Opinión

Resumen

Este texto desanda los pasos que Región ha dado en dos décadas de asumir un enfoque de género, es un paseo por proyectos, preguntas, documentos y reflexiones que nos sitúan hoy como una organización que reconoce los niveles de equidad y desigualdad entre hombres y mujeres, que se distancia de posturas esencialistas con relación al género y que trabaja cada día de cara a la necesidad de mirar cada uno de los temas con los que nos comprometemos con múltiples lentes y perspectivas. 

“Porque es claro: La democracia sin mujeres, no es posible ya”¹

La Corporación Región nació para hacer de la democracia una realidad en la vida de la ciudadanía, a través de la acción y la reflexión. A una década de existencia emergió una pregunta crucial: ¿y las mujeres? Como institución mixta, ad portas de un nuevo siglo y una alta dosis de preguntas y de retos, le surge un asunto más: el género, vigente entonces y ahora como pregunta, reflexión y orientación de todo nuestro quehacer, desde el modelo de acción, las relaciones interinstitucionales, la actuación política y social y obviamente nuestra vida cotidiana. Este texto relata dos décadas incorporando y asumiendo el concepto de género; es un repaso por preguntas, debates, documentos, proyectos y reflexiones que nos sitúan hoy, como una organización que reconoce la inequidad, la desigualdad y las diferencias entre mujeres y hombres, desde múltiples lentes y perspectivas sin posturas esencialistas.

Finaliza el siglo, comienzan las preguntas

Por el mundo se extendía la tercera ola feminista, la Marcha Mundial de las Mujeres fue convocada; continuaban los Encuentros Feministas Latinoamericanos y del Caribe y en el marco de la IV Conferencia de Beijing, se hablaba de ciberfeminismo. Proliferaban las discusiones y críticas sobre la ‘oenegización’ del feminismo y la institucionalización por parte de Naciones Unidas del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En medio de esa efervescencia, entre 1999 y 2000, las agencias de cooperación exhortaban a las ONG a incluir el componente de ‘género’ en los proyectos, estableciéndolo como criterio para la financiación; además, para que el tema ganara en contundencia, ofrecían formación en diferentes aspectos: incorporación del enfoque y la perspectiva de género en la planeación, evaluación y seguimiento de procesos, programas y proyectos.

Región aceptó el llamado y realizó un seminario interno (2000) sobre Feminismo y Democracia, cuya conclusión fue: “No existe democracia, sin la inclusión real de las mujeres al proceso democrático”. También, se identificó, que si bien la situación de vulneración de los derechos humanos de las mujeres había mejorado, las brechas de género en Colombia y el mundo, tenían un trecho amplio por recorrer, para alcanzar la igualdad jurídica real entre hombres y mujeres y, que la acción institucional debía aportar para lograrla. Entonces, se incorpora la dimensión de género en el Plan Trienal 2001-2003, considerando necesario el desarrollo de un proceso continuo, durante los tres años, para alcanzar un impacto significativo dentro de la organización y en los procesos que desarrollábamos (Arias: 2009). La planeación estratégica requirió también de esfuerzo, organización y compromiso institucional; así que se creó una comisión interna, en coordinación con la dirección y los equipos de trabajo. Para ese momento ya reconocíamos los aprendizajes obtenidos del feminismo y del movimiento social de mujeres.

En el editorial de la revista Desde la Región de noviembre de 2001, dedicada a revisar la dimensión relacional entre lo femenino y lo masculino, puede leerse:

“El reto con el que iniciamos el año fue el de cómo incorporar en nuestros procesos esta necesaria dimensión de género que, en el caso específico de Región, como ONG mixta, significaba cómo hacer visible, asible y medible en este trienio, una dimensión de ciudadanía incluyente para las mujeres. Pensarlo así, implicaba demandas concretas en relación con: formulación de políticas institucionales en cuanto a la ciudadanía de las mujeres y a los roles desempeñados en lo público, lo privado y lo social; articulación del tema con la misión institucional, los programas y los proyectos; desarrollo de sistemas de monitoreo y evaluación; apertura al cambio y a otros procesos de concertación; comprensión del conflicto y la tensión entre hombres y mujeres como un ejercicio de democracia y generador de elementos de crecimiento individual e institucional; y disposición para vincular en forma sistemática la producción teórica del feminismo, en las áreas que le competen a cada programa. Lo anterior en cuanto a demandas institucionales. Porque también las había en lo personal: significaba que cada hombre y cada mujer partícipe de la reflexión emprendida, no sólo debía pensar en el aporte a una mayor visibilización y equidad para con las mujeres desde el proyecto que desarrolla, sino que, para ello, debía mirarse, situarse, pensarse, sentirse, descubrirse, reconocerse, expresarse, frente a la piel con que se ha vestido durante toda su vida”.

