Resumen

Desde su fundación Región se dio a la tarea de convertirse en una institución sólida, eficiente y viable. Esto implicó construir un modelo de gestión coherente con sus apuestas sociales y políticas, dejando claro desde sus inicios que lo que SE ES Y LO QUE SE HACE constituyen el mismo entramado.

Al igual que muchas organizaciones de la sociedad civil del país, la Corporación identifico hace varios años, grandes cambios que afectaban de manera directa su sostenibilidad. Este artículo da cuenta de cómo hemos entendido y asumido la gestión y la sostenibilidad institucional a lo largo de 30 años; las principales dificultades, los debates y los retos que hoy se enfrentan para mantenernos viable financieramente¹ y vigentes a nivel político y social..

Gestión y sostenibilidad en la Corporación Región: 30 años construyendo condiciones favorables para la acción social y política

El Modelo

La gestión entendida como el conjunto de principios, procesos y acciones que orientan la conducción de los recursos: financieros tecnológicos y humanos, en función de los propósitos institucionales ha pasado por diferentes momentos y comprensiones a lo largo de 30 años de vida institucional. Inicialmente estos temas se manejaron de manera informal, lo cual era normal para la época y el sector; sin embargo, rápidamente nos dimos cuenta que la buena voluntad no era suficiente para constituir una organización sólida, capaz de responder a retos como el fortalecimiento de la democracia, la construcción de ciudadanía, la promoción y garantía de los derechos humanos y la construcción de la paz. Poco a poco fuimos formalizando los diferentes procesos que daban soporte a la acción institucional y logramos consolidar un modelo de gestión que nos ha posibilitado la sostenibilidad por tres décadas.

Una lectura retrospectiva interna, realizada en el año 2013² planteó que Región ha avanzado en el diseño y montaje de un modelo de gestión institucional basado en procesos, a través de una estructura organizacional horizontal. Esto quiere decir que la institución ha construido, de manera colectiva, un mapa de procesos definidos por lo estratégico, lo misional y los de soporte. Los que se orientan al cumplimiento de las metas políticas de la organización, que han sido básicamente dos: la gestión de relaciones y recursos y la comunicación pública para la movilización social y la incidencia, se han comprendido como procesos estratégicos. En los procesos misionales se recogen aquellos que permiten desarrollar las políticas definidas por la Corporación. La estrategia privilegiada ha sido la implementación de proyectos, por lo tanto, en esta segunda categoría, se encuentran los procesos relacionados con el diseño, la ejecución, el monitoreo y evaluación de proyectos para la formación, la producción de conocimiento y la incidencia política. Los procesos de apoyo se han entendido como los que facilitan el cumplimiento de la misión institucional y, se ha contado con dos: la gestión contable y financiera y la gestión del talento humano.

En este mapa de procesos es importante resaltar tres características de las entrañas de Región y que son parte fundamental de su sello. En términos estratégicos, desde su fundación Región ha buscado mantener una amplia red de relaciones con distintos sectores de la sociedad para llevar a cabo sus propósitos y contribuir a fortalecer proyectos de ciudad, sobre la idea de que “hacer y estar con otros es también una manera de ser” (Fernández, 2007)

En relación a lo misional, el interés primordial ha estado en cuidar la calidad de lo que se hace, por lo tanto “planificar para el mediano plazo y evaluarse con todo rigor a la luz de los planes trazados ha sido un imperativo en el desarrollo de los distintos procesos” (Fernández, 2016)

En los procesos de apoyo administrativos y financieros, hemos entendido la transparencia en el manejo de los recursos como un valor democrático y, la rendición de cuentas, como un ejercicio privilegiado para contarle a la ciudadanía quién es, qué pretende, qué hace, cómo lo hace y con cuánto lo hace Región. (Fernández, 2005).

Las formas organizativas que se han priorizado a través de los años para darle vida a estos procesos, constituyen una marca institucional en la medida en que reflejan en la práctica, lo que se aspira SER. Sostener que Región es una organización horizontal, transparente, crítica y enfocada a la vivencia de la democracia interna, significa haber definido espacios permanentes para el debate, la reflexión, con mecanismos de control externos e internos y estrategias para regular el poder favoreciendo la toma colectiva de las decisiones.

La sostenibilidad social, política y económica

Región es un actor social y político, un sujeto colectivo con agenda y agencia propia. Esta auto denominación ha marcado la forma como se entiende la sostenibilidad y ha sido definitiva para definir las estrategias para lograrla.

La pregunta por la sostenibilidad política y social ha estado puesta en Región, sobre su modelo de acción, el cual empieza a definirse a mediados de los noventa y se ha mantenido más o menos estable, aunque como es natural, en algunos periodos ha tenido revisiones, debates y maneras distintas de nombrarse. La formación de actores sociales, la producción de conocimiento y la comunicación y, la deliberación pública, constituyen las tres líneas del modelo de acción que han posibilitado mantenernos como una organización vigente y pertinente.

En relación con la sostenibilidad económica, tradicionalmente Región se financió con recursos provenientes de agencias privadas y oficiales de cooperación al desarrollo. Estos recursos tenían un carácter estable y sobre todo predecible, usualmente con varios años de vigencia. Algunas de las agencias realizaban además una financiación institucional, es decir, que los recursos no estaban solamente aplicados a proyectos específicos sino a apalancar el funcionamiento de la organización, lo que permitía cubrir una parte del presupuesto general. Existía una claridad razonable en estas organizaciones según la cual, no bastaba un proyecto bien ejecutado, sino que había una institución sólida que respaldara su ejecución.

Las diversas maneras de asumir los procesos de gestión implementados desde 1989, permitieron la sostenibilidad social, política y económica de la institución hasta esa fecha. Sin embargo, en el 2010 empieza un importante debate interno sobre la necesidad de una transformación institucional. Los cambios en: la composición de la base asociativa y del equipo de trabajo, el contexto, la financiación y la normatividad para el sector, generaron alarmas sobre la sostenibilidad y la necesidad de modificar las maneras de ser y estar. A esta intensa reflexión, que actualmente continúa, se le llama Región Futura y nos ha facilitado comprender los cambios que se vienen presentando.

En relación con las personas que conforman la estructura social y el equipo de trabajo, se produjo una transformación rotunda. Del grupo fundador en el que todos eran empleados de la Corporación, se pasa a uno pequeño con vinculación contractual. Paralelo a esto, se incrementa el número de profesionales no socios, de una nueva generación, encargada de la realización de las labores institucionales. Se expresa entonces la tensión entre diferentes maneras de pertenecer a la institución, de comprenderla y vivirla, desde preguntas a la estructura y a las relaciones de poder, evidenciando la necesidad de crear estrategias de relevo generacional.

En el contexto de la ciudad y el país también se evidencian cambios en muchos sentidos. Una de las principales variaciones es el del rol del Estado en el campo social. Región nació en un contexto en donde el Estado lo eludía y lo endosaba a las fuerzas del mercado. Hoy eso se ha modificado y lo que tenemos es un Estado intervencionista que pone a circular gigantescas cantidades de recursos en programas sociales cuyo enfoque dista de una visión democrática; esto, por un lado, altera el papel de las organizaciones pues se encuentran con un Estado que las reduce al rol de contratistas; y además, cambia el sentido de las luchas sociales: cosa muy distinta es actuar en un contexto en el que la tarea central es presionar al Estado para que cumpla sus funciones sociales e invierta en lo social (problema de cobertura y reconocimiento de derechos) y otra, la de movilizarse por la calidad de los servicios o denunciar los clientelismos y la corrupción con la que se ejecutan enormes proyectos sociales con recursos públicos.

Otro de nuestros cambios significativos, es la manera de financiar la acción institucional. En los últimos años, Región no ha sido ajena a las modificaciones en la tendencia global de la Cooperación Internacional al Desarrollo, por la cual, tanto la pública como la privada, se han retirado paulatinamente de América Latina para concentrarse en otros continentes; han ido cerrando los marcos de la financiación programática para enfocarse en la realización de proyectos (asunto letal para las OSC pues, en lugar de financiar su actividad, las obliga a poner recursos de contrapartida), con plazos de ejecución cada vez más cortos y los fondos que quedan abiertos o disponibles, son altamente competidos. A lo anterior se suma que hoy las universidades, las agencias locales del sistema de Naciones Unidas, las fundaciones empresariales e incluso, plataformas de carácter internacional y grandes consorcios privados, han entrado a competir por esos mismos recursos, todas ellas con un respaldo financiero tal, que saca cualquier organización pequeña de la contienda. En la práctica, una parte importante de las políticas sociales, terminan diseñadas para ser ejecutadas por entidades que pertenecen a la órbita de los grandes capitales, esto es, concentradoras de riqueza en lugar de ser instrumentos de su redistribución, como deberían ser³.

Un estudio realizado por Innpactia+Civicus (2019) sobre acceso a recursos para las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en América Latina, muestra como las locales, deben competir con otros actores: en el 71% con el sector privado, en el 45,5% con entes estatales nacionales y en el 36% con organismos internacionales e intergubernamentales. El estudio también plantea que las OSC latinoamericanas tuvieron acceso exclusivo a solo el 2% de las convocatorias, equivalente a menos del 3% de los fondos totales. Se destaca además que el 5,5% de convocatorias de la muestra se ofreció con exclusividad a diversos actores del sector privado, como emprendimientos, empresas, agremiaciones y universidades privadas. De otro lado, se expone que solo el 4,5 % de las convocatorias y el 5,5 % de los fondos accesibles para las OSC estaban destinados a apoyar actividades de incidencia política y social que constituyen la razón de ser de la sociedad civil. En síntesis, el estudio evidencia que la mayoría de los recursos (94,5 %) se dispuso para financiar actividades de los que pueden considerarse proyectos tradicionales de desarrollo con una menor oportunidad de participación para las OSC.

Este tema de la financiación ha tenido variaciones importantes. En 2010 el volumen de recursos ejecutados por Región venía creciendo gradualmente hasta llegar a $5.000 millones de pesos. Sin embargo, también puede observarse que a partir del 2001, con cerca del 90% de los ingresos provenientes de la Cooperación Internacional, empezaba un proceso de decrecimiento sostenido, sustituido con ingresos del orden nacional.

En ese momento se pensó que esta tendencia iba a acentuarse, es decir que habría un retiro paulatino de la cooperación y un incremento de la contratación con el Estado. Sin embargo, los estados financieros de los últimos tres años (2016, 2017 y 2018) muestran que no ha sido así. Efectivamente se ha dado una salida de la cooperación internacional, lo cual se ve en contar con menos agencias financiadoras y una destinación de montos y tiempos menores de las que aún permanecen, pero no se ha dado, por lo menos para Región, un incremento en la contratación con el Estado. En 2016 los ingresos fueron de $2.3 mil millones, de los cuales el 65.7% correspondió a Cooperación Internacional y solo el 17.17% a entidades estatales. En 2018 el 89.94% fue de cooperación internacional y el 0.27% de contratos con el Estado.

El acceso a recursos del Estado presenta una dificultad insalvable para organizaciones como Región que, por principios ético-morales, se niegan a establecer relaciones poco trasparentes con los agentes estatales decisores sobre esos fondos. En no pocas ocasiones, al entrar en el cara-cara con servidores públicos, se encuentran exigencias abiertas, cínicas a veces, de coimas y porcentajes a cambio de la adjudicación de un proyecto. El acceso meritocrático o la pregonada abierta competencia por los recursos, termina cercenada por prácticas corruptas generalizadas.

En síntesis, los ingresos generales de la Institución han disminuido desde el 2010 y la cooperación internacional que cada vez es menor en el país, sigue siendo la principal fuente de financiación.

Finalmente, es necesario mencionar los cambios en la normatividad para el sector y sus efectos en el debilitamiento financiero de las OSC. Las reformas tributarias, Ley 1429/10; Ley 1607/12 y Ley 1819/16 y adicionalmente los decretos y resoluciones que periódicamente son emitidas por la DIAN y por otras instancias estatales, dificultan a las organizaciones sociales cumplir con la normatividad. El Estado colombiano con la excusa de prevenir la corrupción, ha implementado una política que, en lugar de promover y proteger el capital social de la sociedad, obstaculiza y hace a veces imposible la organización ciudadana.

Reconocemos la necesidad y la importancia del control estatal de la legalidad de las organizaciones. Es necesario reconocer que muchas OSC deben renovarse y fortalecer sus procesos administrativos; sin embargo, el paquete de medidas legislativas que el gobierno promueve no contribuye a este fortalecimiento, por el contrario, genera una gran presión para que sean más eficientes, efectivas y competitivas, desde una lógica financiera, que muchas veces desborda las posibilidades de las organizaciones. El análisis indica que en lugar de existir una legislación que fomente y fortalezca las OSC, se tienen una gran cantidad de normas y decretos que al final, afectan la sostenibilidad y desdibujan la razón de ser. Si se está de acuerdo con que el papel del Estado frente a la iniciativa empresarial privada es promoverla, protegerla y facilitar su creación y desenvolvimiento, una cosa similar debe decirse de la organización social y ciudadana. El capital social de un territorio es un bien público que el Estado debe proteger y no perseguir.

Ante este panorama fue necesario, en primer lugar, sumarse a acciones estratégicas del sector que permitieran garantizar la sostenibilidad social y política de las OSC, retomando su esencia en tanto bien público que debe ser protegido por el Estado y, el riesgo que significa para la sociedad y la democracia, la amenaza a su existencia. Esto ha implicado un trabajo articulado a través de redes y plataformas locales y nacionales, de promoción de acciones de gestión política para visibilizar y permitir comprender la labor y el aporte de las OSC al desarrollo del país, la necesidad de generar ambientes habilitantes para su trabajo y la urgencia de adoptar políticas públicas para su fortalecimiento. La tarea está en proceso, sin embargo, el entorno ha sido adverso y las posibilidades de actuación son cada vez más reducidas.

Paralelo a este trabajo sectorial, se identificó la necesidad de realizar cambios internos en lo que hasta el momento se tenía establecido como estrategia de gestión de recursos financieros, y que como ya se dijo, dependía en gran medida de la cooperación internacional. La búsqueda de alternativas de sostenibilidad económica llevó a la elaboración de una política interna que por primera vez proponía combinar tres estrategias para la gestión de recursos: 1) La oferta de servicios 2) La solidaridad a través de aportes económicos de personas naturales o jurídicas y 3) la concurrencia a convocatorias, la cual ha sido el mecanismo tradicional para la obtención de recursos.

Estos cambios en la estrategia de gestión representan un hito en la vida institucional, sobre todo por las preguntas que introducen la línea de oferta de servicios, en la cual se trata principalmente de incursionar en el campo de los servicios de desarrollo, convirtiendo la experiencia, el acumulado y el saber, en una oferta de interés para diversos públicos a los que hasta el momento no se había llegado. Está claro que hay que lograr la sostenibilidad económica, pero ¿con qué estrategias, con qué principios, con qué procedimientos? ¿Cuáles son las opciones para entrar al mercado, conservando la coherencia con las apuestas políticas y no simplemente dejándose absorber por los parámetros de la globalización neoliberal? (Ver Sierra, 2018) Estas preguntas continúan abiertas, y si bien se han debatido e identificado alternativas alrededor de un modelo de economía social y solidaria, aún no hay un acuerdo institucional al respecto.

Las diferentes estrategias identificadas en los últimos años se han venido poniendo en marcha y ciertamente van abriendo nuevos caminos. Pero aún no logran tener la fuerza necesaria para contrarrestar la fragilidad y la incertidumbre que caracteriza ya, de modo definitivo, este tiempo y este contexto.

Los retos actuales: un nuevo modelo de gestión que preserve la perspectiva ética y política

En el marco de los 30 años de vida institucional es justo decir que Región ha logrado consolidar un modelo de gestión coherente con su misión institucional, riguroso en el cumplimiento de la normatividad, transparente en el manejo de los recursos, flexible frente a los cambios del contexto y responsable con las demandas de destinatarios y financiadores. Un modelo que ha generado condiciones favorables para desarrollar su acción social. Sin embargo, la realidad social, económica y política que actualmente enfrentan las OSC, está mostrando que este modelo ya no es suficiente.

La premisa de que Región mantiene su vigencia, pero que debe introducir cambios sustanciales en su modelo de gestión, por el hecho de que se han modificado de manera rotunda, definitiva e irreversible, varios aspectos nodales de su entorno de actuación y, en especial, de su marco de financiamiento tradicional, requiere tomar forma en la cotidianidad de la organización. La transformación implica interpelar todos los procesos institucionales: los estratégicos, los misionales y los de apoyo y realizar cambios tanto en lo programático como en lo operativo, para adaptarnos a las nuevas circunstancias del contexto.

Tal vez lo más difícil del cambio ha sido resistirse a ser una organización que simplemente se acomoda a las demandas del mercado. El espíritu que nos ha acompañado desde siempre está directamente relacionado con el rol de actor social, y en medio de las vicisitudes ha sido claro que no tiene sentido mantenerse de cualquier manera para terminar convertidos en una estructura marginal sin agenda y sin voz. La transformación que buscamos debe combinar un nuevo modelo de gestión con las históricas apuestas éticas y políticas, de manera que continuemos siendo una institución reflexiva, independiente, critica, propositiva y transparente, y a la vez viable y sostenible financieramente.

Los principales activos de Región están en su prestigio como entidad que entrega productos y servicios de calidad, y en su Modelo de Acción. Estos recogen la experiencia, el conocimiento, las metodologías y las estrategias con los que durante 30 años hemos aportado al fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana, a la construcción de la paz y a la garantía de derechos. Con esta oferta de valor, un equipo de trabajo con amplia experiencia y reconocimiento, una estructura administrativa eficiente y confiable y la capacidad de actuar en ambientes adversos, enfrentamos los retos actuales. Se trata ahora de ser capaces de recoger las reflexiones de los últimos 9 años y tomar las decisiones necesarias para concretar las transformaciones internas requeridas, las cuales pasan por todos los procesos del modelo de gestión e incluyen la estructura social y operativa; decisiones sobre como alivianarla, renovar la base asociativa, delimitar la oferta y especializarse, incluir nuevos perfiles en el equipo, definir el modelo económico para responder a la demanda de servicios, modificar la composición de la Junta Directiva, entre otras, deben ser tomadas.

