 13% sin energía eléctrica, esto sin contar la falta de docentes, el analfabetismo en la población mayor de 15 años que asciende al 12,5% y la tasa de permanencia en el sistema educativo que en las zonas rurales es apenas del 48% mientras que en las urbanas es del 82%.
Estos retos y otros como la cobertura universal en atención a la primera infancia, el fortalecimiento de modelos flexibles, la gratuidad integral, el acceso a la educación técnica, tecnológica y universitaria, la dotación de equipamiento deportivo y cultural, la promoción de la investigación y la innovación, harían parte de los criterios constitutivos del Plan Especial de Educación Rural según lo acordado en La Habana. Precisamente, el marco institucional que creaba el Acuerdo de Paz posibilitaba avanzar en las transformaciones de tipo político, administrativo y presupuestal que ayudarían a contrarrestar las desigualdades y exclusiones educativas en las zonas rurales garantizando así, una educación de calidad, equitativa, inclusiva y un aprendizaje a lo largo de la vida, tal y como lo plantea la nueva agenda educativa internacional al 2030.
Como organización de la sociedad civil, creemos profundamente que el derecho a la educación actúa como reparación para las víctimas, como mecanismo de incorporación a la sociedad de los excombatientes, como escenario de construcción de reconciliación y como aporte a las garantías de no repetición. Por tal motivo, es imperativo un acuerdo ya, acompañado de la apertura de una amplia participación de docentes, estudiantes, familias, sindicatos, agremiaciones, universidades, organizaciones sociales, comunitarias y etnicoterritoriales, empresa privada y los distintos sectores del Estado, para la construcción participativa del Plan Especial de Educación Rural donde se recojan las experiencias, los saberes y conocimientos que hagan de la política un mecanismo real para el cierre de brechas, con pertinencia territorial y cultural.
Estamos ante una oportunidad sin precedentes en la que podemos generar transformaciones vitales para transitar hacia una paz estable y duradera, en ese tránsito, la educación como derecho humano, es un factor determinante, por un lado porque el goce en sí del derecho restablece y fortalece la capacidad de agencia, y por el otro porque la educación genera un efecto multiplicador de otros derechos, tales como el trabajo, la participación y el acceso a la cultura.
Alentamos para que las organizaciones étnicas, comunitarias, sociales, culturales, académicas y la sociedad en general presione y cope los espacios que se abran para la construcción de esta política nacional de educación rural, algunas líneas para este debate podrían ser:
- Un sistema educativo y cultural territorialmente pertinente que garantice las trayectorias educativas más allá de las transiciones de niveles y ciclos. Con cupos suficientes y estrategias para llegar a todos y todas independiente de las relaciones técnicas que privilegian el costo per cápita.
- Un sistema educativo y cultural que integre equipamientos deportivos, culturales, ambientales y comunitarios en una especie de circuitos de educación y cultura articulados a los planes de vida local, agendas sociales, étnicas y comunitarias.
- Una escuela para el buen vivir, con garantía plena del derecho a la educación, los derechos en la educación y un ejercicio pleno de la ciudadanía. Una escuela para la acogida, para las narrativas, para la memoria, una escuela para vencer la vergüenza y promover pactos por la esperanza y la ética del cuidado.
- Un currículo para el buen vivir, para la libertad, para tomar decisiones de permanencia o movilidad en los territorios.
- Maestros y maestras como intelectuales comprometidos con la cultura de paz, generando comunidad de pensamiento, fortaleciendo la formación en educación rural y modelos flexibles de las facultades de educación y las normales superiores.
Este momento nos reta a seguir exigiendo el cumplimiento de dos derechos constitucionales por los que hemos luchado a lo largo de nuestra historia como organización: el derecho a la paz y el derecho a una educación digna. Por eso reiteramos una y otra vez, ¡ACUERDO YA!
