Opinión

Domingo, 06 Septiembre 2015 08:01

Para la paz, una educación con dignidad

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"Nada está acordado hasta que todo esté acordado", esta premisa ha acompañado el proceso de negociaciones con las FARC - EP en la Habana, imprimiéndole mesura y ponderación a los avances logrados y que abogamos conlleven a la terminación del conflicto armado que ha dejado millones de víctimas, obstaculizado el desarrollo local y debilitado la democracia en el país.

Una máxima similar quedó refrendada en el Foro Mundial sobre Educación 2015 realizado en Incheon (Corea del Sur): "Ninguna meta educativa debería considerarse lograda a menos que se haya logrado para todos". Con ello se llama la atención sobre el fracaso a nivel mundial de que todos los niños y las niñas ingresen a la escuela y gocen de una educación digna para el 2015. Según el informe "Subsanar la promesa incumplida de la educación para todos" (UNESCO – UNICEF, 2015) 58 millones de niños, niñas y jóvenes están excluidos de la educación, disminuyendo ostensiblemente las oportunidades de construir la vida que sueñan. ¿Pero por qué pasa esto? Algunas de las razones tienen que ver con la pobreza, un sistema educativo centralista e inequitativo y el flagelo de la guerra.

Por ello, terminar el conflicto armado en el país ampliaría las posibilidades de que miles de estudiantes regresen a la escuela, permanezcan en ella y construyan aprendizajes de calidad y pertinentes para la vida. Cortar tajantemente con el reclutamiento y la utilización de menores de 18 años para la guerra; comprometerse a no utilizar, ocupar, destruir, ni hostigar la infraestructura escolar por parte de los grupos armados; respetar la autonomía de la enseñanza absteniéndose de limitar o sugerir contenidos curriculares que promuevan a alguno de los actores de la guerra; acabar con las amenazas, las muertes, las desapariciones y el desplazamiento de maestros y maestras; eliminar la captura de los recursos del Estado destinados a la educación a través de la intimidación y la práctica nefasta de la corrupción; proteger la vida, la integridad y la dignidad de la infancia y la juventud, deben ser acordados como medidas de desescalamiento del conflicto y consolidarse como conquistas tempranas luego de una eventual firma de paz en Cuba.

Es indiscutible el efecto positivo que sobre el derecho a la educación tendría la firma de un acuerdo de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC, aportaría a reducir la desescolarización, el ausentismo y la deserción, así como el aumento de la inversión en infraestructura, en dotación pedagógica y formación docente; más importante aún, se incrementaría la sensación de protección, sentir que la escuela es un lugar seguro, para la vida, para la creación y la esperanza.

Ahora bien, pensar que la problemática educativa es un asunto atribuible exclusivamente a la guerra, dejaría por fuera del análisis muchos otros obstáculos materiales, geográficos, sociales y culturales que tienen los niños, niñas y jóvenes en algunas zonas del país para acceder, permanecer y aprender en la escuela. De hecho, la educación que se ofrece en algunos municipios no aporta a romper el círculo de la pobreza y la desigualdad, más bien la profundiza, en tanto sus condiciones y calidad se alejan incluso, del respeto por la dignidad humana de estudiantes, directivos y docentes. No sería descabellado entonces reconocer que el sistema escolar ha aportado de múltiples formas a la pervivencia de esta guerra por más de cinco décadas.

Para lograr la paz, una paz positiva y sostenible como nos lo enseña Galtung, es necesario que la sociedad se encamine a la construcción de alternativas que ayuden a superar las distintas violencias, al tiempo que se avanza en el reclamo y compromiso por lograr un orden social democrático, con relaciones económicas, políticas, culturales, sociales y ambientales más justas y equitativas.

Una educación para la paz debe ser entonces una educación digna, con recursos suficientes, manejados con ética y transparencia e invertidos pertinentemente teniendo en cuenta las especificidades de los territorios; debe contar con infraestructuras bellas que aporten, en palabras del filósofo francés Georges Snyders, a la conquista de la escuela como un lugar de satisfacción. Se debe contar con un cuerpo docente calificado, bien pago, acompañado política, cultural y socialmente para que de algún modo se contrarreste la profunda soledad en las que muchos desarrollan su práctica sobre todo en las zonas rurales dispersas.

La educación a la que tenemos derecho y que le aportaría a la paz, debe promover la construcción de una cultura respetuosa de los derechos humanos, generar verdaderos escenarios de participación y no remedos de la democracia, abrirle espacio a la pedagogía de la memoria, a la comprensión de esta guerra, a reconocer que hay muchos implicados, inclusive con el silencio y la indiferencia, que no es asunto de "buenos y malos", de pobres y ricos, que este conflicto nos desgarró en lo más profundo y nos interpelará siempre sobre nuestra condición humana. Perdonar, reconciliarnos, verdad, justicia, reparación, no son meras palabras a memorizar, son casi dispositivos para comprender, para ello se necesitan metodologías, recursos, acompañamiento multidisciplinar, siendo indispensable un sistema educativo articulado con los recursos de los territorios.

Para el 2016 deberá construirse un nuevo Plan Decenal Nacional de Educación, quizá sea esa la oportunidad parar avanzar, acorde a los nuevos objetivos del milenio al 2030, en "Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos". Lo anterior se logrará si se contemplan mecanismos de articulación con lo local que favorezcan la diversidad étnica, cultural y territorial del país y que estén acordes con una sociedad que busca superar un conflicto armado de larga duración, pero sobre todo aportar a desactivar las causas estructurales que han generado, prolongado y recrudecido esta confrontación.

Por todo lo anterior, desde la Corporación Región reafirmamos la importancia del derecho a una educación digna como reparación transformadora, como posibilidad para construir una cultura de paz desde el sistema escolar y sobre todo como aporte para la garantía de no repetición.