Para terminar, es importante recordar que los retos no son solo de Región, se trata de todo un sector que enfrenta la misma situación, por lo tanto es necesario desarrollar una acción colectiva entre las OSC para promover su fortalecimiento. La Corporación ha venido manifestando, en los espacios gremiales de los que participa, la necesidad urgente de dotarse de una agenda conjunta que posibilite acciones para promover el cuidado de las OSC como un bien público; incidir para que exista una legislación y una normatividad que ayuden a construir un ambiente habilitante para el trabajo que desarrollan las OSC⁴. Revisar y construir nuevos acuerdos con la cooperación internacional, el sector público y privado. Generar apoyos y apalancamientos para la innovación y la transformación, entre otros temas centrales y urgentes. En todas estas acciones Región está dispuesta a participar y asumir responsabilidades, con el mismo convencimiento de hace 30 años: Fortalecer la democracia requiere de organizaciones sociales fuertes, con capacidad para defender los bienes públicos.

Referencias bibliográficas

CIVICUS e Innpactia. (2019). Acceso a recursos para las organizaciones de la sociedad civil en américa latina. Datos y Retos. https://www.civicus.org/documents/reports-and-publications/civicus+innpactia-informe_sep-2.pdf

Corporación Región. Junta directiva. (2011). Cambiar nuestro modo de gestionarnos preservando nuestra perspectiva ética y política.

Corporación Región. (2014). Región Hoy: Senderos de Reinvención.

Fernández, Rubén (2005). Las Cinco razones por las que las que las ONG debemos rendir cuentas.

________________. (editor). (2010 y 2011). Mito y realidad de la Ayuda al Desarrollo, América Latina al 2009. México. Alop

________________ (2007). Hacer y Estar con otros, es también una manera de Ser. En: Revista Desde la Región. Medellín

________________ (2016). Ideas que deja un sobrevuelo por la planeación en Región. Medellín

Herrera, Luis Fernando. (2013). Reflexiones sobre el desarrollo institucional desde un enfoque de gestión por procesos. Medellín

Sierra, Juan. (2017). Elementos para una historia sobre el Modelo de Acción de la corporación Región. Medellín

Sierra, Juan. (2018). Propuesta de Formación Ciudadana para el Centro de Estudios Región. Resultados de consultoría. Medellín.

Palabras clave:

Gestión, sostenibilidad, organizaciones sociales, oferta de valor, sociedad civil.

Notas al pie:

^{1 Para la elaboración de este texto se retomaron diferentes documentos internos producidos por socios y socias y personas del equipo de trabajo de Región. De manera particular, planteamientos de los siguientes textos: Corporación Región, Junta Directiva, (2011). Herrera, (2013), Corporación Región, (2014). Sierra (2017).
2 Herrera, 2013.
3 Región fue parte de la coordinación de la red global de organizaciones The Reality of Aid (2006 a 2012). Allí se produjeron varios reportes sobre las tendencias de la cooperación. Ver: Mito y realidad de la Ayuda al Desarrollo, 2009, 2010. (Fernández, 2010 y 2011).
4 Región participó en la plataforma internacional para la evaluación de la eficacia de las Organizaciones de la Sociedad Civil como actores de desarrollo. Allí se desarrolló el concepto de “Ambiente habilitante”, como un cojunto de condiciones sociales, normativas y polítias, y como la posibilidad y el deber que tenían los Estados de crear entornos protectores de la organización social. Ver: https://www.csopartnership.org/cso-development-effectiveness}

Resumen

Las organizaciones sociales, como expresión de la sociedad civil organizada en Colombia, conforman una red extendida en todos los territorios del país. Su fortaleza se fundamenta en la diversidad, el conocimiento y la experticia para asumir realidades locales y regionales; también, en su contribución a concreción de los derechos y de la participación en los escenarios de incidencia de las políticas públicas que los garantizan. Sin embargo, se enfrentan permanentemente a situaciones y riesgos para permanecer en el tiempo, y continuar fortaleciendo su oferta de valor y su sostenibilidad técnica y financiera para actuar por derecho propio en el desarrollo.

Gestión y sostenibilidad de las organizaciones sociales: realidades, riesgos y retos.

Presentación

Las organizaciones sociales, como expresión de la sociedad civil organizada en Colombia, conforman una red extendida en todos los territorios del país. Su fortaleza se fundamenta en la diversidad, el conocimiento y la experticia para asumir realidades locales y regionales; también, en su contribución a concreción de los derechos y de la participación en los escenarios de incidencia de las políticas públicas que los garantizan. En las agendas internacionales de Desarrollo Sostenible¹ y de Efectividad de la Cooperación al Desarrollo², las OSC son reconocidas por su rol social y político como actor corresponsable del desarrollo.

Justamente, estas agendas globales, llaman a los gobiernos, a los organismos de cooperación y al sector empresarial, a asegurar a las OSC un ambiente habilitante y condiciones favorables para su acción³, lo cual se traduce en garantías para el ejercicio pleno de los derechos civiles y políticos que les permitan actuar permanentemente en las democracias. Pero aunque cuentan con este reconocimiento explícito, falta mayor compresión, por parte del sector público, empresarial y de la cooperación internacional, sobre su rol en la sociedad. Conocer y comprender las difíciles realidades que afrontan estas organizaciones, permitirá reconocer sus procesos, sus formas de trabajar, articularse y participar en lo público.

En este artículo compartiré las situaciones y los riesgos que enfrentan las OSC para permanecer en el tiempo, y una aproximación a lo que se entiende por sostenibilidad de las mismas, que indiscutiblemente pasa, por tener una oferta de valor construida colectivamente a lo largo de los años. Al final se plantean retos para que, mediante la acción colectiva, colaborativa y articulada, las organizaciones potencien sus roles y continúen fortaleciendo su oferta de valor y su sostenibilidad técnica y financiera para actuar por derecho propio en el desarrollo.

Realidades

La fuerza y el talante de las organizaciones sociales les ha permitido persistir y resistir a la estigmatización, la invisibilización, la deslegitimización de su accionar, su asimilación con el mercado y mucho más grave, amenazas, persecución y asesinato de lideresas y líderes sociales y defensores de derechos humanos. Por ello es prioritario reconocer su valor social en las comunidades y territorios; su experticia en la construcción de conocimientos y saberes aplicados e innovados; los aportes y contribuciones a temas tan relevantes para el país como la consolidación de la paz, el desarrollo, la igualdad de oportunidades, entre muchos otros. En síntesis, la trayectoria de las OSC muestra su capacidad de adaptación a contextos cambiantes para permanecer a lo largo del tiempo.

Ante estas condiciones impuestas por la realidad y los sistemas normativos, como la Reforma Tributaria⁴ y la Reforma a la Contratación Pública⁵, las organizaciones sociales colombianas siguen ahí, actuando en pro del desarrollo, convencidas de que la suma de sus acciones y esfuerzos, revertirá estas situaciones adversas y se logrará una re-significación de sus roles y contribuciones para hacer efectivos los derechos, bien sea porque aportan en su concreción o por que hacen seguimiento, monitoreo y denuncias y, continuarán asumiendo con entereza su tarea, a pesar de los riesgos que implica hacer visibles las problemáticas, las vulneraciones, las injusticias y las desigualdades.
El análisis acerca de cómo gestionar y hacer sostenible la acción de las organizaciones sociales, amerita revisar aspectos que en ocasiones, sobrepasan sus capacidades pues provienen de fuerzas y poderes políticos y económicos que arremeten contra las OSC desde miradas sesgadas, generalizaciones e imaginarios, causando daño a un número importante de organizaciones sociales legítimas que cumplen con todas las exigencias de ley.

En este contexto abordaré el análisis en dos ámbitos; el interno, que llamaré condiciones propias para la gestión y la acción de las organizaciones sociales, donde las reflexiones giran en torno a:
i. La oferta de valor que se tiene y que hace sostenible a la organización. ¿Para qué y para quién ser sostenible?
ii. El valor generado, la innovación social frente a lo que se hace. ¿Cómo se relaciona, articula y se crea valor colaborativo con otras organizaciones pares?
iii. La participación efectiva, la incidencia en el ciclo de las políticas públicas.
iv. La acción solidaria, como un aporte al sector social en el fortalecimiento de lo asociativo, de lo colectivo.

Reconocer el estado real de las condiciones propias y necesarias para la gestión y la acción, es una decisión autónoma y voluntaria de los órganos de gobierno interno para re-valorar su rol en la comunidad, en el territorio, y en los escenarios sociales, políticos, culturales y ambientales donde hacen efectiva su oferta de valor.

En el ámbito externo, el cual debe propiciar un ambiente habilitante o favorable para la acción libre, autónoma, basada en derechos y responsabilidades de las organizaciones, es necesario reflexionar sobre:

i. La confianza en la acción que gestionan las organizaciones, en la acción colaborativa y articulada con sus pares y con los otros actores del desarrollo.
ii. Las normas y regulaciones legales, de promoción y fomento, fiscales, y de inspección, vigilancia y control para que reconozcan la diversidad de las entidades sin ánimo de lucro; les brinden igualdad de condiciones, por ejemplo en el acceso a recursos públicos; y promuevan procesos de fortalecimiento pertinentes y oportunos adelantados por pares.
iii. La valoración y visibilización de los aportes sociales, laborales y fiscales, que las organizaciones hacen al desarrollo.
iv. Un mayor entendimiento y comprensión del sector empresarial, cooperativo, académico, y de otros actores como gobiernos y comunidad internacional, sobre el rol social, político y de desarrollo de las OSC.

Trascender la concepción tradicional, que ve a las organizaciones sociales como instancias de ayuda, caridad o asistencia, y como operadoras o ejecutoras de recursos y programas que generan relaciones verticales, de subordinación y dependencia, es una obligación tanto de los gobiernos que deben garantizar el Estado Social de Derecho como de los actores privados y especialmente, de la cooperación internacional.

Los dos ámbitos (interno y externo) plantean formas y alternativas para la sostenibilidad del ser: lo misional, la vocación social; y el saber hacer: la oferta de valor de las organizaciones, para contar con narrativas renovadas de la acción que realizan, para reposicionar y reivindicar su buen nombre, y muy especialmente, para invitar a creer y confiar en su acción y en sus contribuciones.

Con esta perspectiva, la Confederación Colombiana de ONG – CCONG, en colaboración con las organizaciones nacionales, las federaciones y los nodos territoriales de ONG, se propusieron valorar y fortalecer la oferta de valor, entendida como el conjunto de conocimientos, modelos de trabajo, metodologías y pedagogías que han desarrollado y aplicado a lo largo del tiempo y cuya pertinencia radica en la generación de valor, desde una acción basada en derechos, transformadora de realidades, creadora de competencias sociales y ciudadanas, que aporta al cumplimiento de agendas globales e incorpora en su acción, los ocho principios de la eficacia de las OSC al desarrollo⁶. Esta oferta de valor se diferencia de la de otros actores porque adopta prácticas de auto-regulación, transparencia y rendición social pública de cuentas; promueve la innovación social, el trabajo en red, la construcción de nuevo conocimiento, y es relevante, al propiciar con su acción, el diálogo político y aportar al diseño de políticas públicas, incidir en escenarios de participación y hacer monitoreo y control social.

La oferta de valor con la cual las organizaciones logran cambios y transformaciones sociales, es la mejor alternativa para garantizar, en la actualidad, su sostenibilidad y su permanencia en el tiempo. Iniciativas como el sistema de acreditación de las OSC⁷ y los ejercicios de rendición social pública de cuentas⁸ han permitido fortalecer la autonomía, la articulación y la incidencia, a partir de la legitimidad que les da su saber – hacer. Al respecto, Marín y Millares (2017) corroboraron la pertinencia de entender la sostenibilidad a partir de valorar la acción de las organizaciones; en su estudio de caso en cuatro países encontraron que:

“…la oferta de valor de las OSC les ha permitido ser exitosas (en términos procedimentales o sustanciales). Ello les garantiza lograr recursos de donantes, credibilidad entre los socios y legitimidad democrática” [...] la oferta de valor de cada una de las OSC latinoamericanas no es homogénea. Siempre dependerá́ de sus propias prácticas y de las temáticas en las que esté involucrada. Incluso, puede decirse que hay prácticas y metodologías que son usadas de manera reiterada porque son exitosas, pero siempre requieren ajustes locales que hacen parte del proceso de apropiación del nuevo conocimiento” (p. 196).

Lo anterior implica que las organizaciones revisen, tanto los elementos esenciales para la sostenibilidad, desde el ser y el saber hacer, como la legitimidad, el valor, la diferenciación y la relevancia de su acción.

Riesgos

En consecuencia, los riesgos que enfrentan y que afectan la sostenibilidad y permanencia en el tiempo, exigen un compromiso por parte del sector como colectivo y muy especialmente, del gobierno nacional y los gobiernos territoriales para contrarrestarlos y garantizar oportunidades en igualdad de condiciones para todos los actores del desarrollo. Estos riesgos son:

1. Hay pocas garantías para el ejercicio pleno de derechos civiles y políticos de las organizaciones sociales. El Monitor adelantado anualmente por Civicus⁹ es una herramienta para hacer seguimiento al estado de la sociedad civil y las libertades cívicas, (derecho a la vida, a la asociación, a la participación, al control social, a la denuncia) en 196 países y los clasifica en cerrado, reprimido, obstruido, estrecho y abierto, de acuerdo con las realidades del espacio cívico. Según el Monitor, el espacio cívico en Colombia está significativamente limitado; por lo tanto, su categoría es “reprimido”. La descripción del mismo indica que:

“las personas activas y los miembros de la sociedad civil que critican a los titulares de poder corren el riesgo de vigilancia, acoso, intimidación, encarcelamiento, lesiones y muerte. Si bien existen algunas organizaciones de la sociedad civil, su trabajo de defensa se ve obstaculizado regularmente y enfrentan amenazas de cancelación del registro y cierre por parte de las autoridades. Las personas que organizan o participan en protestas pacíficas probablemente sean blanco de las autoridades mediante el uso de fuerza excesiva, incluido el uso de munición real, y corren el riesgo de arrestos y detenciones masivas. Los medios de comunicación generalmente reflejan la posición del estado, y cualquier voz independiente es objeto de ataques rutinarios, ataques físicos o acoso legal prolongado. Los sitios web y las plataformas de redes sociales están bloqueados y el activismo en Internet está muy controlado”¹⁰.

2. El Marco Normativo desconoce la acción de las organizaciones sociales. Los datos demuestran que la reforma tributaria de 2016 desconoció las realidades de las organizaciones sociales y destruyó su capital social, especialmente en los territorios. Según información entregada a la CCONG, por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), a 31 de diciembre de 2017 estaban obligadas a presentar solicitud de permanencia en el régimen tributario especial, 170.100 ESAL (Entidades Sin Ánimo de Lucro) y tan solo 27.596 lo hicieron antes del 21 de mayo de 2018; fecha límite establecida en el Decreto 2150 de 2017.

Ese mismo decreto estableció la obligación de actualizar anualmente el registro web para continuar en el régimen tributario especial, a partir del año 2019. Al indagar por el número de ESAL, que debían cumplir con este proceso durante los primeros tres meses de 2019, incluidas las cooperativas, se informó que 50.779 organizaciones tenían que hacer el respectivo trámite, y que vencido el plazo, tan solo 18.950 habían realizado el proceso para continuar en el régimen tributario especial en el año.

Bien vale la pena preguntar ¿la reforma tributaria contribuyó a disminuir la corrupción?, pues ese fue el argumento que de manera irresponsable, el gobierno de turno esgrimió, endilgando este calificativo a las organizaciones sociales.

En cuanto a la reforma del reglamento de contratación entre entidades estatales y ESAL, y considerando la medida cautelar del Consejo de Estado¹¹, se observa que, a juicio del máximo tribunal administrativo, el ejecutivo pudo haber extralimitado sus funciones e incurrido en inconstitucionalidad e ilegalidad. Esta decisión también, deja claro que la contratación con ESAL, a que se refiere el articulo 355 de la Constitución de 1991, tiene un régimen jurídico especial y no pueden aplicarse normas del Estatuto de Contratación Estatal.

3. Las organizaciones sociales enfrentan desventajas para acceder a recursos públicos frente a actores como la cooperación internacional. Un monitoreo social realizado por la CCONG a los procesos de contratación de los recursos públicos del Plan Nacional de Desarrollo - PND 2014-2018¹², con la Delegación de la Unión Europa, el Sistema de Naciones Unidas (8 Agencias) y la Agencia de Cooperación Alemana – GIZ, encontró los montos totales de la contratación, como se muestra en el cuadro 1.

Durante el período de análisis se hallaron 65 convenios suscritos con Organismos de Cooperación por un monto superior a los $118 millones de dólares, que corresponden a recursos públicos del PND. Se observa que no todos cumplen con el mandato de aportar el 50% de contrapartida como lo establece la norma, lo cual es una desventaja para las organizaciones sociales que deben aportar en contrapartida el 30% en dinero¹³, cuando no se someten a proceso competitivo (contratación directa). A los recursos públicos manejados por organismos de cooperación se les aplica el fuero de inviolabilidad de bienes, haberes y archivos, lo cual los sustrae del régimen de deberes y obligaciones en relación con la presentación de informes, supervisión y vigilancia, así como del régimen sancionatorio y de control fiscal solo por su calidad de organismo internacional.

Así mismo, se les otorgan exenciones que la contratación pública prohíbe para las ESAL, como por ejemplo, la subcontratación, la no exigencia del principio de anualidad presupuestal¹⁴, de rendición de cuentas públicas y el derecho de acceso a la información pública¹⁵, ni lo relacionado con la Ley del Estatuto Anticorrupción¹⁶, frente a las organizaciones privadas que ejecutan recursos públicos.

Estos privilegios se convierten en desventajas para que las organizaciones sociales accedan a los recursos públicos en igualdad de condiciones. Por lo tanto vale la pena preguntar ¿son legítimas las responsabilidades del cumplimiento de las metas de las políticas y programas del PND en manos de los Organismos de Cooperación es legítimo?

