Las organizaciones de Viva la Ciudadanía Antioquia que hacemos parte de la Federación Antioqueña de ONG expresamos nuestro respaldo al llamado que ésta realiza al Comité Intergremial de Antioquia, solicitando claridad con relación al comunicado publicado por dicha entidad el día 26 de abril, pues éste no fue consultado de manera previa con la Federación. Estos procedimientos desconocen los acuerdos establecidos para actuar en nombre de una colectividad diversa, afectan la confianza entre las entidades y gremios que, con posturas distintas, se disponen a participar de escenarios de construcción colectiva y debilitan los procesos que de manera conjunta se desarrollan; en el caso particular de las organizaciones que trabajamos en torno a los Derechos Humanos y la Construcción de Paz se ve afectada nuestra credibilidad ante las distintas
poblaciones que acompañamos.
Con relación al respaldo expresado en dicho comunicado por el Comité Intergremial a las Fuerzas Militares y de Policía, y de manera específica al General Zapateiro, las organizaciones firmantes aclaramos que nos distanciamos de dicha postura, en tanto consideramos que las declaraciones del
General violan los articulos 127 y 219 de la Constitución Política de Colombia, que impiden a los funcionarios y, en especial, a los integrantes de la Fuerza Pública, participar en política electoral.
El pronunciamiento al cual hacemos referencia se produce justo el mismo día en el que, a través de la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP– el país conoció declaraciones graves por parte de miembros del Ejército en las que reconocen su responsabilidad en los crímenes de Estado ejecutados entre 2007 y 2008 en la región del Catatumbo, que dieron como fatal resultado 120 ejecuciones extrajudiciales. Sumado a esto, en la misma fecha se llevó a cabo la moción de censura al Ministro de Defensa Diego Molano, en la Cámara de Representantes, por los recientes hechos en Puerto Leguízamo (Putumayo), en los que murieron once personas en un operativo militar que dejó fuertes cuestionamientos a la actuación del Ejército contra civiles desarmados. Ante estas situaciones, nuestra postura como organizaciones es de defensa de la Constitución Política, de exigibilidad de verdad, justicia, reparación y no repetición, y de respaldo a las víctimas.
Una nación democrática necesita unas fuerzas militares profesionales, apegadas de manera irrestricta a la legalidad y con un absoluto respeto por los derechos humanos. Nada justifica que este mandato se incumpla y es nuestro deber velar para que así sea. No le hace bien a la fuerza pública el respaldo irrestricto del gobierno nacional y de algunos sectores políticos, sociales y empresariales. Todas las instituciones deben estar sometidas al escrutinio ciudadano, y mucho más la institución que ejerce el monopolio del uso de las armas. Negar los problemas y estigmatizar a quienes los señalan deteriora gravemente la democracia.
Por todo lo anterior, reiteramos el llamado de la FAONG a que el Comité Intergremial se pronuncie nuevamente dejando claro que no todas las organizaciones pertenecientes a este espacio compartimos la postura expresada en el comunicado emitido y a que aparezcan allí sólo las firmas
de quiénes han expresado su respaldo a este pronunciamiento.
Avanzar en la construcción colectiva de los grandes proyectos sociales, económicos y políticos del país y la región implica un claro respeto por la diversidad de posturas, los acuerdos y la democracia.
Nuestra invitación es a mantenernos en este camino para lograr avanzar en lo que nos une.
