El primero de enero del 2024 Federico Gutiérrez y Andrés Julián Rendón, asumieron como alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia, respectivamente. Gutiérrez obtuvo una votación histórica con más de 60 puntos sobre el segundo. Rendón, con un margen más estrecho, derrotó al candidato de la continuidad y a las encuestas, que daban el primer lugar al exalcalde y exgobernador Luis Pérez.
Esta dupla ganó las elecciones con un discurso confrontativo y de oposición al gobierno nacional e impulsados por los escándalos de corrupción, las prácticas clientelistas, el deterioro institucional y el descontento ciudadano con la administración de Daniel Quintero. Ambos se apuntalaron en la narrativa de “recuperar a Medellín” y “salvar a Antioquia”, aunque tendrán que gobernar con el espejo de su propio pasado.
En 2019, Federico Gutiérrez, terminó su administración como uno de los alcaldes con más altos niveles de aprobación en Colombia, su favorable imagen pública, creada en redes sociales y en medios tradicionales, lo proyectó como una figura política de alcance nacional. Logró posicionarse como un mandatario exitoso y transformador, valiéndose de bodegas en redes sociales y pauta oficial, con recursos públicos. Aunque es cierto que hubo algunos avances en reducción de la pobreza, deserción escolar y ampliación de cobertura educativa, la ciudad se estancó y retrocedió en muchos otros indicadores sociales. Se priorizó una visión de seguridad punitiva y mediática, aumentaron los homicidios y su primer secretario de seguridad terminó condenado por intercambiar favores con grupos delincuenciales. El alcalde personalizó el gobierno, quiso suplantar las funciones de otras ramas del poder público y desconoció la agenda de paz y posconflicto con la que se comprometió como candidato.
Las incongruencias en su ejecución se reflejan en la Encuesta de Percepción Ciudadana de Medellín Cómo Vamos[1], realizada en 2020, en la que encontramos que, entre 2016 y 2019, cayó 10 puntos el porcentaje de personas que consideraban que las cosas en la ciudad iban por buen camino; Igualmente, este retroceso se evidencia en los informes presentados por la Veeduría Ciudadana al Plan de Desarrollo de Federico Gutiérrez, y las investigaciones y artículos realizados por organizaciones sociales, unos pocos medios y periodistas y algunos sectores políticos y académicos[2].
Con relación a Rendón, el antecedente más próximo es su gestión como alcalde de Rionegro. A falta de recursos de evaluación independiente para valorar su administración, podemos decir que él mismo destacó, en su rendición de cuentas, avances en materia de seguridad, inversión social e infraestructura. Al final de su mandato aseguró que se redujeron todos los delitos, particularmente el homicidio, y celebró la creación de “frentes ciudadanos” de seguridad, la inversión en cámaras y equipamiento para la Policía y la persecución a estructuras criminales. “Los pusimos a correr de Rionegro”, dijo en una intervención pública en agosto de 2019. Su visión sobre la seguridad, en buena medida, coincide con la del hoy alcalde de Medellín.
Desde la campaña, y mucho más desde su elección, viene hablando de autonomía fiscal de los departamentos, culpa al gobierno nacional y a su iniciativa de “Paz Total” de los problemas de seguridad en Antioquia y afirma que existe revanchismo del presidente Gustavo Petro. En su discurso de posesión utilizó una frase que aleja la posibilidad de un escenario de cooperación y fortalece la visión del departamento como una trinchera para hacerle contrapeso a Petro: “Si Antioquia resiste, Colombia se salva. Nuestro departamento es como un país, pero metido en 125 municipios”.
Rendón tiene dos procesos en curso por sus actuaciones como alcalde: uno penal, por un supuesto detrimento patrimonial en las obras de construcción de dos CAI, y para el cual la Fiscalía había solicitado una audiencia de imputación de cargos que, luego de su elección, la misma Fiscalía canceló, argumentando que sería necesario cambiarlo de despacho por el fuero constitucional que obtuvo como gobernador. El segundo es disciplinario y está relacionado con los estudios previos de varias obras de infraestructura del Sistema Integrado de Transporte de Rionegro.
Más allá de la percepción general sobre sus trayectorias y antecedentes, ambos, Gutiérrez y Rendón deben gobernar una ciudad y un departamento con deudas históricas en materia de pobreza y desigualdad, múltiples expresiones de violencia, inseguridad y convivencia. Pueden aumentar simpatías y recoger aplausos fáciles, profundizando los malestares ciudadanos con el alcalde anterior y el gobierno nacional, y repetir así los errores del pasado, o propiciar un ambiente respetuoso que priorice el diálogo, el reconocimiento de una ciudad y un departamento diversos y el trabajo articulado entre todos los sectores y actores para sacar adelante los proyectos e iniciativas que requieren Medellín y Antioquia para atender sus problemáticas.
Como organización social tenemos diferencias con los enfoques que orientan las propuestas de ambos gobernantes. Pese a ello, y como siempre lo hemos hecho, participaremos de espacios de interlocución tanto con la Alcaldía como con la Gobernación, con el propósito de aportar miradas críticas, debatir el modelo de desarrollo y las políticas sociales y participar de las acciones que permitan avanzar en las transformaciones estructurales que requerimos.
Frente al actual panorama, sabemos que nuestro rol principal durante los próximos cuatro años será el del control social, por lo que nos hemos propuesto participar de las diferentes iniciativas que se lleven a cabo desde la sociedad civil con este objetivo. En articulación con diversas organizaciones y colectivos con los que compartimos enfoques y apuestas, realizaremos una veeduría rigurosa y oportuna sobre el cumplimiento de los planes de desarrollo y la implementación de los programas del gobierno nacional en el distrito y el departamento.
Propondremos diálogos amplios y diversos para debatir las narrativas que buscan distanciar a Antioquia del país y consolidarla como un bastión de resistencia al gobierno nacional y a las agendas progresistas. Analizaremos a fondo y de manera pública, las propuestas de los mandatarios locales, buscando que respondan a las necesidades de la mayoría de la población y no solo a los intereses particulares de algunos sectores. Generaremos alertas sobre los riesgos que implica la implementación de ciertas medidas para la garantía de los derechos y libertades ciudadanas, en defensa siempre de las conquistas de las mujeres, las juventudes y la población LGTBIQ+.
Mantendremos el respaldo al proceso de Paz Urbana y las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Continuaremos cuestionando la acumulación de la riqueza y la desigualdad y proponiendo acciones de redistribución y equidad territorial y nos mantendremos firmes en la lucha contra la corrupción y el cuidado de los recursos y bienes públicos.
Nuestro compromiso político y social con Antioquia y Medellín se mantiene, se renueva y se fortalece. Haremos un control social riguroso a la gestión de las nuevas administraciones locales sumando esfuerzos con muchas otras organizaciones que comparten este mismo propósito.
[2] Ver editorial Medellín… ¿va por buen camino?