Retos

Afrontar la sostenibilidad de las organizaciones implica renovarnos de cara a los siguientes desafíos el continuo intento de equiparar al sector social y al sector con ánimo de lucro, y ii) el afán de convertir el rol de desarrollo, social y político propio de la oferta de valor de las OSC, en una acción meramente mercantil. Lo anterior promueve la idea falsa de que la sostenibilidad de las organizaciones sociales depende del desarrollo de actividades económicas, lo que desvirtúa su valor social, su vocación y su identidad propia.

Un estudio reciente sobre de la “Financiación de organizaciones y redes de la sociedad civil¹⁷” señala que: “La Ayuda Oficial al Desarrollo […] se encuentra en claro retroceso […] Su espacio está siendo ocupado por una amplia variedad de nuevos actores filántropos y mecanismos innovadores de financiación procedentes de contextos muy distintos.”

El estudio recomienda que “Para que la sociedad civil pueda prosperar, los donantes deben desarrollar nuevos sistemas y modalidades de financiación colaborativa y adaptada a cada contexto, a partir de las buenas prácticas”. Por tanto, las alternativas para sostener la oferta de valor de las organizaciones pasa por: reconocer la diversidad de actores que están en los territorios; trascender y establecer nuevas relaciones y articulaciones con el sector público, el empresariado y la cooperación internacional; avanzar hacia acciones colaborativas con las organizaciones sociales, en las que prime la confianza y se valoren sus diversos aportes técnicos, políticos y financieros; se requiere también, renovar las relaciones de solidaridad y no competencia entre las mismas OSC, movimientos sociales y demás actores del tercer sector. El fortalecimiento está en la “juntanza”, en el compartir encuentros, convergencias, propósitos e intereses superiores, lejos del individualismo y la acción aislada; la suma de conocimientos, saberes y acumulados pedagógicos, es potente para transformar la realidad y generar cambios sostenibles.

Por último, la sostenibilidad requiere con urgencia, reconstruir la narrativa sobre el rol de los actores sociales a partir de: Reconocer su aporte social, político y de desarrollo; revindicar su buen nombre y generar opinión entre la ciudadanía para reposicionar la acción y la incidencia de las OSC en los territorios; favorecer ambientes que garanticen los derechos civiles y políticos de las organizaciones y difundir por diferentes medios lo que hacen, lo que son, y lo que aportan a públicos estratégicos, desde la convergencia de propósitos, medios y tecnologías.

Referencias bibliográficas

Confederación Colombiana de ONG – CCONG. (2016). Lo que hay que saber de las Entidades sin Ánimo de Lucro. Consultar en este enlace. 

Confederación Colombiana de ONG – CCONG. (2016). ¿Estamos listas para la Agenda de Desarrollo Sostenible? Oferta de valor 2014-2015. Consultar en este enlace. 

Confederación Colombiana de ONG – CCONG. (2018). Documento resumen Monitoreo Social: “El rol de la cooperación internacional en Colombia: su acción actual, un tema para reconsiderar”. Consultar en este enlace. 

INNPACTIA - CIVICUS. (2019). Informe sobre acceso a recursos para las Organizaciones de la Sociedad Civil en América Latina. Datos y retos. Consultar en este enlace. 

FORUS. (2019). Financiación de organizaciones y redes de la sociedad civil. Estrategias potenciales para la financiación del Desarrollo en el siglo XXI, informe de investigación – mayo de 2019. Consultar en este enlace.

GPDEC. (2016). Documento Final de Nairobi con motivo de la segunda reunión de Alto Nivel de la Alianza Global sobre Eficacia de la Cooperación al Desarrollo. Consultar en este enlace.

INNPACTIA - CIVICUS. (2019). Informe sobre acceso a recursos para las Organizaciones de la Sociedad Civil en América Latina. Datos y retos. Consultar en este enlace.

Marín Aranguren, E. M. y Millares Abella, N. (2017). Las organizaciones de la sociedad civil latinoamericana y su oferta de valor. Estudio de caso: México, Brasil, Colombia y Argentina. OASIS (25): 187-221.
DOI: https://doi.org/10.18601/16577558.n25.11

Mesa de Articulación de Plataformas Nacionales y Redes Regionales de América Latina y el Caribe. (2014). Estudio regional sobre mecanismos de financiación de las organizaciones de la sociedad civil en América Latina. Consultar en este enlace.

Palabras clave:

Gestión, sostenibilidad, organizaciones sociales, oferta de valor, sociedad civil.

Notas al pie:

^{1 Consultar en este enlace.
2 Consultar en este enlace.
3 Consultar en este enlace.
4 Ley 1819 de 2016
5 Decreto 092 de 2017
6 Consultar los Principios de Eficacia de las OSC al Desarrollo en este enlace.
7 Consultar en este enlace. 
8 Consultar en este enlace. 
9 Consular en este enlace. 
10 Consultar en este enlace.
11 La medida cautelar consiste en la suspensión provisional del inciso segundo del artículo 1; los literales a y c y el inciso quinto del artículo 2, el inciso segundo del artículo 3 y el inciso final del artículo 4 del Decreto 092 de 2017. Consultar en este enlace.
12 Consultar en este enlace.
13 Decreto 092 de 2017. Ver la Guía de Colombia Compra Eficiente.
14 Esto de acuerdo con el concepto de la Contraloría del año 2002: “los recursos del Presupuesto General de la Nación que se ejecutan a través de la celebración de contratos con Organismos de Cooperación Internacional, como es el caso del PNUD, no están sujetos al principio de la anualidad presupuestal y por esta razón solo en el momento en que expira el plazo para el cumplimiento del objeto contractual se debe proceder a su liquidación para establecer el monto de las obligaciones a cargo de las partes. Si resultan saldos no ejecutados serán reintegrados a la Dirección General del Tesoro”
15 Ley 1712 de 2014.
16 Ley 1474 de 2011.
17 Consultar en este enlace.}

Resumen

La Corporación Región es una inteligencia colectiva que desde la sociedad civil contribuye a la construcción de lo público y de ciudadanías críticas pensando la ciudad, los territorios, los sujetos con los que interactúa y pensándose a sí misma. El resultado de ese pensar es el conocimiento que la Corporación produce para orientar su propia acción y contribuir a orientar la acción de otros.

Gestión de conocimiento en las organizaciones de la sociedad civil
Reflexiones desde la Corporación Región

La celebración de los 30 años de existencia de la Corporación Región, es una oportunidad para compartir algunas reflexiones que he sistematizado sobre la gestión del conocimiento, en estos 26 años de pertenencia², como directivo, socio y consultor.

1. Construcción de la sociedad y gestión del conocimiento

Región es un actor de la sociedad civil, una inteligencia colectiva, con independencia y proyecto político propio. Con sus acciones contribuye a la formación de una ciudadanía comprometida con la construcción de la paz, aporta al fortalecimiento de la democracia, a la garantía plena de derechos, a la equidad de género y a la defensa de lo público. La Corporación piensa la ciudad, los territorios, los sujetos con los que interactúa y se piensa a sí misma, desde actitudes y sentimientos favorables a la pregunta, la indagación, la información, la reflexión y el debate, alrededor de los asuntos que se definen como claves y estratégicos.

El resultado de este ejercicio sistemático de pensar y pensarse, es la comprensión y la producción del conocimiento que encauza su acción, y contribuye a orientar su incidencia y la de otros actores sociales y políticos, en el Estado, en las organizaciones y en la ciudadanía para construir propuestas de solución, en aspectos micro y en las políticas públicas del nivel local, regional y nacional.

Esta gestión del conocimiento, propia de un actor social y político reflexivo, al ser producido, circulado, recogido y aplicado, se constituye en parte del capital social y cultural de la sociedad civil y de las ciudadanías críticas. Es un aporte sustantivo a la democracia, a la participación consciente y crítica que confronta la adhesión a consignas, a mentiras y verdades a medias, propagadas desde las intenciones comunicativas de fanatismos como el de la postverdad.

2. El conocimiento producido

Cinco grandes rasgos resumen las características centrales de este conocimiento (Corporación Región, 2017):

a. Políticamente pertinente. Es un conocimiento situado, es decir, adecuado y oportuno para el contexto histórico, la población y los territorios a los que se articula el proyecto institucional. Se produce en y para la acción social y política en un mundo globalizado, desde la sociedad civil en una perspectiva proactiva y propositiva. Sus objetivos estratégicos se ubican en la comprensión de la sociedad y la formulación de propuestas que contribuyan a que “otro mundo sea posible”, y a lograr una sociedad justa, democrática y en paz, como indica su visión. Este conocimiento que favorece a los grupos vulnerables y es transversal a las otras líneas de acción de Región: la formación, la deliberación pública, la comunicación, la intervención en la construcción de políticas públicas y su apuesta por la interacción y articulación, refuerzan la estrategia de gestión del conocimiento.

b. Éticamente coherente. No es un conocimiento neutral, está atravesado por el ideal ético y los valores que nos animan: cuidado, consideración, responsabilidad y reconocimiento de la dignidad humana y de los derechos humanos; y al mismo tiempo garantiza la integridad del proceso de producción, el respeto a sus participantes y procura una acción sin daño.

c. Epistemológicamente crítico. Es un conocimiento crítico enmarcado en un paradigma de las ciencias sociales nombrado por Boaventura de Souza Santos como “epistemología del Sur” (Santos, 2009) que involucra enfoques como el socio-critico, el poscolonial, el hermenéutico y el de la complejidad.

d. Validado por la academia y construido colectivamente. Este conocimiento es riguroso, legitimado en los ámbitos del saber académico. Se entabla un diálogo fluido con las dinámicas sociales y políticas a las que pretendemos aportar y su producción es colectiva en las diversas formas del intercambio de saberes con la ciudadanía, representada en organizaciones y personas participes de su accionar y otros actores sociales y organizaciones de la sociedad civil y la academia, universidades y centros de investigación. El trabajo investigativo realizado en el marco de proyectos colectivos en redes y alianzas, es un rasgo característico de esta producción intelectual.

e. Conocido, utilizado, de calidad y sostenible. El concepto de gestión de conocimiento es una opción consciente: se difunde y divulga lo elaborado para que sea ampliamente conocido y utilizado por la Corporación y por otros actores de la sociedad y se procuran las condiciones para que dicha producción, cumpla con los estándares institucionales y cuente con los recursos y condiciones para su sostenibilidad en el tiempo.

3. Temas de conocimiento

Cuatro grandes asuntos han sido campos de trabajo de Corporación Región (Sierra, 2018):

a. La transformación de la educación y de la escuela, en lo relativo a mejorar la calidad, garantizar el derecho a la educación y, la convivencia, la paz y la democracia en la escuela.

b. Los Derechos Humanos, las violencias y la construcción de la paz en cuestiones como: formación; construcción de la paz territorial; compresión de las violencias, el miedo y la criminalidad urbanas; mediación de conflictos, justicia comunitaria, la memoria del conflicto armado, derechos de las víctimas, desplazamiento forzado y migraciones.

c. El ejercicio de la ciudadanía en la gestión de la ciudad en: planeación y desarrollo local, presupuesto participativo, control y veeduría ciudadana, participación ciudadana en la construcción de políticas públicas, organización y participación juvenil, políticas urbanas y derecho a la ciudad; políticas sociales, desigualdad, exclusión y pobreza urbana; entre otros.

d. La gestión estratégica de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Aunque no haya una mirada analítica de conjunto, la gestión en la Corporación ha sido sistemáticamente pensada. Cabe destacar el ejercicio constante de elaboración de planes estratégicos a tres o cuatro años acompañados de seguimiento y evaluación de prácticas específicas. Existe una conceptualización sobre el modelo de acción de Región que fundamenta teóricamente las distintas labores que se realizan. Hay un conjunto de políticas que recogen el conocimiento y orientan el accionar en materia de sostenibilidad y gestión administrativa y financiera, no ha sido poca la reflexión que ha desarrollado la Corporación sobre si misma y sobre las organizaciones de la sociedad civil a lo largo de su historia, especialmente en momentos críticos.

4. Producción, Circulación, Apropiación y Uso del conocimiento

Seis han sido las grandes formas de creación de conocimiento:

a. La investigación. Concebida como indagación metódica y sistemática de un tema con el fin de generar nuevo conocimiento. Desde sus inicios lo hemos hecho con rigor académico al punto de convertirnos en un Centro de investigación reconocido por Colciencias y hacer parte de organismos internacionales de ciencias sociales como Clacso. (Corporación Región, 2017)

b. La sistematización. Ha sido una práctica de reflexión minuciosa sobre las experiencias y procesos, orientada a la construcción de aprendizajes y a la producción de nuevo conocimiento. Aunque no hay una política institucional en la materia, contamos con decenas de ejercicios de sistematización de proyectos realizados desde los años 90. Algunos son tesis de grado, otros contratados por programas gubernamentales, o incluidos en los proyectos financiados por agencias de cooperación internacional, y también, en el marco de alianzas interinstitucionales. En estos esfuerzos se han aplicado diversos enfoques y metodologías desde la mirada de la sistematización como “reflexión crítica sobre la práctica” (Jara, 1998).

c. La ensayística. Es la construcción de un texto que explora, analiza, interpreta o evalúa temas. Región ha producido centenares de documentos, ponencias, artículos de revista, editoriales materiales para la discusión interna, informes de consultorías, libros, capítulos de libros, folletos, que expresan reflexiones y opiniones en los diversos asuntos del quehacer institucional.

d. La producción de herramientas pedagógicas. En muchos proyectos se cuenta con elementos didácticos para el uso directo de agentes y asistentes. La construcción de materiales, en algunos casos publicados como libros, folletos o cartillas, sirven de guías conceptuales y metodológicas y aportan a facilitadores y participantes en el desarrollo de las propuestas pedagógicas. Los diseños didácticos implican una reflexión y un conocimiento no siempre explícito; hay algunos textos que buscan sistematizar las claves pedagógicas con las cuales viene trabajando la Corporación (Corporación Región, 2009).

e. La elaboración de propuestas y proyectos. Sola y en el marco de redes y alianzas, Región ha generado documentos dirigidos a la realización de acciones puntuales, programas complejos y de incidencia en políticas públicas de diverso orden territorial y temático. Los conceptos y propuestas prácticas contienen implícito o explicito, el valioso acerbo conceptual propio.

f. Las piezas comunicativas. La construcción de estas herramientas cuyo objetivo es llevar mensajes a la sociedad de manera clara y efectiva, promover campañas, generar opinión, reforzar el trabajo de los proyectos etc., implica un ejercicio intelectual y creativo significativo cuya complejidad se expresa, en las discusiones que atraviesan al Comité Editorial y a los equipos de comunicación que han asumido esta tarea en la Corporación desde sus inicios.

Este conocimiento se ha puesto en circulación a través de:

a. Publicaciones físicas: libros, series como Palabras Más, Pensamientos, la revista Desde la Región y, folletos pedagógicos, entre otros.

b. Publicaciones virtuales: la página web (www.region.org.co) y la presencia en redes sociales como Facebook y twitter, que son las más destacadas.

c. Son incontables las ponencias, socializaciones, artículos de revista y documentos no publicados que circulan en discusiones internas, foros y seminarios, y las tesis de grado elaboradas teniendo como referencia distintas prácticas de la Corporación.

d. Hoy, en proceso de ser ordenado y sistematizado, reposa nuestro archivo documental en la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Además de las publicaciones escritas hay centenares de piezas audiovisuales que también, recogen parte de la producción de conocimiento de la organización.

e. Política y Comité Editorial. Este lineamiento y esta instancia, existen y operan con la tarea de: orientar, proponer, velar, proteger y cualificar lo que se dice públicamente y cómo se dice, tanto en los textos como en las piezas visuales y audio– visual que se divulgan. Desde siempre en Región ha existido previsión y especial cuidado por la claridad en la trasmisión de las comunicaciones y mensajes.

El conocimiento producido y el esfuerzo invertido, han sido valiosos para la comprensión calificada de los problemas, insumo importante para el debate público, y aporte a la construcción de políticas públicas y a la formulación de proyectos. El bagaje conceptual y metodológico se ha incorporado en los proyectos institucionales, sus objetivos, narrativas, estrategias y ejecuciones.

5. Dificultades en la producción de conocimiento

Las principales limitaciones experimentadas en esta labor han sido:

a. Precariedad de recursos para la investigación. Esta actividad para que pueda ser sistemática y de calidad, requiere la dedicación de al menos, un equipo de trabajo que desarrolle proyectos investigativos (no es suficiente con que personas que hacen intervención social, investiguen), y condiciones locativas y técnicas (equipos, herramientas, software) pertinentes para esta labor. La financiación de estos proyectos ha contado con recursos nacionales, provenientes de entidades como Colciencias o el Centro Nacional de Memoria Histórica y de entidades de cooperación internacional como el IDRC de Canadá o CLACSO. La reducción y la competencia por los recursos de estas fuentes, ha limitado las posibilidades de la investigación en Región y en organizaciones similares.

b. Dispersión o ausencia de un lugar para la investigación en la estructura organizativa. No hemos contado, a lo largo de la historia con un espacio único para esta labor: fue Programa³ de investigación desde sus inicios hasta mediados de la década del 2.000, finalizando la década del 2.000 y hasta mediados de esta década existió el “área de investigación" cuyo propósito era hacer una reflexión más sistemática sobre la actividad. Pero aunque estaban “el programa y el área” también, ha existido una comisión de investigación conformada por integrantes de la Corporación, investigadores y algunas personas invitadas desde la academia, además, siempre se han adelantado investigaciones ligadas a los diversos programas. Si fuese un espacio especializado agruparía la investigación en él, su ausencia dispersa la actividad, y arriesga a que se pierda la sistematicidad de la reflexión.

c. La calificación profesional. A los equipos de investigación se les exige cada vez mayor cualificación, lo que implica contar con profesionales con doctorados y maestrías, pero dada la limitación de recursos para la investigación, se dificulta contratar personas con estos perfiles que acepten salarios no acordes a sus expectativas. Y para quienes ya investigan sin los títulos exigidos, las condiciones de acceso a estas calificaciones son precarias.

d. Hay más saber que conocimiento sistematizado. La reflexión sobre la práctica, aunque creciente, ha sido un ejercicio irregular. Siempre hay conocimiento incorporado a las acciones, pero no siempre ese conocimiento es reconocido, explicitado y recreado por la reflexión sobre la práctica. En muchos casos la información de los proyectos se recoge en informes narrativos sobre la práctica, pero no en un análisis crítico de la misma. Uno de los efectos de esta dificultad, es que mucha parte del conocimiento que se pone en juego en las prácticas, está más en la cabeza de los profesionales que sistematizado en textos académicos o pedagógicos. Hay un “saber hacer” de Región de una gran riqueza pero débil en sistematización, lo que hace más dispendiosa la construcción de nuevas propuestas y productos para ofrecer a otros actores de la sociedad.

