La corrupción es un problema estructural; sabemos que no se trata solo de “dos o tres manzanas podridas”, sino que es una industria muy bien aceitada con entramados a su servicio en el sector público y privado. Sin embargo, esta no puede seguir siendo la razón para que los gobiernos no asuman la responsabilidad y tomen las medidas que les corresponden.
Aunque la corrupción es uno de los problemas más graves que enfrentamos actualmente, la respuesta desde el Estado, los entes de control y la sociedad misma no se corresponde con los daños, afectaciones y víctimas que ha dejado este fenómeno. El informe Así se mueve la corrupción: Radiografía de los Hechos de Corrupción en Colombia, publicada por Transparencia por Colombia –TPC–, muestra que entre 2016 y 2022 fueron documentados 1.243 hechos de corrupción en la prensa nacional y regional. Una cifra vergonzosa e indignante.
En sus periodos como congresista, el actual presidente Gustavo Petro fue contundente y enérgico al denunciar y condenar los hechos de corrupción que se presentaban en el país. Con estos antecedentes y su claridad sobre esta problemática, esperábamos determinación y carácter de su parte para enfrentar este flagelo. Sin embargo, desde la campaña electoral se identificaron mensajes contradictorios cuando el entonces candidato exponía su inquebrantable compromiso con la lucha anticorrupción, pero se aliaba con políticos clientelistas, de dudoso pasado e involucrados en investigaciones y denuncias sobre hechos de corrupción. Desde ese momento empezaron a avizorarse las posibles consecuencias que tendrían las alianzas y acuerdos que se realizaban con personajes de la política tradicional.
Ya en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026 pudimos ver que la lucha contra la corrupción no era un compromiso central de este gobierno, como se había planteado en la campaña. El tema no hizo parte de los diálogos regionales vinculantes, así que la ciudadanía no tuvo la oportunidad de exponer sus opiniones, expectativas y recomendaciones al respecto; además, otros espacios que se habilitaron para su discusión tuvieron resistencia por parte de algunos funcionarios. Pese a esto, y gracias a la incidencia de las organizaciones sociales que trabajan en este campo, el PND aprobado incluyó la estrategia Nacional de Lucha Contra la Corrupción, la ampliación de iniciativas anticorrupción a nivel territorial y medidas de transparencia para el sector ambiental y de defensa.
Desafortunadamente, la aprobación del PND y las medidas de transparencia incluidas (con muy pocos avances hasta la fecha) coincidieron con la cascada de escándalos de posibles hechos de corrupción en el Gobierno. De esta manera, el discurso que sobresalió en la campaña ha perdido fuerza en la agenda nacional y ha disminuido la credibilidad del presidente y su círculo más cercano. Las situaciones que hasta ahora han provocado mayor impacto son, por lo menos, cuatro:
- Los casos expuestos por el mismo presidente denominados “anillos de corrupción” en el FOMAG, la Fiduprevisora y Ecopetrol.
- La investigación que abrió el CNE por presuntos hechos relacionados con mal manejo de recursos en la campaña e incumplimiento de los topes permitidos por la ley.
- El caso de la Unidad de Gestión de Riegos y Desastres –UNGRD– que, según las confesiones y denuncias de sus propios protagonistas, ya imputados por la Fiscalía, empiezan a revelar un entramado que compromete a varias instancias y personas del primer nivel del gobierno.
- La investigación por parte de la Fiscalía y la Procuraduría por 206 contratos con aparentes irregularidades. Especialmente, 25 contratos por valor de $ 16.000 millones de pesos, firmados por la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia, durante su última semana en el cargo.
Frente a la gravedad de estos hechos, el presidente envía mensajes confusos. Por un lado, reacciona públicamente frente a algunos asuntos, como los relacionados con la UNGRD, exigiendo “que se devuelva hasta el último peso”; pero, por otro, descalifica denuncias, justifica hechos, evade responsabilidades y atribuye culpas a gobiernos anteriores. Lo que ha dicho y hecho hasta el momento es insuficiente para enfrentar la dimensión de lo que está sucediendo. Y para hacer más preocupante este panorama, continúa vinculando a personas implicadas en posibles casos de corrupción en distintos cargos importantes de varias carteras.
Después de la cuestionada alcaldía de Daniel Quintero en Medellín, que hasta el momento tiene alrededor de veinte denuncias e investigaciones en curso, resulta incompresible que diez personas que hicieron parte de esa administración, y que actualmente tienen procesos abiertos por parte de los entes de control, estén hoy en diferentes instancias del Gobierno Nacional. Por supuesto que creemos en la presunción de inocencia y el debido proceso, pero nos preguntamos a qué obedece la decisión de nombrar en cargos directivos a personas con investigaciones activas.
La gama de delitos por los que se les acusa es amplia: cambio en objeto y/o estatutos y procesos de contratación y aumento de los montos para contratación directa hasta en un 50%, contratos sin cumplimiento de los requisitos legales, peculado en la modalidad de tentativa, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y celebración de contratos “corbata”, irregularidades en las adecuaciones que se hicieron en la Clínica de la 80, irregularidades en el manejo del Presupuesto Participativo, utilización de la modalidad de convenios interadministrativos con las entidades del conglomerado público para evadir cumplimiento de requisitos, subcontratar organizaciones que no cumplían con los requisitos exigidos, desviar y apropiarse de recursos, entre otros. ¿Por qué el presidente decide rodearse de estas personas para llevar a cabo sus propuestas de cambio? Esta situación, además de contradictoria, le aporta muy poco al Gobierno Nacional en momentos en los que requiere demostrar su apuesta por la transparencia.
La corrupción es un obstáculo concreto y transversal que afecta el buen funcionamiento de las políticas nacionales, departamentales y municipales. Además de ser un problema ético, es también una grave amenaza que incide negativamente en el desarrollo económico y social del país y que produce graves daños y afectaciones a los derechos humanos, especialmente de las poblaciones más pobres o vulnerables, a quienes históricamente se les ha negado la posibilidad de tener una vida digna. En un país altamente inequitativo como el nuestro, la corrupción profundiza las desigualdades y las brechas sociales, por lo tanto, ningún proyecto político que busque mayor justicia e igualdad de derechos puede cumplir su propósito sin combatir a fondo las causas estructurales que la generan y los factores asociados que la reproducen.
La situación que atraviesa el país requiere que el ejecutivo asuma un liderazgo activo y comprometido, que involucre a todas las ramas del poder público, que fortalezca las capacidades institucionales para combatir los grandes entramados criminales que hacen presencia en las distintas esferas del gobierno, que implemente las estrategias requeridas para prevenir futuros hechos y que posibilite que las investigaciones avancen y los responsables sean judicializados.
Este gobierno aún tiene la posibilidad de asumir la responsabilidad política que le corresponde y adelantar, durante los próximos dos años, las acciones integrales que se requieren para combatir la corrupción. Confiamos en que decida encarar este problema de manera efectiva.
