Recibimos el año con noticias poco alentadoras para el país: se recrudecen las violencias, el COVID-19 y la poca claridad sobre el proceso de vacunación, representan un enorme problema de salud pública; aumentan los obstáculos para la implementación del Acuerdo de Paz, se debilita aún más la democracia y se incrementa la vulneración de los derechos humanos con algunas de las medidas tomadas para mitigar los efectos de la pandemia; todo esto y el año preelectoral, configuran un complejo panorama que amerita reflexión sobre los principales retos que como sociedad civil tendremos que encarar en el 2021.
Los riesgos de un nuevo ciclo de violencia en Colombia
Las advertencias sobre la reconfiguración de un nuevo ciclo de violencia en el país, lamentablemente, se han venido cumpliendo. Junto con la expansión de la presencia y las disputas entre diferentes grupos armados en cerca del 25% del territorio nacional, crece la violencia generalizada: solo en enero se cometieron seis masacres, fueron asesinados catorce líderes y lideresas sociales, y cinco ex integrantes de las Farc. Es alto el riesgo de fracaso del Acuerdo de Paz, pues se trata de una implementación integral, no sólo de unas cuantas garantías formales para quienes se desmovilizaron.
El Acuerdo tiene seis puntos cuya estructura es complementaria, no se puede desarticular sin afectar su esencia, atendiendo solo componentes inocuos. Las apuestas con mayor potencial democratizador están en temas como tierra, lucha contra el narcotráfico, democracia y especialmente, víctimas, y entre más se esfuman las acciones, más difícil será retomar su sentido. Además de defender la implementación integral del Acuerdo, es necesario recordar que éste, es el último año de labores de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, su informe se entregará al país a finales del mes de noviembre. Desde ya, debemos intensificar los esfuerzos para acompañar la producción final y definir las acciones para su apropiación social, éste es un insumo muy importante, pues con la publicación, se abre una nueva fase en la disputa por la verdad de lo vivido en el país en los últimos años y en esa medida, nuestro deber como sociedad civil organizada, es trabajar por su difusión y uso, así como por el cumplimiento de sus recomendaciones.
Enfrentar la pandemia requiere medidas urgentes en clave de derechos humanos
Muchas personas han vivido la destrucción de su economía familiar como consecuencia del Covid. En medio de la enorme incertidumbre mundial sobre la eficacia de los planes de vacunación y, ante las evidencias de variaciones en la cepa original, Colombia además de presentar altos niveles de contagio y muertes, ha sido errática en el proceso de adquisición de las vacunas, ratificando el déficit de una política seria de salud pública. A esto se suma la negativa a adoptar medidas que posibiliten aliviar la situación de las ciudadanías que cada día se enfrentan al dilema de quedarse en casa para cuidarse o arriesgarse al contagio en el rebusque y la supervivencia. No es solo cuestión de indisciplina, desorden o de conductas poco cívicas; para millones de personas que viven de empleos precarios e informales, la opción de encerrarse es una condena a morir de hambre con sus familias; por lo tanto, es necesario continuar promoviendo, desde las distintas plataformas sociales, la Renta Básica, los Sistemas de Cuidado, la garantía de condiciones de seguridad para prevenir y atender oportunamente el incremento de enfermedades mentales, y la violencia contra las mujeres en los hogares, y que se garanticen las condiciones necesarias para que todos los niños, niñas y jóvenes regresen pronto a la escuela.
La defensa de la institucionalidad democrática
La captura de las instituciones públicas por parte del Centro Democrático, obteniendo mayorías y nombrando sus más cercanos en la Corte Constitucional y en órganos como la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Contraloría General y la Registraduría no es ni normal ni esperable en un sistema institucional como el que diseñó la Constitución Política del 91, basada en la independencia de los poderes, los controles mutuos, un sistema de pesos y contra pesos y el respeto por sus distintos ámbitos de competencias.
Ganar las elecciones significa tener mayorías en el Congreso y por supuesto, ejercer el poder desde la Presidencia, genuina aspiración de cualquier partido político. Pero no es legítimo que con prácticas clientelistas y repartijas burocráticas, controlen todos los órganos del poder público, esto denota una vocación autoritaria y antidemocrática. Este año la defensa de la institucionalidad pública democrática debe estar en nuestra agenda para denunciar y evitar nuevos embates.
Otro reto a enfrentar, es el proceso de revocatoria de algunos gobiernos locales como Bogotá y Medellín; este mecanismo de participación, es un derecho ciudadano que se debe garantizar; la figura se establece para revocar aquellos mandatarios que se aparten de manera ostensible del Plan de Desarrollo, aprobado en cada municipio. Pero es necesario evaluar su pertinencia, oportunidad y los intereses que los animan. En este momento parece un poco prematuro evaluar dicho cumplimiento, pues solo llevamos un año de mandato, el cual se ha dado en medio de la situación excepcional e inesperada de la pandemia, que comenzó en marzo del 2020. Ante esto, se requiere, de las organizaciones sociales, un ejercicio fuerte de pedagogía ciudadana sobre los propósitos del control social, de manera que se evite que este instrumento se convierta en dispositivo para sabotear la gobernabilidad, desde plataformas antidemocráticas de cara a las elecciones parlamentarias y presidenciales del 2022.
Ejercicio pleno de las garantías democráticas en un año preelectoral
Una de las expresiones más llamativas de las sociedades políticas contemporáneas, es una especie de estado de campaña electoral permanente. En nuestro caso, no bien había asumido el poder el presidente Iván Duque en 2018, y ya se comenzaban a alinear las fuerzas políticas para las elecciones del 2022. Esta dinámica tendrá mayor fuerza y visibilidad en este año preelectoral.
Hay dos elementos centrales para garantizar el ejercicio de los derechos políticos: primero, que la institucionalidad pública mantenga de manera inequívoca, absoluta neutralidad y transparencia y, dado el proceso de captura del Estado por parte de un partido político, hay que encender las alarmas para que no se impida o limite, la acción política proselitista. Segundo, que la violencia constituye una grave amenaza para el desarrollo con todas las garantías, de la actividad política electoral. Los años preelectorales suelen caracterizarse por el incremento de las violencias, y si bien estamos ante el cambio, efecto de la salida de las Farc como actor armado, hemos visto la reconfiguración del ciclo de violencia, por lo tanto, ese riesgo puede ser alto.
Como lo hemos reiterado, las elecciones son una oportunidad para posicionar agendas en favor de la equidad, los derechos sociales, la inclusión, la paz territorial y el ejercicio y reconocimiento de la oposición, como un derecho ciudadano; para lograrlo, necesitamos una ciudadanía informada, capaz de contrastar propuestas, analizar los apoyos políticos y económicos que acompañan cada candidatura, y exigir respuestas estructuradas y realistas a las problemáticas que enfrentamos como sociedad.
Ante los retos identificados, mantendremos nuestros propósitos y convicciones. Llamamos a todas las organizaciones sociales y ciudadanas a fortalecer el trabajo colectivo en pro de la justicia, la democracia y la paz. Si bien el panorama puede ser desolador, no representa una novedad; en distintas épocas de la historia del país y de la ciudad, hemos enfrentado tinieblas e incertidumbres, logrando siempre articularnos para transformar el rumbo de los hechos. Este es otro de esos momentos en que es necesario reafirmar que el futuro se construye mucho mejor entre todos y todas.