En Colombia durante aquellos años, varios grupos y organizaciones de mujeres: Casa de la Mujer, Corporación Vamos Mujer, Ruta Pacífica de las Mujeres y la Red Nacional de Mujeres, producían conocimiento, pedagogía y metodologías de trabajo con mujeres, desde el feminismo. Olga Amparo Sánchez Gómez reconocida feminista, fundadora de Casa de la Mujer, acompañó el proceso de incorporación y desarrollo del enfoque de género en Región; su asesoría fue clave y tuvo como efecto la conformación de una comisión asesora externa, con un encargo reflexivo y deliberativo desde los saberes y experiencias específicas de las integrantes: Rocío Pineda La política y la relación con el Estado; Clara Mazo Pedagogía y formación; Rocío Jiménez Estudios de mujer, género y desarrollo y Beatriz Montoya, trabajo organizativo. Sus sugerencias y aportes buscaban ampliar la visión institucional, proponer estrategias y contribuir a incorporar la dimensión en los proyectos e intervenciones de la Corporación. En retrospectiva, Rocío Jiménez, recuerda que:

“Entendíamos el género como una categoría de análisis eminentemente dialéctica que nos permitía reconocer los desequilibrios evidentes en la sociedad. El enfoque nos centró en el análisis de la condición de la mujer y su situación con respecto a los hombres, poniendo el énfasis en la dimensión relacional y en el carácter cultural, político y cambiante de las diferencias, que involucraban los femeninos y los masculinos, eso nos llevó a cuestionar las definiciones esencialistas y victimizantes… ”²

Con el enfoque de género comprendimos que había que cuestionar y cambiar el sentido y el orden de los contenidos asignados a la vida de las mujeres, sostenidos por el patriarcado, entendido según explica Marcela Lagarde (1990) como la suma de tres características determinantes: el antagonismo genérico, la división al interior del género femenino y, el machismo basado en la exaltación de la fuerza y la virilidad. Entonces, analizábamos desde todos los espacios de toma de decisiones, ¿quién tiene acceso a qué? ¿quién decide y qué y quién define las agendas? Nos propusimos desarrollar mecanismos representativos para reconocer las diferencias y desigualdades y, desde la perspectiva de género, reordenar y equilibrar las relaciones en y entre las esferas públicas y privadas garantizando la proporcionalidad entre mujeres y hombres.

Teníamos claro entonces que asumir la categoría, el enfoque y la perspectiva de género como categoría, estrategias y herramientas para la transformación de las relaciones de poder, significaba instar a la sociedad a develar la híper valoración de lo masculino sobre lo femenino y a deconstruir las relaciones de poder y las jerarquías que discriminan social, económica y políticamente a las mujeres. Un asunto con implicaciones éticas, políticas y simbólicas profundas que también, nos atravesó en lo personal y en la cultura institucional, exigiéndonos renovación.

Con estas convicciones se explicitó en los planes institucionales, la preocupación por la inequidad entre mujeres y hombres. En la Misión del Plan 2004 – 2007, Región se define como “una organización: promotora de la paz, la democracia, la equidad y la inclusión; que reconoce la diversidad cultural; comprometida con el medio ambiente; que trabaja por relaciones equitativas entre géneros y generaciones y por una ciudadanía plena para las mujeres y los hombres”. Sin embargo, así como asumimos que era “impensable proponer proyectos de ciudad y de democracia, sin la otra mitad de la ciudadanía que reclama hacer uso del lugar legítimamente conquistado y de su condición como sujetos de derechos” (Arias, 2007), también, aprendimos que “existe un enorme peligro de salida fácil con el tema, al reducirlo a una ‘cuestión técnica’… creer que con llevar una contabilidad de destinatarios diferente o agregar en los documentos el ‘los/las’ basta” (Villa, 2001). Esa comprensión nos significó mayores exigencias.

Cronología de un nuevo siglo… en perspectiva de género

En muchas acciones institucionales de principios del siglo XXI, el género fue protagónico: Género y Convivencia Barrial. Equidad de género para la convivencia barrial (2003), fue un Proyecto financiado por la agencia sueca Diakonia; adelantado con mujeres y jóvenes pobladores de los asentamientos de Altos de la Torre y Pacífico y con los gobiernos escolares de 14 instituciones educativas de la zona Centroriental de Medellín. Como institución mixta cuya proyección se realizaba con hombres y mujeres, Región mantuvo la pregunta por las implicaciones del enfoque de género, en relación con las masculinidades no hegemónicas, siendo esta una forma contundente de evitar reducir el género a simples cifras diferenciadas; esto motivó la realización de un seminario sobre masculinidades (2005) en el que se involucraron los equipos de trabajo de los distintos programas, ganando en compromiso y comprensión del tema.

