Por: William Fredy Pérez
Profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia; integrante del Grupo de investigación Hegemonía, Guerras y Conflictos.
Elementos para la comprensión del tema
En materia de seguridad y convivencia hay dos curiosidades relacionadas entre sí. La primera es que se liguen tan inopinadamente estos dos conceptos, como si existiera o quisiéramos que existiera, un nexo directo, inmediato o causal entre ellos y las realidades que representan. La segunda es la insistencia, sin precisión ni distinción, en “la inseguridad” como un todo, asumiendo que hay una distribución uniforme de amenazas, riesgos y factores protectores; y que los programas y las políticas de seguridad están naturalmente destinados a cubrir todos los bienes y personas de la ciudad. Tanto en el caso de la ligazón inmediata como en el de la imprecisión, se puede advertir la extraordinaria capacidad de obnubilación y de despolitización de problemáticas sociales que implican estos conceptos.
El nexo entre convivencia y seguridad da por hecho que las dificultades de convivencia o la falta de disposición a la convivencia en cualquier comunidad (responsabilidad sustancial de la propia comunidad y de sus miembros), derivan inmediatamente en problemas de seguridad y que ésta prioritariamente una responsabilidad estatal, es una condición necesaria o suficiente para la convivencia. La ligazón ineluctable y directa, entre la convivencia (de todos) como clave de la seguridad (de todos), donde la una es inconcebible sin la otra; no soporta un examen empírico, pero cumple “una función social y política importante” en el gobierno de la seguridad o, más exactamente, en el gobierno por medio de la seguridad.
De otra parte, la cuestión generalizada e imprecisa de “la inseguridad”, sugiere que cualquiera de nosotros puede ser víctima de una y la misma inseguridad, o que la seguridad provista en una ciudad no contiene preferencias, opciones y distribución selectiva de recursos. Como si la inseguridad fuera un hecho de la naturaleza, desconectado de formas y decisiones políticas localizables y con impactos diversos. Sin embargo, paradójicamente, son estas virtudes de la inseguridad las que permiten que se la pueda utilizar tan cómodamente con fines electorales o con fines de “impresión de gobierno”.
Dado que la premura de los problemas de seguridad y convivencia no dan espera, no es pertinente discutir asuntos tan extensos y aburridos como los insinuados ni escudriñar sus implicaciones políticas y culturales para la ciudad, en un momento en que las ofertas electorales abundan y muchos discursos sobre el tema, circulan con esa misma lógica truculenta y “rentable”. En cualquier caso, y para seguir pensándola, queda sugerida la cuestión.
Situaciones persistentes sobre las hay que actuar
Lograr que las personas que habitan y visitan la ciudad, puedan salir a la calle tranquilamente o permanezcan en sus residencias sin mayores perturbaciones, es el reto básico de Medellín. Lo planteo de manera coloquial, deliberadamente, pues me permite desagregar componentes críticos de “seguridad y convivencia” con la precisión necesaria para atraer la atención de las personas interesadas en ocupar el cargo de mayor responsabilidad política en la ciudad.
Este reto tiene sentido porque resulta bastante razonable suponer que muchas personas tal vez no puedan ni siquiera ir por las calles debido a que:
- no existe alguna certeza de que el aire de la ciudad no es nocivo para la salud.
- los andenes, puentes transitables y pasos peatonales no se respetan ni se hacen respetar.
- las ciclo vías son limitadas, inconexas, geográficamente selectivas y riesgosas.
- cada ciudadano aspira a tener su propio vehículo lo cual le da cierto estatus.
- la movilidad se entorpece con un solo incidente en la vía: lluvia, comienzo o fin de hora pico, falta de control policial, desfiles conmemorativos, marchas de protesta, visita del Presidente de la República, competencias ciclísticas, repavimentaciones o reparación de cualquier daño, obras de embellecimiento y el rediseño de una berma o de un separador vial.
Que las personas no pueden salir tranquilamente a la calle si:
- hay otras personas allí con la intención de resolver sus problemas “a toda costa”, incluyendo ejercer violencia sobre las personas o sus bienes
- no existen programas, mecanismos, formas de intervención dirigidos a disuadir mucho antes de que alguien tome la decisión de ejercer violencia, y adicionalmente, no existen programas, mecanismos o formas de intervención que logren interrumpir ese curso de acción cuando ya se ha iniciado
- los niveles de hurto de vehículos persisten
- el asalto callejero a las personas es un hecho notorio
- y el número de peatones arrollados en la vía se mantiene
Que muchas personas ni siquiera pueden permanecer en su residencia porque:
- no tienen casa
- han sido desplazadas de su barrio, les ha sido prohibido habitarlo.
- han recibido amenazas
- huyeron de una violencia doméstica o intrafamiliar
- quedaron al otro lado de la última frontera invisible trazada por los nuevos dominadores barriales
Que las personas no pueden permanecer tranquilamente en su residencia pues:
- la economía familiar no cubre el costo de las necesidades básicas
- hay enfrentamientos armados en el barrio
- están siendo extorsionadas
- hay evidencia de hurto a residencias en el sector
- el ruido en el vecindario es constante
- las autoridades no responden al llamado ciudadano o su intervención agrava el problema que se pretendía resolver.
El reto enunciado y los indicios o ejemplos que se citan como justificación, no señalan ni la mayor dificultad ni el factor clave o el medio más adecuado para intervenir cada problema. Esas operaciones: priorización, análisis de factores y selección de medios, constituyen en sí mismas un desafío y, por supuesto, implican determinación política. Pero tal vez si captamos esta lógica de “la seguridad”, podríamos consultar nuestras propias experiencias y mantenernos alertas, optar por unas u otras alternativas, y tratar de incidir en cada decisión. Y en todos los casos, deberíamos exigir a los candidatos y gobernantes que asuman también, el reto de tomar decisiones informadas y explicarlas, diciéndonos cuál es el factor que con su propuesta pretende remover; por qué ese factor es determinante de un problema de inseguridad; qué medios ha seleccionado para intervenir y por qué los considera adecuados.
Cuando se trata de debates electorales, esta mínima exigencia no requiere grandes elucubraciones. De hecho, a veces son suficientes un par de enunciados.
