Un intenso debate se ha suscitado en Medellín luego de la captura del ex secretario de seguridad Gustavo Villegas por los presuntos delitos de concierto para delinquir y omisión de denuncia de conductas delictivas. Esta captura ha develado un proceso de acercamiento con grupos delictivos, con el fin de estructurar una propuesta de sometimiento a la justicia. Sin embargo, casi un mes después de los hechos, se mantiene la confusión sobre lo que pasó y poco hemos conocido sobre los alcances y características del hipotético proceso de sometimiento y las responsabilidades institucionales y personales en el asunto.
Frente a este delicado problema, partimos del rotundo rechazo a prácticas violentas que terminan golpeando de una forma u otra a toda la sociedad, pero que se ensaña con la población más pobre de la ciudad. Creemos en la necesidad de reconocer que la ciudad de Medellín, al igual que otras ciudades del país, se encuentra aquejada por la presencia de organizaciones violentas que mantienen un accionar criminal y prácticas de control de los territorios. Es evidente que hay cambios en algunas formas de actuación, pues son menos homicidas que en el pasado y no se enfrentan a la fuerza pública sino en casos excepcionales; pero como ha quedado demostrado en las últimas semanas en el corregimiento de Altavista y, en meses anteriores, en sectores como Castilla, 12 de Octubre, Villa Hermosa y La Candelaria, se mantienen intactos su poderío militar, su capacidad de acción violenta y su control sobre actividades como el microtráfico y la extorsión, que les garantiza la captación de recursos.
Estas organizaciones, además, han construido durante años una forma de estar en los barrios que las han convertido en fuente de empleo en acciones ilegales, alternativa para centenares de jóvenes; e incluso gozan de ciertos niveles de legitimidad entre algunos habitantes de los territorios. Esto explica la necesidad de una estrategia integral que vaya más allá de resolver enfrentamientos coyunturales y que involucre inversión social y presencia integral, legal y legítima de la institucionalidad pública.
Es necesario, igualmente, reconocer que desde comienzos de los años noventa, en la ciudad se han presentado un conjunto de iniciativas –impulsadas desde organizaciones comunitarias, iglesias y líderes sociales– para buscar la disminución de los niveles de violencia y la afectación de la vida, integridad y libertad de los habitantes de los barrios sometidos al accionar violento de estos grupos criminales. También se han desarrollado acuerdos de paz entre el Gobierno Nacional y grupos de milicias (1994 y 1998), así como con los grupos paramilitares que actuaban en la ciudad (2003 y 2005). Estos procesos dan cuenta de la capacidad de la sociedad y de la institucionalidad democrática para tramitar sus conflictos; y los impactos de estos procesos fueron claves para mejorar las condiciones de seguridad y convivencia en la ciudad.
No obstante, sin desconocer que dichos procesos han permitido avances importantes, de nuevo se evidencia que muchas de estas organizaciones se han transformado y adaptado para mantener sus acciones ilegales; en algunas ocasiones los procesos de negociación han sido utilizados para acumular poder económico, social y político, manteniendo al tiempo sus actividades violentas. Incluso, algunos de los delincuentes que aparecen liderando los acercamientos con la Alcaldía de Medellín se desmovilizaron en el proceso anterior con los grupos paramilitares.
Tiene toda la razón la Alcaldía de Medellín en llamar la atención sobre la importancia de buscar una salida a esta grave problemática, y que incluso en el contexto posacuerdo de paz con las FARC este tema merece la mayor atención, dada su magnitud y el riesgo ostensible de un incremento de la violencia. Sin embargo, una iniciativa en este sentido debe tener en cuenta las lecciones extraídas de los procesos anteriores, para no repetir los errores y producir cambios que conduzcan al fin de estas organizaciones violentas, no a su reciclaje y mucho menos a su fortalecimiento.
Esto requiere un alto nivel de integración institucional, dado que las condiciones para una negociación de este tipo desbordan las competencias de una alcaldía municipal y, como se desprende de algunas informaciones sobre el proceso que adelantaba el ex secretario de seguridad, no están claras las responsabilidades y roles que jugaron en esta iniciativa el Gobierno Nacional ni entes como la Fiscalía General de la Nación.
Es por esto que se necesita un amplio debate ciudadano, no solo sobre la situación actual de seguridad, sino además sobre las características y condiciones de la negociación con los grupos criminales que operan en Medellín. No pretendemos algo como una mesa pública de sometimiento, pero sí que la Alcaldía, que ha tomado la iniciativa, y el Gobierno Nacional, de manera pública, planteen y argumenten su postura y se abran a un diálogo para construir una estrategia legítima en torno a cómo resolver los problemas crónicos de violencia que ha padecido la ciudad.
En los años noventa, la época más crítica Medellín, se desató un valioso debate sobre las formas más adecuadas para salir de la crisis. La vida como valor supremo y el fortalecimiento de una institucionalidad democrática con presencia integral en los territorios fueron banderas de un gran consenso para conjurarla. Hoy necesitamos un nuevo pacto ciudadano por la seguridad y la convivencia, pero esto requiere una actitud de apertura al debate por parte de la administración municipal, liderada por el Alcalde y su gabinete. En la Corporación Región, junto con muchas otras organizaciones e iniciativas de la sociedad civil, estamos dispuestos a aportar a la construcción de consensos y a la definición de una ruta común. La pregunta que hacemos de manera pública a esta administración es: ¿está la Alcaldía de Medellín en la misma disposición?
