Desde entonces los actores de la guerra y las violencias, sus prácticas, sus estrategias y sobre todo sus impactos sobre la población civil han aumentado. Mientras que en Colombia se calcula la existencia de un poco más de 6 millones de víctimas, en Antioquia esta cifra es de más de un millón y en Medellín de 375.000. Se trata de personas de diversas condiciones, campesinos, indígenas, pobladores urbanos, maestros, profesionales, comerciantes, que han tenido que abandonar sus lugar de origen, que fueron secuestrados o extorsionados, familiares o parientes de personas que fueron asesinadas o desaparecidas, mujeres y hombres que han sido no solo despojados de sus tierras y de sus bienes, sino que han sido violentados y humillados, que han perdido el poder de determinación sobre sus vidas y hoy deambulan a lo largo y ancho del país esperando que se cumplan las promesas de la institucionalidad y sean resarcidos su derechos. A esto se suman también los ciudadanos y ciudadanas que de una u otra forma, por una u otra razón, hacen parte directa de esta dinámica de la guerra. Los soldados y policías, los guerrilleros combatientes que también han sufrido los desmanes y la irracionalidad de esta guerra.
En este contexto hoy, 25 años después de nuestra creación y en una coyuntura que es favorable a la negociación del conflicto armado, por lo menos con una de sus partes, ratificamos nuestro compromiso para seguir trabajando por la paz de este país. Sabemos que este proceso no significa el fin de todas las violencias y que una paz duradera implica avanzar en una perspectiva de justicia y equidad que trasciende esta negociación; pero también que su culminación es un prerrequisito para avanzar en este camino.
Esto nos implica, en primer lugar, seguir defendiendo la negociación como única posibilidad cierta de terminar algún día este conflicto armado que tanto daño ha hecho a la sociedad. Como sabemos, las debilidades propias de este proceso, el manejo errático del gobierno en términos de la comunicación sobre sus características y resultados, la arrogancia y desatino del accionar de las FARC, pero también la existencia de una postura política de extrema derecha que alimenta, en contra de todas las evidencias, la ilusión de una derrota militar como única alternativa, han creado un ambiente de incredulidad y escepticismo muy poco favorable a la conclusión exitosa de este proceso, lo cual pone en serio riesgo no sólo la posibilidad de refrendación de lo que allí se pacte sino de emprender los enormes retos que plantea la implementación de los acuerdos.
En segundo lugar, un compromiso con las víctimas. A nuestro modo de ver, si algo justifica el proceso de negociación que hoy se adelantan entre la guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano en La Habana, es la existencia de estos millones de víctimas. La urgencia de reconocerles en sus derechos y en su dignidad. Pero sobre todo, la posibilidad de que este país no siga por este camino de generar cada día más personas victimizadas. Por eso, nuestro compromiso en este horizonte de paz es con las víctimas y con la plena vigencia de sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición. Queremos seguirlas acompañando, ayudando a crear espacios y estrategias para que su voz sea escuchada y para que sus derechos como víctimas, pero sobre todo como ciudadanos y ciudadanas, sean respetados.
Como organización de la sociedad civil tenemos también un compromiso con la sociedad misma: ayudar a comprender la hondura de los daños y afectaciones de la guerra para la sociedad, ayudar a entender que el problema de la guerra no compete sólo a los grupos armados y al Estado y no sólo afecta los territorios en los que actúan o a sus víctimas directas. Si esta guerra ha sido posible es porque lo hemos permitido como sociedad y sólo será posible pasar la página y construir un horizonte de paz con el concurso de toda sociedad. Esto implica avanzar en la construcción de una memoria colectiva que aporte a la inclusión de esta guerra dolorosa como parte de nuestra historia y como requisito para la no repetición, una enorme tarea pedagógica, de información y formación, de sensibilización y reflexión pero también concretar posibilidades de implicación de diversos sectores de la sociedad en esta tarea. Este es nuestro tercer compromiso.
El cuarto tiene que ver con la necesidad de presionar y exigir a las partes que están sentadas en la Mesa seriedad y compromiso con lo pactado, celeridad en el proceso, pero sobre todo, hechos de paz. Sabemos que una particularidad de este proceso es que se ha dado en medio de la confrontación armada. Pero no puede ser que las formas de presión sigan siendo a costa de la población civil, generando más víctimas, más dolor y con todo esto, más escepticismo y más enemigos del camino de la salida negociada. A favor de la negociación del conflicto armado nos mueve nuestra profunda vocación democrática. Pero esto no puede ser, eternamente, un acto de fe. Necesitamos, con urgencia, hechos de paz, para seguir creyendo y sobre todo para seguir ayudando a que otros crean.