6. Retos del presente y futuro próximo para la producción de conocimiento

Son desafíos complejos y diversos:

a. La construcción de autonomía económica. Esto significa contar con recursos para hacer investigación sobre los temas centrales para la Corporación, en un contexto nacional que restringe los rubros para esta actividad y las fuentes internacionales no son de fácil acceso.

b. Producir conocimiento desde y en medio del activismo social y político. Organizaciones de la sociedad civil como la nuestra no se pueden dedicar principalmente a producir conocimiento ya que tienen una gran responsabilidad en la intervención social y política, pero no pueden descuidar esta labor porque es el sustento y fundamento de su acción. Mantener el equilibrio supone una gestión permanente de la tensión entre estas dos fuerzas lo que implica creatividad, inteligencia y tiempo.

c. Construir ciudadanías críticas y democracia en medio de la globalización neoliberal. La crisis de la democracia liberal (Castells, 2018), los procesos masivos de identificación alrededor del consumo, los neoconservadurismos éticos y culturales, los virajes a la derecha de muchos sectores de la sociedad y, la difícil y desafiante construcción de una paz sostenible y duradera en Colombia.

d. La articulación de saberes múltiples. La construcción de una ecología de saberes (Santos, 2009) que reconozca los saberes ancestrales, el saber del sentido común, el saber proveniente de las prácticas y que permita conectarlos con la producción científica, académica, artística, espiritual y filosófica; así mismo hacer el cruce y vincularlos, dándole un lugar destacado a la sabiduría en el mundo del conocimiento, y permitiendo nuevas formas de interacción entre teoría y práctica. Todo ello es posible sólo en el marco de una visión más compleja de la realidad, en la perspectiva propuesta por Edgar Morín, entre otros.

e. Relacionar los distintos componentes de la gestión del conocimiento, en especial un mejor uso y apropiación del conocimiento producido, en la acción social y política de estas organizaciones y de aquellas a las cuales este conocimiento resulta útil.

f. Constituir alianzas estratégicas o uniones temporales con otras organizaciones para ejecutar proyectos específicos en el ámbito regional, nacional e internacional, desde procesos más colectivos de producción de conocimiento interinstitucionales e interdisciplinarios.

g. Aportar al cierre de la brecha cognitiva en la sociedad del conocimiento. La desigualdad económica y de poder se soportan en dichas brechas cognitivas, para cerrar unas hay que cerrar las otras. Poner el debate público sobre el tema y su relación con el derecho a la educación y a la información es parte de nuestra tarea.

Referencias bibliográficas

Castells, Manuel. (2018). Conferencia: La crisis global de la democracia liberal. Disponible en este enlace. Octubre 15 de 2018

Corporación Región, Área de pedagogía. (2009). Serie Palabras Más N° 12. Medellin, Corporación Región.

Corporación Región. (2017). Política de investigación. Documento para discusión interna.

Santos, Boaventura. (2009). Una epistemología del sur. México, S XXI – Clacso

Jara, Oscar. (1998). Para sistematizar experiencias. Costa Rica, Alforja

Sierra, Juan Fernando. (2018). Propuesta de formación ciudadana para el Centro de Estudios Región. Resultados de Consultoría. (Documento interno).

Palabras clave:

Gestión, conocimiento, organizaciones sociales, sociedad civil.

Notas al pie:

^{1 Subdirector de Corporación Región de 1994 a 1997, socio desde 1996, integrante de la Junta Directiva en diversos periodos y consultor en gestión de la organización.
2 Durante la formulación de una “Propuesta de formación ciudadana para el Centro de Estudios Región” (2018) hice una revisión exhaustiva de las publicaciones y proyectos realizados desde su fundación; aparecerá citada como (Sierra, 2018).
3 Definido asì en su momento: “Unidad operativa que agrupa proyectos afines en relación a un tema o a una estrategia de acción como la investigación”.}

Resumen

¿Cuáles han sido los principales debates y discusiones que se han dado y se dan hoy frente a la violencia en la sociedad – y en particular en Medellín y Antioquia - durante estas tres décadas?, ¿cuál ha sido el rol de las organizaciones sociales frente a estas problemáticas y debates? Para responder estas preguntas será necesario aproximarse al por qué para analizar cómo la sociedad (local) ha evolucionado durante estas tres décadas, es fundamental tomar en cuenta los debates y problemáticas sugeridas en ellas por las organizaciones sociales, sin solo limitarse a analizar planes de desarrollo y programas de gobierno.

Violencia y paz: el eje central de cuatro décadas de debate en sociedad

Introducción

En este ensayo presento algunos insumos para la reflexión en torno a dos preguntas ambiciosas pero inspiradoras, que ameritan sin duda, un tratamiento más elaborado e histórico del que ofrezco acá: ¿Cuáles son los principales debates que se han dado sobre la violencia, en la sociedad, durante las últimas décadas? Y ¿cuál ha sido el rol de las organizaciones sociales en ellos y frente a la problemática de la violencia en general?

Contrario a la creencia de que en Colombia la violencia fue siempre la misma, en las últimas décadas han sido grandes sus transformaciones y es evidente que el contenido, el tono y la participación de las organizaciones sociales en los debates sobre la problemática, también han cambiado. Esto no excluye algunas continuidades: Primero, el binomio violencia-paz siempre ha sido el eje central de las reflexiones en las organizaciones sociales durante estas décadas, y en general (pero no siempre) a partir de una preocupación ética - política para superar la violencia y pacificar la sociedad. El corazón del debate ha sido más cómo alcanzar la paz, y menos en que consiste ella, ya que mientras algunos aspiran a cero homicidios, otros tienen exigencias mayores (inclusión, equidad, reformas políticas). Segundo, la coyuntura política y las tragedias diarias (masacres, magnicidios, líderes sociales asesinados) marcaron las discusiones, dificultando casi siempre ver el bosque a través de los árboles, en particular en los momentos más agudos de la violencia, cuando el país vivía pegado al radio y al televisor. Tercero, la violencia no se analiza en los mismos términos en el mundo político, académico o de opinión pública, pero las organizaciones sociales como la Corporación Región, con frecuencia han intentado ser un puente entre estos diferentes ámbitos.

Estructuro este ensayo desde una periodización esquemática, no para desarrollar un argumento evolucionista, sino para precisar los principales contenidos de los debates en cada periodo, y el papel de las organizaciones sociales en ellos y también, para invocar las respectivas coyunturas políticas y acontecimientos violentos. Cuando hablo de ‘violencia’ me refiero a su forma instrumental, como recurso de eliminación y destrucción, y bajo las diferentes modalidades de victimización que las organizaciones armadas decidieron utilizar. Modos individuales de violencia (riñas, violencia interpersonal e interfamiliar) y formas de exclusión, opresión y agresión, se retro-alimentaron de una u otra manera con la violencia (en el sentido indicado), pero no es un asunto que para analizar en este ensayo.

En cuanto a organizaciones sociales, me refiero en particular a las de tipo investigación-acción con una preocupación central en el tema de violencia, como la Corporación Región. Otras expresiones, organizativas comunitarias (barriales, veredales), cooperativas y la protesta social quedan sub-dimensionadas.

Los Ochenta: confusión, eufemismos y miedo.

Retrospectivamente se puede argumentar que el nuevo ciclo de violencias inició a mitad de los setenta y que sus aspectos principales fueron, por un lado, la compleja interferencia entre redes criminales, actores armados ilegales, eslabones corruptos del Estado y por otro lado, que la mayoría de las víctimas fueron civiles o sea, no fueron miembros de las bandas, razón por la cual Daniel Pécaut ha sugerido el concepto de Guerra contra la sociedad y no, el de guerra civil.

Todo aquello no fue tan evidente para los contemporáneos; los que vivieron, pensaron y debatieron las violencias a finales de los setenta y durante los ochenta, la entendieron más bien en términos de una prolongación tardía de La Violencia: la guerra civil larvada a mitad del siglo entre conservadores y liberales. Las redes criminales del tráfico de cocaína se estaban apenas construyendo, y aun cuando La Violencia tuvo su fin oficial con el arranque del régimen del Frente Nacional (1958-1974), hubo disidencias armadas y casi de inmediato aparecieron también, núcleos guerrilleros comunistas inspirados en la revolución cubana (1959) y en el Maoismo, que se auto-legitimaron como producto ‘necesario’ del carácter ‘excluyente’ del Frente Nacional; interpretación retomada con frecuencia aun hoy, de manera a-critica.

La especificidad de la gran coalición bi-partidista del Frente Nacional fue la milimétrica distribución del poder entre los Partidos Liberal y Conservador desde la presidencia hasta el nivel municipal. La fórmula fue introducida en común acuerdo entre los dos partidos para neutralizar la violenta rapiña por el control del erario público, de los puestos oficiales, y contratos públicos. Tuvo exito en su objetivo principal de disminuir la violencia bi-partidista, pero el precio a pagar fue una especie de estancamiento y ensimismamiento político en la capital, justo cuando el país vivía transformaciones históricas que requerían drásticas reformas institucionales que nunca llegaron. Muchas oportunidades y necesidades, producto del intenso proceso de modernización quedaron, en buena medida, desatendidas: vías, transporte público, informalidad urbana, informalidad rural, grandes fronteras internas incorporadas de manera privada en la economía del país, pero con débil institución estatal. Veamos un ejemplo, no el menor, de los atajos a los que los gobiernos recurrieron para solucionar problemas: en la educación oficial primaria y secundaria para ampliar la cobertura, en vez de construir nuevos colegios, se recurrió al truco de la doble jornada, dos (a veces tres) turnos en el mismo colegio; el resto del día la juventud estaba en la calle. Lo increíble, ¡80% de ellos estudian bajo esta barbaridad hoy! Mientras tanto, el consumismo (el televisor y otros electrodomésticos) tuvo fuertes características libertadoras y el viejo imaginario político bi-partidista perdió importancia, en particular en las ciudades, donde las redes clientelares terminaron siendo una entre muchas modalidades de rebusque para las nuevas clases populares.

En realidad, el Frente Nacional no fue un régimen políticamente tan excluyente como se decía y con frecuencia aún se repite. Por ejemplo, el Partido Comunista Colombiano tuvo concejales, diputados y congresistas durante el Frente Nacional, gracias a alianzas con facciones liberales y conservadoras. El problema era otro; ante las nuevas necesidades y expectativas, el centralismo se hizo anacrónico y los ciudadanos se dirigieron hacia redes alternativas (para-institucionales, clientelares, informales, ilegales) para solucionar sus necesidades, incluso en seguridad. Aun así, desde una perspectiva histórica, el Frente Nacional figura como un periodo de relativa paz, intercalado entre La Violencia y las violencias recientes. De hecho, la degradación del campo político y la dramática intensificación de la violencia se generaron pos-Frente Nacional, entre 1975 y 1990. Dos factores interrelacionados, uno político y otro criminal, fueron particularmente influyentes en ella:

El Primero, las regulaciones milimétricas del Frente Nacional finalizaron en 1974, pero no fueron remplazadas por nuevas fórmulas propias de un campo político-electoral moderno: ni voto anónimo, ni tarjetón, ni listas cerradas, ni financiación transparente de campañas, etc. En consecuencia, por dos décadas, el campo político-electoral colombiano operaría como un free for all, que solo se corrigió parcialmente a finales de los ochenta. Este desorden, con su multiplicación ad infinitum de facciones, listas y candidatos, facilitó la penetración de dineros calientes en la política, y con ello, la formación de una criminalidad mafiosa organizada capaz de implantarse permanentemente en lo político-institucional. Evidentemente, un mundo político tan fragmentado no podía producir una nueva institución simbólica de la sociedad; dominaba la gestión por emergencia y a corto plazo. No es tan sorprendente, entonces que otros, lograran imponer sus narrativas a sectores de la sociedad. El Paro cívico nacional de 1977, apoyado por las federaciones sindicales de casi todas las direcciones políticas, duró apenas un día, pero fue masivo y se acompañó de expresiones violentas (provocaciones organizadas por sectores cercanos a las organizaciones armadas), y fue de inmediato mitificado como expresión de un ambiente pre-revolucionario y de progresiva unificación de todas las organizaciones sociales.

El Segundo factor, la irrupción del tráfico de cocaína. Su evolución durante los setenta e inicios de los ochenta fue poco debatida y poco estudiada, y se vivió como una bonanza económica y financiera del momento. Al mismo tiempo, el nuevo negocio provocó un revolcón en el bajo mundo; se pasó de una criminalidad todavía algo folclórica, peleando a bala, hacia un crimen organizado mafioso, capaz de penetrar lo político-institucional, como ya vimos. Los nuevos criminales se rodearon de bandas armadas, pero también encontraron sectores de la fuerza pública y del aparato judicial dispuesto a corromperse. Las guerrillas a su vez se metieron de varias maneras con la bonanza, gravando cultivos, laboratorios, rutas. Es en buena parte por su relación con estos negocios, que las Farc y el M19 en particular, tomaron un segundo aire, razón desde luego negada por los que veían en el Frente Nacional, la causa principal.

Ahora bien, si las visiones y decisiones de los diferentes protagonistas hubieran sido otras, la desregulación del bi-partidismo y la apertura del régimen de partidos durante los setenta, podrían haber generado una sociedad más abierta, con una sociedad civil más activa y más autónoma. Trágicamente los gobiernos pos Frente Nacional no modernizaron las instituciones al ritmo y enfoque requeridos y se generaron muchos vacíos: territoriales, de monopolio de violencia, de cobertura y calidad de servicios, que fueron hábilmente aprovechados por los ilegales intolerantes con las organizaciones sociales, que terminaron amenazadas, asesinadas o cooptadas por los actores armados: guerrilla, paras, fuerza pública en deriva. Las pocas organizaciones sociales que mantuvieron contra viento y marea una cierta autonomía, se vieron diezmadas por el terror criminal, como fue el caso del Comité de Derechos Humanos de Antioquia.

Los estudios y debates se focalizaron en el análisis de lo narco-paramilitar (MAS, MRN, Acdegam, etc.), la primera masacre narco-para-política (agosto de 1983, en Segovia), las revelaciones sobre el congresista (suplente) Escobar y el asesinato del ministro de Justicia Lara Bonilla (1984) por los narcotraficantes. Es con la demencial toma guerrillera del Palacio de Justicia y la retoma por la fuerza pública, en pleno centro de la capital del país, que la guerra hace irrupción en la escena nacional y es interpretada como el cierre simbólico y real de los esfuerzos de paz del gobierno Betancur (1982-1986) y su “gran dialogo nacional para escapar al engranaje de la violencia”. Betancur puso fin al Estatuto de Seguridad, liberó y amnistió sin pre-condiciones a 500 miembros de organizaciones armadas (casi todos de inmediato se reintegraron a sus respectivas guerrillas), logró el ceses al fuego con las Farc, el M19, el EPL y varias guerrillas más, y permitió que crearan brazos políticos (UP, Frente Popular, A Luchar), pero el desencuentro fue total: Jacobo Arenas jefe de las Farc, califica la coyuntura de “revolucionaria” y reconfirma en 1985 la decisión ya tomada por las Farc y el PCC en 1982, de pasar a la ofensiva y tomar el poder por las armas. De nada sirvió que las esperanzas insurreccionales investidas en el Paro cívico nacional, convocado para el 20 de Julio de 1985, meses antes de la toma del Palacio, no se materializaran. Con el regreso oficial a las armas cayeron también, víctimas de la UP (1061 miembros asesinados entre 1984 y 1990 y 537 más, después), que aspiraban a una cierta autonomía y a aliarse con otras iniciativas políticas de la izquierda.

Fuente:Universidad El Rosario

Durante el primer lustro de los ochenta, era difícil adivinar la dramática intensificación de la violencia que vendría y mucho menos un universo de victimas superior al de La Violencia. Los debates giraron con frecuencia en torno a las causas “objetivas” y “estructurales” de la violencia: En lo político, el Frente Nacional, la declaración semi-permanente del Estado de sitio, las políticas represivas del gobierno de Turbay (1978-1982), y de Estados Unidos con “su guerra fría y contra las drogas”, pero casi no se generaba un debate serio sobre la política colombiana frente el tráfico de cocaína y sus expresiones criminales (La criminología es de muy reciente trayectoria en Colombia, y todavía menos practicada en las facultades de economía o derecho). En lo socio-económico, la pobreza rural y urbana, la informalidad, el desempleo, la baja tasa de sindicalización. Persistía también la tendencia de leer la violencia siempre, como el producto de luchas políticas y sociales cuando, la gran mayoría de los colombianos estaban bregando a conseguir lo necesario para el día a día. En lo ideológico, las guerras civiles y revolucionarias en Nicaragua y El Salvador generaron distintas expectativas, y los llamados nuevos movimientos sociales, urbanos, de género, juveniles, identitarios, fueron investidos de la esperanza de poder ayudar a pasar de la protesta social al levantamiento generalizado.

En la cruda realidad, aquellos ejercicios de unidad eran “puro cuento”, ya que dominaba la fragmentación y el llamado “canibalismo de izquierda”, cuyos casos más emblemáticos fueron las guerras sindicales bananeras en Urabá, desde 1983 en adelante. Allá, el PC-ML/EPL y el PCC/FARC compitieron manu-militari y con terror por la afiliación de los trabajadores a sus respectivos sindicatos; asesinaron obreros, dirigentes sindicales, mayordomos y administradores del otro bando; ambas facciones acusaron sistemáticamente al Estado y a los bananeros de esas muertes. En este juego de sombras, pronto se mezclaron también, organizaciones narco-para-militares y la fuerza pública. De los 207 miembros de sindicatos asesinados entre 1984 y 1990 en Antioquia (el 54% del total nacional), 137 lo fueron en Urabá.

