El fortalecimiento de la democracia es uno de los propósitos fundacionales de la Corporación Región. Desde nuestros inicios nos propusimos aportar a la construcción de una sociedad más incluyente, deliberativa y plural, donde el Estado garantice los derechos y las libertades de todos los ciudadanos y ciudadanas. En diferentes momentos de nuestra vida institucional hemos visto cómo algunos gobiernos con tendencias autoritarias amenazan con debilitar los valores democráticos que, como país hemos acordado promover y respetar, ante lo cual siempre hemos respondido levantando la voz y uniendo fuerzas como parte de la sociedad civil para defender los pilares del Estado Social de Derecho. Nuevamente hoy nos encontramos ante uno de esos momentos críticos, la emergencia generada por la pandemia, está poniendo en riesgo nuestra democracia y, por esta razón, las organizaciones socias de Viva la Ciudadanía, nos unimos para hacer un llamado al gobierno nacional y a los gobiernos locales, a atender las afectaciones a los derechos y garantías democráticas en medio de la emergencia del Covid19. Aprovechamos este espacio editorial para compartir con ustedes nuestro llamamiento colectivo: Democracia en Riesgo.
La pandemia generada por el Covid19 ha puesto en riesgo la vida y la salud de la humanidad. Para mitigar la propagación del virus y preparar a los sistemas de salud, algunos gobiernos han adoptado gran cantidad de disposiciones que limitan e incluso suspenden varios derechos y garantías. Nadie discute que una situación tan difícil y con tan graves consecuencias exige la rápida adopción de medidas haciendo uso de facultades extraordinarias; sin embargo, en un Estado social y democrático de derecho, los derechos y las garantías fundamentales no pueden suspenderse ni siquiera en las situaciones más extremas, porque en una democracia el poder y los derechos de la ciudadanía no se ceden ni se enajenan.
Han trascurrido cuatro meses desde la primera declaratoria de emergencia, y el gobierno nacional, haciendo uso de las facultades previstas en la Constitución ha expedido más de 400 normas (decretos con fuerza de ley, decretos reglamentarios y normas de otra jerarquía), no ha acudido al Congreso a tramitar ley alguna prefiriendo prorrogar la emergencia, y no ha realizado ningún esfuerzo para escuchar de la ciudadanía sus inquietudes y propuestas. Las complejas opciones de acción frente a la pandemia y sus impactos necesitan de información confiable y deliberación pública, sin ellas no tendremos la confianza, la solidaridad y la cooperación necesarias para superar las ya muy graves consecuencias del Covid19.
Preocupadas por el riesgo de un devenir autoritario, varias organizaciones sociales, desde una perspectiva ciudadana hemos acordado vigilar y llamar la atención sobre los riesgos y las afectaciones a los derechos y garantías democráticas en medio de la pandemia del Covid19, y para ello empezamos a realizar seguimiento y análisis de las medidas adoptadas por las autoridades públicas en los niveles nacional y local, y de los conflictos surgidos en su implementación para producir reportes que permitan generar alertas en la ciudadanía y correcciones en el Estado.
Enfocaremos nuestra atención en los más significativos riesgos para los derechos y garantías democráticas, algunas de las cuales enunciamos a continuación.
El primero y más obvio, es el riesgo de la pérdida del equilibrio de poder, en la medida en que las facultades extraordinarias de las que se dota el Presidente de la República con la declaratoria de emergencia económica y social, le otorgan poderes para producir normas con fuerza de ley, disponer a su arbitrio de los recursos públicos y usar todos los días los medios masivos de comunicación. Mientras tanto, el Congreso hasta ahora no ha generado leyes para atender la pandemia y no ha reformado ninguna de las normas expedidas por el gobierno, la administración de justicia disminuyó de manera sustancial el acceso a la justicia y la Corte Constitucional en la revisión de los 116 decretos legislativos expedidos apenas ha podido emitir 54 sentencias.
El funcionamiento del Congreso se ha visto afectado en la medida en que estuvo suspendido por más de un mes. En las últimas semanas se retomaron las sesiones por medios virtuales; sin embargo, la Corte Constitucional acaba de declarar inexequible el artículo 12 del decreto ley 491 de 2020 que regulaba las sesiones virtuales. Se espera que el Congreso reforme sin dilaciones su reglamento interno y habilite las diferentes posibilidades de sesiones antes del inicio de la legislatura el próximo 20 de julio. El control político a las medidas adoptadas por el gobierno aún no se realiza por el Congreso y sus bancadas. Las autoridades locales han sido desbordadas en sus capacidades y en su disponibilidad de recursos por la gran cantidad de competencias y actividades que el gobierno nacional les ha delegado.
Nos inquieta que se pretenda enfrentar los retos de la pandemia limitando las garantías y el ejercicio de varios derechos democráticos y generando regresividad en materia de derechos sociales, como la salud, el trabajo, la educación, la vivienda, etc., profundizando las desigualdades y acrecentando el número de personas en situación de pobreza y vulnerabilidad. Creemos que es importante llamar la atención sobre los crecientes casos de violencias contra las mujeres y el incremento de los feminicidios, y evaluar la respuesta de las diferentes autoridades.
