Por: Rosa Inés Ospina Robledo
Columnista invitada
Cuando Colombia está inmersa en tantos escándalos de corrupción y pareciera que ninguna institución se salva de este tremendo flagelo, muchas voces se preguntan: ¿Y las Organizaciones de la Sociedad Civil qué tan involucradas están, qué papel juegan o deberían jugar, cómo se pueden proteger? Intentar responder estas preguntas es una tarea más extensa de lo que se alcanza a desarrollar en este texto y contiene dificultades conceptuales y prácticas, sin embargo es pertinente empezar a abordar la cuestión.
Quiero iniciar precisando qué se entiende por corrupción. Según la definición de Transparencia Internacional es el abuso de una posición de poder, para beneficio particular mío o de unos pocos cercanos a mí, en detrimento del interés general. Esto quiere decir que no todos los delitos y las fallas de las instituciones y sus agentes son actos de corrupción y, por ende, no se enfrentan de la misma manera.
Elementos del contexto del actual debate sobre corrupción y Organizaciones de la Sociedad Civil:
La primera dificultad radica en la ausencia de comprensión de la noción de lo público en la población colombiana. No hay reconocimiento de eso que no es privado y que es común y nos debe interesar a todos y todas, que debemos cuidar y proteger porque es necesario para la realización de nuestros derechos y que está a cargo del Estado. Al contrario, parecería que lo público estuviera en la esfera potestativa de los políticos y, por ende, cuando se pierde no nos afecta personalmente. En este escenario el abuso de poder no es fácilmente reconocido, combatido, ni denunciado. Así, la corrupción se generaliza sin que tengamos claro qué es en lo concreto y cómo nos afecta en lo específico; de hecho, la corrupción no tiene víctimas visibles directas y, por lo mismo, es mucho más difícil de rastrear y probar. Pero es más complicado entender la función que cumplen o deberían cumplir muchas de las organizaciones sociales de promover la construcción y defensa de lo público.
Otra dificultad tiene que ver con la idea simplista de que todas las organizaciones sociales son o deberían ser la misma cosa, deberían comportarse igual y podrían ser evaluadas y juzgadas con el mismo rasero. Esto lleva a promover discursos generalizantes: si unas son corruptas todas son susceptibles de ser corruptas; o lo que sirve a un sector de las organizaciones sociales sirve a todas. Nada más alejado de la realidad; la riqueza de la OSC radica precisamente en su diversidad, tan amplia y tan compleja como la misma sociedad que representan, y en esa diversidad las hay tan íntegras como poco íntegras; más transparentes, o menos transparentes.
En el contexto de este debate, una nueva corriente de pensamiento generada en los gobiernos autoritarios es quizás uno de los principales riesgos para las organizaciones sociales, pues sostienen que estas deberían existir exclusivamente al servicio de los intereses de los gobiernos de turno, así sus agendas y recursos podrían ser contralados socavando la critica o el cuestionamiento a la gestión en temas críticos de gobiernos particulares. Esto ha llevado a una “cacería de brujas” buscando fallas y dificultades en las Organizaciones de la Sociedad Civil y aprovechando casos puntuales de malversación de fondos o manejos poco claros para generalizar, acusar al conjunto de las organizaciones y justificar la expedición de normas restrictivas.
El Decreto Presidencial 092 del 2017 es una muestra clara tanto de la simplificación del sector como del esfuerzo por restringir y controlar su espacio de acción. Como bien denuncia la Confederación Colombiana de ONG –CCONG– en su comunicado 001/17 “observamos de manera sistemática una vulneración a los derechos políticos y civiles de las entidades sin ánimo de lucro, lo cual contribuye al debilitamiento de su rol como actoras sociales, políticas y de desarrollo, poniendo en riesgo su permanencia en el tiempo”.