La participación de la CSTC en la creación de la CUT, en 1986, como unificación de varias federaciones sindicales, fue una hipocresía, ya que su partido político, el PCC, apostó a la subordinación de lo sindical a la lucha armada. “Sencillamente [a los sindicatos] se los tragó el remolino de la guerra, del conflicto interno”, explica Álvaro Delgado, antiguo dirigente del PCC, en su libro autobiográfico, Todo tiempo pasado fue peor (2007: 259). “Al fin de cuentas todo ese proceso se vio entorpecido por el nacimiento del mandato guerrillero” (ídem: 264), “por la supeditación final de la lucha política por la lucha armada” (ídem: 277). “Los sectores de izquierda se entusiasmaron con la guerra, con el uso de la fuerza y comprometieron al movimiento sindical” (ídem: 279). Debo precisar: a casi todo movimiento u organización social en su área de influencia territorial.

Ante esta situación, en los debates dominaban los eufemismos. Reconocer públicamente la estrategia de la combinación de todas las formas de lucha: social, política, armada, promulgada por el PCC y otros partidos de la izquierda armada, era anatema: criticarla era contribuir a criminalizar organizaciones políticas y sociales. Para dar un ejemplo: la Escuela Nacional Sindical (ENS) en Medellín, considerada por muchos una fuente seria del análisis sindical, en sus informes sobre la violencia de la época, jamás reconoció el papel de la guerrilla. Otro ejemplo: el ajusticiamiento por un comandante de las Farc de un frente de 164 guerrilleros insumisos, acusados de “infiltrados”, no fue considerado en la izquierda como aberración, o como la acción de un paranoico, sino, como una falsedad producida por el régimen y no llevó a un debate serio sobre el operar interno de las organizaciones armadas, sus prácticas sistemáticas de ajustamiento interno, y el “todo vale” para el bien de la revolución. Los debates, no solo eran híper-politizados, muchas veces también, poco sinceros por admiración o miedo a los armados. Organizaciones de derechos humanos internacionales como Amnistía desde Europa, y Human Rights Watch desde Estados Unidos, intensificaron sus informes sobre Colombia, pero sufrieron de los mismos sesgos –muy orientados en lo político y lo institucional- y con grandes dificultades para entender cómo las diferentes dinámicas (guerrillera, paramilitar, narco) interferían y evolucionaban hacia lógicas de acción violenta más autónomas.

Mientras tanto, a mitad de los ochenta, en la academia los violentólogos investigaban sobre todo, el tema de la Violencia lo cual dio el nombre a la disciplina. Debatieron sobre su posible unidad (levantamiento campesino, tensión revolucionaria, guerra civil, demanda desordenada de cambio, etc.), pero también sobre su diversidad regional y periodicidad. Estos debates eran el punto de partida para interpretar los nuevos hechos. Como escribió Gonzalo Sánchez (1986: 257), “todavía hoy, Colombia se encuentra enfrentada a los conflictos desencadenados por la Violencia o reprimidos por ella”. Sin embargo, durante la segunda parte de los ochenta, los análisis académicos hicieron un importante giro hacia la actualidad, evidente en obras colectivas - realizadas desde Bogotá- como Violencia y Democracia (1987) contratada por el gobierno Barco; Al filo del caos (1990), y Pacificar la Paz (1992). En todas se muestra la heterogeneidad de las violencias (desde las más organizadas y más des-organizadas), su multi-causalidad, su diversidad regional y la necesidad de un enfoque integral para superarlas.

Los que se metieron con la realidad fueron en primera línea los periodistas, sobre todo en la provincia. En Medellín, los estudios iniciales tenían un marcado enfoque periodístico y descriptivo, innegable en No Nacimos Pa’ Semilla (1990) de Alonso Salazar, el único libro escrito en los ochenta sobre la violencia de aquellos años que hoy, puede ser considerado un clásico. En 1990, la socióloga María Teresa Uribe constata de manera auto-critica que los investigadores sociales de su universidad, la de Antioquia, desconocían la realidad que se vivía a diez cuadras del campus, y que la descubrieron apenas aquel año, gracias a Rodrigo D No Futuro (1990), la película de Víctor Gaviria, a su vez la mejor película de los ochenta sobre la violencia de la década.

Lo puesto en escena por Salazar y Gaviria visibilizó una escandalosa deuda social, y generó además de una enorme cantidad de columnas y debates, la creación de numerosos programas orientados a la juventud de los barrios pobres. Menos observado y debatido fue otro elemento presente en particular en el libro de Salazar, a saber, la relativa autonomía con la cual ya proliferaban las violencias y los cruces entre sicarios nihilistas y a-políticos con otros actores armados, específicamente las milicias guerrilleras y las redes criminales. Aquella autonomía de la violencia terminaría siendo un factor importante en los extremos a los cuales llegó la situación, pero ha figurado poco en los debates de entonces y de hoy.

1995-2005: esperanzas de paz y realidades de guerra

Durante este periodo, el tono de los debates sobre la violencia se mueve entre la esperanza y la desilusión, pero con una dramática polarización de la sociedad desde finales del siglo en relación con el conflicto armado.

La esperanza fue alimentada en un primer momento, por la desmovilización de ocho guerrillas, en especial del M19, por la Asamblea Constituyente y la nueva constitución, con su promesa de profundizar la democracia y el acceso ciudadano a sus derechos. Hubo además un descenso sistemático en la tasa de homicidios entre 1991 y 1998. En este contexto nacieron numerosas organizaciones sociales comprometidas con las vías democráticas y hubo, de forma más general una cierta re-dinamización de la sociedad civil a nivel nacional y en las ciudades y con algunas excepciones, mucho menos en el campo. En Urabá, la desmovilización del EPL generó por un par de años un ambiente constructivo en el cual sectores privados, organizaciones sociales y reinsertados cooperaron; sin embargo, algunas disidencias y el exterminio de los desmovilizados por parte de las Farc, llevo progresivamente a un nuevo capítulo de canibalismo de izquierda, en el cual el CINEP intentó mediar. En Medellín se respiraba un aire esperanzador más duradero por la entrega de los capos y la labor de la Consejería Presidencial (1990-94). La victoria en contiendas electorales locales de candidatos independientes, Antanas Mockus y el ex guerrillero Navarro Wolf, parecían confirmar las buenas tendencias.

Desarrollos internacionales tales como: el fin de la dictadura de Pinochet (1990), la liberación de Nelson Mandela (1990), su elección como presidente (1994), los acuerdos de paz en El Salvador (1992), la elección de Clinton (1992), la derrota de Sendero Luminoso en Perú –aún que a mano dura –, y por supuesto la caída del Muro de Berlín, la disolución de la Unión Soviética (1991), y las revoluciones democráticas y pacificas en sus países satélites, con algunas excepciones también, reorientaron los debates sobre la democracia y las relaciones entre sociedad civil y Estado.

Durante el gobierno de Samper (1994-98), el conflicto armado volvió a intensificarse con la proliferación de las Convivir, el reordenamiento narco-paramilitar, su federalización en las AUC (1997), y las posturas ofensivas de las Farc y el Eln. Uno de sus escenarios fue otra vez el Urabá, donde una nueva guerra (1994-1997) enlutó la región, mezclando el exterminio de los Esperanzados con una ofensiva narco-paramilitar, liderada por los hermanos Castaño, que a sangre y fuego saca a las Farc de la zona bananera y de su histórico centro operacional, en la extensa zona veredal del corregimiento San José de Apartado. Mientras tanto, el único acuerdo gestionado por Samper fue el Pacto del Nudo del Paramillo, en el cual las AUC, a cambio de reconocimiento político e inicio de negociaciones, prometieron dejar los civiles por fuera de sus combates. Sin embargo, cuando Samper reintroduce la extradición y la DEA intensifica sus operaciones en el país, las Auc cambian de estrategia y consiguen un vertiginoso auge, de 4.000 a 18.000 integrantes entre 1998 y 2000.

Entre 1997 y 2002, los secuestros, asaltos a pueblos, masacres, desapariciones forzadas, muertes en combate y otros indicadores del conflicto armado se incrementaron sin cesar. Según el CNMH, entre 1991 y 1997, hubo 17.288 secuestros, 50% por las Farc, 38% por el Eln, y 12% por las paramilitares, y otros 5.336 únicamente por las Farc, durante sus negociaciones con el gobierno de Pastrana en El Caguan (1998-2002). La palabra “guerra” se impone, pero además de una guerra contra la sociedad, también se hizo una guerra militar de verdad: mientras en Afganistán en 12 años (2002-2014), murieron 3.400 soldados aliados, en Colombia en 7 años (1995-2002) perecieron en combate, 5.000 soldados y policías. La debilidad de la fuerza pública pre-Plan Colombia fue tal, que ante la ofensiva guerrillera, el 20% de los municipios del país quedaron sin policía alguna.

Fuente:El País España

Ante estas tragedias, volvieron los debates sobre las causas y problemas ‘estructurales’, esta vez en particular alrededor de las insuficiencias y propuestas incumplidas por las reformas de 1991; la persistente pobreza, la inequidad, el problema de la tierra y otros desafíos. Daniel Pecaut (1998: 82), explicaba que: “la idea de la democratización no puede ser considerada como un remedio milagroso para la violencia, y esta no se debe resumir como una demanda de democratización”. Los grandes temas debatidos: neoliberalismo, globalización, imperialismo, tampoco facilitaron una visión de la esfera pública como escenario de acción. Peor aún, el miedo regresó e impactó fuertemente a las organizaciones sociales, pues las nuevas masacres y magnicidios apuntaron a voces independientes, para forzar la polarización e imponer una dinámica de guerra civil. Entre los más sonados, figuraron el asesinato del defensor de las negociaciones de paz, y profesor universitario Jesús Antonio Bejarano, a manos de las Farc; el del antropólogo de la Universidad de Antioquia, Hernán Henao, y la masacre contra los investigadores del CINEP, Mario Calderón, Elsa Alvarado y su padre, perpetrados por las AUC.

Cuando durante los dos últimos años del gobierno de Pastrana (1998-2002) se esfuman las esperanzas de paz con las Farc y el Eln, la opinión pública se polariza y el conflicto armado se intensifica a tal punto que se instaura un reino del terror, y el miedo paraliza buena parte de la sociedad. La coyuntura que precede la victoria de Álvaro Uribe sobre Serpa, en las elecciones de 2002, estuvo signada por muertes, desplazamientos y los secuestros de: Ingrid Betancourt (febrero 2000); los 12 diputados en Cali (abril de 2002); el gobernador Guillermo Gaviria y su asesor Gilberto Echeverri (abril del 2002 asesinados el 3 de mayo de 2003); las muertes de 79 civiles en Bojaya por las Farc (mayo del 2002); el éxodo de 12.000 de los 19.000 campesinos de Granada que huyeron a Medellín aterrorizados por la guerrilla y los paramilitares; escenas que se repitieron en decenas de municipios y regiones.

Con la elección de Uribe, el 11 de septiembre y la guerra internacional contra el terrorismo, liderada por Estados Unidos, los debates sobre la violencia en Colombia cambian. La política de seguridad ciudadana promovida por Uribe, y posibilitada gracias a los recursos del Plan Colombia, creado entre Clinton y Pastrana, así como su decisión de negociar con los paramilitares, fueron los nuevos temas centrales, debido a la supuesta colusión con los paramilitares, al riesgo de mayores violaciones de derechos humanos por parte de la fuerza pública y el incremento del conflicto armado. Los dos primeros riesgos, en efecto se materializaron y las organizaciones sociales corroboraron su revelación: la para-política y los falsos positivos. Sin embargo, en vez de la intensificación del conflicto armado, se dio una muy significativa pacificación pero como suele suceder, fue poco debatida o analizada para evitar tener que dar algún crédito a la repudiada política de seguridad democrática o a las negociaciones con las AUC. Retrospectivamente, se puede constatar que la mayor reducción de los homicidios y otras modalidades de victimización, se dieron durante los dos primeros años del gobierno Uribe (2002-2010) y que el factor más importante parece haber sido, el cese al fuego unilateral de las AUC en diciembre del 2002. De hecho, en Medellín, la menor tasa de homicidios entre 1975 y hoy, fue en el año 2003 en particular en la Comuna 13, donde se redujeron de 299 (2002) a 95 (2003). Tampoco ha sido debatido de manera sería el impacto del Plan Colombia, más allá de su apoyo a las fumigaciones, y pocos parecen interesarse en las lecciones aprendidas con la profesionalización de la fuerza pública, el fortalecimiento del acceso a la justicia, o el mejoramiento de las cadenas productivas en zonas de cultivos ilícitos.

Desde 2005: derechos de las víctimas y esperanzas de pos-conflicto

Un cambio paradigmático se ha generado desde 2005 en los debates sobre la violencia, y el aporte de las organizaciones sociales ha sido fundamental en ello, en particular por su contribución y presión entorno a la Ley de Justicia y Paz (2005/2006), y su exigencia de garantizar los derechos a verdad, justicia y reparación de las victimas del paramilitarismo. Con esta ley por primera vez en Colombia, las víctimas se posicionaron en el centro de la atención pública, los debates, y las negociaciones con las organizaciones armadas. Inicialmente, fue entendida como una victoria sobre el gobierno de Uribe y su argumento de que las AUC no aceptarían desmovilizarse sin garantías judiciales. Se esperaba además que esta justicia transicional y restauradora, revelara en particular las responsabilidades del Estado, las dimensiones de la para-política y los crímenes de los paramilitares. Sin desconocer los problemas e insuficiencias, este ha sido en buena medida el caso. Nunca antes supimos tanto sobre el conflicto armado en el país como ahora, gracias a todo lo divulgado por Justicia y Paz.

Inevitablemente, Justicia y Paz generó debate sobre la necesidad de incluir el enfoque de víctimas y de justicia restaurativa en eventuales negociaciones futuras con la guerrilla, como efectivamente sucedería con las Farc, bajo la presión del gobierno, de las víctimas, de organizaciones sociales y la comunidad internacional. Tampoco ha faltado hipocresía: algunos que defendieron de manera ejemplar los derechos de las víctimas de los paramilitares, hoy parecen interesarse más por los desmovilizados de las Farc, que por sus víctimas. Más allá de los novedosos dispositivos de Justicia Transicional creados por ellas, a partir de la Ley de Justicia y Paz, la Ley de Victimas (2011) y el acuerdo con las Farc (2016), las investigaciones lideradas inicialmente por el Grupo de Memoria Histórica (2006-2011) y después por el Centro Nacional de Memoria Histórica, han catalizado una novedosa, dinámica y variada agenda en organizaciones sociales y centros académicos en memoria y memoria histórica del conflicto armado. La difusión y el acceso a estos trabajos se ven además muy fortalecido gracias a los nuevos medios sociales. Cuando antes, para verificar acontecimientos, fechas, personas, procesos judiciales y contextos, uno necesitaba recurrir a publicaciones, bibliotecas y archivos, hoy la web garantiza acceso a casi todo, y disposición inmediata de todos, incluso en las regiones más alejadas del país, no obstante, las limitantes que puede haber para acceder la web.

Fuente: El Heraldo

El Nunca Más: un horizonte común de debate.

Según Aristóteles, la polis existe por naturaleza y por naturaleza el ser humano es un animal político. En otras palabras, los seres humanos tienen una capacidad innata para asociarse, decidir en común como actuar bien y justo y hacer política y no la guerra. El filósofo precisa que esto no quiere decir que todos los seres humanos vivan en una polis, ya que ésta debe ser construida por humanos, que a veces fallan en erigirla entre otras razones porque algunas personas a-sociales (sin comunidad, sin ley, sin corazón) les llevan a ser amantes de la guerra. Hoy sabemos que en tiempos de Aristóteles, existían unas 900 polis, y a la vez muchos núcleos poblados y una serie de veredas organizadas y asociadas, gracias a una variedad de herramientas democráticas (asambleas, asociaciones, concejos, elecciones, etc.), que varían de una polis a otra, pero que compartían la construcción política de la colectividad para el bien común, a través del debate.

Para que la asociatividad política que Aristóteles considera propia del animal político, prospere, se requieren ciertas condiciones. En Colombia, entre 1985 y 2005 en muchos lugares, esas condiciones se fueron degradando a punta de violencia y terror. Las organizaciones sociales, minorías activas que operaron bajo dichas condiciones e intentaron debatir y actuar en autonomía por el bien común, son hoy, a veces a-críticamente, reconocidas como resistencias o resiliencias y sin duda, la Corporación Región es una de ellas.

Durante el último decenio, gracias a las negociaciones y desmovilizaciones de las Auc y las Farc, la sociedad ha conocido una importante pacificación, y las condiciones asociativas para debatir y decidir en común sobre el bien y lo justo se han mejorado radicalmente. En su excelente libro Por que no pasan los 70. No hay verdades sencillas para pasados complejos (2018), Claudia Hilb explica refiriéndose al caso argentino que, para tener un horizonte común como sociedad pos-dictadura o pos-conflicto, el problema no está en las opiniones opuestas o en las diversas interpretaciones del pasado, sino en el reconocimiento entre todos de un principio común no-negociable: el Nunca Más. Hoy en Colombia, muchas organizaciones sociales orientan el debate sobre la violencia en esta dirección. Ojalá un día, este compromiso pueda ser de toda la sociedad.

Referencias bibliográficas

Delgado, Á., & Ospina, J. C. C. (2007). Todo tiempo pasado fue peor: entrevistas hechas al autor en 2005 por Juan Carlos Celis, revisadas en febrero de 2007. Carreta.

Hilb, Claudia. (2018). Por que no pasan los 70. No hay verdades sencillas para pasados complejos

Pecaut, Daniel. (1998). “La contribución del IEPRI a los estudios sobre la violencia en Colombia”, en: Análisis político, Bogotá, No. 34, IEPRI-Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, p. 73.

Sánchez, Gonzalo. (1986).

Palabras clave:

Violencia, paz, debate, organizaciones sociales, sociedad.

Resumen

La rendición pública de cuentas es un ejercicio que permite mostrar la fortaleza, seguridad y solidez de una organización, en tanto se es capaz de mostrar los logros económicos, el manejo pulcro de los recursos y la eficacia y eficiencia en el cumplimiento de metas y objetivos; sin embargo, la autora, propone detenerse en la dimensión ético-moral que subyace en los ejercicios de rendición de cuentas de las organizaciones sociales.

