Desde el inicio de su mandato, el presidente Gustavo Petro planteó la iniciativa de La Paz Total como política de Estado para reducir la violencia, proteger a la población civil y desmantelar los numerosos grupos armados que operan en Colombia.
En los anteriores procesos de paz adelantados en el país, las negociaciones se desarrollaron solo con algunas de las agrupaciones armadas existentes, lo cual se ha identificado como una de las causas del rearme de las estructuras que permanecen e incluso del surgimiento de nuevas generaciones de grupos violentos. Como estrategia para que esto no suceda, el gobierno nacional se propuso trabajar de manera simultánea en distintos frentes: retomar el cumplimiento integral del Acuerdo de Paz firmado con la guerrilla de las Farc en 2016, establecer negociaciones de paz con el ELN, promover acercamientos e instaurar mesas de negociación con los grupos rearmados (Segunda Marquetalia, disidencias de las Farc, Estado Mayor Central) e identificar iniciativas de sometimiento a la Justicia con las principales organizaciones dedicadas al narcotráfico y la criminalidad.
Diez meses después de haber puesto en marcha esta propuesta, la situación es la siguiente:
Frente al cumplimiento del Acuerdo de Paz con las Farc, se viene recuperando la senda de entendimiento del Acuerdo como un proceso integral que implica, una alta labor del Estado en acometer las reformas, en especial en materia de tierras, participación política y narcotráfico, así como reforzar las garantías para la vida e integridad de ex combatientes, y mejorar sus procesos productivos y de actuación política colectiva, junto con el fortalecimiento de los programas para su reintegración integral. En este campo le ha faltado al gobierno definir una instancia institucional responsable de la implementación, a lo cual se suma la grave situación de persecución y asesinatos a firmantes de la paz - a 28 de junio de 2023, han sido asesinados 373 ex integrantes de Farc - y se ha producido un aumento en las amenazas contra excombatientes ubicados en algunos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación.
Con el ELN se han realizado tres rondas de diálogo logrando precisar los alcances de la agenda de negociación. En el último encuentro en La Habana, se dieron avances significativos en la definición de los mecanismos para la participación ciudadana y se concretaron los componentes para la implementación de un cese al fuego bilateral en todo el territorio nacional, en principio, durante 6 meses. Este proceso ha estado marcado por una alta incertidumbre, en especial por la amplitud y profundidad de los temas de la agenda, por la dificultad de especificar las características y sentidos de la participación acordada y por las dudas razonables sobre la unidad y cohesión de su estructura. Un tema complejo de negociar con el ELN es su condición de no dejar el uso de las armas hasta que se haya implementado lo acordado, lo cual plantea un escenario muy difícil: una organización insurgente que participando en la vida política mantiene sus armas, como ¨garantía¨ de cumplimiento, crea graves problemas de legitimidad al desarrollo de lo concertado.
En las negociaciones con los grupos Segunda Marquetalia y Estado Mayor Central -EMC- se plantean iniciativas para establecer mesas de negociación, pero persiste una gran inquietud de fondo y es el carácter político del accionar de estas agrupaciones, especialmente del EMC, debido a la múltiples evidencias sobre sus actuaciones y fines, los cuales están más cerca de la criminalidad que del accionar insurgente. Esta caracterización tiene implicaciones sobre la ruta a acordar, si se trata de negociaciones políticas o de sometimiento a la justicia, y a esto se añade que en varios de los territorios donde hacen presencia, el EMC es la principal estructura responsable de ataques a la población civil, al tejido organizativo y contra ex integrantes de Farc, de lo cual el departamento del Cauca es el mejor ejemplo.
El otro componente de la Paz Total es el sometimiento a la justicia de grupos de narcotráfico y criminalidad organizada. A estas agrupaciones no se les ofrece un marco de negociaciones de paz, sino de sometimiento a la justicia, pues no se consideran actores políticos sino criminalidad organizada. El marco jurídico gestionado por el gobierno y que está empantanado en su trámite en el Congreso, establece la aplicación de alivios penales a cambio de colaboración con la justicia, medidas para satisfacer el cumplimiento de los derechos de las víctimas y garantías del desmonte definitivo de su estructura criminal. A las dificultades en el trámite de este proyecto de ley, se suman las demandas de algunos de estos grupos, en especial del Clan del Golfo, de ser reconocido como actor político y las muy fundadas dudas sobre la desestructuración definitiva de estas organizaciones, cuyo principal sustento es el narcotráfico, actividad en la cual Colombia no tiene plena capacidad para determinar su comportamiento y regulación.
