“Lo que la memoria pone en juego es demasiado importante para dejarlo a merced del entusiasmo o la cólera”. (Tzvetan Todorov)
En los últimos meses la memoria histórica y la verdad, han ocupado un lugar muy relevante en el país. El tema ha estado asociado a varios hechos: a la puesta en marcha de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) creada por del Acuerdo de Paz y los múltiples intentos para limitar su labor; al relevo en la dirección del Centro Nacional de Memoria Histórica, instancia creada por la Ley de Víctimas (2011); al retiro de las personas en los cargos de dirección del Archivo General de la Nación, la Biblioteca Nacional y el Museo Nacional, y a la polémica desatada en Medellín por la implosión del edificio Mónaco, decidida por el Alcalde Federico Gutiérrez.
Todos esto ha puesto como nunca antes, a la verdad y la memoria, en el debate público como temas de interés general, dejando de ser un asunto que solo convoca a intelectuales, investigadores y víctimas. Y esto, a pesar de la incertidumbre y los riesgos que se ciernen con relación al desenlace que pueda tener la discusión es positivo. Y no es para menos; está en juego, tanto el relato sobre el pasado, como el tipo de memoria que sobre él se construye en la mirada colectiva de lo que somos como nación y como sociedad.
El campo de debate teórico, metodológico y político es bastante amplio. Por ello han surgido preguntas tales como ¿Qué relación hay entre memoria y verdad?, ¿Cuál es el peso del conflicto armado en este relato?, ¿Y las memorias de las víctimas qué lugar tienen, y cuál deben tener? ¿Cuál es el papel del Estado y de los gobernantes en esta construcción? Todo esto implica una reflexión de largo aliento y pone en evidencia la necesidad de una política sobre la memoria que sea resultado de un gran diálogo social. En esta perspectiva, al menos tres asuntos a considerar:
Primero, la centralidad de las memorias de las víctimas. Cuando hablamos de la memoria en el marco de una justicia transicional que busca justicia y reparación, la centralidad del relato de las víctimas es innegociable. Como toda memoria, es selectiva, dependerá de su experiencia individual, de su comprensión del mundo, de la interpretación que se hace sobre lo que ha pasado. No existe un solo tipo de víctima. Ser víctima no es una identidad común, existen entre ellas posturas disímiles y contradictorias por tanto, es necesario reconocer su pluralidad. Crear las condiciones para que sus relatos sean escuchados desde la compasión, la solidaridad con su sufrimiento y el respeto a su singularidad, para que los daños que les fueron ocasionados sean reparados y sus demandas de verdad y justicia atendidas, es nuestro deber moral.
La segunda consideración es sobre lo que se ha denominado el deber de memoria del Estado. Más que determinar cuál es el relato que debe contarse, cuales víctimas son las más relevantes o incluso, a través de qué símbolos se debe reparar, corresponde a las instituciones públicas propiciar condiciones para el reconocimiento de todas la víctimas con independencia de quien haya sido su victimario, del tipo de victimización sufrida y de sus reivindicaciones. Esta es la misión para la que fueron creados el Centro Nacional de Memoria Histórica en el marco de la Ley de víctimas y, a nivel local, el Museo Casa de la Memoria de Medellín, como resultado de un proceso colectivo y de ciudad que identificó la memoria como pieza fundamental de su reparación integral.
Ahora bien, no basta con los relatos o incluso con las memorias de las víctimas para comprender lo que nos ha pasado, y sobre todo, para garantizar que no vuelva a suceder. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) busca justamente avanzar en la construcción de un relato que permita esta comprensión; responder a las preguntas estructurales sobre el porqué de la confrontación violenta; establecer las responsabilidades colectivas; entender el modus operandi de los diversos actores armados y los patrones de victimización; identificar los impactos del conflicto armado en las comunidades, en los territorios, en las prácticas colectivas y en la democracia. Todo esto permitirá que las memorias de las víctimas, tengan un sentido colectivo en un relato de nación.
Tercero, el reconocimiento del conflicto armado como hilo conductor. ¿Qué quiere decir esto? Que en este país ha habido, desde hace décadas, una disputa por el poder y uno de los actores de esta contienda ha sido el Estado; que diversos grupos se han conformado y han usado las armas para confrontarlo; que todos los bandos armados enfrentados han actuado en contra del Derecho Internacional Humanitario y la legislación internacional sobre los derechos humanos, que este combate ha estado guiado por diversas ideas, intereses y propósitos; y de manera especial, que en medio de este conflicto, las principales víctimas han sido, no los combatientes, sino la población civil, desarmada. Son muchos los estudios, las investigaciones, los datos que evidencian esto, y esta realidad no se puede borrar de un tajo, aunque haya debates sobre la naturaleza o la valoración de los medios y los fines de esta confrontación y sus responsables.
Transformar la polémica sobre la memoria, la historia y la verdad, convertida hoy en un nuevo campo de disputa ideológica y partidaria, en un escenario para la discusión, el debate y la construcción de una opinión pública favorable a la paz y la reconciliación, es el gran reto. Allí vemos varias tareas:
Las organizaciones sociales, la academia, las redes nacionales e internacionales que objetamos el nombramiento de Darío Acevedo en la dirección del Centro Nacional de Memoria Histórica, por considerar que su visión no garantizaría el cumplimiento de su objetivo misional, tendremos ahora que proteger el acervo documental compilado en lo que lleva de funcionamiento. Impulsar la conformación de una potente veeduría nacional e internacional que haga control público sobre esta entidad, será una tarea necesaria. Pero además, seguir propiciando la construcción de memoria colectiva plural. Antes de que existieran estas instituciones, desde los territorios, las organizaciones, los pobladores, y la academia, se venía recuperando la memoria como mecanismo de resistencia y dignificación. Hoy se debe persistir en ese camino.
Igualmente debemos empeñarnos en que este debate siga siendo público y abierto para garantizar que decisiones como, por ejemplo, la demolición del edificio Mónaco, que parecen responder más a la emocionalidad y a la búsqueda de un impacto mediático del gobernante, hagan parte de una política pública de víctimas construida desde muchas miradas y voces. Promover un gran debate local y nacional sobre los sentidos, usos y abusos de la memoria, contribuiría de manera clara a este propósito.
Finalmente, y esto lo seguiremos recalcando, debemos velar por que la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad haga su labor en las mejores condiciones, valorando que su accionar no es para inculpar sino para comprender, dignificar y reparar los daños causados por un conflicto interno no queremos repetir nunca más. Esto significa, ayudar a entender que la verdad es un bien público que requiere toda sociedad democrática.
Trabajar por convertir el malestar en una oportunidad. Esta es nuestra invitación.