La rendición de cuentas
Una aproximación desde la ética

Medellín, marzo 14 de 2008

Agradezco a la Federación Antioqueña de Organizaciones no Gubernamentales, la invitación que me ha hecho a estar hoy, en su jornada anual de reflexión, para presentarles algunas ideas en torno al carácter ético del ejercicio de la rendición de cuentas, lo cual haré en tres momentos. En el primero, presentaré algunos elementos que me permiten fundamentar la validez de esta tarea, desde la perspectiva del talante ético-moral de las mismas ONG; en el segundo, me detendré en algunos conceptos éticos estrechamente ligados tanto a la definición de ONG dada por la Federación, como a la justificación que la misma Federación ha hecho de este ejercicio; y en el tercero, concluiré aclarando algunos conceptos dentro del marco de los principales temas de la ética contemporánea.

Primera parte

Esta práctica de la rendición de cuentas que ya es corriente entre las ONG, desde hace unos años, puede y debe entenderse más allá de sus dimensiones política, administrativa y de imagen. En efecto, se mira la rendición pública de cuentas como un ejercicio que permite mostrar la fortaleza, seguridad y solidez de una organización; que muestra sus logros económicos, el manejo pulcro de sus recursos y su eficacia y eficiencia en el cumplimiento de metas y objetivos; y, finalmente, que contribuye a crear una imagen favorable de transparencia y confianza frente sus públicos y la sociedad.

Todo esto es cierto y en ello radica la popularidad que la rendición de cuentas ha venido gozando tanto en el sector estatal como en los productivo y social. En la mañana de hoy quisiera invitarlos a arrojar una mirada desde lo ético-moral a la rendición de cuentas, dimensión que si bien no siempre acompaña este ejercicio público en los sectores del gobierno y la empresa privada, sí creo que sea concomitante al que ustedes, las organizaciones no gubernamentales federadas, han venido adelantando y que de ninguna manera puede entenderse como una mera concesión a una práctica impuesta por la moda, o a exigencias políticas, administrativas o de imagen corporativa que derivan en réditos económicos, sociales o de poder. Esta dimensión ético-moral subyace a los ejercicios de rendición de cuentas en los que ustedes se han embarcado de manera pionera en el país -para este tipo de organizaciones- de una manera no siempre consciente: por eso tiene que ser desentrañada; y cuando se es consciente de esta dimensión, su explicitación es con frecuencia tímida y secundaria. Mi invitación es, entonces, en la mañana de hoy, a que todas ustedes ONG federadas de Antioquia, tomen conciencia del carácter ético-moral inherente al ejercicio de la rendición de cuentas y lo expresen con claridad y fuerza. Pero para ello, es preciso reflexionar sobre esta dimensión de lo ético-moral de tal manera que su papel en este ejercicio resulte bien fundamentado y claro.

Mi punto de partida es la convicción que he venido construyendo -a lo largo de varios años de cercanía y conocimiento de la Federación y sus ONG asociadas del talante ético-moral que las anima y, por tanto, de la presencia permanente de este sustrato que permea su modo de ser y de actuar. Nuevamente menciono que si bien la conciencia del carácter moral, existe, no es tan claro el carácter ético en ellas, en el sentido del esfuerzo permanente por hacer claridad, criticar y fundamentar aquel carácter moral y las prácticas en que se traduce. A fortalecer esta dimensión ética se dirigen actividades como ésta. El talante moral de las ONG se descubre en su voluntad indeclinable de actuar siempre por criterios morales, imperativo categórico –como lo llamó Kant— al entenderlo como norma absoluta. Una organización moral es aquella que actúa siempre, repito, por criterios morales; cuáles sean éstos, lo mencionaremos más adelante.

De momento basta con decir que todas las organizaciones –según sus objetivos y naturaleza— actúan con criterios educativos, económicos, políticos, sociales, según ciclo de vida, morales también, criterios que les permiten alcanzar como organizaciones eficientes, sus metas y fines. Pero como organizaciones morales, los criterios que priman, frente a los cuales no se transige, son los morales, particularmente cuando hay conflicto de intereses. Frente a una situación económica angustiosa, qué criterio adoptar ¿el economicista de despedir, reducir o desmejorar, o el moral de no causar daño, aunque ello suponga sacrificios individuales o grupales? Frente a una exigencia de patrocinadores, sean éstos de carácter estatal o privado, que afecta poblaciones vulnerables, qué criterio adoptar ¿el político que supone discriminar o excluir, o el moral que exige un tratamiento justo y equitativo? El carácter moral de una organización determina que sus opciones obedezcan siempre a criterios morales y los conflictos que con mayor o menor gravedad están presentes en la vida cotidiana de las organizaciones, pueden servir para fortalecer este carácter moral o, por el contrario, para debilitarlo y mermarlo cuando son los criterios técnicos o políticos los que priman desatendiendo o quebrantando criterios morales. Por supuesto que esta rápida ejemplificación resulta caricaturesca en su simplificación; sólo busca aproximarlos a esta definición perogrullesca: una organización moral es aquella que siempre –y con mayor decisión en situaciones de conflicto— actúa con criterios morales.

El talante moral de las organizaciones se rastrea también en el tipo de fines, valores y normas que fundamentan su práctica y en el grado de presencia que en ellos hace –sustancial o accesoria— la dimensión moral. Igualmente, en el grado de cumplimiento e incorporación de aquéllos –formal o convencido, permanente o coyuntural— en las prácticas cotidianas. Y, por último, en los niveles de autorregulación alcanzados por sus miembros o, por el contrario, en la presencia permanente de mecanismos de control, coacción y sanción como recurso para lograr prácticas y conductas saludables para la organización. Estoy convencida de que estas características y criterios resultan favorables en la revisión de las prácticas de las ONG federadas, ratificándome así en su talante moral y en la moralidad de sus opciones.

Su carácter ético, lo rastreo en otros escenarios y ejercicios más de carácter intelectual. Primeramente, en la disponibilidad de las ONG para estar confrontando y evaluando el grado de congruencia entre su moral vivida (los comportamientos mencionados antes) y su moral proclamada (en los estatutos, en la misión y en la visión, en su código de ética si lo tuviera) siguiendo a Aranguren. En segundo lugar, en la capacidad e interés de las organizaciones para reflexionar sobre los aspectos morales de su quehacer, sobre los conflictos morales siempre presentes; para criticar la validez de sus decisiones y prácticas morales y para fundamentarlas, justificando su sentido. Por último, en los espacios de formación ético-moral, como parte integrante de las actividades de cualificación del recurso humano y de fortalecimiento institucional. La presencia permanente de los anteriores factores en el quehacer de las ONG y la existencia de eventos como el de hoy, que la Federación viene ofreciendo de manera regular, me ratifican en mi convicción de la presencia de una dimensión ética en el mundo de las ONG y me aseguran que hacer una aproximación desde la ética al ejercicio de la rendición de cuentas es, no sólo posible, sino también pertinente para ustedes.

Y para redundar aún más en las consideraciones anteriores, quiero terminar la primera parte de mi presentación mostrando como este talante ético-moral se manifiesta, aún en una definición tan aséptica y poco moralizante (en apariencia), como la que presenta la Federación misma, al decir:

"Las ONG son entidades sin ánimo de lucro con objetivos claros de beneficio social y comunitario, llamadas a cumplir una acción de fundamental importancia: ayudar a construir una sociedad pluralista y sostenible, con recursos y proyectos que demuestren su apertura, transparencia, integridad y autorregulación; reconociendo el valor de la diversidad y la necesidad de evitar duplicidades innecesarias de esfuerzos en el uso de los recursos"
(Subrayado mío)

Se empieza afirmando que se trata de organizaciones que no buscan lucro (= ganancia o provecho, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua española), entendido éste en términos económicos, sociales o políticos (es decir riqueza en dinero, prestigio o poder), sino prestar servicios (motivación moral) de beneficio social y comunitario. El término comunitario tiene también una connotación moral, pues al decir de Max Weber, las comunidades se diferencian de otros grupos sociales, en que se nuclean alrededor de fines u objetivos de carácter moral. Por último, subrayo cinco términos que si bien en su uso léxico pueden no tener connotaciones distintas a las cotidianas, en el uso filosófico están cargadas de sentido ético: pluralismo, que supone reconocimiento a la diversidad con base en la igual dignidad de los hombres; apertura, que como paso inicial hacia el otro, da origen a la intersubjetividad; transparencia, como manifestación de la verdad y rechazo al engaño; integridad, como coherencia entre el pensar, el decir y el hacer; autorregulación, como manifestación de la autonomía propia del sujeto moral.

Queda así claro para mí –y espero que también para ustedes— el carácter ético-moral de las ONG federadas y, por ende, su capacidad para entender en esta clave su práctica institucional de realizar ante la sociedad una rendición de cuentas de su trabajo anual.

Segunda parte

Paso ahora, dentro del marco de la definición de ONG ofrecida por la Federación y que ya se citó y del asunto que nos ocupa, la rendición de cuentas, a referirme a algunos conceptos que si bien en su uso léxico son de uso común, la filosofía moral o ética ha dotado de un significado específico que sirve a nuestros intereses de fundamentar éticamente el ejercicio de rendir cuentas que las ONG han asumido como parte integral de su quehacer.

2.1 Retomo para empezar, una idea enunciada en la definición que se citó en el parágrafo anterior: “… ayudar a construir una sociedad…”, como tarea propia de estas organizaciones. La trascendencia de esta afirmación no debe ser pasada por alto, pues entenderla en su profundo significado, marcará ya una ruta y unos compromisos ineludibles a su quehacer. Para construir sociedad se requieren dos tipos de recursos: recursos de inversión y recursos de autoridad, según A. Giddens; los primeros de refieren a todos aquellos transferidos por entidades externas a la sociedad: estado, empresas, organizaciones particulares o multinacionales y otros; los segundos se refieren a aquellos propios de la comunidad y que son, principalmente, su identidad y autovaloración, su capacidad para generar acuerdos, asociarse e interactuar, el sistema de valores compartidos y otros. Ambos son necesarios para la construcción y fortalecimiento de una sociedad, pero de ellos, los verdaderamente determinantes y esenciales, son los segundos. Es claro que para organizaciones como las de ustedes, uno de cuyos objetivos es ayudar a construir sociedad, este es un importante llamado que evitará poner el acento donde no es y privilegiar recursos que no son los determinantes del proceso. En este orden de ideas, se trata de fortalecer el capital social en todos sus componentes y fomentar escenarios que posibiliten la convivencia y la interacción para que aquél se desarrolle y despliegue en todo su potencial.

Tres son los factores que coadyuvan a la construcción de sociedad y que tendrían que ser esclarecidos y estimulados por ustedes en este proceso: la comunicación, el trabajo y la interacción en sus diversas modalidades. Brevemente presento algunas reflexiones en torno a ellos, que han devenido centrales en la teoría ética contemporánea y que espero los provean no sólo de elementos para una mejor comprensión de los mismos, sino para actuar en consecuencia. La lingüística, que como ustedes saben tuvo grandes desarrollos en el s. XX, está a la base de la importancia que la comunicación ha recibido en la reflexión ética dentro de la cual se ha constituido en un verdadero paradigma, gracias a las teorías de la ética de la argumentación de K-O. Apel y J. Habermas. En este marco, la comunicación se entiende como la más alta expresión del lenguaje, pero para ello requiere del lleno de unas condiciones que garanticen la validez de estos procesos comunicacionales; estas condiciones son cuatro: condiciones de objetividad, es decir, de acuerdo con la realidad que den por resultado la verdad de todo proceso comunicacional genuino; condiciones de subjetividad, de acuerdo entre el pensamiento y la palabra del hablante, de tal manera que se asegure la veracidad del discurso; condiciones de intersubjetividad que consideren al interlocutor como alguien que aporta valor al proceso comunicacional y que aseguren actitudes de respeto entre los interlocutores; condiciones de inteligibilidad derivadas de un manejo correcto del discurso de suerte que se logre la comprensión plena de lo comunicado. Mantener estas condiciones a la vista, permite evitar usos perversos de la comunicación como son la mentira, la falsedad y el engaño, la manipulación y la propaganda, la jerga excluyente de lenguajes seudocientíficos corrientes en ciertas profesiones. La comunicación, que es un factor determinante en la construcción de sociedad, lo es también en la construcción de organizaciones, cuyo carácter de pequeñas sociedades o comunidades no puede ser desconocido; por eso los procesos comunicacionales y las condiciones que los dotan de validez deben ser respetados también al interior de éstas, entre sus miembros, como mecanismo de fortalecimiento y sostenibilidad de las mismas.

El segundo factor mencionado es el trabajo, cuya importancia no solo económica, sino filosófica, ha venido creciendo –en los ámbitos de la filosofía política y la ética—desde mediados del siglo pasado. Según definición que presenta el PLANEA, conviene señalar, para lo que hoy nos interesa, que el trabajo se entiende como una actividad (que produce resultados, por tanto), que transforma la realidad (de manera tangible o intangible), dignifica a su agente (le agrega valor), genera ingresos (que permiten condiciones mínimas de calidad de vida), es sostenible (tiene continuidad) y está formalizada (regulada). Esta definición plantea severos cuestionamientos a la comprensión del trabajo corriente hoy y, más aún, a su ejercicio efectivo y a la normatividad laboral que lo rige. Las características enunciadas (que solo tienen un interés informativo, pues existen muchísimas aproximaciones filosóficas al concepto), busca llamar su atención sobre errores de apreciación que llevan a denominar como trabajo acciones puntuales, sin ningún significado social, que son indignas para el ser humano, no generan mínimos ingresos y se mantienen dentro de la precariedad y la incertidumbre. Tarea de quienes quieren construir sociedad es comprometerse con la cualificación del trabajo como práctica social y luchar por la expansión de las posibilidades de acceso a él en condiciones verdaderamente humanas.

El tercer factor es la interacción, que se refiere a la necesidad de actuación acordada y orientada a fines comunes con el fin de construir sociedad. La interacción no sólo tiene que ser fomentada y promovida: tiene que ser enseñada y adquirida mediante práctica permanente. Por eso hoy se da tanta importancia a la formación de capital social, cuya expresión más contundente es su capacidad de interacción como resultado de acuerdos logrados mediante argumentación y negociación: si la interacción se da en el plano social, se llama colaboración; si en el plano político, participación; si en el plano moral, solidaridad. Y a este respecto quiero mencionar, brevemente, dos asuntos que he expuesto más ampliamente en otro lugar (cfr. Cátedra Héctor Abad Gómez); el primero, la diferencia entre consenso y acuerdo: aquél es punto de partida, simplemente aceptado y éste es punto de llegada, alcanzado mediante la argumentación y la negociación y que, además, denota aprobación, siguiendo a Sartori. La interacción no proviene de los consensos que, la mayoría de las veces, son puntos de partida teóricos, sino de los acuerdos, que son realmente difíciles pero a la vez más fuertes y eficaces pues se traducen siempre en interacciones; así, es de esperar que entre todos los que estamos aquí hoy, haya consenso sobre el carácter social de estas organizaciones, también llamadas Organizaciones del sector social, pero sobre qué entender por sociedad, cómo trabajar por ella, en qué condiciones, con quiénes, se requieren acuerdos logrados luego de mucha discusión, concertación y no pocas concesiones, en lo cual radica la dificultad que pone a prueba nuestra capacidad social para argumentar y alcanzar acuerdos. El segundo asunto al que aludí, es el de la diferencia entre convivencia e interacción, tema que al igual que el anterior, forma parte de nuestros discursos cotidianos, todavía sin mucha precisión. En efecto, la convivencia es un tema central en la formación política y ciudadana al uso en nuestro medio, pero corre el peligro de ser absolutizada, cuando ya desde Aristóteles se había definido que la convivencia no es tema de la vida política, puesto que a ésta lo que le concierne es la interacción, las acciones buenas cumplidas entre los ciudadanos. La convivencia es el sustrato de la vida social, su condición incluso, asegura la aceptación del otro y la actitud tolerante frente a las diferencias pero nada dice frente a la necesidad de interactuar de manera acordada en pos de la realización de fines comunes. Ninguna organización (las ONG, por ejemplo), ni ninguna sociedad, se han construido con base en la sola tolerancia, ésta se requiere como punto de partida, pero tiene que ser superada y complementada por la interacción tanto social, como política y moral. Por ello, la interacción debe ser considerada por las ONG no sólo como guía de su accionar frente a las comunidades, sino también de sus prácticas internas entre sus propios miembros.

2.2 Señalé al iniciar la segunda parte, que mantendría como referente del análisis filosófico de algunos conceptos, por una parte, la definición de ONG propuesta por la Federación, cosa que se hizo en el numeral anterior alrededor del concepto “construcción de sociedad” y, por otra, la justificación dada por la Federación al ejercicio de la rendición de cuentas del 22 de junio del año anterior, la cual servirá en este segundo momento como marco para el análisis de otros conceptos relevantes. Decía la Federación en esa ocasión: ¿Por qué rendir cuentas? Y la respuesta fue: por responsabilidad, por transparencia, por el rol social y público que cumplen las ONG y para construir confianza. Cada uno de estos conceptos –marcados por un sentido epocal fuerte— tiene un sentido aún mayor en la tradición filosófica de la reflexión sobre lo moral. El término responsabilidad que ha dado pié a uno de las grandes paradigmas éticos de la época moderna; la transparencia que se ha convertido en la primera herramienta moral frente a la corrupción, problema central de la ética política hoy; la autoridad que se recibe como reconocimiento de roles sociales y públicos bien desempeñados; la confianza, virtud social por excelencia, fundamento de otras importantes virtudes como la confianza, la fidelidad, la amistad ( en el sentido Aristotélico), acompañantes del capital social.

