Cada día los habitantes de la ciudad nos levantamos escuchando noticias sobre los graves problemas de seguridad que vivimos: asesinatos, asaltos, violencia sexual, amenazas, extorsión y desplazamiento forzado intraurbano, son nuestra realidad cotidiana.
Según el Informe de Medellín Cómo Vamos, el Sistema de Información de Seguridad y Convivencia SISC y fuentes de prensa, el número de homicidios viene aumentando. En enero de 2016 se presentaron 545 casos, 48 más que en 2015, esto es, un incremento del 7.7% con lo que la tasa por cien mil habitantes pasó de 20.13 a 21.88; en 2017 fueron 581 asesinatos, 36 más que en 2016, con una tasa de 23.10 por cien mil habitantes; y, hasta el 30 de julio de 2018, se han presentado 378 muertes, 69 más que en igual periodo del año 2017, lo cual significaría, en proyección, una tasa de 25.85 para finales del presente año.
La administración de Federico Gutiérrez tenía como meta del Plan de Desarrollo, bajar la tasa de homicidios al final de su periodo a 10 por cien mil habitantes; la situación hoy está en más de 15 puntos por encima. Esto a pesar de que la Secretaría de Seguridad ha recibido, año a año, importantes incrementos en las asignaciones presupuestales y de que se trata de un tema que el Alcalde ha tenido como prioritario. Sabemos que los homicidios no son el único indicador de seguridad, pues hay otros comportamientos violentos que afectan el pleno disfrute de los derechos humanos en la ciudad, pero sin duda, el retroceso en esta materia evidencia la crisis sobre el respeto al derecho a la vida en Medellín.
Reconocemos la magnitud de la estructura delincuencial que actúa en la ciudad y lo difícil que es avanzar en su desintegración. Se ha consolidado una potente red criminal con presencia en la mayor parte del territorio y articulada con dinámicas delictivas regionales e internacionales. Estas combinan actividades propias del lucrativo mercado del narcotráfico, con otras en las que cada vez tienen un peso mayor, delitos como la extorsión, el micro tráfico y el control de la distribución de productos de consumo cotidiano como leche, arepas, agua y gas, entre otros.
Lo que a veces no se tiene en cuenta, es que existe una dimensión muy importante en estas operaciones y es su relación con la legalidad. Un aparato criminal de estas proporciones no puede existir sin fluidos y consolidados nexos con esferas del mundo político, institucional y económico, y claro, sin el respaldo de sectores de la población, no sólo los combos en los barrios, también de quienes negocian y se lucran de su accionar ilegal. Igualmente el crecimiento de la violencia en la ciudad se explica en parte por las fracturas y reconfiguraciones de las estructuras criminales, por la acción de las autoridades y por las disputas y competencia propias de toda organización delincuencial.
Ahora, si bien es cierto que el incremento de los homicidios se concentra en la franja occidental de la ciudad, esto no significa que en el oriente los grupos armados no operen y ejerzan controles similares; el relativo bajo nivel de homicidios en estos territorios del nororiente, se relaciona con la existencia de poderes hegemónicos que hacen no sean territorios en disputa.
El Alcalde Federico Gutiérrez, junto con las autoridades de policía y justicia, ha decidido enfocarse en la captura de los cabecillas, pero a más de 30 meses de su administración es claro que esta estrategia ha fracasado. No sólo los niveles de violencia han aumentado y cientos de personas han sido asesinadas, sino que estas capturas no han afectado su estructura organizativa pues siguen delinquiendo desde las cárceles y son reemplazados de inmediato por nuevos jefes en una dinámica interminable.
Combatir organizaciones criminales tan establecidas en el tiempo y el territorio requiere acciones de choque junto a medidas más estructurales. A largo plazo, se debe insistir en la reducción de las brechas de inequidad que caracterizan esta ciudad, lo cual, demanda ingentes esfuerzos en inversión pública social, junto con acciones de cultura ciudadana para avanzar en la construcción de ciudadanías democráticas. A mediano plazo, debe haber una ruta clara de desestructuración de las organizaciones criminales, cerrándoles el espacio de connivencia con sectores legales, en lo político, lo económico y lo social. De manera coyuntural, se requiere presencia legítima y legal de la fuerza pública en las zonas donde la violencia se ha agudizado con el fin de garantizar la protección de la población sometida al enfrentamiento de los grupos armados. Insistimos, esta actuación debe estar regida por inequívocos principios de transparencia y absoluto respeto por los derechos humanos, ojalá con vigilancia del ministerio público en terreno. La comprensión de este fenómeno requiere un análisis sobre el perfil de las víctimas, las circunstancias de los hechos y las diferencias entre comunas, así como los incrementos y descensos en el tiempo. No todo lo que ocurre obedece a dinámicas iguales ni admite las mismas respuestas. Finalmente, esta ciudad tiene un invaluable acumulado de experiencias de convivencia y alternativas de cuidado construidas por décadas por organizaciones sociales que deberían ser reconocidas y fortalecidas.
En numerosas ocasiones hemos llamado la atención de la administración que preside Federico Gutiérrez sobre la importancia de tender puentes de diálogo y construir acuerdos entre la sociedad civil y la Alcaldía. Lamentablemente, nuestra invitación no ha generado respuestas y vemos con preocupación que la situación cada día se agrava. ¡Alcalde, es hora de replantear la estrategia y construir un gran pacto colectivo por la vida en la ciudad, no hay tiempo que perder. Lo que está en juego es la vida!
