“La reparación para nosotros es la verdad, que sea lo suficientemente robusta para que repare el dolor, el llanto de las personas y también, para que las víctimas puedan decir que no quieren volver a padecer lo que sufrieron ni tampoco sus hijos ni sus nietos”
Comisionada Ángela Salazar
La Comisión de la Verdad es resultado del Acuerdo de Paz, y tiene entre sus objetivos construir un relato que nos permita conocer la verdad de lo ocurrido en el marco del conflicto armado, contribuir al esclarecimiento de las violaciones e infracciones cometidas en ese contexto y ofrecer una explicación amplia de su complejidad. Hoy la Comisión, así como la JEP, es objeto de ataques que buscan deslegitimar a quienes la conforman e invalidar, desde ya, el informe que esta presentará en 2021. La verdad es pieza imprescindible del complejo rompecabezas que es la paz y es inminente defenderla.
Recordemos que el Acuerdo de Paz firmado entre las FARC y el Estado colombiano incluye seis puntos: Reforma rural integral, Participación política, Fin del conflicto, Solución al problema de drogas, Víctimas y Mecanismos de verificación, implementación y refrendación. El quinto punto, el de las víctimas, marca la diferencia entre éste y otros procesos de paz en el mundo, pues pone en el centro a las personas afectadas por el conflicto armado, que durante décadas han reclamado verdad, justicia, reparación y no repetición. Y se concreta en la creación del Sistema Integral para la Verdad, la Justicia, la Reparación Integral y las Garantías de No Repetición, conformado por tres instituciones:
- La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP): tiene a su cargo investigar, juzgar y sancionar los crímenes cometidos durante el conflicto armado interno y sus responsables. Su duración mínima es de 15 años.
- La Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD): tiene objetivo dar con el paradero de personas desparecidas. Es de carácter humanitario y extrajudicial y su vigencia es de 20 años.
- La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad: también es de carácter extrajudicial, su mandato tiene una duración de 3 años, y busca construir un relato que permita entender lo que pasó y sus causas, reconocer la dignidad de las víctimas, identificar las responsabilidades colectivas y decir qué tenemos que hacer como sociedad para que un conflicto armado de estas magnitudes no vuelva a repetirse.
El Acuerdo de Paz —y hay que insistir en ello— va más allá de lo que representa para los excombatientes de las FARC, mujeres y hombres que decidieron dejar las armas y reincorporarse a la sociedad y al ejercicio de la política, en los espacios que ofrece un Estado social de derecho. Este Acuerdo significa, de fondo, la oportunidad para profundizar la democracia en este país. Los temas de tierras y participación, por ejemplo, son ejes nodales de las causas del conflicto armado pero también, de la inequidad y la exclusión que impiden que amplios sectores de la población sean reconocidos como sujetos de derechos, obstaculizando la posibilidad de avanzar en conjunto hacia un desarrollo incluyente.
Conocer la verdad implica saber quién se usufructuó de la guerra padecida, dónde están las responsabilidades colectivas, cuáles han sido los impactos y las afectaciones que este conflicto armado ha tenido en las víctimas, los excombatientes y sus familias, en los territorios, en la cultura y en el desarrollo, y saber también cómo hemos respondido como sociedad. Revelar estas verdades es un requisito para lo que tanto anhelamos: fortalecer el estado social de derecho que nos propusimos en 1991 y transitar hacia una sociedad realmente democrática en la que la guerra no sea una alternativa para la resolución de los conflictos. Desde hace varias décadas, en Colombia se han realizado ejercicios oficiales orientados al esclarecimiento de la verdad, como la Comisión de la Violencia (1958), la Comisión de Estudio sobre la Violencia (1987), la Comisión para la superación de la violencia (1991), Basta Ya: Colombia: Memorias de Guerra y Dignidad (2013), otras comisiones sobre casos puntuales (el Palacio de Justicia o la masacre de Trujillo) y una amplia producción de informes de organismos de derechos humanos y ejercicios de memoria por parte de organizaciones sociales o de víctimas. Pero seguimos sin un relato colectivo y nacional que dignifique la experiencia de las víctimas y que, especialmente, nos diga qué hicimos mal y qué no se debe repetir.