Me referiré brevemente a la responsabilidad –primera respuesta que la Federación nos ofrece— y que como se señaló antes, se ha convertido en un importante paradigma de la ética, cuyos antecedentes habría que buscar en Kant (s. XVIII) y su teoría de la buena voluntad, según la cual, es buena toda acción que obedece a una voluntad guiada por el sólo interés de cumplir el deber moral. Cuáles sean los resultados derivados de esa acción, no es objeto de responsabilidad o de valoración moral, pues ellos pueden escapar a la voluntad del agente (dar limosna para aliviar la necesidad de alguien que le da un uso indeseado o inmoral). A partir de aquí y por una interpretación un tanto extrapolada, se concluyó que en la acción moral sólo interesa la voluntad guiada por el deber y que los resultados de la acción no son asunto de la responsabilidad del agente dentro del marco del llamado formalismo kantiano, interesado solo en la forma del acto moral y su adecuación a la norma o deber. Fue Max Weber, el gran sociólogo alemán, quien en el siglo pasado polemizó abiertamente contra Kant, y entró a exigir responsabilidad sobre los resultados de cualquier acto moral, bajo el enunciado de una ética material (de contenidos) o ética de los resultados, enfrentada a una ética formal o de las intenciones.

Ciertamente la postura de Weber es correcta: los actores morales son, sin duda, responsables no solo de las consecuencias de sus decisiones y acciones sino de que las mismas generen los mejores resultados; y una consideración ponderada de éstos, forma parte de la evaluación previa a la toma de cualquier decisión moral. Por mucho tiempo este paradigma fue aceptado sin discusión, hasta que el filósofo norteamericano R. Dworkin propuso su célebre paradigma del desafío que ha enriquecido, desde una perspectiva importante y poco explorada, el panorama del pensamiento ético contemporáneo. Brevemente, este es el hilo del razonamiento, que cuestiona, más que la responsabilidad del actor moral, el impacto de las decisiones morales como criterio de justificación moral: hay decisiones morales que tienen que ser tomadas, no importa que su impacto sea reducido en términos numéricos, si sus resultados son significativos en términos del valor moral absoluto de lo que está en juego y de la conciencia moral del agente. Este paradigma es importante ante situaciones de corrupción: no importa que el monto sea pequeño y pueda pasar inadvertido, el valor absoluto del respeto por los dineros públicos tiene que ser respetado; ante situaciones sociales de extrema injusticia: no importa que el impacto de mi acción frente al indigente esté reducida a un número pequeño de la población, ofende a mi sentido moral de la dignidad humana las condiciones de vida de esta población y obro en consecuencia. En este sentido, podría incluso hablarse de una responsabilidad moral cuyo peso no radica en los resultados mismos, sino en la naturaleza absoluta de los valores morales y en la sensibilidad de la conciencia moral del agente.

Para las organizaciones sociales que trabajan con los sectores más vulnerados y marginados de la población, el tema de la responsabilidad moral de su quehacer, en cuanto a resultados, resulta fundamental. Pero más aún lo es el paradigma del desafío que estimula e impulsa a actuar en el reconocimiento del valor moral conculcado e inconmensurable de muchas situaciones humanas y en la grandeza de la conciencia moral movida en su fibra más íntima no por la importancia sino por la cualidad de los hechos.

Tercera parte

En un mundo globalizado, la ética no ha escapado a la presión de la universalización de sus asuntos propios. Ciertamente, los problemas o asuntos morales han alcanzado dimensiones planetarias o mundiales que hacen más urgente (y difícil) su abordaje y que exigen ubicar nuestros asuntos también en ese contexto global. Sin embargo, por más amplio que sea el horizonte, ello no puede hacernos olvidar las particularidades y concreción de nuestra situación. Más precisamente, el carácter social de las ONG y de los escenarios en los que se despliega su quehacer, no puede apartarnos de aquello que nos recordó en el 2006, Bernardo Klisksberg en su intervención: el rostro humano de los asuntos sociales. Cada número en una estadística, cada carné en un servicio, cada nombre en un listado, tienen un rostro y tras él, una biografía individual, un mundo propio en el que cada quien se encierra cuando los entornos son hostiles y desconocidos. Aunque las organizaciones no gubernamentales u organizaciones del sector social, sean organizaciones cuyo propósito fundamental es crear valor social –siguiendo a la Fundación AVINA–, detrás de este término social está el ser humano que es, en última instancia el destinatario de todos los desvelos y esfuerzos de ustedes. Y si entendemos que crear valor es dar respuesta a necesidades insatisfechas, entonces sí que es cierto que en este contexto aparece el ser humano indigente, con toda la fuerza de sus carencias. Porque el ser humano exhibe muchas necesidades, y es eso lo que no se puede olvidar: como ser vivo, su necesidad de arraigo y pertenencia a un territorio; como ser humano, su necesidad de reconocimiento a su dignidad primigenia; como actor social, su necesidad de ser acogido y de establecer relaciones; como ciudadano su necesidad de saberse seguro y amparado al ser sujeto de derechos; como persona moral, su necesidad de ser respetado por estar dotado de autonomía y libertad.

Las ONG como entidades de fuerte talante ético y moral, no pueden postergar la atención a estas necesidades, así no sean ellas el objeto formal de su quehacer. Ninguna de ustedes puede pensar que cumple idóneamente con su trabajo, si no está comprometida con esta tarea fundamental de dar respuesta a necesidades insatisfechas del ser humano: el desinterés que se traduce en omisión, la comodidad que se traduce en descuido, son manifestaciones de un talante moral debilitado o inexistente, porque el centro de la vida moral es la persona que incluye en su comprensión todas las dimensiones del ser humano. De esta manera, afincados en el ser humano como centro y núcleo del quehacer de las ONG, podemos levantar la mirada y mirar el amplio horizonte de la sociedad local, nacional, internacional y mundial tratando de discernir en este contexto, cuál es el puesto del hombre –de este hombre particular- en el cosmos, como dijo M. Scheler.

Y es así como se descubre que los grandes sistemas éticos de hoy se debaten entre dos paradigmas centrales, el de la justicia, que entre nosotros tiene sentido como la aspiración a que los conflictos (políticos, económicos, sociales) puedan ser resueltos en equidad, sin que ninguna de la partes se sienta conculcada en su dignidad y derechos y el paradigma de la solidaridad, que entre nosotros asume la forma de una disponibilidad a asumir tareas comunes en beneficio no propio sino de los demás , según A. Heller. Por otro lado, otros autores, como Tugendhat, llaman la atención sobre la proyección planetaria de graves asuntos morales en los que, sin embargo, nosotros tenemos que leernos también: la creciente pobreza y la creciente brecha entre carencia y opulencia; el aumento de la violencia, los conflictos y las guerras especialmente aquellas por causas culturales (raciales, étnicas, religiosas) y el peligro nuclear que siempre acecha; la depredación del medio ambiente y los recursos naturales que por primera vez en la historia de la humanidad nos está emplazando con culpa, en nuestra responsabilidad no frente al presente, sino frente al futuro. Los grandes discursos universales de la ética y la política (los derechos humanos, las fallas de la democracia, el estado omnipotente o precario, las minorías), de la ética y la economía (la pobreza y la inequidad, la hegemonía de los mercados, el trabajo y el empleo, el ingreso digno, etcétera.) y la bioética (la dignidad de la vida humana, su manipulación, los altos costos de la medicina, los problemas alfa y omega sobre el comienzo y término de la vida), son asuntos que también nos conciernen a todos y a ustedes en su trabajo de manera particular pues también son fuente de dolor y sufrimiento para grandes sectores de la población, son inhibidores del desarrollo de los seres humanos en todas sus potencialidades y obstaculizan de manera severa la construcción de una sociedad pluralista, esto es incluyente y sostenible hacia el futuro, como es la aspiración de ustedes, según aparece consignado en sus estatutos.

Palabras clave:

Rendición de cuentas, ética, moral, economía, organizaciones sociales.

Resumen

El planteamiento central del texto será que, los temas del cuidado de las Organizaciones de la Sociedad Civil, OSC, pasan de manera perentoria por la prevención de las prácticas corruptas en sus miembros y en la organización como un todo. El hecho de la existencia de propósitos altruistas en este tipo de organizaciones no las exime de esta responsabilidad.

Región ha entendido esto desde el momento mismo de su creación y ha trabajado intensamente, tanto en la creación de herramientas y procesos internos, como en el sector de las OSC. Se explorarán las alusiones y producciones específicas que se han hecho desde 1989-1990, hasta hoy.

"El infierno de los vivos no es algo que será; hay uno, es aquel que existe ya aquí, el infierno que habitamos todos los días, que formamos estando juntos. Dos maneras hay de no sufrirlo. La primera es fácil para muchos: aceptar el infierno y volverse parte de él hasta no verlo más. La segunda es peligrosa y exige atención y aprendizaje continuos: buscar y saber reconocer quién y qué, en medio del infierno, no es infierno, y hacerlo durar y darle espacio."
Italo Calvino "Las ciudades invisibles"¹

Las organizaciones de la sociedad civil (OSC), más allá de su misión, acciones y resultados, son portadoras de una propuesta ética para la sociedad. No se evalúan sólo por lo que hacen sino también, por “cómo” lo hacen. De ellas se espera un valor agregado consistente en el tratamiento cuidadoso de las personas, el fortalecimiento del tejido social, su contribución a construir bienes públicos y políticas públicas y además, en “ponerle amor” a la tarea. Cuidar ese activo es sumamente arduo en un ambiente donde la supervivencia está permanentemente en juego y la asfixia económica, a menudo es usada para someterlas. Sin embargo, el sector ha sobrevivido (con tristes excepciones) y la Corporación Región es testimonio de ello, por eso la lectura de sus 30 años de experiencia, reviste relevancia y pertinencia como fuente fecunda de aprendizajes para la sociedad colombiana.

En las lides interminables en las que se debaten los sujetos individuales y colectivos, hay dos maneras de desaparecer. La primera es la muerte física del sujeto o la organización; la segunda, es dejar de ser lo que se quería ser, enajenarse, bien sea por sucumbir a los cantos de sirena del entorno, o porque para garantizar la supervivencia, se pierde la identidad y otros determinan lo que se es y lo que se hace. Esto último ha pasado con muchas instituciones, cuya existencia jurídica y su misión, se reduce a operar proyectos que otros diseñan y financian; se han hecho “sensibles al mercado” extraviando su identidad. Una vacuna contra ese mal consiste en la reflexividad permanente, vivificando cotidianamente sus referentes éticos. ¡La reflexión ética permite mantener la identidad!

Beatriz Restrepo, quien fuera socia de Región, hizo una notable exposición en torno a esta idea, en la rendición colectiva de cuentas de la Federación Antioqueña de ONG (2008):

"Mi punto de partida es la convicción que he venido construyendo -a lo largo de varios años de cercanía y conocimiento de la Federación y sus ONG asociadas del talante ético-moral que las anima y, por tanto, de la presencia permanente de este sustrato que permea su modo de ser y de actuar. Nuevamente menciono que, si bien la conciencia del carácter moral existe, no es tan claro el carácter ético en ellas, en el sentido del esfuerzo permanente por hacer claridad, criticar y fundamentar aquel carácter moral y las prácticas en que se traduce. A fortalecer esta dimensión ética se dirigen actividades como ésta [Rendición social pública de cuentas de ONG]. El talante moral de las ONG se descubre en su voluntad indeclinable de actuar siempre por criterios morales, imperativo categórico –como lo llamó Kant— al entenderlo como norma absoluta".²

Se expone a continuación una parte del trayecto recorrido por Región, manteniendo la ética en el centro de la reflexión, las preocupaciones y discusiones, lo que ha significado convertirla en contenido de los procesos de formación interna, en pregunta constante para la acción pública, e incorporarla como campo de acción entre las OSC y la sociedad.

Tema siempre presente

La cuestión ética ha marcado la pauta al interior de Región y en su actividad pública de proyección, en coherencia con las tres ideas-valores que dieron origen a esta organización de la sociedad civil antioqueña: (Ver Villa, 2014)

1. El rechazo a la violencia
El compromiso en movimientos juveniles y barriales en los setenta y ochenta de quienes fundaron Región, les convenció de la necesidad de producir transformaciones estructurales en la sociedad, pero ya no por la vía de la revolución violenta, sino mediante el largo, pero más seguro proceso de reformas permanentes, con las herramientas de la acción política y social ciudadana. El uso de la violencia para conseguir propósitos sociales o políticos, condujo a ubicar en el campo de la arbitrariedad, el autoritarismo, el fetichismo de las armas y en la delincuencia, a quienes habían tomado esa senda.

2. La promoción de la democracia³
Distanciados de planteamientos en boga, como la vigencia de la dictadura del proletariado y la Doctrina de la Seguridad Nacional, que inspiró todas las dictaduras militares de la región, se tenía claro que la promoción de la democracia, en su sentido más hondo y amplio y el rechazo de todo autoritarismo era un propósito central: “Entendemos la democracia, en lo más íntimo, como una manera de relacionarse. En esa medida es una pregunta y una exigencia a todas las relaciones humanas (…) Entendida en un plano más amplio aún, se trata de un proyecto social, de un modelo a alcanzar, de una utopía…”. (Fernández, 1990) En ese período, dos libros fueron relevantes en nuestros debates: Los patios interiores de la Democracia (Lechner, 1988) y Todo lo sólido se desvanece en el aire (Berman, 1982)⁴ aportando una sensibilidad que produjo la profunda impronta de Región: el sujeto y la subjetividad y la estética.

3. Ser un actor social y político⁵
En una época en que el valor de las organizaciones y el sentido de su existencia era ser herramienta de los más pobres y estar “al servicio de los sectores populares”, el equipo fundador de Región se aparta de esa idea y reconoce que una organización de la sociedad civil, como la que requería la ciudad de los noventa, debía ser portadora de agenda y agencia propias y eso la convirtió en un actor social y político autónomo, con cercanía y solidaridad especial por quienes sufrían exclusiones y carencias, pero también, con capacidad para tomar distancia si fuera necesario.

Cada uno de estos tres valores, generó preguntas éticas que se abordaron de inmediato. Una acción siempre aconsejable, es reconocer la existencia del problema como paso ineludible para enfrentarlo; el caso de la ética como pauta de acción y las decisiones en la vida de las personas y las instituciones, no es la excepción. A comienzos de los noventa, el entrañable y recordado Pbro. Carlos Alberto Calderón nos lo preguntaba de esta manera:

(…) "¿por qué hay personas o grupos sociales que se enriquecen ilícitamente? ¿por qué se agrede y se quita la vida con tanta tranquilidad y frescura? ¿por qué el secuestro, el robo, la consecución del dinero fácil? ¿por qué todo esto si existen unos principios morales y éticos que lo tendrían que impedir? ¿qué nos ha pasado? (…) nosotros preferiríamos hablar (…) de incapacidad de las instituciones de activar y hacer significativo el patrimonio ético acumulado en nuestra sociedad y en nuestra cultura; es este colapso moral lo que exige una nueva incursión en el mundo de la ética; solamente en esta perspectiva entenderíamos el camino de búsqueda de una ética civil o ciudadana". (Calderón, 1991, p. 10)

A partir de estas nociones Región se embarcó, tanto en calidad de protagonista como de promotora, en acciones de: control ciudadano del poder público (veedurías), elaboración de estudios y construcción de propuestas para una ciudad más incluyente, transparencia y rendición de cuentas (propias, del sector de las OSC y de otros actores), en visibilizar situaciones de exclusión o carencia que atenten contra la dignidad de grupos de personas, búsqueda de soluciones políticas al conflicto armado y construcción de la paz.

Hoy 3 décadas después, Región promueve y se involucra en acciones de construcción-reconstrucción de la memoria, acompañamiento a grupos de víctimas, defensa de los derechos humanos, cualificación del derecho a la educación, promoción de la reconciliación y, veeduría y control a la gestión pública; todo en línea de continuidad con la inspiración ético-moral surgida de los valores fundacionales.

Construir ética ciudadana

En los noventa, el énfasis se puso en la necesidad de construir referentes éticos comunes, pues compartíamos la idea de que la moral católica por múltiples razones, pero especialmente por el proceso secularizador de la sociedad moderna, había perdido su capacidad de servir de orientadora para la sociedad. Decía al respecto María Teresa Uribe, también socia de la Corporación (2001):

"El viejo ethos sociocultural per¬dió la capacidad de instituir de senti¬do la sociedad y el nuevo no existe aún. De allí que la sensación que expe¬rimentamos en Colombia no es preci¬samente la de un mundo desencanta¬do (Weber), ni la del crepúsculo de los dioses (Nietzche), sino la de un mun¬do sin sentido, de un vacío... (…) Desde esta perspectiva, la moral católica es necesaria pero insuficiente para crear esos referentes colectivos de identidad y se quedaría corta en el propósito de fundar un orden democrático, pluralista y tolerante hacia el futuro". (p. 177)

A diferencia de lo ocurrido en otras sociedades aquí no emergió una ética civil que llenara ese vacío. La dirigencia no consiguió suplir la necesidad de referentes con una propuesta secular, plausible desde distintas ópticas, para presentarla como alternativa, independiente de las creencias personales o convicciones de cada sujeto. En esta ruta, especial énfasis tuvo el esfuerzo de construir una noción de “lo público” que se viera reflejada en las prioridades del Estado y de las organizaciones y en eje de las preocupaciones políticas. Otra vez María Teresa Uribe fue nuestra compañera y guía en esa labor:

"Hoy se replantea de nuevo este problema de construir lo público y la tesis que yo quiero defender aquí es que mientras no exista lo público como realidad, no existirá ni será posible la construcción de ninguna ética civil". (Uribe, 1991).

Se habló en ese momento de una “ética de mínimos” que constituyera la base moral de la implementación de la Constitución Política de 1991 y que tuviera a los derechos humanos, como fundamento para rehacer el acuerdo social para la convivencia. (Gil, 1999)

La Democracia, inclusión de los sujetos, específicamente de las mujeres

A mediados de los noventa la pregunta por el sujeto atraviesa a Región. En la presentación del texto Develando Mitos (Serie Palabras Más, No. 9, 2004), se hace explícita la razón de esta inquietud:

"La constitución de ciudadanas y ciudadanos responsables consigo mismos y con su entorno social y natural es un proceso formativo que, si no toca a fondo la subjetividad de las personas, puede considerarse un trabajo hecho a medias. No basta que los sujetos conozcan sus derechos y deberes, que estudien la Constitución Nacional, que aprendan a utilizar la Acción de Tutela para protegerse, que sepan quién y dónde puede apoyarlos cuando así lo requieren. Ni siquiera es suficiente que entiendan la enorme importancia de votar y ejercer las libertades de organizarse y opinar. Podemos contar con personas más informadas sin que por ello hayamos tocado el fondo de la actitud de esos sujetos con los asuntos de interés común. Hay que ir más allá y construir en cada persona una clara noción de corresponsabilidad con el medio. Por esta razón, la relación subjetividad-ciudadanía es una preocupación pedagógica relevante para quienes trabajamos en la formación ciudadana".