En 2007 hicimos un ejercicio de caracterización y formación con cincuenta mujeres –delegadas del Presupuesto Participativo– de las comunas y corregimientos de Medellín. De allí, en convenio con la Unión de Ciudadanas de Colombia y la Secretaría de las Mujeres de Medellín (2008) surgió el Entrenamiento para el liderazgo social y político de las mujeres. Esta experiencia suscitó discusiones en la Corporación, pues requirió sumarnos a otros equipos de trabajo cuyos enfoques metodológicos, desde nuestra mirada, reproducían el orden social existente –ejemplo, el entrenamiento o coaching–, lo cual implicaba poner en discusión nuestras convicciones y mantenernos alertas ante el riesgo de la instrumentalización del concepto de género.

También en el 2007 vio la luz el documento de enfoque institucional, Hacia la construcción de una postura feminista en el tema de la democracia y la participación democrática (Arias, 2007) ya citado, en el que se señala que el enfoque de género “se dirige a cuestionar y cambiar el sentido y el orden del mundo y los contenidos asignados a la vida de las mujeres, sostenidos por el orden patriarcal, y las implicaciones éticas y políticas profundas que van desde la renovación de ordenes culturales, simbólicos, personales, hasta los institucionales”. Se reafirma la participación activa y plena de las mujeres como condición para que la democracia sea real y efectiva. Igualmente, se plantea la necesidad de asumir compromisos institucionales como el de “incentivar el derecho que tienen las mujeres a ser representadas individualmente mediante el ejercicio del voto, a presentarse en elecciones, pero también, a constituirse como grupo y a la inclusión de sus agendas en las políticas públicas”. Este documento ha sido y es hoy, vigente como carta de navegación para la Corporación.

Para el 2008, se asume el reto de trasversalizar la incorporación del enfoque y la perspectiva de género en todos los programas, tocando así la triada del modelo de acción institucional: formación de actores sociales, producción de conocimiento y deliberación pública. Se inicia la participación continua en espacios interinstitucionales como la Mesa Mujeres y Economía y la Ruta Pacífica de las Mujeres, adquiriendo mayor conocimiento sobre: la vulneración de los derechos humanos de las mujeres en la ciudad y su invisibilización; el fuerte arraigo de prácticas machistas y patriarcales en nuestras dinámicas socioculturales e imaginarios sociales; y el lugar social del cuerpo de las mujeres, jóvenes y niñas, tanto en la esfera privada como en la pública, entre otras realidades. Todo esto, en conjunto con un trabajo cada vez más cotidiano y cercano con mujeres en situación de desplazamiento forzado o víctimas de violencias, en el marco del conflicto armado, evidenció la necesidad de una acción diferenciada, desde el enfoque, las metodologías, las didácticas e incluso los aspectos logísticos.

Ese mismo año, el programa de Derechos Humanos lideró procesos formativos y de acompañamiento jurídico y psicosocial con población en situación de desplazamiento, como La Rueca o el Ensamble de iniciativas juveniles. Aquí, de forma particular, tuvo protagonismo el enfoque de género, pues “permitió que se pusieran en discusión las relaciones de poder y la subordinación como elementos importantes en la comprensión de la guerra” (Región, 2015), asunto que nos llevó a comprender los efectos diferenciados del conflicto armado en hombres, mujeres y jóvenes. Por su parte, el Programa de Educación lideró el proyecto Derechos de Infancia, integrando normativa y principios de actuación que ayudaron a romper las construcciones culturales desiguales y a incidir en la defensa de los derechos de las niñas y los niños, fomentando la igualdad de condiciones entre ambos géneros, desde la infancia.

De un lente a un caleidoscopio, de un enfoque a múltiples miradas

En coherencia con las acciones realizadas en los últimos nueve años, especialmente aquellas que involucran víctimas de desplazamiento forzado; se inicia la indagación por el enfoque diferencial (Región, 2009), lo cual nos permitió avanzar en el reconocimiento de la tensión existente entre: igualdad-diferencia (género, generación, etnia, orientación sexual, clase), identidad, reconocimiento y multiculturalismo. Al integrar este enfoque, que desde hace algunos años está incorporado en las políticas públicas globales y nacionales, pudimos conocer la diversidad de las reivindicaciones identitarias.

La incorporación de los enfoques de género y diferencial en nuestro modelo de acción –formación, investigación e incidencia– ha facilitado que los procesos liderados por la Corporación, aporten a la lectura de las particularidades de las necesidades de personas y grupos, de acuerdo con su pertenencia a categorías como el género, la generación, la etnia, la orientación sexual y los contextos socioculturales, permitiendo el cruce con sus lugares diferenciados, posiciones sociales y requerimientos; asuntos que han cobrado importancia tanto en el momento de la identificación de los problemas, como en la implementación de las acciones, su desarrollo y seguimiento (Región: 2009). En este sentido, vale la pena destacar proyectos como el de formación para la incidencia política con mujeres víctimas de la violencia, inscritas en la Mesa de Participación de Víctimas (2012); Gestoras de Memoria y Paz (2013); Escuela Itinerante de Paz –relacionando la gestión pacífica de conflictos y la mediación comunitaria desde la perspectiva de género– (2012) y; Fortaleciendo Ciudadanía para la paz (2016 – 2017).

