Por fin en el Congreso de la República se ven los resultados de la ley de cuotas promulgada en el año 2000, cuando se contempló por primera vez, y exclusivamente, para la ocupación de cargos públicos de poder y que en 2009, a través de un acto legislativo, se amplió a movimientos y partidos que se presentaran a cuerpos colegiados de elección popular. La ley establece un mínimo de participación de mujeres en las listas (30%) y las colectividades con fines electorales han entendido el mínimo como el tope; esto se convierte en un problema pues muchas de ellas llegan por descarte a cubrir la cuota, se ubican al final de las listas cerradas, con recursos y apoyos también mínimos, papeles irrelevantes y sometidas a la violencia política propia de partidos y movimientos patriarcales en los que se siguen ejerciendo prácticas machistas. Hoy las mujeres ocupan sólo el 19,7% de escaños del Congreso, cifra que aumentó 9,1% en las pasadas elecciones, alcanzando un ‘histórico’ de 28,8%. Hay avances, pero es necesario entender cómo llegaron estas mujeres allí, cuáles han sido los obstáculos y cuáles siguen siendo los retos de la participación política electoral de las mujeres.
Si bien al momento de las elecciones legislativa aún estaba pendiente la revisión de la Corte Constitucional del nuevo Código Electoral, aprobado por el Congreso de la República en sesiones extraordinarias de diciembre de 20201, en el que entre otras cosas, se estipulaba la paridad en las listas, algunos partidos se lanzaron a aumentar las cuotas: el Partido Liberal 52%; Comunes 48%; Cambio Radical 45%; Pacto Histórico y Nuevo Liberalismo, con listas cerradas, 43% y 40%, respectivamente; y el movimiento feminista Estamos Listas con 70%. Esta decisión política, sin duda, fortaleció la participación de las mujeres y evidencia avances en la búsqueda de la paridad de género en las elecciones legislativas en las que, a través de partidos progresistas o alternativos, muchas mujeres alcanzaron curules y su desempeño será fundamental en los próximos cuatro años para afianzar la confianza y la valoración de las mujeres en el ejercicio legislativo.
Esta campaña tuvo protagonistas interesantes, mujeres reconocidas en ámbitos como la academia, el deporte o los medios de comunicación, y otras cuyos nombres, al menos en el panorama nacional, apenas comenzaron a emerger. Muchas de ellas, al margen de los partidos y desde movimientos sociales, ambientales y territoriales, lograron poner frente a la opinión pública nuevos temas y agendas e hicieron visibles las enormes dificultades que atraviesan las mujeres para llegar a cargos de poder: los obstáculos del sistema electoral, la misoginia y la violencia política y la mínima o nula financiación, lo cual se materializó para muchas en la derrota electoral.
Por otro lado, la presencia de Francia Márquez Mina en la consulta interpartidista del Pacto Histórico, con sus apuestas y reivindicaciones en derechos humanos, ambientales, antirracistas, feministas y por los territorios y comunidades excluidas, aportó elementos novedosos para comprender lo que implica la incursión de las mujeres en la apuesta por la presidencia. El desequilibrio en la participación de unos y otras (tres mujeres y doce hombres) y la escasa visibilidad de algunas en los debates y campañas son la evidencia del largo camino que aún tenemos por recorrer. Esta situación no cambia para las elecciones presidenciales de mayo, con un tarjetón en el que aparecen nuevamente doce hombres y solo cuatro mujeres, tres de ellas como vicepresidentas y solo una como candidata presidencial, lo que puede leerse como un avance en la historia del país, y como un enorme reto para la paridad y la posibilidad real de tener una mujer presidenta en Colombia.
Evaluando las lecciones aprendidas sobre la intervención de las mujeres en las pasadas elecciones, en un encuentro convocado por la Plataforma de Seguimiento Político en Antioquia –SEPA–, en Medellín, se recogieron ideas importantes: si bien los partidos políticos son estructuras que han limitado esta participación, las listas cremallera y cerradas son los mecanismos ideales para incrementar su llegada al Congreso, como quedó demostrado en los resultados que obtuvo el Pacto Histórico, con diez senadoras en total, en contraste con Cambio Radical, que a través del voto preferente, alcanzó once curules con solo una mujer. Además, se señaló como un logro la incursión del feminismo con voluntad de poder en la contienda electoral. También emerge aquí un reto en términos de la representación, pues no es suficiente con que las mujeres lleguen al Congreso, no podemos perder de vista que muchas de estas curules pertenecen a herederas de los clanes políticos del país, al servicio de los intereses de siempre y alejadas de las reivindicaciones y derechos de las colombianas.
En ese sentido, hay al menos tres temas cuya defensa será fundamental en el Congreso de la República, para no retroceder en lo avanzado y seguir ganando terreno. Primero, el derecho al aborto hasta la semana 24, que aunque ya cuenta con el pronunciamiento favorable de la Corte Constitucional, ha sido tema de debate durante esta campaña y hay presidenciables que buscarán los mecanismos para impugnarlo. Segundo, la economía del cuidado en el marco de la política social, un sistema nacional de cuidados que articule servicios, garantice derechos y propenda fuertemente por el reconocimiento del trabajo doméstico y su aporte al PIB. Y, tercero, contemplar la salud mental sin desligarla de la prevención de las violencias basadas en género, reconocer esta dimensión en la infancia, la juventud, las mujeres, las amas de casa y todas las personas que lo requieran, superando la concepción de la atención en salud mental como un lujo, al que no pueden acceder o de lo que no se debe ocupar el sistema de salud pública.
El poder de las mujeres en el Congreso de la República y en el próximo gabinete presidencial tendrá que movilizar agendas con enfoque de género, cuidado y redistribución, para poner la economía al servicio de la vida, para pensar en la salud, la educación y el empleo desde la perspectiva mujeres y para entender qué hacer con las cifras desagregadas que siguen mostrando desigualdades estructurales. Además, en menos de dos años, tendremos elecciones locales, lo que permitirá que muchas de las candidatas que adquirieron experiencia en esta campaña, aunque fueron derrotadas en las urnas, tengan una nueva oportunidad para ser elegidas, continuando con el propósito de transformar el poder patriarcal y las formas de hacer política para vencer las desigualdades.
1. El 21 de abril de 2022 la Corte Constitucional tumbó este nuevo código electoral porque encontró vicios de trámite, por lo que el código electoral vigente seguirá siendo el de 1979
