Por: Juan Carlos Arenas Gómez
Docente. Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.
Si las voces de mando los mandaron / deliberadamente hacia el abismo, /si humedeció sus áridos cadáveres / el llanto encubridor de los hisopos, /si su sangre de jóvenes, su sangre / fue tan sólo guarismo de un contrato, /si las brujas cabalgan en sus huesos, / ¿enterrar y callar? / Enterrar y gritar.
Miguel Otero Silva
Hay un hombre que grita e intimida, amenaza de muerte a una mujer, a una profesora del municipio de San Pablo, en el sur de Bolívar. El nombre de quien amenaza puede ser un alias, como los que se usan en la guerra para diluir la responsabilidad. El de Deyanira Ballestas es, como solemos decir, su nombre de pila, por el que la reconocen sus alumnos, los padres de familia y a través del cual la designa el matón como objeto de su accionar homicida.
El hombre, el matón, declara que no es “un payaso”, sus amenazas son serias. Advierte que “nosotros acá asesinamos al que nos dé la gana”, se autoproclama soberano de un territorio en el que la acción de los paramilitares ha dejado una dura experiencia de muerte y expropiación. Intimida con un “nosotros” capaz de matar, amparado en el hecho de que el Estado, para el que Deyanira Ballestas trabaja como docente, solo tiene la capacidad de venir a “recoger los muertos” que deja el capricho del soberano territorial. No teme la acción eventual de las instituciones que podrían disputarle la soberanía, ni el fiscal, ni el juez, ni el policía, son figuras que frenen al matón, no les teme porque sabe que su presencia es nula y su accionar selectivo.
Tal vez al hombre que amenaza, y tiene la capacidad de matar, lo guía la intuición de que ante el homicidio la respuesta de los más altos dignatarios del Estado sea culpar a la víctima, excusarse de lo difícil que es proteger a todo el mundo y pedir a los amenazados que “no den papaya”. Obviamente, ese “todo el mundo” es la tierra de los “insignificantes” para quienes ostentan el poder. Los hechos –amenazas y numerosos líderes sociales asesinados por todo el territorio nacional– no clasifican como “magnicidio”. Para las “voces de mando” se trata sólo de la “masacre acumulativa de gente incómoda”, que tiene pocos vínculos con los poderosos. Las agencias procederán a asignar el lugar que les corresponde en las estadísticas oficiales, a través de una acción estatal, aunque sea solo de censor y notario que, en ningún caso, pone en vilo la soberanía del matón territorial.
No sorprende que este mismo hombre, con su pretensión homicida, le reclame a su interlocutora “por su grosería”, la increpe porque, siendo profesora, le habla de forma altanera. Hace notar que él la estaba amenazando “de buena forma”, que le iba a entregar un “comunicado”, que a través de este formato casi notarial quería amedrentarla, pero manteniendo siempre las buenas maneras. Y ante esa “cordialidad” supuesta, cualquier reclamo, cualquier uso de la palabra, cualquier petición de respeto, es un atentado que se paga con la vida. El hombre peligroso monta en cólera por la determinación de las palabras de la mujer desarmada. Ante estas palabras, la rabia del violento se agudiza y su potencia homicida se vuelve más real.
Esta tensa relación entre las amenazas con sus rituales y la palabra de quienes sienten que sus derechos se pisotean y no tienen respaldo del Estado para hacer valer su calidad de ciudadanos, revela cuánta falta hace en Colombia que los agentes gubernamentales incorporen entre sus prioridades la protección de los ciudadanos –no solo de los poderosos– como una condición para calificar como exitosa sus gestiones en el gobierno. El balance de un gobierno que permitió este genocidio acumulativo buscando siempre excusas y “pistas” para sustentar la no sistematicidad de la masacre, no puede ser otro que el del fracaso que se contenta con “el llanto encubridor de los hisopos”.