En todos estos procesos, el cuerpo también fue una categoría central en las acciones pedagógicas, reconociéndolo como el primer territorio afectado y la primera posibilidad de resistencia. Con el enfoque diferencial establecimos: la diversidad de cuerpos, corporalidades y vivencias físicas y sociales en las acciones desarrolladas; las discriminaciones y subordinaciones históricas, fundadas en las nociones hegemónicas y binarias del género, pero también, en otras diferencias del cuerpo y las maneras de asumirlo. Estas segregaciones han sido causa determinante de una serie de violencias, algunas muy cotidianas y naturalizadas y otras que se exacerban en medio del conflicto armado, con el agravante de que son invisibilizadas y desconocidas por la sociedad, quedando en el silencio y la impunidad.

La Corporación Región ahora, quiere profundizar la compresión sobre la interseccionalidad (Viveros ,2016), un enfoque caleidoscópico que muestra las múltiples exclusiones y discriminaciones que se superponen y se cruzan, empeorando la situación de quienes pertenecen a poblaciones excluidas o marginalizadas. La intensidad del enfoque cambia, cuando se reconoce que: las violencias asociadas al género, la etnia, la edad, la orientación o identidad sexual, el lugar de procedencia o el barrio que se habita, pueden recaer sobre el mismo cuerpo o sobre la misma comunidad. Uno de los procesos que en los últimos años nos ha permitido -y exigido- ver a través de un colorido caleidoscopio fue el proyecto de Fortalecimiento a la Mesa LGBTI de la Comuna 8 (2017), cuyo objetivo era prepararles para que actuaran como sujeto de reparación colectivo³, lo que significó un proceso de, formación para su organización interna, una estrategia comunicativa y la elaboración de un Plan de Reparación Colectiva. Este proyecto nos facilitó contemplar las orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas, lo que amplió la perspectiva de género, nos alejó del binarismo hombre–mujer y sembró nuevas preguntas y retos institucionales.

Democracia e igualdad: un cruce de sentidos, retos y posibilidades

Una de las claridades que hemos ganado, desde aquellas primeras discusiones, es que el patriarcado es una fuerza opresora y excluyente que se enuncia y reproduce desde todas las esferas de la acción humana y que en la cotidianidad suele hacerse invisible. Entonces nuestras actuaciones deben ser directas con mujeres y hombres, pues no podemos perder de vista, en ningún momento, que el enfoque de género es dialéctico y relacional. Es un reto interpelar la cultura y preguntarnos cómo transformar y deconstruir las subjetividades que están bajo el dominio patriarcal, para empezar a construir nuevas formas de relacionarnos, otras narrativas sobre lo femenino y lo masculino, y visiones de humanidad más justas, igualitarias e incluyentes. Desde nuestra perspectiva, el trabajo con las mujeres, es fundamental en tanto implica acciones afirmativas para contribuir a la equidad e igualdad de género. Sin embargo, la transformación de las relaciones entre hombres y mujeres pasa por abrir espacios de diálogo y reflexión con los hombres, pues el orden patriarcal ha tendido sobre ellos el peso de unas maneras de ser y estar en la sociedad que también, los aliena.

Región mantiene vigente la premisa de que no existe democracia sin la inclusión y participación real de las mujeres; y cree que la búsqueda permanente de la democracia, hoy en Colombia, está profundamente vinculada a la construcción de una paz, en la cual las mujeres son protagonistas: ellas son quienes más sufren las múltiples consecuencias de la guerra, en sus cuerpos, su salud mental, sus vínculos familiares; y son ellas quienes dinamizan acciones de resistencia, memoria y reconciliación. Por lo tanto, pensar en la paz sin las mujeres, es aceptar una paz incompleta; y como organización de la sociedad civil, hemos asumido un compromiso profundo y decidido con la construcción de paz.

Los retos para Región en materia de género y aportes a la construcción de igualdad y equidad, recorren nuestro quehacer diario y cada uno de ellos, tendrá que ser un capítulo diferente de esta historia: la necesidad de afinar la elaboración de diagnósticos diferenciados, la producción de conocimiento, las estrategias comunicativas que visibilicen las exclusiones y aporten a la reflexión pública; la participación en escenarios de articulación interinstitucional e intersectorial que tengan las preguntas por el género en su centro; el trabajo formativo sobre las masculinidades no hegemónicas y la interseccionalidad; la consolidación de alianzas estratégicas con organizaciones de mujeres para ampliar y potenciar las acciones tendientes a implementar los acuerdos de paz y, la construcción de verdad y memoria histórica desde la perspectiva de género, son retos, son preguntas, son posibilidades para dar cada vez más sentido al supremo desafió de nuestra organización: la profundización de la democracia en todos los ámbitos de la vida.

