En enero, dedicamos este espacio a señalar la compleja situación que se venía presentando en Medellín, debido a las disputas políticas, económicas y electorales que cada vez tomaban más fuerza, desatando una borrasca que, tres meses después, inundó toda la ciudad. En 1988 se llevó a cabo la primera elección de alcaldes por voto popular y, desde entonces, en Medellín no se había presentado una suspensión temporal para ninguno de ellos. Este año, la Procuraduría General de la Nación tomó la decisión de suspender al alcalde Daniel Quintero argumentando su presunta participación en política, en favor de uno de los actuales candidatos a la presidencia. Es así como en el marco de una agitada campaña nacional, a escasos días de acudir a las urnas, vivimos un turbulento panorama local.
Esta tensión es el resultado de la sumatoria de hechos ocurridos desde el momento mismo en el que Daniel Quintero ganó la alcaldía. La ruptura del diálogo entre algunos sectores y actores claves en la gobernabilidad de la ciudad, el anuncio casi inmediato de una revocatoria cuyo proceso se vio ensombrecido y entorpecido por distintos tipos de irregularidades, las disputas alrededor de EPM que dificultaron su normal funcionamiento, las narrativas totalizantes y provocadoras, entre otras, han sido caldo de cultivo para que llegáramos hasta este punto crítico de cara a unas elecciones presidenciales en las que Medellín suele jugar un papel relevante.
La suspensión del alcalde deja a la ciudad en un profundo caos institucional y aumenta las dificultades para construir gobernabilidad democrática, postergando la atención de la agenda estratégica: no estamos hablando de seguridad, de crisis ambiental, de construcción de paz, de desempleo y pobreza o de todas las falencias que persisten en materia social y económica. Y lo peor de este momento radica en que la ciudad pasa a un segundo plano porque la disputa político electoral y sus urgencias se convierten en un fin en sí mismas.
Quienes durante este periodo están al frente de la ciudad tienen la obligación de cumplir cabalmente con las funciones de su cargo, avanzar en la ejecución del Plan de Desarrollo y responder de manera eficiente y oportuna a las necesidades de la ciudadanía. Independiente de su filiación política, a las personas encargadas de ejercer las funciones públicas no les compete ni la defensa del alcalde suspendido ni la representación del gobierno nacional. Por encima de las discordias de ocasión, su principal deber está asociado con la responsabilidad de gobernar adecuadamente la ciudad, evitando la parálisis en la ejecución de las labores administrativas y la conducción de los asuntos que afectan los intereses de la ciudadanía.
Región ha participado históricamente de procesos de control social a la gestión pública; en este periodo hemos hecho parte de diferentes ejercicios de veeduría ciudadana a la gestión del alcalde Daniel Quintero y su equipo de gobierno lo que nos ha permitido asumir una postura crítica frente al desempeño de la administración. A través de estas acciones se ha evidenciado que algunos programas sociales han desmejorado sustancialmente sus acciones e impacto, se ha alertado a los organismos de control frente a posibles riesgos de corrupción tanto en las secretarías como en las entidades del conglomerado público, se ha mostrado con preocupación la relación entre funcionarios y actores cuestionados en la ciudad por actuaciones ilegales, lo que incrementa el riesgo para el adecuado manejo de los recursos públicos; además se ha señalado la problemática e indebida intervención en la contienda electoral. Por estas razones, consideramos fundamental que los entes de control cumplan con su deber de investigar todas estas actuaciones y a quienes están implicados en ellas, generando las sanciones procedentes en los casos que corresponda.
Todo lo anterior debe darse proporcionando al alcalde y a su equipo las garantías que establece la normatividad colombiana y los acuerdos internacionales suscritos por el país. Para ello, se requiere que tanto el Ministerio Público como las entidades de la rama judicial actúen en derecho, con imparcialidad y ciñéndose a sus competencias, evitando al máximo que la aplicación de la ley dependa de tendencias e intereses políticos y electorales. En momentos convulsos resulta vital cuidar los propósitos superiores que hemos establecido como sociedad, honrando los principios del Estado Social de Derecho y de la democracia que defendemos.
Mientras todo esto pasa, la ciudadanía tiene la enorme responsabilidad de ejercer su derecho al voto el próximo domingo 29 de mayo. La primera tarea, es acudir a las urnas y hacerlo con información, conocimiento previo sobre los candidatos, los puntos más relevantes de sus propuestas, su desempeño en anteriores cargos y sus alianzas. Estos aspectos están directamente relacionados con el correcto funcionamiento de una democracia sana. Es también un deber ciudadano, informar sobre delitos electorales mantener las alertas y denunciar cualquier anomalía.
En lo que se refiere a la jornada electoral de la primera vuelta, y tras la cantidad de irregularidades reveladas el pasado 13 de marzo en las elecciones legislativas, son muchos y muy significativos los retos que debemos asumir. Nuestro llamado principal es a la Registraduría, ente que debe garantizar todas las condiciones para que la jornada electoral se desarrolle de manera ajustada a las normas, con eficiencia y transparencia. Queremos hacer una mención especial a quienes asumirán la tarea de ser jurados de votación, para que reconozcan la importancia de su labor durante este día y el papel fundamental que cumplen para la democracia, está en sus manos que la jornada sea ágil y con legalidad. Reconocemos también, a las personas que serán testigos y observadores electorales, función clave para la transparencia de este proceso y el cuidado de la verdad electoral; quienes de manera libre y voluntaria asumen dicha misión afirman su compromiso con la democracia y tanto la Registraduría como los jurados deben facilitar su participación.
A estas alturas, y a pesar de las circunstancias, volvemos a llamar al acatamiento de la ley que prohíbe la participación en política de funcionarios y funcionarias, incluyendo a la Fuerza Pública. Por supuesto, es imperativo contar con garantías de seguridad durante las elecciones, poder desplazarnos sin miedo, que las armas no hagan parte de esta jornada electoral y que las autoridades estén atentas a cualquier alerta temprana o irregularidad, con el fin de proteger a la ciudadanía.
Tanto en la coyuntura local como en los asuntos más estructurales relacionados con la elección del proyecto político que regirá los destinos del país los próximos cuatro años, la ciudadanía tiene un papel relevante que debe asumir actuando con grandeza y acatando las reglas democráticas, esto implica una participación activa y vigilante en los asuntos públicos, locales y nacionales y una actitud respetuosa de los mecanismos que han facilitado a las sociedades modernas transitar de un gobierno a otro minimizando los riesgos de una violencia generalizada y haciendo posible que, a través del debate democrático, se expresen pacíficamente todas las fuerzas y tendencias ideológicas que promueven modelos diversos de conducción de las sociedades.
