En el marco del conflicto armado, más de 120.000 personas han sido dadas por desaparecidas en Colombia; para lograr imaginar la magnitud de esta cifra, es tres veces la capacidad del Estadio Atanasio Girardot, y solo en Antioquia, 20.000 personas están en esa situación. Sin embargo, la desaparición forzada es uno de los crímenes más invisibilizados y poco dimensionados dentro de las violencias asociadas al conflicto armado.
En palabras de la investigadora Carolina Gutiérrez de Piñeres, la desaparición es un gran "NO": no se da información, no está en el lugar donde se decía que estaba, no hubo participación del Estado porque las desapariciones se realizan al margen de la ley, no hay culpables, no se reconoce un arresto, no se acepta una detención, no existe un nombre, no aparece un cuerpo, no hay una tumba, no hay rastro, no se está vivo tampoco muerto, no hay desaparición (2009).
La anterior definición ilustra varias de las afectaciones y los daños que produce la desaparición forzada, tanto a nivel individual como social, pues además del daño a la víctima directa, los familiares se ven sometidos a una angustia que obstaculiza el proceso de duelo y deja sin respuesta las preguntas constantes: ¿dónde está?, ¿quién la tiene?, ¿qué le hicieron?, ¿por qué se la llevaron?, ¿cuándo vuelve? Esto impide asumir a la persona desaparecida como muerta, pues su condición supone que puede regresar en cualquier momento, generando un estado de incertidumbre permanente sin alivio alguno. Sumado a ello, la búsqueda trae consigo amenazas, persecución y atentados contra la integridad, provocando miedo, silencio y por ende impunidad.
En este complejo panorama, las familias de las personas desaparecidas son ejemplo de persistencia y resistencia, pues a pesar de la impunidad y la soledad de su lucha, mantienen la exigencia de justicia, dignidad, verdad y reparación. Con sus voces intentan sensibilizar y solidarizar a una sociedad polarizada, a la que la guerra le ha quitado la empatía ante el dolor de los demás, librando una lucha incansable contra el olvido y la impunidad. Fueron ellas las que en el marco de las negociaciones de paz en La Habana, exigieron la creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y en particular lograron el mecanismo de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas –UBPD–, cuya tarea es buscar, ubicar, identificar y entregarles dignamente, los cuerpos de sus seres queridos desaparecidos, en el contexto del conflicto armado, hasta el 1 de diciembre de 2016.
Como organización de la sociedad civil, reconocemos los más de 40 años de trabajo de los familiares, su incansable búsqueda y su lucha por la exigibilidad de derechos, así como el acompañamiento de organizaciones no gubernamentales que se han sumado, desde la asesoría y representación jurídica, psicosocial y técnico forense, y que hoy son la base de aprendizaje y conocimiento para la consolidación de la UBPD. De igual manera, celebramos la creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y nos unimos a esta causa, aportando a su titánica tarea. Resaltamos el carácter humanitario, extrajudicial y confidencial que contribuye a que las personas desaparecidas, de la mano de las familias y organizaciones que históricamente han liderado este proceso, puedan acceder a su derecho a ser buscadas.
Consideramos especialmente significativo su carácter extrajudicial, pues posibilita desligar la búsqueda, del proceso judicial centrado en identificar y penalizar a los responsables del delito; lo que realmente importa es la persona desaparecida, su localización, el reencuentro en caso de hallarla con vida o de lo contrario, la recuperación, identificación y entrega digna del cuerpo a las familias; se asegura así que la información aportada, por testigos, familiares o responsables de los hechos, no se divulgue ni se comparta, previendo la seguridad del proceso de búsqueda, y de sus actores. El carácter humanitario es fundamental para la incidencia en lo que conocemos como “el derecho a ser buscado”, lo humanitario garantiza que la entidad busque a las personas que han sido desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado interno, sin importar el credo, orientación sexual, identidad de género, cosmovisión, militancia política, profesión u oficio. Todas aquellas personas que hayan sido desaparecidas en el marco del conflicto armado, incluso actores armados, tienen derecho a ser buscadas. En consecuencia, la UBPD también busca a personas desaparecidas por otros hechos victimizantes; por ejemplo, a quienes fueron secuestradas, a menores de 18 años reclutados de manera forzada o combatientes cuyos destinos son desconocidos.
Si bien es un gran logro contar con un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y con una entidad que se encarga de buscar a las 120.000 personas desaparecidas, esta tarea tiene muchos retos: Primero, construir confianza para la búsqueda desde una entidad estatal en un país que ya no cree en el Estado, pues por acción u omisión, también es responsable de estos hechos. Segundo, las dificultades que ha tenido la implementación del Acuerdo de Paz, pues el actual gobierno ha sido un detractor del proceso, polarizando aún más a la sociedad e impidiendo el avance y el cumplimiento de lo acordado en La Habana. Tercero, tras la firma, la guerra se ha recrudecido y hay un exterminio sistemático de excombatientes reinsertados y de líderes sociales e indígenas que defienden sus derechos y sus territorios. El rearme de disidencias de las FARC y la guerrilla del ELN siguen teniendo control de algunas zonas, el narcotráfico y su hegemonía violenta cubren todo el territorio nacional y las estructuras paramilitares se han fortalecido y han cooptado regiones a través de la instauración del terror y el miedo, a punta de masacres, asesinatos selectivos y desapariciones. Desde la firma del Acuerdo de Paz se han reportado alrededor de 600 personas desaparecidas y 120 de ellas en Medellín, en lo que va del 2020.
Ante esta guerra que no cesa y la evidencia de que la desaparición no es un hecho del pasado, hacemos un llamado a toda la ciudadanía a: Denunciar la injusticia y exigir al gobierno el cumplimiento del Acuerdo de Paz; solidarizarnos con el dolor de los demás y acompañar el caminar de las familias buscadoras; recuperar la empatía que nos hace pensar y sentir que cada muerte y cada desaparición también es nuestra; movilizarnos hasta encontrarlas a todas. Invitamos a juntar nuestras voces para decir colectivamente: ¡Basta Ya! Basta de violencia, basta de justificar las desapariciones de unas y otros. ¡No más indiferencia y silencio cómplice! Es hora de pronunciarnos contra la ausencia de todas las personas a las que la guerra les ha arrebatado su identidad y, como sociedad, es el momento de exigir su derecho a ser buscadas. Es tiempo de hacer que la dignidad, la solidaridad y la búsqueda sean un clamor de toda la ciudadanía.
Adenda
Mientras escribíamos este editorial recibimos la dolorosa noticia de la desaparición de Ana Lucia Fernández Villa, hija de nuestros socios y amigos Marta Villa y Rubén Fernández. De manera inmediata hicimos un llamado a la ciudadanía para apoyar su búsqueda y la respuesta no se hizo esperar. La reacción oportuna, articulada y comprometida de la familia, las autoridades, las organizaciones, los medios y la sociedad en general, fueron decisivos para que Ana Lucía regresara pronto a su casa. Agradecemos profundamente todos los apoyos recibidos y reiteramos nuestro compromiso institucional con la búsqueda permanente de todas las personas que por diversos motivos se encuentren desaparecidas.