Referencias bibliográficas

Arias Muñoz. L (2009) Propuesta para el plan de fortalecimiento Institucional. Documento interno.

Arias Muñoz. L (2007) Documento de enfoque institucional: Hacia la construcción de una postura feminista en el tema de la democracia y la participación democrática. Documento interno.

Corporación Región (2009). Claves pedagógicas desde el trabajo educativo Palabras Más N° 12. Claves Pedagógicas desde el trabajo educativo en la Corporación Región. Medellín.

Corporación Región (2007). El trabajo con organizaciones comunitarias y de mujeres en situación de desplazamiento forzado. En: PALABRAS MÁS No. 11: Una experiencia de inclusión social de niños, niñas y jóvenes en situación de desplazamiento forzado.

Corporación Región (2014) Una rueca y la posibilidad de reconstruir tejido social. Disponible en este enlace.

Cruz. C (2015). Documento interno: Aportes para la discusión del plan institucional 2016 – 2019 de la Corporación Región

Dejusticia (2019). Ideología de género: ¿Demagogia o estrategia para retroceder en garantía de derechos? Maryluz Barragán, marzo 8 de 2019.

Lagarde, M. (1990). Identidad femenina. Secretaría Nacional de Equidad y Género, 25-32.

Villa, M. M. E. (2001). Lo masculino y lo femenino. Más allá de ser hombre o mujer. Desde la Región, (35), 4-11

Viveros Vigoya (2016): La Interseccionalidad: una aproximación situada a la dominación, en: Debate Feminista 52, pp. 1–17.

Palabras clave:

Mujeres, democracia, género,inequidad,desigualdad.

Notas al pie:

^{1 En 2001 se publicó la revista Desde la Región: Algunas lecciones para aprender de los movimientos feministas y de mujeres, dedicada a las reflexiones sobre el género, lo femenino y lo masculino. Con esta frase se cerró el editorial de esta edición.
2 Entrevista con las autoras.
3 Figura que surge en el marco de la Ley 1.}

Resumen

Un cambio significativo se dio en las políticas públicas a mediados del Siglo XX cuando del modelo cepalino de industrialización fue reemplazado por lo que se conoce como el Consenso de Washington, "un listado de medidas de política económica". Una especie de receta que dio lineamientos para resolver problemas en el manejo de política macroeconómica en América Latina; Colombia que no sufrió la gravedad de esos males, también adoptó esta fórmula.

Décadas después, bajó la pobreza al 27%, aumentó la clase media, 30%, pero el sector más importante es ahora el de los vulnerables, 40%, que superaron la línea de pobreza pero tienen una altísima probabilidad de regresar a ella. Esta es la realidad de la población colombiana donde debe enfocarse el debate sobre le equidad y la pobreza en Colombia.

En Colombia en los años noventa, una serie de cambios de fondo en la política económica también, causaron un viraje en sus estrategias sociales. Un poco más tarde que otras naciones Latino Americanas, el país adoptó las prioridades del llamado Consenso de Washington sin haber sido protagonista de la crisis de los ochenta, considerada como la "Década Perdida de América Latina". En ese mismo período Colombia "… no generó una deuda social de corto plazo y se pagó una parte de la deuda social de largo plazo". [PREALC y ILO 1990] Además, al final de esta década, realizó un programa de ajuste que "a diferencia de los implementados en otros países de América Latina, esta política logra recuperar el crecimiento y elevar el empleo, sin reducir los salarios reales ni aumentar la pobreza". [Ibíd. 18]; es decir, terminamos los ochenta en una situación mucho mejor que la de otros países vecinos.

Sin embargo, había llegado la hora de cambiar el modelo cepalino de la industrialización y de economías cerradas, y con ello entrar en la liberalización comercial. Al viraje se le llamó "Apertura" y comienza a finales del gobierno Barco con el documento Conpes 2465 [DNP 1990] pero su verdadero desarrollo inicia en 1990 con el presidente Gaviria. De manera acelerada, se aplican elementos claves de la nueva receta macroeconómica del Consenso de Washington consistente en: bajar drásticamente los aranceles, abrir la producción nacional a la competencia internacional, manejar la fórmula que estabiliza los llamados fundamnentals de la economía, inflación, déficits, deuda, etc., y se prioriza el rol del mercado sobre el del Estado. Al desplomarse el crecimiento económico y deteriorarse la distribución del ingreso, el país finaliza los noventa lleno de pesimismo. Hoy se reconoce que la economía no se recuperó a los niveles alcanzados en épocas anteriores y tal vez lo más preocupante, la inequidad, siendo una de las grandes fallas del desarrollo colombiano, al seguir los lineamientos del Consenso de Washington, salió de las prioridades del Estado.

