Por: Lucía Mercedes Ossa
Columnista invitada
Desde hace casi una década en el país se han aprobado e implementado de manera casi silenciosa, una serie de leyes y decretos, para combatir la corrupción y fortalecer la transparencia y la legalidad en todos los ámbitos de la administración pública. Las más relevantes son: la Ley 1450 de 2011: aprobación del Plan de Desarrollo 2010 - 2014 (Art. 227, 230, 232) y su Decreto reglamentario 2693 de 2012 sobre Lineamientos Generales de la Estrategia de Gobierno en Línea; la Ley 1474 de 2011: Estatuto Anticorrupción y su herramienta principal, el Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía; la Ley 1712 de 2014: Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública; la Ley Estatutaria 1557 de 2015: Promoción y Protección del Derecho a la Participación Democrática, más conocida como la ley de Participación Ciudadana.
La Procuraduría General de la Nación construyó un instrumento, denominado Índice de Gobierno Abierto, IGA, para que los entes territoriales, hicieran seguimiento al cumplimiento de estas y otras normas. Se establecieron ocho (8) categorías agrupadas en tres dimensiones: i) Organización de la Información; ii) Exposición de la Información; y, iii) Diálogo de la Información. El indicador mide el cumplimiento, de cada una de ellas, en una escala de cero a cien puntos. Desde el 2011, en el segundo semestre del año (cada vez más tarde, hay que decirlo) la Procuraduría, publica los resultados de las 32 gobernaciones y 1.101 alcaldías, ubicándolas en un escalafón de acuerdo con los resultados obtenidos en todas las variables que componen el índice.
Aunque parezca “macondiano”, el IGA, y las leyes a las que hace seguimiento, son todavía desconocidas por gran parte de la ciudadanía y también, por muchas de las personas de la administración pública encargadas de hacerlas cumplir. A este desconocimiento podría atribuirse el silencio de todos frente a los resultados de la Alcaldía de Medellín en la última medición (correspondiente a 2016), lo cual no exime a la Administración de dar las explicaciones pertinentes.
Veamos: en el Índice global, Medellín aparece en el puesto 184 (!) Con el recurso humano del que dispone y el presupuesto que se maneja, tendría que estar siempre en primerísimos lugares. Esto sin entrar a comparar, porque al hacerlo se evidencia una caída de 13 puntos y 177 puestos en relación con los resultados de 2015; pero si se mira más detalladamente, lo que se encuentra es francamente preocupante: Disminuye el puntaje en las tres dimensiones y en seis de las ocho categorías.
En la primera, Organización de la Información: las 2 categorías que la componen, control interno y gestión documental, desmejoraron tanto en puntaje como en el escalafón ¿Por qué? ¿Hubo cambio en el personal responsable? ¿Variaron los procedimientos? ¿Los controles?
En la segunda es donde está el mayor descalabro, Exposición de la Información: Esta dimensión está en el puesto 905 cae, (con respecto al 2015), casi 19 puntos y 764 puestos; aquí la categoría Visibilidad de la contratación, alcanza 42,7 puntos y se ubica en el puesto 943 (Novecientos cuarenta y tres) lo cual es una vergüenza. Resultantes de combinar el indicador Publicación de contratos (54,9 puntos) y el de Publicación del Plan Anual de Adquisiciones (cero (o) puntos), lo que quiere decir que no lo publicaron – en el mejor de los casos – o no lo elaboraron – lo que sería inadmisible desde donde se le mire–.Ver Tabla 1. Dice la Procuraduría que el nivel de coherencia de lo publicado, solo alcanza al 55%.
La categoría de Competencias Básicas Territoriales, alcanza un puntaje de 98,9 ubicándose en el puesto 203; mejora levemente, (1 punto), con relación al año anterior y sube 110 puestos; sin embargo, hay muchos municipios con pocos recursos y menos personal que se desempeñan y reportan mejor en este aspecto. La última categoría de esta dimensión, Sistemas de Gestión Administrativa: obtuvo 67,4 puntos y el puesto 680 (cae 673 puestos); dos reportes castigan este resultado, el de Regalías que es cero (0). (Vale anotar que en el 2015 el puntaje fue de 100), y el de Información para la Gestión del Empleo Público que solo alcanza 45 puntos, porque no publican información sobre la nómina de empleados ni sobre la gestión para la distribución y vinculación de cargos de planta.
En la tercera y última dimensión, Diálogo de la Información: obtiene 73 puntos y alcanza su mejor ubicación en el puesto 45; aquí sucede algo particular, aunque disminuye 7 puntos, sube 26 puestos con respecto al 2015; esto puede explicarse por un desmejoramiento a nivel general en los resultados de esta dimensión. Se miden aquí los avances (o retrocesos) en el tema de Gobierno Electrónico, Transparencia y Rendición de Cuentas y, Atención a la Ciudadanía, esta última es la única categoría que mejora significativamente con respecto al año pasado. Quedan como retos en esta dimensión, mejorar los canales para la convocatoria y difusión de las rendiciones de cuentas y la elaboración y publicación de planes de mejoramiento.
Frente a este panorama, las preguntas obligadas para la Administración y para la ciudadanía son: ¿Por qué tantas carencias en temas tan sensibles y representativos sobre la existencia o no de prácticas de corrupción? ¿Es solo un olvido en el reporte o existen deficiencias severas en la ejecución de estos procesos? Si es un olvido, ¿qué pasa con los sistemas de control? ¿Las y los secretarios de despacho conocen sus responsabilidades en cada uno de estos temas? ¿El alcalde les hace seguimiento periódico? Ante las evidencias, esta pregunta sobra pues el resultado obtenido por la Administración en el IGA 2016, no es coherente con la prédica de eficacia, eficiencia y transparencia pregonada desde adentro. La ciudad tendría que exigir una explicación.
Finalmente, cómo no mencionar los resultados de la Gobernación de Antioquia, con relación al 2015, donde se muestra una disminución tanto en el puntaje global – cae en 14 puntos y 7 puestos – como en el de las tres dimensiones y en 5 de las 8 categorías. Las más afectadas, Contratación y Transparencia y rendición de cuentas (¡qué tan curioso!) lo ubico aquí porque lo curioso es que sean específicamente estas categorías las afectadas, no su ubicación), en los puestos 27 y 23, respectivamente, entre 32 departamentos.
Duele constatar como el desprecio por el cumplimiento de la norma o su desconocimiento, más la inexperiencia y la certeza de que no pasa nada si no se cumple, han generado un retroceso evidente en la gestión pública de la ciudad y el departamento.
