Marzo es un mes que nos activa muchas reflexiones y preguntas sobre los avances en la garantía integral de los derechos de las mujeres, también es un periodo para reconocer y exaltar las luchas que los movimientos feministas han liderado durante más de tres siglos y expresarles nuestra admiración y gratitud. Pero aún con todos los avances, es necesario estar siempre alertas para continuar ampliando los derechos y evitar retrocesos.
La ecofeminista española Yayo Herrero, quien recientemente visitó el país en el marco del Hay Festival 2023, en su libro Derechos Humanos (Litera, 2022) nos recuerda que “Ningún derecho ha sido regalado” y hace hincapié en la situación de las mujeres en Afganistán: “las mujeres lograron legalmente la igualdad en 1964. Esos derechos les fueron arrancados cuando llegaron al gobierno los talibanes entre 1996 y 2001. Hay que estar vigilantes para no perder los derechos que tanto costó conseguir”. Entonces, si bien marzo es el mes para conmemorar, resaltar y llamar la atención, sabemos que esta lucha es permanente y cotidiana.
Sea entonces la oportunidad para señalar que seguimos remando a contracorriente en lo que a participación política se refiere. En este aspecto las brechas entre mujeres y hombres superan el 70%, en los escenarios locales, nacionales e internacionales y según cálculos de ONU Mujeres1, a este ritmo, nos faltarían 130 años para llegar a la igualdad de género en las más altas esferas de decisión.
En las elecciones nacionales de 2022, las mujeres lograron el 28,8% de curules en el Congreso de la República, lo que representó un incremento de 9,44% en relación con las elecciones de 2018. La apuesta ahora está en las elecciones regionales, escenario donde se exacerban las prácticas y actitudes discriminatorias, todas formas de violencia política sexista enquistada en lo más profundo de nuestra cultura.
De acuerdo con datos del Observatorio de Asuntos de Mujer y Género de la Gobernación de Antioquia en 2020, en los 125 municipios solo fueron elegidas 12 alcaldesas, lo que evidencia un gran retroceso, pues en el periodo anterior fueron 16. Lo mismo pasó en los concejos municipales que finalizan este año, donde las mujeres ocuparon el 16,8% de las curules, mientras que en el pasado lograron un 17,8%. En la Asamblea Departamental, una de las instituciones con menos participación de mujeres a lo largo de la historia, nunca se ha contado con más de dos diputadas, siendo este un espacio con 26 curules, lo que significa un 7,6% de la representación. Y un último dato: ninguna mujer ha participado como candidata para ser gobernadora desde 1992, año en el que este cargo empezó a elegirse por votación popular. Las cifras son vergonzosas, y más vergonzoso aún constatar que no solo en Antioquia vemos estas disparidades, al hablar de participación política de las mujeres la situación es similar o peor en todos los departamentos.
Cerrar esta brecha implica el compromiso de todos los sectores sociales. Se requiere voluntad real de la institucionalidad pública que garantice el cumplimiento de las normas existentes para promover y proteger la participación política de las mujeres, así como la implementación de acciones afirmativas que les faciliten tomar la decisión de ser candidatas y contar con condiciones óptimas para hacerlo. El Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil no pueden seguir de espectadoras pasivas ante el trato inequitativo a las mujeres tanto en las campañas, como en el ejercicio de sus cargos. Es imperativo que asuman sus funciones como autoridades electorales con responsabilidad y de manera oportuna.
Los partidos políticos tienen que comprometerse con la paridad de manera efectiva, más allá de los conocidos “rellenos de lista”, promover las candidaturas de las mujeres y ejecutar correctamente los dineros que por ley deben invertir en éstas, establecer reglas claras para una repartición equitativa de los anticipos que reciben para la financiación pública de las campañas electorales, y activar rutas para prevenir, eliminar y reparar la violencia política basada en género, cuando quienes desean ser candidatas son atacadas física, psicológica y económicamente.
El sector privado también tiene un papel importante: un estudio realizado por Transparencia por Colombia demuestra que en las campañas a Senado y Cámara de Representantes en el 2022, las mujeres no solo recibieron menos donaciones privadas y préstamos bancarios para sus campañas, sino que necesitaron invertir más recursos que los hombres para alcanzar una curul. Por esto es importante que tanto las personas naturales como las empresas que hacen donaciones, y el sector bancario y cooperativo, que realiza los préstamos, cuenten con estrategias de financiación de campañas que incluyan la perspectiva de género. Priorizar los apoyos económicos a las candidaturas de mujeres es una manera de aportar a que muchas más puedan llegar a ser elegidas.
A las organizaciones sociales nos corresponde contribuir a la transformación de imaginarios colectivos basados en estereotipos de género. Ningún esfuerzo institucional alcanzará su objetivo si la ciudadanía no entienden la importancia de la presencia de mujeres en los cargos de elección popular, por eso es necesario continuar sensibilizando, visibilizando los liderazgos femeninos y promoviendo reflexiones que permitan cambiar las normas sociales que han relegado a las mujeres del escenario público.
En la Corporación Región tenemos la convicción de que la participación política de las mujeres es fundamental para profundizar la democracia, avanzar hacia el desarrollo sostenible y construir la paz. Es además un principio de justicia social que quienes constituyen más de la mitad de la población, tengan una representación significativa en los espacios donde se toman las decisiones sobre las políticas y leyes que rigen la sociedad. El desempleo, el conflicto armado, la falta de acceso a la salud, el analfabetismo, la pobreza, entre otras vulneraciones, impactan de manera diferenciada a las mujeres y a las niñas, es por esto que las soluciones que provienen del Estado deben involucrar efectivamente las propuestas, la mirada y la voz de las mujeres.
Las elecciones regionales serán la oportunidad para movilizarnos y elegir alcaldesas, concejalas, diputadas y gobernadoras. Creemos que muchas de ellas, especialmente quienes son conscientes de las luchas y retos de los derechos de las mujeres, pueden contribuir a transformar prácticas políticas excluyentes, introducir nuevos sentidos y perspectivas, y aportar a la construcción de un Estado y una democracia que promueva el cuidado de la vida, el bienestar colectivo, y valore y priorice la participación, los aportes y los intereses de las mujeres.
1. Hechos y cifras: Liderazgo y participación política de las mujeres https://www.unwomen.org/es/what-we-do/leadership-and-political-participation/facts-and-figures