La política social, con algo de retraso, no se libró de esa nueva concepción de la política pública y como menciona Ana Sojo, se construyó en la región una "propuesta privatizadora de la política social". [CEPAL 2007]. Varios elementos la caracterizan: primero, más mercado que Estado en la prestación de servicios sociales especialmente en salud y pensiones; segundo, su carácter asistencialista y sobre todo paternalista bajo el supuesto de que el gobierno conoce mejor las necesidades de los pobres que ellos mismos y, adicionalmente, se ignoraron estrategias dirigidas a reducir la desigualdad. El alivio a la pobreza se convirtió en la prioridad y las llamadas Transferencias Condicionadas fueron el paradigma dominante para atender a los más pobres. De acuerdo con Corina Rodríguez, estos subsidios se definieron como una garantía mínima de ingresos para estos sectores [CEPAL 2011]. El interés por fortalecer el capital humano de los más desfavorecidos se expresa en la condicionalidad de ingresos que garanticen educación y salud a la infancia y la juventud, y se asignan estos recursos a la mujer de cada hogar [Ibíd. P.5].

Han pasado casi dos décadas y los resultados de estas políticas en Colombia son notorios. En efecto, la pobreza medida de diferente manera, por ingresos o con el indicador de pobreza multidimensional, se redujo significativamente. La primera pasó de 40% en 1990 a 27% en 2018 [DANE 2018b], aun con grandes diferencias entre sectores urbanos y rurales, entre regiones y por género y etnia y, la segunda se redujo a 19.6% en el mismo año [DANE 2018d]. A su vez, aumentó la clase media de 16,3% en 2002 a 30% actual [DNP 2018]. La concentración del ingreso bajó muy levemente, menos que el promedio de América Latina y apareció un nuevo sector mayoritario de la población, los llamados vulnerables que hoy representan el 39.9% en Colombia y el 40% en la región [DNP 2019]. Esta nueva realidad de la población solo hasta ahora empieza a ser analizada pero sin duda es un reto para la política social en la región y el país. Debo agregar como elemento clave, que estas tendencias de mejoramiento de la situación social se estancaron a partir de 2018, sin que asomen posibilidades de retomar la senda positiva.

La grave situación social en Colombia, más que la del promedio regional, tiene cuatro componentes: Primero, la desigualdad no ha sido realmente objetivo de la política social. Segundo, se estancaron los avances en las condiciones de vida de amplios sectores. Tercero, la proporción más alta de la población en Colombia y la región, los vulnerables, merecen ser parte crítica de las estrategias que se diseñan para alcanzar el verdadero desarrollo social. Y cuarto, los niveles de ingreso son extremadamente bajos para la gran mayoría de la población, obviamente exceptuando a los ricos, porcentaje muy reducido de personas, que acumulan gran parte de la riqueza nacional tanto en términos de ingreso como de capital.

La inequidad es un problema crítico en Colombia, y común en toda América Latina

No se trata solamente de tener un Gini superior al promedio latinoamericano, 0,51 frente a 0,46 respectivamente, que además está a años luz del promedio de países de la OCDE, 0.35 [CEPAL 2019], sino también, de las inmensas diferencias observadas en las distintas regiones del país. Estas brechas se evidencian en todos los indicadores sociales y por consiguiente entre sectores de la población; las desigualdades señaladas se evidencian claramente en las últimas cifras de pobreza tanto de ingresos como multidimensional. Mientras en Bogotá la pobreza por ingreso es del 12%, en el Chocó es del 61% y la mayoría de la población supera no solo los índices de la capital sino el promedio nacional, 24%, [DANE 2018c]. Pero lo más preocupante es que cualquier indicador social confirma la profunda desigualdad en que vivimos los colombianos.

El estancamiento en la reducción de los niveles de pobreza

Para algunos este es el resultado de la desaceleración del crecimiento económico porque todavía la idea del trickle down, o sea que el crecimiento derrama su impacto en los más pobres, sigue dominando el pensamiento de sectores ortodoxos. Sin negar que la dinámica de la economía incide en la calidad de vida de la población, la verdad es que este estancamiento también puede obedecer al fracaso de la visión privatizadora de la política social. Hasta ahora, por los impactos observados de estas estrategias cuyo eje fundamental ha sido, las transferencias condicionadas y el principio de más mercado que Estado en la oferta de servicios sociales, es difícil prever que sin un viraje en este tipo de políticas, se pueda retomar la senda positiva en los índices sociales, cuando es evidente el lento crecimiento de la economía.

