En agosto de 2023, el presidente Gustavo Petro entregó a la Corte Suprema de Justicia la terna para la elección de la nueva Fiscal General de la Nación, integrada por las abogadas penalistas Ángela María Buitrago Ruiz, Amelia Pérez Parra y Amparo Cerón Ojeda, quien posteriormente fue reemplazada por Luz Adriana Camargo Garzón.
Este hecho representó un hito para el país, pues nunca antes se había presentado una terna compuesta exclusivamente por mujeres, lo que constituye un gran paso en la búsqueda de incrementar la participación de estas en los más altos cargos de las entidades del Estado. Sin embargo, una decisión que pudo haber generado un amplio consenso, se ha convertido en un acontecimiento más que revela que seguimos siendo una sociedad patriarcal, misógina y excluyente, que reproduce de manera sistemática y sin escrúpulos estereotipos, prejuicios y violencias basadas en género en todos los escenarios en los que las mujeres buscan avanzar y acceder al poder.
La lista de ataques públicos que ha recibido la terna es tan amplia como vergonzosa: Primero, un ciudadano presentó un derecho de petición ante el alto tribunal solicitándole devolver la terna al considerar que violaba el derecho a la igualdad y la equidad de género porque no incluía hombres. Luego, el magistrado Gerardo Botero Zuluaga salvó su voto argumentando que la terna "no le permitía optar por una persona de distinto sexo o género”, e interpuso una acción de tutela ante el Consejo de Estado con el mismo argumento: que atenta contra la equidad de género al no incluir hombres. Después, vinieron las desafortunadas y descalificadoras declaraciones del expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla, quien planteó que era muy difícil elegir entre “tres señoras que conocen el oficio (…) pero que sobre todo están enseñadas a llevar expedientes”. Como si esto fuera poco, en los últimos días, distintos sectores políticos y algunos medios de comunicación han buscado convertir las opiniones del esposo de una de las candidatas en un impedimento para su posible elección.
En el centro de todo este alboroto machista y mediático está la Corte Suprema de Justicia, que ha llevado a cabo cuatro jornadas de votación para elegir la nueva Fiscal sin llegar a una decisión, contribuyendo a reproducir el imaginario de que estas mujeres no son idóneas para el cargo al que aspiran.
Diversas personalidades del país han coincidido en que estas tres juristas cumplen a cabalidad con los requerimientos para ser la próxima Fiscal General, ya que cuentan con la formación, la experticia y la trayectoria necesaria. El mismo presidente de la Corte dijo que las abogadas “Acreditaron los requisitos constitucionales y legales para el cargo”. A lo que se suma el conocimiento que tienen del funcionamiento interno de la fiscalía, pues han hecho parte de ella. Es decir, no se trata solo de que son mujeres, lo cual sí es relevante en este caso, dadas las evidencias de las discriminaciones estructurales que existen en la rama judicial; se trata también, y sobre todo, de que son mujeres altamente calificadas para ejercer las responsabilidades que implica el cargo al que están postuladas. Sin embargo, las exclusiones de género que históricamente se han dado en este sector al momento de elegir sus nombramientos más importantes, convierte el hecho de ser mujer en una desventaja automática y las enfrenta a cuestionamientos y descalificaciones que habitualmente no se hacen cuando se trata de hombres, independientemente de su falta de preparación o poca experiencia.
Las cifras permiten identificar con claridad la limitada presencia de mujeres en las altas cortes y la dirección de la Fiscalía desde la creación de estos órganos. Así como lo lejos que estamos de la paridad: en el Consejo de Estado se han posesionado 128 personas de las cuales 31 han sido mujeres (24%). Del Consejo Superior de la Judicatura han hecho parte 34 personas, siete de ellas han sido mujeres (20,6%). La Corte Constitucional ha sido integrada por 68 personas, de estas 17 han sido mujeres (25%). A este dato se suma la publicación reciente del listado de conjueces para el periodo que va de marzo de 2024 a febrero de 2025: solo 5 de las 18 personas seleccionadas son mujeres, una muestra más de que la Corte está yendo en contra de su propia jurisprudencia en términos de equidad de género. Por su parte, el cargo de Fiscal General de la Nación ha sido ocupado en propiedad por nueve personas, de las cuales una de ellas ha sido mujer (11%) y sólo ocupó ese puesto por un año.
Queda claro que la administración de la justicia en el país ha sido y sigue siendo entendida como un asunto de varones, lo que hace que las barreras sociales y culturales que en todos los ámbitos de la vida cotidiana impiden que las mujeres lleguen a posiciones de liderazgo, se profundicen en esta rama del poder. Además de atender a las desigualdades que operan para el ejercicio profesional en cualquier área, que se traducen en obstáculos concretos como las acciones discriminatorias, las violencias de género y las sobrecargas de trabajo doméstico y de cuidado, la rama judicial tiene una particularidad asociada a los imaginarios sexistas que perpetúan ideas como la incompatibilidad entre ser mujer y tener poder o la emocionalidad como un aspecto que podría ir en detrimento de una aplicación de justicia ecuánime e imparcial.
Este 8M, desde Región, hacemos un llamado a las entidades que conforman la rama judicial para que apliquen más justicia de género en las decisiones que las rigen internamente, eliminando las prácticas que violan los principios de igualdad y no discriminación y comprometiéndose con acciones afirmativas que reconozcan y promuevan las capacidades y competencias que tienen las mujeres que hacen parte de estas instancias.
Tener una justicia más diversa, plural, incluyente y equitativa requiere transformar las grandes lógicas de poder centradas en lo masculino y generar condiciones para que más mujeres comprometidas con la igualdad de derechos y la aplicación de las leyes desde una perspectiva de género, lleguen a los escenarios de máximo nivel decisorio. Avanzar en este propósito contribuye a fortalecer la democracia e incrementa la legitimidad del poder judicial, lo cual es fundamental en un proceso de transición hacia la paz.
Colombia es uno de los países más desiguales en cuanto a paridad en las instituciones de justicia, ubicándose por debajo del promedio en América Latina. El panorama que ha acompañado la actual elección de Fiscal permite comprender las razones que han sostenido la profundidad de esa brecha. Por eso, celebramos que el Presidente haya tomado la decisión de presentar una terna solo de mujeres, reconocemos la idoneidad de las tres candidatas para desempeñarse como Fiscal General de la Nación y destacamos su valentía por mantenerse firmes ante un panorama tan hostil y voraz. De igual manera, valoramos, admiramos y agradecemos la labor desempeñada por las magistradas de las altas cortes que cumplen con transparencia, responsabilidad y profesionalismo su labor.
La Corte Suprema de Justicia debe seleccionar con prontitud a la próxima Fiscal General de la Nación y con su decisión ayudar a romper los techos de cristal del sistema judicial. Estamos ante una oportunidad histórica que no deberíamos seguir desaprovechando.
