Hace cinco años el gobierno y la extinta guerrilla de las FARC decidieron dar un paso contundente hacia la construcción de paz: a pesar de los resultados del plebiscito en el que el “no” tomó la delantera por un estrechísimo margen, se firmó el Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Con esto, además de todos los propósitos del Acuerdo, se daba cumplimiento al derecho inalienable que tenemos todos los colombianos y colombianas a vivir en paz. En ese momento lo celebramos y nos propusimos acompañar su implementación. Hoy le damos una mirada a este proceso, con la convicción de que la paz sigue siendo un propósito vigente.
Múltiples balances acompañan esta conmemoración, y el panorama de la implementación del Acuerdo Final es poco alentador. Si bien los avances en cada punto son distintos, el informe del Instituto Kroc indica que en estos cinco años, la implementación general del Acuerdo no supera el 28%, cifra muy baja teniendo en cuenta que la meta para este periodo inicial era lograr un 40%. A este dato se suma el informe de la Contraloría de julio de 2021, que señala que, al ritmo actual de asignaciones presupuestales y ejecución, se requieren por lo menos entre 26 y 34 años más para cumplir con lo establecido en el Plan Marco de Implementación.
El horizonte es preocupante y requiere de una movilización urgente de los distintos sectores sociales para exigir al Estado que genere las condiciones y disponga los recursos necesarios para avanzar en el cumplimiento integral de lo acordado en La Habana. Sin embargo, consideramos fundamental valorar los logros políticos y reconocer los progresos alcanzados, pues aunque son mínimos, constituyen pistas para seguir avanzando.
El Acuerdo representa un hito en la historia del país, su principal acierto es haberle puesto fin a una guerra de más de cinco décadas, salvando miles de vidas, reduciendo todas las cifras de violencia y encontrando salidas negociadas a los conflictos. Estos asuntos son centrales en una sociedad acostumbrada a enfrentarse a través de los golpes y las armas. El diálogo se ha convertido en la posibilidad de tramitar las diferencias, abrir otros caminos y facilitar nuevos encuentros.
También ha sido esencial el reconocimiento de las víctimas, de su dolor y de sus derechos. Cada vez, un sector más amplio de la sociedad tiene conciencia de las afectaciones que la guerra produjo en las poblaciones y los territorios más excluidos del país y se dispone a participar solidariamente de iniciativas de reconciliación que permitan generar garantías para que nunca más se repitan las atrocidades. En esta tarea, La Jurisdicción Especial para la Paz, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, y la Comisión de la Verdad han sido fundamentales y merecen un especial reconocimiento por la solidez y la firmeza con la que han llevado a cabo sus respectivos mandatos.
En términos de participación política también se han dado avances importantes, tales como la conformación del partido Comunes, el Estatuto de la Oposición, la conformación de los consejos de paz y las 16 curules para las víctimas. Pese a las difíciles condiciones de seguridad que se presentan en muchos territorios y que ya han cobrado la vida de cerca de mil líderes y lideresas sociales, desde la firma del Acuerdo, los movimientos comunitarios, sociales y de derechos humanos han ganado fuerza y espacio político para retomar el debate público sobre temas claves para el país, como la pobreza, la desigualdad, las garantía de derechos y libertades; y vienen liderando la implementación de distintas iniciativas muy relevantes para la construcción de la paz en sus territorios. Igual de importante es señalar que luego de cinco años en los que han asesinado a por lo menos 300 excombatientes y han contado con pocas garantías sociales y económicas, cerca de 13.000 firmantes se mantienen en la legalidad y hacen parte de los procesos de reincorporación.
Por supuesto, los desafíos son muchos y es necesario asumirlos con toda la premura, seriedad y compromiso que ameritan. Es imperativo atender las condiciones de seguridad de los territorios y contar con la presencia integral del Estado garantizando los derechos de la comunidades; es urgente proteger la vida y la integridad física de los defensores y defensoras de derechos humanos, impulsar la materialización de los PDET, fortalecer los escenarios de participación ciudadana en torno a la paz, insistir en la salida política negociada con el ELN, reparar a las víctimas, fomentar la coordinación interinstitucional de gobiernos locales, departamentales y nacionales, respaldar la labor de las instituciones del Sistema Integral y prepararnos para recibir, apropiar y difundir el informe de la Comisión de la Verdad. En suma, asumir el Acuerdo como una propuesta integral que no se puede despedazar ni cumplirse por pedacitos.
Finalmente, no podemos perder de vista que se avecina un proceso electoral definitivo para la continuidad del Acuerdo. Es momento de exigirle a quienes están en la contienda electoral que hagan de este un tema central en sus agendas, que no le den la espalda a la discusión y que se comprometan a seguir avanzando en su implementación. A quienes nos preparamos para ir a las urnas, un llamado para que este sea uno de los criterios a la hora de votar. Nuevamente, la invitación es a votar por la paz.
