Editorial
Diciembre de 2016
En las últimas semanas se han producido varios hechos de violencia que amenazan seriamente el proceso de implementación del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno Nacional y las Farc. Son muy graves los asesinatos de líderes sociales en varias regiones del país. Según cifras de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, durante el 2016 se han producido 35 atentados y 52 homicidios en contra de líderes y lideresas defensores de Derechos Humanos, y 13 de los homicidios han ocurrido luego de la firma del primer Acuerdo, el pasado 26 de septiembre . Igualmente se han presentado violaciones al cese al fuego establecido entre el Gobierno y las Farc en el sur de Bolívar y en Tumaco, que han dejado tres personas muertas y un guerrillero de las Farc capturado, en hechos que según el Mecanismo de Monitoreo y Verificación evidencian vacíos en la aplicación de los protocolos establecidos. A esto se suman acciones de violencia que comprometen unidades del Ejército de Liberación Nacional y de la fuerza pública y, finalmente, varios agentes de la Policía Nacional han sido asesinados en desarrollo de un plan pistola ordenado al parecer por integrantes de las Autodefensas Gaitanistas, en retaliación por operativos en su contra.
El periodo que se viene es crucial para avanzar en la implementación del Acuerdo firmado el pasado 24 de noviembre y va a requerir un ambiente propicio para su concreción, por lo que estos hechos constituyen una grave amenaza para el propósito de construir una paz firme, estable y duradera. Es necesario el establecimiento de un gran pacto nacional que permita que se aborden los debates sobre el proceso de implementación, en un marco democrático; para ello, se requiere un pronunciamiento explícito de rechazo a estas acciones por parte de todas las fuerzas políticas nacionales. Igualmente, que las autoridades tomen las medidas necesarias para evitar que se repitan y, sobre todo, que las investigaciones sobre los responsables se desarrollen de manera diligente, dado que la impunidad es uno de los principales estímulos para su repetición.
De cara al traslado de las Farc hacia las zonas veredales transitorias y los campamentos establecidos, se requiere que el Mecanismo de Monitoreo y Verificación se ubique en el terreno y evite nuevos incidentes. Es probable que esto no se pueda garantizar de manera absoluta dada la complejidad de la puesta en funcionamiento pleno de lo acordado, pero entre más pronto se concrete esta presencia, menores riesgos de incidentes se van a presentar.
Invitamos al Ejército de Liberación Nacional a dar muestras de buena voluntad de cara a la instalación de la Mesa de Negociaciones programada para el próximo 10 de enero en la ciudad de Quito, mediante acciones como la puesta en libertad de las personas secuestradas que se encuentra en su poder, e incluso, decretando una tregua de acciones ofensivas durante el mes de diciembre y hasta la instalación de la Mesa en enero del 2017.
Finalmente, rechazamos los asesinatos de policías que se han presentado en las últimas semanas a manos de integrantes de las AGC e invitamos a las autoridades para que tomen todas las medidas necesarias para evitar que estos hechos se repitan y a la sociedad para que exprese su rechazo ante estos crímenes. Solo una fuerza pública legal y legítima, con los debidos controles institucionales y en el marco de una presencia estatal integral puede garantizar la seguridad pública en los territorios y este es uno de los mayores retos para copar los espacios que históricamente han controlado los grupos armados.
Luego de las profundas fisuras que dejaron en la sociedad los debates sobre el plebiscito, la renegociación del Acuerdo, su firma y la refrendación esta semana por el Congreso de la República, se vienen nuevos retos en materia de implementación, sumados al esperado inicio del proceso de negociaciones con el ELN. Estamos convencidos de que este debate será el centro de la vida pública nacional durante los próximos meses y ello requiere condiciones democráticas para su realización, el reto es que lo podamos hacer sin violencia y tanto el Estado como la sociedad debemos contribuir para que así sea.