Los mayores avances en las conversaciones con estos grupos para su sometimiento se vienen dando en Medellín, donde 12 estructuras con mando sobre un número cercano a los 14.000 integrantes, han establecido una mesa de paz urbana que en los próximos días deberá comenzar labores para definir la agenda y las características de la negociación que se va a adelantar.
Ante tal panorama, consideramos necesario abordar, desde una discusión pública, los siguientes retos:
Es primordial contar con un direccionamiento claro del gobierno nacional en el desarrollo de los diferentes y complejos procesos que componen la Paz Total. En muchos momentos los funcionarios responsables de las distintas negociaciones han actuado de manera errática, descoordinada, sin iniciativa ni capacidad de reacción ante los acontecimientos. Hay muchas capacidades en la institucionalidad, numerosas experiencias en la sociedad civil y gran disponibilidad de la comunidad internacional que pueden articularse para fortalecer la Paz Total, para ello se requiere una gran capacidad del Ejecutivo y en especial, el urgente liderazgo de la Oficina del Alto Comisionado de Paz.
Con relación a la sociedad civil, consideramos fundamental su participación activa para alimentar este empeño con ideas, propuestas e iniciativas que redunden en lograr el propósito de alcanzar la paz. Esto será clave en la construcción de agendas de reformas económicas y políticas que aprovechen la ventana de oportunidad que este proceso desata. Sin embargo, no podemos asumir que en estas mesas se definirán todos los cambios que por años ha impulsado este sector. Desde un principio de realidad se deben priorizar los temas esenciales que allí se discutirán, porque si se actúa con criterios maximalistas, el riesgo de fracaso es sumamente alto.
Un insumo central que pueden aportar sectores de la sociedad civil como las universidades, centros de pensamiento y organizaciones sociales, es la caracterización de los grupos armados, sus prácticas de control del territorio y sus articulaciones con sectores legales de la institucionalidad y la sociedad. Conocer en detalle y a profundidad estos aspectos será crucial para el desarrollo de las negociaciones.
Finalmente, consideramos que el cese al fuego y de hostilidades es un imperativo humanitario, político y ético. Millones de personas viven en el país sometidas al control de los grupos armados y en medio de enfrentamientos que lesionan principalmente a la población civil. Cesar las acciones bélicas entre el ejército y estas organizaciones armadas, entre los mismos grupos y contra la población civil, sería una excelente noticia para gran parte de la población colombiana y, además, traería beneficios a la legitimidad y al respaldo ciudadano a las diferentes iniciativas de negociación en desarrollo.
Esperamos que se concrete en los próximos meses un cese al fuego y de hostilidades multilateral, nacional e indefinido, con protocolos claros y mecanismos de verificación idóneos, con el acompañamiento de la comunidad internacional y de organizaciones nacionales de alto reconocimiento y legitimidad.
Pese a las enormes dudas que un proceso tan complejo implica, consideramos legítimo e ineludible buscar poner fin a las múltiples expresiones de violencia organizada que subsisten en Colombia y que han dejado casi 10 millones de víctimas. Es necesario y posible, con los ajustes y adecuaciones pertinentes, avanzar en la transformación del país y lograr la Paz Total. En este sentido, los debates electorales que se avecinan en lo territorial, son una buena oportunidad para poner este tema, conocer que piensan las candidaturas e identificar como podrían articularse los próximos gobiernos locales a los diferentes procesos de la paz total.
Región está comprometida con la construcción de la paz y seguirá aportando sus recursos y capacidades institucionales para apoyar las distintas tareas que esta implica. Nuestra invitación para toda la ciudadanía es a hacer de la paz una meta nacional.
