Luego de cuatro años en los que la paz sufrió los embates de un accionar gubernamental desarticulado, lento y contradictorio, esta regresa al centro de la agenda política nacional como una de las prioridades del presidente Gustavo Petro, bajo la denominación de ‘Paz Total’. Ante las múltiples interpretaciones, los temores y las ideas que circulan alrededor del tema, nos parece importante propiciar reflexiones públicas y críticas sobre esta propuesta, sus implicaciones y su relación con el Acuerdo de Paz.
De acuerdo a lo planteado hasta ahora por el Gobierno, la propuesta de la Paz Total incluye cuatro procesos simultáneos y complementarios:
- Retomar la plena implementación del Acuerdo Final de Paz firmado con las Farc en 2016.
- Restablecer el proceso de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional - ELN.
- Establecer contactos para posibles negociaciones con grupos reincidentes y rearmados luego del Acuerdo de Paz con las Farc.
- Implementar un proceso de acogimiento a la justicia con macro estructuras del crimen organizado tendientes a la finalización de su actividad criminal.
El Gobierno Nacional parte de la constatación de una realidad contundente: a pesar de los sucesivos procesos de negociación y desmovilización que ha tenido el país desde hace casi 30 años, el conflicto armado no ha llegado a su fin; y si bien es cierto que no estamos hablando del mismo conflicto, también es cierto que actualmente existen en el país un conjunto de grupos armados (algunos más cercanos a las insurgencias y otros a las alianzas con el narcotráfico y el paramilitarismo) que mantienen las acciones violentas, el control de los territorios y las poblaciones y que son una amenaza real para la vida, integridad y libertad de millones de personas en Colombia.
Uno de los factores que explica esta situación es que las negociaciones han sido parciales, fragmentadas y escalonadas en el tiempo y en el territorio; esto ha dejado que otras organizaciones violentas ocupen los lugares de los que han salido los grupos desmovilizados, ante la mirada más bien impasible de un Estado que no asumió la soberanía que le corresponde. Hay razones explicativas para esta realidad que aluden a nuestra configuración como nación, pero a veces da la impresión de que también hay desidia institucional para encarar esta tarea, y un ejemplo de ello es lo sucedido tras el proceso con las FARC. En ese momento se advirtió reiteradamente que el retiro de esta guerrilla de sus territorios históricos obligaba a la institucionalidad pública a cubrir de manera inmediata estos espacios, sin embargo, no ocurrió; por lo tanto, no fue posible lograr una presencia integral, legal y legítima del Estado allí, y hoy es evidente que en la mayor parte del territorio donde actuaba la extinta Farc, nuevos grupos armados han copado los espacios..
Por todo esto, la propuesta de Paz Total tiene sentido y pertinencia, pero es claro que también se enfrenta a grandes retos en relación a su contenido, al desarrollo del proceso y a los fines que busca. En este sentido, hay temas estratégicos a precisar:
• El Gobierno ha dejado claro que el primer punto de la Paz Total es la implementación plena del Acuerdo de Paz con las ex Farc, por lo tanto, su relación es de complementariedad y no de exclusión. Este importante reconocimiento debe ir acompañado de las medidas necesarias para reactivar los distintos procesos e instancias que hacen efectiva la implementación del Acuerdo y que permiten desarrollar su potencial democratizador. Sin Consejería para el post conflicto, se hace urgente definir quien liderará la implementación y cuáles son las nuevas estrategias para cumplir con lo acordado. Se debe evitar a toda costa que los nuevos diálogos de paz releguen este proceso e invisibilicen a sus actores, pues un alto porcentaje del éxito de la Paz Total pasará por el compromiso pleno con la implementación integral del Acuerdo de Paz.
• No hay duda sobre el carácter político de la negociación con el ELN, sin embargo, hay que revisar la agenda y, sobre todo, el proceso de participación ciudadana que se busca generar alrededor de la negociación. Igualmente, debe quedar claro que el diálogo es para ponerle fin a la confrontación armada, no para humanizarla ni regularla. También debe precisarse que es un proceso que reconoce temas claves como la biodiversidad y los ecosistemas, pero que no puede resolver todos los problemas del país, debe ser una agenda acotada, concreta y realizable, en otras palabras, debe trabajar los mínimos indispensables para terminar el conflicto armado con este grupo insurgente
• Uno de los mayores desafíos de la Paz Total puede estar en la negociación con las denominadas disidencias de las Farc. En primera instancia, es necesario caracterizarlas de manera precisa, pues bajo este rótulo se agrupan por lo menos dos tipos de grupos armados: quienes nunca firmaron el Acuerdo de Paz y decidieron mantenerse en la ilegalidad (autodenominados ‘Estado Mayor Conjunto de las Farc-ep’), y quienes firmaron el Acuerdo y luego se rearmaron (autodenominados ‘Segunda Marquetalia’). Definir la naturaleza actual de estos grupos será fundamental para delimitar el marco jurídico que guiará la conversación con cada uno, estableciendo si pueden ser objeto de una negociación especial o si deberían entrar más en la categoría de acogimiento, como otros grupos criminales. El factor determinante es su carácter político, junto a sus prácticas y formas de organización y articulación.
• Otra categoría amplia es la de ‘macro grupos criminales’, es decir, las grandes estructuras dedicadas de manera central al narcotráfico, como las Autodefensas Gaitanistas y la Oficina del Valle de Aburrá, entre otras. Con estos actores es imprescindible que haya un proceso que permita que aporten explicaciones sobre las razones de su poderío y persistencia, así como recursos para la reparación integral a las víctimas. El diálogo debe estar sobre la base de una determinación de desmantelar sus estructuras criminales. No puede haber silencio, no pueden pretender usar el proceso para dejar intactas sus fortunas y, mucho menos, mantener estructuras y actividades criminales paralelas o en la sombra. Así mismo, se debe hacer un censo inicial de las personas que realmente son parte de estas estructuras, para que no se convierta en una puerta abierta sin restricción alguna.
Plantear las negociaciones de manera simultánea requiere claridad sobre el contenido específico de cada proceso, de modo que sea posible saber cuáles son una negociación política y cuáles son acogimiento a la justicia; y esto debe ser explicado de manera amplia y suficiente a la opinión pública nacional. Además, se requieren dos fortalezas institucionales que hasta ahora no se ven: una estructura eficiente en la Oficina del Alto Comisionado de Paz, que mezcle la centralización de la tarea con las dinámicas regionales; y una comunicación asertiva y oportuna, en la que el Comisionado debe ser el articulador y único vocero, junto al Presidente de la República. Es necesario corregir lo que hasta ahora se ha visto, pues queda la sensación de dispersión y falta de claridad en la tarea y en las responsabilidades.
La Paz Total está en borrador y propone un camino escarpado y hasta ahora inexplorado; sin embargo, es necesaria. Es imperativo, por lo tanto, que como sociedad civil participemos de un debate democrático amplio que ayude a construir de manera colectiva esta propuesta, señalando los vacíos y evidenciando los riesgos, pero también reconociendo sus potencialidades, comprendiendo sus alcances y proponiendo alternativas. No podemos permitirnos repetir los mismos errores que tanto afectaron la negociación de La Habana. Estamos ante un horizonte por construir para que algún día lleguemos a ser realmente una potencia mundial de la vida y de la paz.