No bastan pues ni la información ni la educación alrededor de cuestiones como la dignidad o los valores. Es preciso tocar al sujeto si se quieren producir procesos transformadores. Un seminario interno sobre subjetividad y subjetividades arrojó muchas luces para la acción comunicativa, formadora y de deliberación pública que promovía Región. En ese espacio se nos platearon agudas preguntas y debates, como el desencanto del sujeto con la modernidad, la democracia y con discursos formales como los derechos humanos.

Finalizando la década y como cúspide de este proceso de reflexión, un curso sobre “feminismo”⁶ produjo una marca indeleble en el alma institucional. El texto base para el seminario, “La importancia del amor” (Jónasdottír, 2003) es otro de los libros referentes que han ayudado a fraguar el perfil ético y de valores de Región.

Rocío Jiménez, socia de la Corporación y en varios períodos integrante de la Junta Directiva, lo expuso así, en un texto sobre el tema:

"El cuestionamiento a las definiciones sociales de las personas a partir de sus cuerpos da nuevos significados éticos a las maneras no ortodoxas de usar el cuerpo y obliga a establecer reglas de convivencia diferentes para construir una sociedad en la que la diferencia no se traduzca en desigualdad y en la que allí donde exista contradicción podamos, en vez de igualar, diferenciar. (…) La tarea es pues sacar al dios, al padre, al hombre, al estereotipo masculino, al guerrero internalizado, enquistado en nuestros globos oculares, de nuestros ojos, mentes, actitudes y hábitos cotidianos, y convertirnos en cuestionadores lúdicos, herejes, blasfemos, brujas y brujos para modelar la cultura, establecer otros valores, equilibrarnos y armonizarnos como seres íntegros; sólo así podremos tener un accionar político coherente". (Jimenez, 2004)

Ética del Cuidado

En los últimos lustros apareció un referente muy fecundo para orientar la reflexión y la acción: la ética del cuidado, en especial en la versión construida por Leonardo Boff (2002), pero a la que han tributado muchos otros pensadores de todo el mundo. La novedad de esta perspectiva es que rompe con la idea del martirio o la inmolación (pregonadas por algunas corrientes eclesiales y revolucionarias) como culmen del compromiso con los demás y, por el contrario, plantea que cuidar de sí, es un deber que está a la misma altura del cuidado de los otros y de lo otro.

En Región este marco ético, nos permitió comprender que el cuidado de lo público (instituciones, capital social, capital relacional) es también un campo de acción y un compromiso ético de la organización, lo cual contribuyó a incrementar el compromiso con empleados, pares y destinatarios de la labor y, fortalecer los planteamiento contra la corrupción y la promoción del valor de la transparencia y de prácticas como la rendición voluntaria y pública de cuentas. De vuelta a la utopía, recuerdo una magnífica declaración de Bauman (2003) en sintonía con la ética del cuidado:

"Si ha de existir una comunidad en un mundo de individuos, sólo puede ser (y tiene que ser) una comunidad entre¬tejida a partir del compartir y del cuidado mutuo; una comuni-dad que atienda a y se responsabilice de la igualdad del derecho a ser humanos y de la igualdad de posibilidades para ejercer ese derecho". (p. 175)

El Trabajo Sectorial

Trabajar con otros ha sido un puntal del modelo de acción de la Corporación. Se hizo común una frase orientadora de muchas decisiones: “si hacemos algo en alianza con otros, será mejor”. (Ver: Fernández, 2007) El aporte a la dimensión ética en esas alianzas, hace parte de un esfuerzo permanente.

Viva la Ciudadanía es el vínculo estratégico más estable y de mayor profundidad en el que hemos participado. Después de la campaña, realizada para convocar la Asamblea Nacional Constituyente, “SOS Colombia”, 10 ONG de varias regiones del país, lanzaron Viva la Ciudadanía como "un gran proceso de deliberación y movilización social en procura de la paz y la cultura democrática”. (Ver Boletín Desde la Región No. 4, febrero de 1991) Viva asume la promoción de la democracia en toda su radicalidad, especialmente entre la sociedad política. Con Viva apareció en el país para el conjunto de las ONG, una manera de incidir en la agenda pública nacional con protagonismo y propuesta y una forma concreta de construir bienes públicos, en especial, políticas públicas al servicio de toda la sociedad. Una de las muchas virtudes de esta alianza fue su contribución a “desmarginalizar” el sector y ubicarlo como referente ante otros poderes públicos y privados.

Otro campo de acción sectorial es la defensa misma de sus organizaciones. Cada cierto tiempo las OSC se ven vilipendiadas por algún actor público o privado, arguyendo que son instrumentos de políticos deshonestos o eslabones de cadenas de ilegalidad y corrupción. Casi siempre lo hacen amparados en ejemplos de entidades que efectivamente son lo uno o lo otro. Ante los ataques públicos irresponsables y generalizantes, la mejor defensa ha sido la congruencia en la práctica de la transparencia; en este sentido, Región participó activamente en la promoción de la rendición colectiva de cuentas de las ONG, impulsada por la Federación Antioqueña de ONG, Fedong y, la Confederación Colombiana de ONG, CCONG, además, se vinculó con entusiasmo a la construcción de la red nacional denominada ONG por la Transparencia, ONGxT cuyos valores y convicciones fueron acordados por la CCONG y ONGxT, en la declaración de lanzamiento, en la que Región aportó su conocimiento y experiencia (2009):

"Impulsamos esta iniciativa porque: Somos conscientes de que el deber ser de la transparencia pasa por nosotros mismos (…) Sabemos que la buena fe de nuestros propósitos no nos exime de equivocaciones (…) Creemos que los destinatarios del trabajo de las ONG tienen derecho a un trabajo confiable y de calidad, ética y técnicamente bien fundamentado (…) Consideramos que quienes aportan recursos para la realización de las actividades tienen derecho a información confiable y calificada sobre la manera como se invierten sus recursos. Ello implica dotarse de sistemas confiables de producción de información programática, financiera y contable; estas herramientas, que son un requisito para la buena gestión cotidiana son, al mismo tiempo, una oportunidad para que nuestros aportantes, el público y el Estado, mejoren su confiabilidad en nuestra probidad, al tener la oportunidad de conocer con mayor amplitud dicha información".

Durante casi toda su existencia, Región ha trabajado con la convicción de que impulsar el fortalecimiento del sector de las OSC y sus gremios, es un deber de cada organización y que alcanzar los más altos estándares de transparencia y rendir cuentas de lo que se es y lo que se hace, es una vía certera de consolidación.

Esta trayectoria regional y nacional, tuvo su expresión internacional en la experiencia del Open Forum. Previa a la cumbre de Naciones Unidas de 2015, en el marco de la evaluación de la eficacia de la Ayuda oficial al desarrollo, en la que se indagaba por qué la Cooperación Internacional había contribuido tanto a lograr los objetivos de Desarrollo del Milenio, se fraguó una red Global llamada el Foro Abierto desde donde las propias OSC, se preguntaron ¿qué tan efectivas son las organizaciones y redes de la sociedad civil como actoras de desarrollo?

Después de una ronda global de discusiones con más de setenta consultas nacionales, catorce de ellas en América Latina y El Caribe (en Colombia se hicieron ocho consultas regionales), y de un intenso y arduo debate, se produjo un documento síntesis: “Los Principios de Estambul”.⁷ En general los principios allí acordados son una declaración ética sobre el ser y el quehacer de las OSC. Se destaca el Principio sobre Transparencia y Rendición de cuentas que tuvo toda la influencia y la fuerza que impulsamos desde la Red de ONG por la Transparencia y la CCONG que, a pesar de una férrea oposición inicial de organizaciones de otras regiones del mundo, argumentando que el deber de transparencia correspondía al Estado y al sector privado pero no a las OSC, y gracias a las propuestas construidas y el ejemplo práctico de las OSC de América Latina⁸ se consiguió que quedara finalmente como principio de trabajo.

"Quinto principio: Las OSC son efectivas como actoras del desarrollo cuando… demuestran un compromiso institucional sostenido con la transparencia, la rendición de cuentas a múltiples actores, y la integridad en su funcionamiento interno". En: https://ccong.org.co/files/54_at_Principios-de-OSC-Estambul.pdf

Los Avances de la Sociedad

Este trabajo, a veces ingrato, no ha sido en vano. En el plano nacional, la aprobación de la Ley de Transparencia y la Consulta anti-corrupción, un (hecho político sin precedentes), producen optimismo y aunque con pasos adelante y atrás, y muy lentamente, se evoluciona hacia una sociedad más transparente e íntegra en su actuar público y privado, que cuida sus bienes públicos y los pone al servicio del bienestar y mejor calidad de vida para las personas.

La aprobación de la Ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional (1712, 2015)⁹ contó con una activa participación de OSC nacionales. Factores como el empeño del Gobierno de turno por integrarse a la OECD, sirvieron como mecanismo de presión y palanca de una propuesta que, desde la sociedad civil, se venía moviendo hacía varios años. Esta es una buena Ley y permite a los gobiernos dirigidos por personas con voluntad política, orientarse de manera adecuada. Es claro que mayor transparencia no evita el acto corrupto, pero sin duda lo previene y dificulta su ocurrencia. Región entre otras cosas, ha hecho una amplia labor acompañando gobiernos locales y regionales, y capacitando equipos de trabajo para la implementación cabal de esta herramienta normativa.

Un hecho de obligatoria mención, son los 11,6 millones de votantes, en agosto de 2018 en la Consulta anticorrupción. Sin duda pesó mucho en este pronunciamiento ciudadano, el cansancio y el hastío frente al comportamiento delincuencial generalizado, de robarse los bienes públicos que van a parar a redes de maleantes, en lugar de invertirse en garantizar derechos y libertades de la ciudadanía. Aunque hay una oposición –a veces velada a veces clara– de las principales fuerzas políticas del país, lo cierto es que la combinación de iniciativa política y movilización ciudadana, es esperanzadora y avanza hacia un acuerdo institucional y social que ve en la corrupción un mal indeseable a repudiar y combatir.

Los Desafíos de hoy

Los tiempos que corren son difíciles. En estas primeras décadas del siglo XXI, hay dos tendencias contrapuestas, que se expresan con miles de manifestaciones por todo el mundo. Simplificando con propósitos pedagógicos, pueden describirse así: Una, que gobierna buena parte de la humanidad, exacerba el interés individual hasta volverlo fatal para la sociedad y la naturaleza (como lo demuestra el crecimiento delirante de la desigualdad), erige la rentabilidad financiera como valor supremo, hace del cinismo y la mentira estrategias para el logro de resultados electorales y pregona el odio y la exclusión de millones de seres humanos como bandera política. Para quienes ven la dimensión ético-moral como eje de su existencia, este escenario es todo un desierto hostil. Al mismo tiempo, hay una sólida contra-tendencia, agenciada por individuos, comunidades, movimientos sociales, espirituales, culturales, incluso países, basada en la solidaridad, el trabajo cooperativo, el respeto profundo por el planeta y la producción de valor y riqueza distribuida equitativamente. En palabras de Scharmer y Kaufer, vivimos una "transformación de los egosistemas a los ecosistemas".¹⁰ En esta perspectiva las éticas que se fundamentan en el cuidado y la compasión, están en la médula de la transformación.

Estas tendencias se instalan también en el corazón de la sociedad, y pueden encontrarse organizaciones sociales, imbuidas a fondo en ambos paradigmas, como quiera que las OSC no estén exentas de ello.

Ubicar la ética y la estatura moral de las personas y de las organizaciones en el centro de la preocupación y el cuidado, resulta épico en un tiempo en el cual, no entrar en los circuitos de la corrupción puede ser suicida. Pero hacerlo, volverse uno más en larga cadena de inmorales que se aprovechan de los bienes públicos para enriquecerse y, por ahí derecho infligir graves daños a la sociedad, es claramente desaparecer como sujeto social.

Mantener el talante moral de una organización como referente social sin sucumbir ante la presión cotidiana de la mercantilización o la corrupción, requiere principios sólidos, trabajo arduo y permanente y mecanismos de auto-cuidado, de revisión interna, externa y transparencia. Desde la experiencia de Región la clave ha sido mantener el tema en debate, volverlo cotidiano, motivo de conversaciones formales e informales constantes.

En general, el sector de las organizaciones sociales en este país, especialmente las ONG, se mantiene fiel a un comportamiento probo y digno. Con Italo Calvino puede decirse que han logrado “identificar quien y que, en medio del infierno, no es infierno” … y se ha puesto de su lado.

Pero con relación a la libertad y la autonomía, la humanidad atraviesa en la actualidad un campo hostil. Paolo Flores D’Arcais (1991) pensador italiano nos recuerda el tremendo reto ético-moral que representa mantenerse fiel al ideal democrático: "La democracia —sería bueno no olvidarlo— es un sistema frágil, una excepción en la aventura humana. (…) es gobierno paradójico y lógicamente inerme, porque para no renunciar a sí mismo debe garantizar espacio a sus enemigos, tolerancia a los enemigos de la tolerancia". (p. 84)

En el marco de la celebración de los 25 años de vida de Región, Marta Villa, su directora, ratificó la tesis esencial de este texto: la centralidad del discurso ético en Región la institución. Retomo sus palabras por vigentes hoy, cinco años después, como sentido de la existencia personal y colectiva:

"En este contexto, con muchos claroscuros, creemos que, organizaciones como nosotros y como tantas otras que hay en la ciudad y en el país tenemos aún cosas por hacer y decir. No se puede avanzar en la profundización de la democracia sin que este lugar de la sociedad, el de las organizaciones que sin ser gobierno o un partido político, reivindicamos la vocación y el sentido político de nuestro quehacer. Pero hoy, 25 años después, este sentido alude no sólo a las relaciones de poder o la distribución del poder en la sociedad, interpela los pilares éticos y culturales con los que hemos asociado el bienestar, el desarrollo, la felicidad. Necesitamos construir una nueva forma de ser, de hacer y de pensar". (Villa, 2014)

Gracias a Región en sus 30 años, por mantenerse, junto a muchas otras organizaciones de la sociedad civil de este país, en la lista de quienes anteponen la decencia a la opulencia, la incertidumbre al confort, y entre quienes reconocen el no-infierno en la sociedad y se suman a él, con la meta de construir “vida buena” para cada persona y para cada ser vivo en el planeta.

Referencias bibliográficas

Bauman, Zygmunt. (2003). Comunidad. En busca de seguridad en un mundo hostil. Madrid: Siglo XXI de España Editores. 185 p

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Gil, Max (1999). Una agenda para el siglo XXI. Los derechos humanos en Colombia. En: Desde la Región. Medellín. No. Edición especial 10 años. Págs. 114 a 129.

Jimenez, Rocío. (2004). Feminismo y género. Develando mitos. En: Develando mitos. Serie Palabras Más. No. 9. Medellín. Corporación Región. Págs. 5 a 38.

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Lechner, Norbert. (1988). Los patios interiores de la democracia. Subjetividad y política. Santiago de Chile: Ed. Flacso. 189 p

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Scharmer, O. y Kaufer, K. (2013). Liderar desde el futuro emergente. De los egosistemas a los ecosistemas económicos. Barcelona. Ed. Eleftheria. 343 p.

Sierra Juan. (2007). La Corporación Región un actor social y político reflexivo en una sociedad compleja. Reflexiones sobre su estrategia de acción. En: Desde la Región. Medellín. No. 49. Págs. 5 a 30

Uribe de Hincapie, María Teresa. (1991). Notas coloquiales sobre la ética y la política. En: Ética para tiempos mejores. Medellín. Corporación Región.

__________________________________. (2001). Nación, ciudadano y soberano. Medellín: Corporación Región. 303 p.

Villa Marta (2014). 25 años: una oportunidad para refrendar el sentido de nuestra existencia. En este enlace.

Palabras clave:

Responsabilidad, propósitos, democracia, ética, organizaciones sociales.

Notas al pie:

^{1 Epígrafe del libro Ética para tiempos mejores, publicado por Corporación Región en 1991 con las memorias del seminario sobre Ética ciudadana, realizado un año después de su fundación, testimonio de la reflexión ético-moral de la acción–como una preocupación perenne.
2 En un seminario interno sobre ética en el Centro de Fe y Culturas en el 2017, Beatriz Restrepo aclaró estos conceptos: La moral es enjuiciadora (por tanto, sancionadora) se refiere a comportamientos (acciones, no pensamientos) de la persona, cambia y se transforma, sus deberes son siempre categóricos. La ética es la expresión de la capacidad de la razón humana para preguntarse por los asuntos morales, conceptualizar sus términos, criticar su normatividad y prácticas y fundamentar nuevas formas de moralidad. Puede decirse que la moral es el objeto de la ética. “La ética convierte en conceptos nuestras intuiciones morales” (Habermas). Es por ello que hoy se habla de la formación en la dimensión ético-moral que incorpora por igual estos dos elementos.
3 Para una mirada a fondo sobre el pensamiento de Región en este campo ver Desde la Región No. 43. Democracia. Noviembre de 2004 y Bernal, 2007.
4 Ver resumen del planteamiento en Berman, 1991.
5 A este propósito ver una explicación extensa del concepto en: Sierra, 2007, Fernández, 1999 y Fernández, 2004.
6 Este curso, inicialmente pensado para capacitar al equipo de trabajo sobre “perspectiva de género”, fue dictado por Olga Amparo Sánchez de la Casa de la Mujer, quien fue clara en ubicar su perspectiva en el feminismo y no en la “equidad de género”.
7 Ver enlace.
8 Aquí la alianza con otras organizaciones y redes de la región fue muy importante. Alop y Rendir Cuentas.
9 Esta Ley estuvo precedida del Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011) y de la Política Pública Integral Anticorrupción (PPIA), contenida en el CONPES Nro. 167, 2013
10 Un análisis a fondo de esta realidad puede encontrarse en Scharmer y Kaufer, 2013. Recomiendo especialmente la introducción de ese libro.}