Algunas normas no tienen relación directa con la atención a la pandemia (fortalecer el sistema de salud, prevenir el contagio y atender a los sectores de la sociedad más afectados con el aislamiento obligatorio) y pueden constituir claros casos de desviación de poder. Incluso se están cercenando totalmente derechos fundamentales, con la adopción de medidas como las diferentes modalidades de “toques de queda” y otras medidas indiscriminadas y desproporcionadas que ponen en riesgo libertades fundamentales.
Un segundo riesgo es la “suspensión de facto” de los procedimientos y espacios de participación ciudadana garantizados en el ordenamiento jurídico, dado que ha cesado abruptamente su funcionamiento, y solo en algunos casos han contado con medios tecnológicos para continuar actuando. Nos preocupa la afectación a la participación ciudadana en la discusión y adopción de los planes de desarrollo local y el aplazamiento indefinido de algunos procesos electorales (Juntas de Acción Comunal, los Consejos Municipales de la Juventud y de algunas elecciones atípicas de autoridades locales).
Nos alarman los comportamientos desproporcionados por parte de la fuerza pública frente a algunos “infractores” de las medidas de aislamiento y con las personas que están protestando y reclamando asistencia social y condiciones básicas para su supervivencia en medio de una emergencia como la actual. Pensamos que se vale protestar, asegurando condiciones de bioseguridad, y que, si bien el derecho a la protesta no ha sido prohibido en la legislación, se limita y prácticamente desaparece por la vía de los hechos.
Un tercer riesgo, es el de la afectación a la protección de los datos personales, dado que tanto el gobierno nacional como varios gobiernos locales han adoptado una serie de disposiciones que incluyen el uso de tecnologías donde la ciudadanía proporciona información sobre su localización, situación de salud e identificación, sin tener total claridad sobre cuál será el uso de dichos datos. Se suman a la preocupación las “facultades” que se otorgan a particulares (establecimientos de comercio, conductores de servicios de transporte, etc.) para que puedan requerir información personal. Nos preocupa la normalización de un Estado que extrema la vigilancia y el control sobre la ciudadanía con todos los riesgos que entrañan para las libertades.
Un cuarto riesgo está asociado a las afectaciones al derecho de acceso a la información. Transitar en medio de la incertidumbre de la pandemia requiere de un acceso oportuno y fácil a la información, al tiempo que esta debe ser clara, veraz y socialmente útil. Los motivos que sustentan el aislamiento y las demás limitaciones a la movilidad deben ser explícitos y razonables. También, deben ser sometidos al escrutinio y la deliberación pública y no como monólogos de las autoridades. Son motivo de preocupación las tensiones entre las autoridades sobre la información relacionada con la pandemia, las medidas, su temporalidad o su efectividad. El gobierno amplió los plazos de entrega de información pública (decreto legislativo 491 de 2020) sin señalar excepciones que permitan a ciudadanas y ciudadanos acceder a información vital en medio de esta situación. Finalmente, inquieta la opacidad en el manejo de la inmensa cantidad de recursos públicos que han sido dispuestos para atender la pandemia y sus impactos; esto sin duda limita las posibilidades de llevar a cabo procesos efectivos de control social.
Vemos necesario y urgente actuar como ciudadanía en defensa de la democracia, llamando la atención, exigiendo y reclamando los derechos y garantías democráticas. Por ello invitamos a revisar en detalle las normas expedidas y su implementación para identificar en cuáles se están afectando derechos y llamar la atención para que se adopten correctivos; a examinar el papel del Congreso y sus bancadas en la pandemia y la efectividad de las garantías para que la oposición pueda ejercer control político; a evaluar y presentar recomendaciones sobre las posibilidades de llevar a cabo, en condiciones seguras y con garantías para las campañas, las elecciones que han sido postergadas; a estudiar la afectación a los procesos de información, consulta, control social, protesta y diálogo con la ciudadanía, para proponer medidas que restablezcan la voz ciudadana en medio de la pandemia; a vigilar el uso de los datos personales que se están acopiando con diferentes dispositivos; a exigir información, rendición de cuentas y deliberación sobre las medidas expedidas.
Nos negamos a aceptar que se asuma esta pandemia como una guerra, con ejércitos, con héroes, batallas y pérdidas de derechos. Estamos convencidas de que podremos asumir este gran desafío si nos enfocarnos en el cuidado, en cuidar y cuidarnos como humanidad y como sociedad, y para lograrlo debemos, entre otras cosas, impedir que en la pandemia se afecte la democracia.
Hacemos un llamado a que juntas cuidemos la democracia, a que juntas exijamos la rendición de cuentas por parte del gobierno nacional sobre la gestión de la pandemia, a que juntas exijamos al Congreso el necesario control político.
Casa de la Mujer
Centro de Investigación y Educación Popular- CINEP
Comisión Colombiana de Juristas
Corfas
Corporación Podion
Escuela Nacional Sindical
Misión de Observación Electoral
Conciudadanía
Corporación Región
Foro Nacional por Colombia
Viva la Ciudadanía