En los últimos días hemos visto cómo la Comisión de la Verdad ha sido atacada con la intención de desautorizar las voces de sus comisionadas y comisionados y buscando instaurar en el país un mensaje que desacredite el informe final que se entregará en el 2021. Se trata de una ofensiva maniquea sobre lo que significa un enfoque de derechos humanos, basada en prejuicios y mentiras, sobre la trayectoria de las personas y, especialmente, en la supuesta parcialidad interpretativa de lo que ha pasado. Sin embargo, basta con dar una mirada al portal de la Comisión de la Verdad para encontrar la multiplicidad de voces que están siendo escuchadas en todo el territorio nacional: víctimas de diferentes agrupaciones armadas y diversos sectores étnicos, del campo y la ciudad, población infantil, juvenil, mujeres y gente de todas las orillas, responsables de guerrillas, paramilitares y fuerza pública.
Más que el informe, que seguramente será muy significativo y se convertirá en una oportunidad para seguir abriendo el diálogo y alimentando un debate franco y, lo más probable, doloroso frente a lo que ha pasado, queremos resaltar que la conversación sobre la verdad ya está sucediendo. Como múltiples organizaciones en el país, hemos apoyado la labor de investigación y pedagogía para que una porción cada vez más amplia de la sociedad comprenda que la verdad no es enemiga de la paz. Que la verdad nos interpela pues finalmente hay preguntas muy hondas por responder: por qué como sociedad, permitimos que esta guerra sucediera; por qué guardamos silencio frente al sufrimiento, las pérdidas y el despojo de millones de personas; por qué la institucionalidad y el Estado de un régimen democrático faltó a lo esencial: la protección de su ciudadanía.
Los ataques a la Comisión de la Verdad son la expresión de un sector de la sociedad que teme enfrentar estas respuestas, prefiere mantener silenciada la verdad, esconderse y evadir sus responsabilidades. Pero la historia de la humanidad nos ha enseñado que la verdad siempre busca sus cauces y tarde o temprano sale a relucir. Así que es mejor que emerja en el marco institucional creado por al Acuerdo de Paz, que además garantiza la integralidad de la respuesta a las víctimas: mientras la JEP juzgará a los responsables, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas ayudará a encontrarlas e identificarlas y la Comisión de la Verdad tejerá un relato que nos cuente por qué pasó lo que pasó y, lo más importante, dejará una ruta para la No Repetición que nos permita seguir transitando el camino de la paz.
Necesitamos crear condiciones sociales y políticas para que la verdad histórica, imperativo moral y no judicial, tenga un espacio propicio. Como organización de la sociedad civil expresamos total solidaridad a la Comisión de la Verdad y reiteramos nuestra decisión institucional y ciudadana de seguir aportando lo que nos corresponde para estar a la altura de este reto. Lo hemos escuchado cientos de veces de boca de las personas que han sufrido en carne propia múltiples formas de violencia: “La verdad es una herida que se limpia y duele, pero cicatriza y sana con el recuerdo” (Gestora por la verdad, San Carlos). No podemos borrar ni las heridas ni las cicatrices, pero podemos ponerles el bálsamo de las palabras, la comprensión y las condiciones para que nunca más vuelva a suceder. De eso se trata la verdad.
Adenda
En la Corporación Región sentimos profunda tristeza por la muerte de la Comisionada Ángela Salazar. Honramos la vida de la mujer, la lideresa, la amiga y la compañera de múltiples luchas. Su compromiso incansable con las víctimas, las mujeres, las comunidades afrodescendientes y la Verdad, continuará inspirando nuestro trabajo por la construcción de la Paz. Enviamos nuestro abrazo solidario a su familia y a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Vuela alto, Angelita, tu fuerza y tu sonrisa nos seguirán acompañando.
