Desde hace varios años en Medellín se vienen presentando disputas políticas, económicas y sociales que evidencian contradicciones sobre la manera en la que se debería orientar la ciudad y sobre el rol del sector público, su interacción con actores privados y su responsabilidad en la protección y garantía de derechos.
Ese debate está condicionado por el lugar desde donde se asume cada actor en el momento actual. Una mirada al pasado, así parezca un lugar común, es necesaria para ratificar que Medellín ha experimentado una transformación significativa en las últimas tres décadas. La ciudad del narcotráfico y la violencia de las décadas del 80 y el 90 le ha abierto paso a otra Medellín que, sin asumir como superadas dichas realidades, se esfuerza por ser innovadora, creativa, más participativa, menos segregada y menos desigual.
Esta transformación se ha logrado gracias a la conjugación de diversos esfuerzos, entre ellos, los que ha hecho el sector público, que han sido muy importantes, pero también los sectores populares y comunitarios, el sector privado, el sector social y la academia; todos ellos han participado en la construcción colectiva de un mejor presente.
Sin embargo, si se mira con horizonte de futuro, Medellín sigue enfrentando muchos retos. Por ejemplo, sigue siendo una ciudad con altos niveles de desigualdad social y económica: según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el 28,7% de la población vive en situación de pobreza y el 6,9% en extrema pobreza. Eso significa que hay muchas familias con hambre y pocas oportunidades en las calles y los barrios.
Además, la ciudad enfrenta desafíos significativos en derechos humanos, seguridad, movilidad, cambio climático, paz urbana, empleo, vivienda, educación, inclusión y reconocimiento de la diversidad. Hay una deuda social y una concentración de poder y recursos que han entorpecido la profundización de la democracia a nivel local.
Ahora bien, las perspectivas respecto al pasado y al futuro están en medio de un presente marcado por una administración distrital que ha priorizado la confrontación y la polarización como estrategia política; que, pese a su discurso, ha estado lejos de reducir la segregación y las inequidades, de favorecer una lectura crítica de las interacciones entre lo público y lo privado o de gobernar para sectores tradicionalmente excluidos de las decisiones más importantes de la ciudad, ahora Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación.
A eso se le suma el estancamiento en indicadores sociales, graves denuncias por corrupción en varias entidades, el debilitamiento de los procesos de deliberación pública y el deterioro de la infraestructura de la ciudad. Este panorama viene siendo catalogado como una crisis, para muchos insalvable, debido al retroceso en temas que han sido vitales para la ciudad y a la agudización de las problemáticas estructurales que siguen sin ser atendidas.
En la Corporación Región reconocemos la complejidad de la situación actual de Medellín y la necesidad de abordarla de manera oportuna y adecuada, por lo cual hacemos parte de diversos procesos de control social a la gestión pública. Además de las dificultades, identificamos en este momento una oportunidad para reflexionar sobre los avances, logros, problemas y retos que ha tenido lo que conocemos como ‘el modelo de ciudad’, que se empezó a construir e implementar desde finales de los años 80 y que desde hace varios años está dando señales de agotamiento.
Consideramos que es necesario disponernos de manera colectiva a construir participativamente un nuevo acuerdo de ciudad más democrático y equitativo, basado en la justicia social, económica, territorial, ambiental y de género. Y vemos en las próximas elecciones locales, que se llevarán a cabo en octubre de 2023, una gran oportunidad para la construcción de un horizonte compartido de futuro.
Con la intención de aportar en ese sentido surge el proyecto Medellín, la ciudadanía tiene la palabra, una iniciativa que busca promover la participación de procesos organizativos de distintos sectores, poblaciones y territorios en el debate electoral. El objetivo es posicionar en la agenda pública los temas que se consideran hoy vitales para Medellín.
En este propósito, partimos de la premisa de que las soluciones no vienen solo de quienes gobiernan, y que la ciudanía también tiene un papel fundamental en la identificación de las problemáticas y necesidades que la afectan, así como en la elaboración y presentación de propuestas que posibiliten transformaciones reales.
A esta iniciativa colectiva se han articulado más de treinta aliados que representan organizaciones sociales, comunitarias, de mujeres, niñez, grupos étnicos, migrantes, población rural, personas LGBTIQ+, trabajadoras domésticas y cuidadoras, tinteras, vendedores ambulantes, comerciantes, trabajadoras sexuales, recuperadores y firmantes del Acuerdo de Paz. También participan veedurías, universidades, cajas de compensación, empresas y fundaciones privadas. Junto a todos estos sectores, estamos promoviendo un diálogo amplio que posibilite la construcción de confianza, el reconocimiento de las capacidades de los distintos actores y territorios y la elaboración participativa de una agenda ciudadana para el debate electoral.
Tenemos la certeza de que la democracia se fortalece cuando las sociedades, reconociendo su dinamismo, logran identificar sus contradicciones y se disponen a debatirlas para acordar consensos que orienten la construcción del futuro común. Por esto, seguiremos extendiendo la invitación a hacer parte de este gran debate, dejando claro que frente a las decisiones cruciales que deben tomarse en Medellín, es la ciudadanía la que tiene la palabra.
Les invitamos a conocer un poco más del proyecto Medellín , la ciudadanía tiene la palabra, visitando su micrositio: http://medellintienelapalabra.region.org.co