Los vulnerables, la mayor proporción de la población colombiana

No solo representan un número creciente y muy significativo en el país, sino que sumando a los pobres por ingreso, constituyen cerca de dos tercios de la sociedad colombiana. Esta cifra demuestra que la estrategia actual del Estado diseñada para aliviar la pobreza, solo en términos fiscales no pueden extenderla a los vulnerables. Pero existen muchos más argumentos; precisamente por haber superado la línea de pobreza, es obvio que “los vulnerables” han logrado mejorar sus niveles de ingreso y su acceso a derechos básicos como educación y salud, así sean aún precarios. Lo complicado es que cualquier cambio en sus condiciones de vida, o bien dentro del núcleo familiar como una enfermedad grave o una desaceleración en los indicadores económicos, inmediatamente les baja de nuevo a la categoría de pobres. El reto de la política social es lograr que esta categoría en vez de descender de nuevo a la pobreza, lo que regresaría al país a su situación de finales del siglo XX, cuando este indicador superaba el 50% [DANE 2012], que este sector avance hasta convertirse en clase media, lo que sí nos ubicaría en una situación similar a la de sociedades desarrolladas. En países de altos ingresos, las clases medias representan entre el 64% y el 74% de la población [Pew Research Center 2017] y se consideran el sustento de su economía y de su democracia.

El bajo nivel de ingreso de los hogares colombianos

Este es un tema que poco se enfrenta en los análisis de política económica, y especialmente en el diseño de estrategias sociales, y es una de las realidades más preocupantes sobre la situación de amplios sectores del país. Según el DANE, a partir de la Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares (ENPH) 2016-2017 a nivel nacional, el promedio de ingreso mensual de un trabajador es de $1.250, siendo de $1.419 en cabeceras y para centros poblados y rurales dispersos es menos de un salario mínimo, $650 mil. Concretamente, el 50% de los hogares conformados por 3 personas y con dos perceptores de ingreso, ganan desde $261 mil, en el decil uno, hasta $1.277 en el decil cinco. Los ingresos por persona son realmente mínimos porque van desde $130 mil pesos mensuales hasta $638 mil, por debajo del salario mínimo y se trata de la situación de la mitad de los hogares del país. Pero el escenario del otro 50% más rico no es muy diferente. El hogar del decil 6 gana $1.586, dos trabajadores con menos de un salario mínimo y, el estrato más rico, el último decil donde entran los verdaderamente ricos, ganan en promedio $8.868, 5 salarios mínimos cada uno. La concentración de estos ingresos demuestra la desigualdad en el país: Prácticamente el 40% de los ingresos de los hogares se concentran en el último decil, es decir el 10% más rico, mientras el 10% más pobre solo recibe el 1,2% [DANE 2018a].

¿Cómo abordar la Inequidad?

Colombia nunca se ha comprometido seriamente en reducir sus altos índices de desigualdad. Si lo hubiese hecho, hoy la relación entre impuestos y PIB no estaría en un 13%, cifra con la cual el Estado no puede financiar políticas redistributivas e impulsar sectores productivos que requieren apoyo para su desarrollo. Además no es cierto, como han alegado los economistas ortodoxos, que es solamente el gasto público el instrumento redistributivo del Estado. En las sociedades desarrolladas, donde priman los impuestos a los individuos más que a las empresas y donde los primeros son realmente muy progresivos, se ha reconocido su contribución a los muy bajos índices de concentración de ingreso que presentan. Por ejemplo Finlandia tiene en 2015 un Gini de 0.27, la mitad del de Colombia [The World Bank, 2015]. La primera recomendación es un cambio de fondo, que obviamente tiene que ser gradual, en la estructura de impuestos y exenciones tributarias que hoy tiene el país, hasta llegar al promedio latinoamericano, Impuestos/PIB de más del 20%. El gasto social, la otra cara de la moneda, debe incluir estrategias asistenciales para los grupos de población en las peores condiciones de ingreso y de calidad de vida, pero tiene que incluir a los otros sectores que requieren simultáneamente, la garantía de acceso a los derechos sociales y económicos y además, estrategias que aporten elementos que mejoren su capacidad de generar ingresos.

¿Cómo reactivar el descenso en los niveles de pobreza?

Aún si se adoptara como fórmula la idea de que basta con que la economía crezca al 4% o 5%, que no es suficiente, esta tarea implica un cambio significativo en la agenda económica: cambiar el modelo extractivista y buscar distintas fuentes de crecimiento como la producción agropecuaria y la agroindustria que se enfrentan a una serie de obstáculos que van desde barreras ideológicas, hasta algunas de naturaleza política. Pero el reto es mucho más complejo porque implica pasar de la política asistencialista, a lo que se denomina como el proceso de transformación social y productiva de los sectores marginados, pobres y vulnerables e inclusive de clase media baja. Es decir, romper la separación entre lo social y lo productivo y abordar a cada grupo de estas poblaciones con distintas combinaciones de acceso a derechos e instrumentos de producción de acuerdo a las necesidades de cada uno de ellos. Es decir, cambiar la política social por la inclusión social y productiva, hasta ahora no desarrollada.

¿Cómo mover los vulnerables a clase media?