Además de lo anterior, que es un factor externo, quiero poner el énfasis en una dificultad interna relacionada con el comportamiento de las mismas: la ausencia preocupante de una cultura de la transparencia y la rendición de cuentas hacia todos sus públicos, no solo sus donantes y el gobierno, y no solo sobre tareas realizadas. Son muchas las organizaciones que no consideran prioritario asumir la responsabilidad ante terceros de lo que ofrecen, lo que hacen, cómo lo hacen y lo que logran. Resulta igualmente preocupante la correlación entre la falta de rendición de cuentas y la ausencia significativa de demanda de cuentas por parte de los principales interlocutores de las organizaciones: sus miembros, trabajadores, “beneficiarios”, etc. Esta falta de información y de debate en torno al quehacer efectivo de las organizaciones y su impacto, hace que el conjunto de la sociedad y muchos de sus interlocutores específicos no conozcan realmente el papel que juegan, sus aportes y sus necesidades y por ende no estén en condiciones de alzar la voz para defenderlas cuando son atacadas.
¿Cómo enfrentar el debate sobre el papel de las Organizaciones de la Sociedad Civil en la lucha contra la corrupción?
Habría que trabajar en varios niveles:
1) Entender la importancia de que las Organizaciones de la Sociedad Civil incluyan dentro de su trabajo misional el compromiso con la construcción de la noción de lo público, su protección y defensa. Ya sean organizaciones que cabildeen, presten servicios sociales o defiendan los derechos fundamentales, todas deberían dar cuenta de cómo contribuyen al sentido de lo público y cómo, de este modo, luchan contra la corrupción.
2) También es necesario aprender a pedir cuentas a las autoridades sobre sus decisiones, sus desempeños y sus logros, y participar de manera activa y constructiva en las rendiciones de cuentas de las instituciones que se relacionan con nuestras temáticas, exigiendo que la información sea suficiente y oportuna, con espacios para hacer preguntas y para señalar las debilidades, y que las instituciones estén en condiciones y con la disposición de introducir los correctivos.
3) Construir alianzas o participar en propuestas comunes de control ciudadano a la cosa pública. El trabajo de control ciudadano y de denuncia es complejo, demandante y muchas veces arriesgado; por eso, es crucial hacerlo de manera colectiva. Las veedurías o los mecanismos que se escojan y que protege la ley, se pueden organizar por sectores, temas o zonas, pero lo importante para contribuir a la lucha contra la corrupción y a la generación de confianza desde la sociedad es a través del trabajo colectivo, con este se gana en capacidad, rigurosidad y efectividad.
4) La tarea inaplazable para todas las Organizaciones de la Sociedad Civil hoy, en el marco de tanto escándalo de corrupción, es su compromiso con la instalación de una cultura de la transparencia y rendición de cuentas, tanto en el plano estrictamente individual, como en el colectivo. Si la organizaciones no generan suficiente confianza en el público amplio y en sus interlocutores, difícilmente podrán protegerse de los intentos de desacreditarlas, controlarlas y limitarlas. No es suficiente con rendir informes contables al gobierno y los donantes, es indispensable asumir la responsabilidad por lo que ofrecen y como tratan de lograrlo, sobre los aciertos y fracasos, sus estructuras de gobierno y también sobre la gestión del talento humano.
Con respecto a lo anterior, en Colombia existen distintas propuestas metodológicas e instrumentos que buscan fortalecer las prácticas de Transparencia y Rendición de Cuentas de las Organizaciones de la Socedad Civil. De manera especial, quiero destacar la Rendición Colectiva de Cuentas promovida desde hace más de 10 años por la Confederación Colombiana de ONG y la Red de ONG por la Transparencia. Esta metodología, además, fue compartida con organizaciones sociales de más de siete países de la región y hoy es el corazón de la Red Rendir Cuentas.
En conclusión, todos los actores sociales –y las Organizaciones de la Sociedad Civil no son la excepción– tendrían que reconocer la importancia de defender lo público, entender la gravedad de la corrupción como principal amenaza para la sostenibilidad de un Estado de Derecho, y por ende asumir su corresponsabilidad en combatirla. De diferentes maneras, por supuesto, pero en formas proactivas y contundentes. Parece sencillo, pero no lo es. De allí que el reto para las organizaciones de la sociedad civil sea mostrar con el ejemplo que lo que exigen de las instituciones púbicas para protegerse de la corrupción es lo que ellas mismas hacen o están dispuestas a hacer.
