Durante el primer trimestre del año, todas las corporaciones, fundaciones y asociaciones deben realizar asambleas ordinarias para aprobar los estados financieros, el presupuesto, los informes de gestión, en fin; para muchos, un requisito de la norma que hay que cumplir rapidito. En la Corporación Región más que una formalidad, se trata de un verdadero ritual. Nuestra asamblea número 28 fue un espacio para compartir resultados, ratificar nuestro sentido, renovar los afectos, validar lo que nos sigue identificando con este proyecto y analizar sus perspectivas, y las palabras que mejor expresan nuestra conversación son: paradoja e incertidumbre.
Como lo expresamos en nuestro Balance social, el año 2016 estuvo marcado por la esperanza; la posibilidad tan anhelada de poner fin a la guerra pareció realizable. La firma del Acuerdo entre las Farc y el Gobierno fue la concreción de muchos años de persistencia y trabajo por la paz de cientos de organizaciones como la nuestra. Y en el camino de construcción de esta paz, hemos dicho, las organizaciones sociales tenemos un papel por jugar, pues conocemos a fondo los territorios, las problemáticas sociales, las múltiples maneras de trabajar con poblaciones excluidas y vulneradas, poniendo al centro la dignidad de los sujetos y de los procesos nacidos en las comunidades; hemos demostrado capacidad de diálogo con diferentes actores, incluyendo los institucionales, aportando conocimientos pertinentes y praxis (SABER HACER) en la perspectiva de profundizar la democracia y avanzar en la cimentación de la paz desde los territorios.
Sin embargo, estas fortalezas van acompañadas de múltiples riegos y amenazas que atentan contra la implementación de los acuerdos y contra el papel que en ellos puedan jugar las organizaciones sociales, haciendo de este un momento verdaderamente paradójico, con un alto nivel de incertidumbre sobre las posibilidades de sostenibilidad: teniendo tanto por hacer y aportar, una gran cantidad de organizaciones sociales del país ven amenazada su subsistencia.
La primera amenaza tiene que ver con el asesinato sistemático de líderes asociados con la reclamación de tierras o con las zonas que van a ser priorizadas para la implementación de los acuerdos. Esto, además del daño irreparable en vidas humanas y del sufrimiento generado a cientos de familias, interroga las reales garantías de no repetición del conflicto armado y amplifica el miedo a la participación y el asociacionismo. Una situación que, como en el pasado, obstaculiza los intentos de profundizar la democracia en nuestro país.
De otra parte, al lado de las necesarias medidas para combatir la corrupción, el Gobierno central ha implementado, con un eco sorprendentemente automático en gobiernos locales (por ejemplo, en Medellín y Antioquia), restricciones para la contratación pública con organizaciones sociales bajo el supuesto de que estas han sido instrumentos privilegiados para la corrupción. Como lo hemos dicho en otros editoriales, aunque existen “organizaciones de papel” y una serie de prácticas tendientes a la captación indebida de recursos públicos, esto no es ajeno a las grandes cadenas de corrupción promovidas incluso desde los partidos políticos y la propia institucionalidad. De hecho, muchos gobiernos locales que dicen apostarle a la anticorrupción siguen haciendo uso de la contratación directa o de los convenios interadministrativos para favorecer a sus clientelas y castigar a aquellas organizaciones autónomas y críticas de la administración.
Son sanas las medidas de control y la rendición de cuentas sobre nuestros recursos, pero la generalización y la estigmatización desconocen el importante aporte de las organizaciones sociales al desarrollo y la democracia de este país y se convierten en una manera de negar y frenar todo su potencial.
A esto se suman otras regulaciones problemáticas ligadas a la reforma tributaria que reducen el margen de maniobra de cientos de organizaciones, por ejemplo, al dejar en manos de la DIAN la acreditación de si efectivamente las entidades sin ánimo de lucro lo son y un conjunto de medidas que tienden a homologarlas con organizaciones productivas, otra forma de desconocer su naturaleza.
Otras tensiones emergen del mismo campo de los movimientos sociales. Con el Acuerdo de Paz se espera, entre otras cosas, el fortalecimiento de la participación ciudadana, de los movimientos sociales y de los partidos políticos. Este proceso ya va en camino y, tenemos que decirlo, hemos sentido en varios escenarios que algunas personas ven en las organizaciones no gubernamentales (que son una pequeña expresión del amplio espectro de las organizaciones sociales) una competencia e incluso una amenaza para los partidos políticos nacientes o las organizaciones comunitarias. Frente a esto, reiteramos, como lo venimos diciendo hace más de 20 años, que si bien nuestro accionar es profundamente político, como quiera que nos ocupamos de cuestiones de interés público, no somos ni pretendemos ser ni competir con los partidos; que tenemos una opción preferencial por los sectores excluidos y vulnerados, pero no nos declaramos sus representantes; que la apuesta por la paz para nosotros es misional, no coyuntural, que la posibilidad real que hoy tenemos de concretarla ha sido fraguada en años de trabajo y convicción; y, finalmente, estamos convencidos de que hacer con otros genera más y mejores resultados, pero ello implica comprender que las diferencias son riqueza y no amenaza. Necesitamos de muchas expresiones colectivas. ¡Es esto y no los feudos lo que vamos a alentar!
Además, como nunca antes había ocurrido, la implementación de los acuerdos supone la confluencia del Gobierno y la sociedad civil en el mismo propósito, y sabemos que la cooperación internacional se ha comprometido de manera firme y decidida a aportar para facilitarla. Sin embargo, una paradoja es que los recursos de la cooperación hacen parte de los compromisos de implementación que adquiere el Estado, quien pasa a ser destinatario de una buena parte de ellos, compitiendo, de manera desigual, con las organizaciones sociales. Esto se ve agravado por la falta de una política pública efectiva para nuestro fortalecimiento, entendiendo que somos bien público de la sociedad y capital de la democracia.
Estamos pues en un momento para el que nos estuvimos preparando durante años, pero en un ambiente tan adverso que corremos el riesgo inminente de desaparecer por asfixia económica y política, junto con un gran número de organizaciones sociales que trabajan por los derechos humanos, los derechos económicos, sociales y culturales y los procesos territoriales.
Rendir cuentas y actuar de manera trasparente haciendo un buen uso de los recursos públicos y privados, trabajando por un marco jurídico habilitante y por una política explícitamente orientada a nuestra defensa y nuestro fortalecimiento, hacen parte del camino recorrido en el cual vamos a seguir, pero no basta. Los tiempos y los contextos global, nacional y local han cambiado y nos convocan a repensarnos, a reinventarnos, a interrogar de manera profunda nuestras maneras de ser y estar.
Disponernos a esta reflexión, seguramente de la mano de muchas organizaciones amigas con las que compartimos estas preocupaciones, fue el mandato de nuestra asamblea: ¿Cómo continuar caminando en este tiempo crucial, con las paradojas y el alto nivel de incertidumbre que le caracterizan?
Este es el reto y a ello dedicaremos nuestros esfuerzos, convencidos de que para tener una democracia fuerte se requiere una sociedad civil fuerte y desde nuestras organizaciones, con el pensamiento y el saber acumulado, tenemos mucho que aportar en la construcción de este propósito.