Los vulnerables no son la clase media, y la confusión² impide crear políticas públicas capaces de resolver las necesidades de quienes se caracterizan por su alta posibilidad de volver a caer en la pobreza. Vulnerables son individuos que no son pobres pero con alto riesgo de volver a serlo, que aún no han llegado a la clase media; y clase media son personas con baja probabilidad de caer en pobreza [FCE 2014]. Según el Plan de Desarrollo del gobierno Duque, la prioridad parecería estar en volver emprendedores a los sectores vulnerables. Sin embargo, no todos los vulnerables tienen la capacidad de adelantar proyectos productivos porque esta estrategia consiste en dotar al individuo de unos requisitos básicos para que por su cuenta y riesgo, desarrolle individualmente actividades que generen ingresos. La tasa de mortalidad de esta estrategia es del 70%. [Confecámaras 2017]. Muchos requieren empleo pero su bajo nivel de formación los lleva a convertirse en vendedores ambulantes.

Como las políticas asistenciales de transferirles ingresos no son viables fiscalmente y no responden a su nueva situación social, dada la magnitud de este grupo las estrategias del Estado para impedir que vuelvan a ser pobres y asciendan a la clase media, es el mayor reto de las políticas públicas actuales, aquí y en América Latina. Definir quiénes son exactamente, dónde viven, cómo generan sus precarios ingresos, es el primer paso que no se ha dado seriamente aún. Esta es la única forma de definir cómo apoyarles para mejorar su nivel de vida. Muchos son vendedores ambulantes y para aquellos que generan más de un salario mínimo, las microfinanzas pueden ser su salida siempre y cuando cuenten con el apoyo para orientar sus pequeños negocios. Como estos créditos no llegan a los que ganan menos de un salario mínimo porque su nivel de endeudamiento les impide ser sujetos de crédito, el Estado con este sector bancario, debe trabajar en líneas de apoyo que combinen recursos y formación para que no fracasen.

¿Cómo mejorar el nivel de ingresos de los colombianos?

Este es sin duda el mayor reto de la política social y del modelo de desarrollo del país. Sin duda un factor determinante es lograr un crecimiento de la economía alto y sostenible, lo cual en este momento en Colombia no es una realidad. Esta es una condición necesaria pero no suficiente y depende de innumerables factores, entre ellos del tipo de base productiva que se tenga y de la inserción que se logre en mercados internacionales. Después del crecimiento económico es la generación de nuevos empleos y de trabajo en general, lo que permite elevar los ingresos de los hogares. Si la nueva fuente de crecimiento es intensiva en mano de obra y si a su vez la política social crea las capacidades necesarias en los individuos para acoplarse a las demandas de trabajo y a los niveles de productividad necesarios, puede esperarse que también, junto con la dinámica económica, aumenten los ingresos de los individuos y sus familias. Obviamente la tradicional política social tiene un papel clave, no solo por la calidad de los servicios sociales que ofrezca, por la cobertura que logre en términos de la población beneficiada, sino como estrategia para que sectores pobres puedan garantizar el ingreso básico para una vida digna y para ello se necesitan recursos públicos y voluntad política.

Reflexión Final

Para armonizar este complejo escenario es fundamental que la gente sea la prioridad del Estado y esta pieza, clave que ha faltado en Colombia. El aparente compromiso con la equidad florece en el discurso político pero desfallece en la realidad. Si fuera de otra manera tendríamos niveles de pobreza del 10% y un Gini de 0.40 y no los que se registran actualmente. Particularmente desde los noventa, se ha consolidado la premisa de que es el sector empresarial y por ende el capital, el que genera el tipo de crecimiento que el país requiere lo cual, es compatible con la visión de que los salarios son más un costo que demanda y por ello es necesario flexibilizar el mercado laboral. A su vez, el esquema impositivo tiende cada vez más a rebajarle impuestos al capital y lo que es más grave, a permitir que los ricos no paguen los impuestos que deberían. Y como complemento, la política extractiva, fuente de crecimiento actual no es intensiva en mano de obra. Solo un viraje radical en el modelo de desarrollo y en las prioridades del país, pueden generar es las dinámicas que mejoren los bajos ingresos y la calidad de los servicios sociales que recibe el grueso de la población colombiana.

Referencias bibliográficas

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Palabras clave:

Debate, pobreza, Colombia, política pública.

Notas al pie:

^{1 E-mail cecilia@cecilialopez.com; www.cecilialopezcree.com, www.cecilialopez.com
2 Para el BID, una persona es de clase media siempre y cuando su ingreso mensual ascienda a un valor que este entre 50% y 150% del ingreso medio de la población: esto implicaría que, aquellas personas que se ganen desde $626.000 hasta $1.878.000 pertenecen a este sector; es decir el 55% de la población en Colombia, cifra contraevidente porque agrupa a hogares con ingresos individuales promedio desde $313 mil hasta un salario mínimo.}